Analisis de la Situacion Politica del Año 2010 - 4ª Parte

REINSERCION EN EL MOVIMIENTO INDIGENA-CAMPESINO

El Gobierno buscando recomponer su presencia en el pueblos indígena – campesino de la Sierra rural, de manera estratégica había dado muerte al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario – INDA, aparato burocrático y corrupto, que en mucho había impedido la generación, en el presente gobierno, de políticas de redistribución de la tierra. Y había pasado en esencia todas las competencias en cuanto expropiación y titulación de tierras a la nueva Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con ello el gobierno había ofrecido hasta el año 2011, revertir no sólo la serie de corruptelas que había afectado a las comunidades indígenas y campesinas del país; sino que busca hacer realidad la redistribución de la propiedad de la tierra en el campo.

El Gobierno había planteado llegar a legalizar hasta el 2011 el 100% de la tierra en manos de los pequeños campesinos; a los cuales en cuatro décadas de supuesta reforma agraria apenas se les había legalizado el 40% de estas. Siendo este uno de los impedimentos mayores para que en la actualidad puedan acceder a los créditos de diversas entidades gubernamentales.

Igualmente el gobierno había ordenado poner en vigencia el impuesto a la propiedad agraria que sobrepase las 25 ha y que se halle inculta (aproximadamente 9 dólares por ha), para evitar el acaparamiento y especulación de la misma y obligar a su producción, de esta normativa había dicho se excluirían áreas de reserva, bosques, humedales y tierras comunitarias.

En el campo económico, los índices de pobreza y extrema pobreza habían empezado a disminuir, al igual que la tasa de desempleo, igualmente se mantiene y consolida la construcción de un eje vial, créditos, insumos, asistencia técnica, salud, vivienda, educación y una propuesta de desarrollo rural integral, y; en lo organizativo, lentamente organismos de gobierno, había empezado a nuclear a un sector de movimientos y organizaciones sociales y populares, como base social de apoyo a la propuesta de revolución ciudadana.

La creación de las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA’s) fundadas en el aniversario de la revolución alfarista y en el lugar de nacimiento de Eloy Alfaro (Montecristi – Manabí), que desde el inicio de la gestión de Correa se había transformado en el ícono de la revolución, en mucho representa la posibilidad de potencializar la acción contestataria del campesino “montonero” de la Costa.

En el discurso inaugural de las ERA’s, Correa no había dejado de mencionar la necesidad de que todos los campesinos tengan acceso a sus tierras, así como el objetivo de la soberanía alimentaria, para lo cual había dicho se necesita mejorar sustancialmente la productividad, y había enfatizado que esta es la única forma de salir de la pobreza; y que para ello se necesita ciencia y tecnología, capacitación, y cambio cultural.

Había insistido en que hay que aprender a cambiar sin temor, sin abandonar las tradiciones, la cultura, la cosmovisión, pero adoptando nuevas prácticas, métodos y tecnologías para “salir adelante”. El objetivo, había dicho, es revolucionar el sistema agrario a través de la distribución eficaz de las tierras a los campesinos, la reforma de las estructuras burguesas del Banco Nacional de Fomento para que atienda bien a los campesinos, dotar al país de canales de riego, de caminos vecinales, adoptar nuevas tecnologías, aprender a aplicarlas para tener mayor eficiencia.

OPOSICION DE LA DERECHA Y DESESTABILIZACION

Luego del levantamiento indígena y de las discrepancias al interior del bloque legislativo de PAIS, la oposición de derecha se había vuelto más agresiva, cooptando prácticamente en su estrategia a la llamada izquierda y al movimiento Pachakutik, en el objetivo de buscar a como dé lugar llegar a la “muerte cruzada” (disolución de la Asamblea, renuncia del Presidente y convocatoria inmediata a elecciones) escenario en el cual, sería factible desatar el caos económico, el terrorismo político y/o intentar un golpe militar al estilo hondureño.

Para ello, esta fuerza que va desde el centro a la derecha, representando el sentir de la gran burguesía y oligarquía, así como de estratos altos de la mediana burguesía, se juegan al boicot del programa político y económico del gobierno, a través de pretender dejar en el “limbo” a toda ley, propuesta desde el gobierno; al igual que pretende a toda costa frenar la recuperación de la economía (en ello el intento de vetar la inversión del IESS en bonos del Estado es palmario); y desmejorar la imagen internacional del gobierno, en ello le hace el juego Pachakutik y la Conaie al plantear un enjuiciamiento al Presidente Correa, en organismos internacionales de derechos humanos, acusándolo de “genocida”, “racista” y “xenófobo”.

El movimiento indígena había planteado desde la dirección del Ecuarunari, ir hacia una acumulación de fuerzas políticas en el intento de potencializar la candidatura de Alberto Acosta, que si bien se había mantenido cercano al movimiento indígena, sus evidentes ligazones con la socialdemocracia internacional, su bajo perfil y gestión política, y su ecologismo infantil, terminarían liquidando la posibilidad de cambio en el país.

Pero lo más probable en un escenario electoral, es que el grueso del movimiento indígena, termine nuevamente apoyando, como en las últimas elecciones, al filo-fascista Lucio Gutiérrez. Es así que éste, ya al momento había emprendido una agresiva y millonaria campaña de propaganda a través de medios de comunicación, a la vez que no había dejado de generar desde antes, una campaña de zapa y subversión, en base a rumores y abiertas calumnias, conocidas tácticas de “guerra psicológica” en la cual se habían formado, con el apoyo del imperialismo, él y el grupo de inteligencia militar, que son los cuadros políticos del PSP.

El gobierno de su parte había puesto la mira, en la Ley Orgánica de Educación Superior, en su estrategia buscaba hacer de ella el pivote no sólo para el futuro desarrollo del país, sino incluso para una convocatoria a consulta popular para dictaminar su aprobación; y, con ello la derrota y liquidación del golpismo de la Asamblea Nacional.

El desfase de la maduración de la crisis política en la Asamblea Nacional, se había dado por la política de conciliación con la derecha, de parte del Presidente de la Asamblea Nacional, lo que en el momento del “acuerdo pluripartidista” en el caso de la Ley Orgánica de Comunicación, fue abiertamente criticado por Correa. Y es que la ausencia de mayoría de APAIS en el Asamblea desde el inicio ataba la política legislativa a la endeble mayoría conseguida con el apoyo del socialismo y grupos independientes, los cuales al no haber conseguido la clásica “troncha” parlamentaria, ahora militan abiertamente en la oposición de centro – derecha.

Pero el gobierno de Correa no había dado marcha atrás en su lucha contra la oposición de derecha, y sus voceros: los grandes medios de comunicación, y a confrontado la estrategia de desinformación, tergiversación y subversión de la base social, económica y política que había construido la revolución ciudadana; con una dura contra - campaña que el gobierno había llevado a cabo en los canales oficiales del Estado, así como presionando para ajustar la Ley Orgánica de Comunicación, en la necesidad no sólo de controles y sanciones a la tergiversación y manipulación informativa de los grandes medios de comunicación, sino impulsando la democratización del espectro radioeléctrico y la reversión de las frecuencias.

La derecha permanentemente pretende avizorar y azuzar el caos económico, sin embargo de ello el sector no petrolero de la economía está marchando bien y se había logrado en el primer trimestre de este año un crecimiento del más del 2% con respecto al mismo trimestre del 2009. Analistas de la derecha pretenden que el déficit fiscal no logrará cerrarse, pero las negociaciones de un nuevo empréstito chino por mil millones de dólares, daban solvencia al manejo económico fiscal; en ello desde ya la derecha pretende hacer creer que hay una venta anticipada de petróleo o pago de deuda con petróleo; cuando a la sumo existiría una cláusula que establece la posibilidad en caso extremo de respaldar con exportaciones petroleras el no pago de dividendos.

Lo realmente preocupante en el plano del manejo económico fiscal, lo había dicho el Secretario Nacional de Planificación, es la ejecución presupuestaria del Estado que es de apenas el 25% esto cortado al mes de junio. Ello da cuenta de la persistencia de limitaciones legales en el manejo fluido del presupuesto, así como la rémora de un aparato burocrático y de su estructura institucional burguesa y feudal, a la cual había sido hasta el momento muy difícil de cambiar; y que su estructura resiste a los embates puramente políticos de la revolución ciudadana; y que permanentemente gran parte de este aparato complota con la oposición de derecha, ante el temor de ver naufragar aquello que por historia y tradición había sido uno de los espacios en los cuales las clases criollas blanco – mestizas de la pequeña, mediana y gran burguesía con fuertes raíces feudales, habían realizado su acumulación de riqueza y poder.

Otro espacio fuertemente feudatario del Estado nacional, es el poder judicial, que además se había mostrado como botín político de las mafias gobernantes, en la época de la partidocracia y que en su seno alberga a la misma corrupción institucionalizada, expresada en el tratamiento doloso de la justicia y en la tergiversación de las normas y procedimientos judiciales. Valiéndose de ellos, desde las instancias provinciales hasta las nacionales, jueces y fiscales se habían enseñoreado sobre la población pobre y marginada; e, incluso fallando a favor de las clases dominantes yéndose en contra del mismo Estado, como en los casos de atracos bancarios cuanto de evasiones tributarias; por ello Correa había solicitado el cambio urgente del Consejo de la Judicatura, aparato burocrático en el que se cocinan los ententes y acuerdos de los grupos de poder oligárquicos para el nombramiento de los jueces; y había llamado a acelerar los procesos del Consejo de Participación ciudadana para el nombramiento de una nueva Corte Nacional de Justicia y demás autoridades de control.

En este escenario igualmente cada vez es más evidente que las fuerzas oscuras del imperialismo y de la reacción local se juegan abiertamente a la subversión. De ello dan cuenta las declaraciones del Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil quien no había tenido reparo en aceptar que sectores de la derecha, militares e indígenas , habrían estado complotados para un golpe de estado en contra del gobierno de Correa .

Igualmente desde el seno del gobierno se había denunciado un intento de soborno de un agencioso elemento de la llamada Sociedad Patriota, del ex – Coronel Gutiérrez, interesado en vender información de un presunto golpe de estado. Así mismo a nivel internacional se había vuelto a mencionar la labor de espionaje que habría realizado el cuerpo de seguridad del Estado colombiano, ya no sólo en contra de las Embajadas y Consulados sino la intercepción de teléfonos celulares de altas autoridades del Gobierno ecuatoriano incluido las del mismo Presidente Correa.

En este contexto el Presidente Correa había dicho y había ofrecido entregar datos fidedignos de estas conspiraciones en marcha; había iniciado una aguda campaña de confrontación con la dirigencia indígena de la Conaie ; y, con la no menos agresiva campaña de los medios de comunicación en manos de la oligarquía y la partidocracia; así mismo había llamado a judicializar los hechos protagonizados por los dirigentes indígenas; lo cual lamentablemente al no haberse cambiando ni puesto a tono las leyes conexas con estas situaciones, se están usando figuras legales que aún quedan de la antigua ley de seguridad nacional; y, peor aún están siendo utilizadas por jueces y magistrados de la rancia derecha oligárquica, que buscan ahondar la división entre las organizaciones indígenas y el gobierno nacional; y, que por último podrían abonar al espíritu de cuerpo que había sido altamente desarrollado por el movimiento indígena, ante feroces adversarios presentes desde hace más de 500 años.

DERECHA FASCISTA y PROIMPERIALISTA

La hermana Elsie Monge, quien es presidenta de la Comisión de la Verdad, informó que de los 456 testimonios de víctimas que se registraron, 311, es decir, casi el 70%, pertenecen a casos ocurridos durante el régimen del socialcristiano León Febres Cordero. El informe revela que hubo 269 víctimas de privación ilegal de su libertad, 365 casos de tortura, 86 de violencia sexual, 17 desapariciones forzadas, 26 atentados contra la vida y 68 ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, de suma importancia e interés generalizado, fue la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno, para investigar los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, en el período 1984 -1988 y 1988 – 2008. Período el primero en que gobernó el Ecuador el Partido Socialcristiano con el León Febres Cordero como Presidente, quien a más de ejercer un gobierno hambreador y entreguista, desató una ola de represión generalizada sobre amplios sectores sociales y populares, con el pretexto de combatir a una naciente guerrilla urbana, el movimiento Alfaro Vive Carajo, conformado por sectores radicalizados de jóvenes de la izquierda socialista y comunista, que habían abandonado estas estructuras o habían sido expulsados por estos aparatos, ya en esa época envejecidos y anquilosados en las prácticas electoreras y oportunistas.

Su acción radical se centró en las principales ciudades, con una ideología de carácter nacionalista y patriótica, que incluso cooptó a militantes, igualmente desengañados de la socialdemocracia (Izquierda Democrática) y que rápidamente se orilló y alió a las acciones propagandísticas y “subversivas” del movimiento M-19, a la vez que igualmente fue infiltrado por agentes del Estado. Ya en la época febrescorderista, el movimiento hubo de sufrir los más grandes golpes a manos de la fuerza pública, la misma que entrenada en la escuela de contrainsurgencia de los Estados Unidos, con el apoyo de expertos militares israelitas y agentes de la CIA, barrieron con toda una generación de jóvenes revolucionarios, altamente ideologizados y valerosos, valor que muchas de las veces se transformó en audacia y devino en expropiaciones a bancos, asalto a rastrillos y hasta el mismo secuestro de uno de los más connotados banqueros, Issaías, del grupo Filanbanco. En ese entonces Febres Cordero, al tenor de planes multilaterales de terrorismo de Estado, había estructurado diversos grupos armados con elementos de élite de la policía y del ejército, a más de equipos de inteligencia e infiltración, de tal manera que le fue fácil exterminar ese brote insurgente y mantener un régimen de terror a lo largo de su mandato; al filo del cual fue ampliamente rechazado por la movilización de los trabajadores y las huelgas nacionales.

Militares y policías de alto rango, recibieron honores por crímenes de lesa humanidad, como la aplicación de torturas, ejecuciones extra-sumariales, secuestros y desapariciones y persecuciones, y hasta el momento son cabezas visibles en los estamentos policiales y militares.

El Presidente Correa como parte de su campaña estuvo comprometido en esclarecer estos crímenes y el informe final que fue presentado hubo de sufrir una serie de retrasos, mientras se daban las condiciones políticas para que ello y que a la vez sirva de base para reabrir los casos que pretendieron declararse sumarialmente concluidos. Así lo había dicho tanto el Presidente Correa como el Ministro de Justicia; a la vez que la comisión había enlistado tanto los crímenes como sus responsables, y había planteado indemnizaciones para las víctimas.

Otro de los aspectos que el gobierno había priorizado en su agenda política, es un proyecto de ley para endurecer las sanciones a la delincuencia a la vez que cerrar las brechas jurídica que permite tanto a jueces (de mayoría filiación socialcristiana) así como abogados venales, dejar sin sanción a los delincuentes. Esto igualmente como una estrategia para confrontar la campaña mediática de la prensa que busca crear un ambiente de inseguridad y echar la culpa a las reformas legales que flexibilizaron el encauzamiento penal por delitos comunes.

LA CUMBRE DEL ALBA-TCP

Gran popularidad se dio a la cita de 300 Autoridades Indígenas y Afro Descendientes de la región latinoamericana que se reunieron en Otavalo en la Cumbre de la ALBA-TCP; en la que se trató una amplia agenda centrada sobre el ejercicio de la interculturalidad en la función pública; el ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales contra el racismo; las iniciativas públicas frente al cambio climático y los derechos de la Naturaleza; así como el Comercio Exterior entre Pueblos.

Luego de una exitosa convocatoria y participación de delegados gubernamentales y autoridades indígenas y afrodescendientes electas y designadas de los países del ALBA, la X Cumbre de Otavalo estableció en su Declaración, ente otros, lo siguiente:

Entender al Estado Plurinacional Unitario en la forma como se había dado en los procesos constituyentes de la República del Ecuador y Estado Plurinacional de Bolivia, como expresión de unidad en la diversidad, que asume una forma democrática de convivencia, expresada en la interculturalidad que es el relacionamiento armónico entre las culturas;… Expresa que el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos. Y, que el Estado garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran y buscará, en armonía con la Naturaleza, minimizar los impactos ambientales y sociales adversos que generen. Se comprometen a fortalecer las políticas públicas para el acceso a la salud, educación, empleo y vivienda prioritariamente para los más excluidos, y promover políticas en beneficio directo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Indudablemente esta Cumbre marca un cambio de época en el proceso de reconocimiento y resarcimiento en el plano internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, tradicionalmente segregados, excluidos y explotados en Latinoamérica por Estados burgueses hegemonizados por minorías de ascendencia europea; a la vez que marca la pauta para la construcción de estados plurinacionales y sociedades multiculturales. A la vez que quita gran parte de la hegemonía en el escenario internacional, a las manidas Cumbres Indígenas, financiadas por los intereses de Gobiernos de grandes potencias, así como de Organismos afines a la socialdemocracia europea y norteamericana, camufladas a través de ONGs y Financieras Internacionales, que habían hecho de ello un motivo de cooptación ideológica y política de importantes líderes indígenas de la región y el continente.

En este escenario igualmente desde hace mucho se había denunciado la infiltración y la alianza de los organismos y agencias de inteligencia y desarrollo de los EE.UU. con las Agencias de Desarrollo y Organismos No Gubernamentales de Europa. De ahí que el imperialismo norteamericano y europeo, desde hace mucho habían tratado y en muchos casos habían logrado adocenar la lucha del movimiento indígena a nivel regional y continental; para ello habían ido construyendo un escenario sobre una propuesta desarrollista motejada como sustentable, pero que se imbrica con los engranajes internacionales del mundo capitalista; así mismo se había venido jugando desde los centros imperiales del poder al llamado “negocio verde” esto es grandes transnacionales ecologistas, que se encargan de lavar evasiones tributarias de las grandes empresas internacionales, que se distribuyen con profusión a pequeños aparatos organizacionales en manos de élites intelectuales, camufladas como ONGs locales las cuales a su vez se encargan de cooptar no solamente a líderes indígenas y sociales en su discurso y práctica aparatista, sino que igualmente de una manera maquiavélica infiltran entidades del Estado, para hacerse con el control de inmensas “áreas de reserva natural”, “bosques protectores”, etc. en los cuales su primera tarea es desalojar precisamente a las poblaciones nativas, evitando toda posibilidad de explotación de los recursos naturales a nombre de la “defensa de la pachamama” la que en perspectiva estratégica queda en manos de estos organismos, que incluso habían llegado a plantear abiertamente el canje de deuda externa por territorio, o los famosos fideicomiso con control absoluto de los organismos de gobierno mundial, como fue la primera propuesta presentada por el “ecologismo infantil” en relación al ITT.

De esta manera el imperialismo se reserva inmensas extensiones de territorio y más aún inmensas fuentes de recursos naturales, que miradas en una perspectiva estratégica, de 20 o 30 años luego, constituirán espacios de vida de colonias gringas y aprovechamiento económico de los recursos naturales a través de gobiernos títeres sometidos a intereses de las grandes transnacionales.

En esta telaraña tejida por las oscuras fuerzas del imperialismo norteamericano y la socialdemocracia europea habían caído presos algunos dirigentes indígenas, la mayoría de los cuales convencidos de estar realizando una labor en defensa de la pachamama, y otros de manera abyecta, se habían puesto al servicio de estos intereses transnacionales.

De ahí que no había sido una gran sorpresa la actitud asumida por la dirigencia de la CONAIE de pretender boicotear la Cumbre del ALBA; intento en el cual solamente se demostró la extrema debilidad a la que se había llevado a la otrora gigantesca fuerza de movilización y combate en contra del neoliberalismo; y que hoy como fruto de la miopía política de sus dirigentes, de un fundamentalismo indianista infantil; y de las estrechez corporativa, había provocado una evidente ruptura entre la dirigencia y sus bases.

De ello da cuenta la movilización por los 20 años del levantamiento indígena de junio de 1990, cuando millones de indígenas salieron a expresar su rebeldía y exigencia a la tierra, el pan y la libertad; y que en la actualidad después de haberse anunciado una marcha que convocaría a 20 mil indígenas, los marchantes que llegaron a la capital de la República apenas eran 300 personas de las nacionalidades amazónicas y algunos otros dirigentes indígenas de otras regiones. Es por ello que igualmente la convocatoria a constituir un parlamento plurinacional tampoco se dio y únicamente les quedó actuar como provocadores en contra de la Cumbre del ALBA lo que evidentemente generó el rechazo de las bases indígenas, movimientos sociales y sectores ciudadanos que ven, porque saben y sienten, como así lo expresaron los Presidentes Evo Morales y Hugo Chávez , que el gobierno de Correa, a pesar de algunos desaciertos, es una avanzada nítida de la democracia, de la soberanía nacional y del antiimperialismo.

MANEJO SOBERANO DE LOS RR.NN.

El Presidente Correa remitió a la Asamblea el proyecto urgente de reformas a la Ley de Hidrocarburos, en la cual se introducen disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúe en función del precio del crudo, del cual se habían beneficiado desproporcionadamente las compañías petroleras.

El proyecto dispone que el Estado explorará y explotará los yacimientos en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional, podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para explotación y exploración o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.

MANEJO DE LA ECONOMIA

Luego de una ardua y prolongada negociación Ecuador y China suscribieron en Beijin, el contrato de crédito para la construcción de la Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair (CCS) por un monto de $ 1.682.745.000. Obra que se realizará a través de la empresa Sinohydro, empresa china reconocida a nivel mundial en la ejecución de proyectos de este tipo. Y aún más, posteriormente se anunció la contratación de otro empréstito con la misma China por $1.000 millones, para nuevos proyectos de inversión. La misión ecuatoriana obtuvo, además, importantes resultados como el acuerdo de financiamiento por $ 600 millones, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sopladora.

Coca-Codo-Sinclair tendrá una potencia de 1.500 MW y generará energía de 8.600 GW- hora por año. Además permitirá un ahorro de 2,5 millones de dólares por día, al suplir esta energía por la que actualmente generan las térmicas, así como por la eliminación de la importación de energía de Perú y Colombia. Asimismo, el proyecto evitará que se contamine el medio ambiente con 94,5 millones de toneladas de CO2, en 21 años, lo que significará ingresos económicos para el Estado, producto de la venta de bonos de CO2.

POSICIONAMIENTO PREELECTORAL

La acción del Ejecutivo a inicios de agosto, ante la arremetida de la oposición parlamentaria de centro-derecha aliada a una minoría de centro-izquierda, que complotaba para dejar en el limbo a importantísimas leyes e incluso para asaltar la Presidencia de la Asamblea, obligó al Gobierno a adelantar posiciones en el escenario de masas, en preparación de la cada vez más posible convocatoria a consulta popular.

Así Correa inició un amplio recorrido de obras, especialmente de la red vial principal que se había generado en el eje de la Sierra, la Costa y la Amazonía. A su paso por pequeños y medianos poblados de estas regiones, fueron el escenario de masivos recibimientos y encuentros festivos, incluso en comunidades indígenas, en los cuales el Presidente a la vez que auscultó nuevas necesidades se comprometió a solucionarlas.

En su discurso se refirió a la situación política de bloqueo de las más importantes leyes por el resurgimiento de la partidocracia en la Asamblea Legislativa, motivo por el cual volvió a poner en el tapete de la discusión la posibilidad de ir a una consulta plebiscitaria y por último ejercer el derecho constitucional a una “muerte cruzada”, para desbloquear a la Asamblea. Los ratings de popularidad medidos en esa fecha demostraron un amplio apoyo popular para el Presidente Correa.

Este nuevo escenario pareció afectar a la conciencia timorata y oportunista de muchos de los legisladores independientes y caciques locales, que al igual que la posible estrategia desde el buró político de APAIS, de retomar alianzas con sectores del socialismo y del grupo de 4 asambleístas de Alianza Libertad (liderado por el Gral. ( r) Paco Moncayo), de ello dio cuenta igualmente la repentina flexibilidad mostrada por los rectores de las Universidades ante el anuncio de poner en la consulta popular la ley de Educación Superior; que inicialmente dio pauta para considerar posible una nueva mayoría legislativa con la cual se pensaba aprobar la ley de educación superior, pero nuevamente los sectores más recalcitrantes de la derecha y la “izquierda”, se aunaron en exigir nuevos cambios a la ley, buscando torpedear esta salida política, que indudablemente buscaba desgranar los planes conspirativos de la oposición.