ACCION DE GOBIERNO
El gobierno ecuatoriano hubo de enfrentar el levantamiento indígena convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, en rechazo a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Para ello, desde la dirigencia indígena se esgrimieron argumentos alarmistas sobre los alcances de la ley, tachándola de privatizadora, supuestamente atentatoria a la gestión autónoma de las juntas de riego y de las juntas de usuarios, y dirigida a favorecer a los grandes intereses empresariales y especialmente mineros.
Esta confrontación de fuerzas entre un sector del movimiento indígena y el gobierno de la llamada “revolución ciudadana” es la continuidad de una serie de desencuentros de carácter histórico entre el Estado burgués y los Pueblos Indígenas; esto a pesar de las múltiples señales, acciones y políticas que ha venido llevando a cabo el actual gobierno, no ha sido capaz de desbloquear en la conciencia de las masas de millones de indígenas y campesinos, el carácter eminentemente explotador, marginador e injusto; que a lo largo de más de 500 años ha sido el carácter de clase de este Estado.
En la mismas circunstancias, el distanciamiento histórico – cultural entre la sociedad blanco – mestiza y los pueblos indígenas, igualmente abona al actual desencuentro en el eje de las políticas públicas, expresadas en las leyes que se están tratando y se trataran al futuro.
Por último la confrontación por un lado, del interés de una casta dirigencial de carácter pequeño y medio burgués, blanco – mestiza, que se ha venido reciclando en varios gobiernos y se ha mantenido al interior del aparato del Estado, dándole la tónica de clase a la gestión política del mismo; y, de otro un sector dirigencial indígena que en mucho a perdido la visión histórica de poder, que se ha acostumbrado a negociar pequeños espacios de poder y cuotas económicas para reducidos grupos de interés; y que al momento se ha visto en peligro de ser desalojados de estos nichos de poder, por una profunda reforma estructural del Estado; es por ello, que desde el inicio del actual gobierno, se ha desatado de lado y lado una cerrada confrontación, tratando por todos los medios de deslegitimar, socialmente y si es posible ponerlo contra la pared al “adversario”, para obligarle a renegociar estos reducidos espacios de poder.
De parte de la CONAIE esto se lo intento en un primer momento durante la aprobación de la ley de minas, aliándose a grupos ecologistas radicales, quienes únicamente prestaron su ideología y su vocería internacional, en la exigencia de bloquear toda forma de explotación minera; a pesar de que la ley de minería aseguraba amplios resguardos para evitar la contaminación ambiental y otorgaba grandes porcentajes de las regalías de esta actividad, direccionándola preferentemente al desarrollo de las comunidades locales. Levantamiento que no tuvo mayores repercusiones y hubo de ceder ante la popularidad del régimen en ese entonces. La respuesta inmediata del gobierno fue desalojar prácticamente a la entonces Secretaria General y dejar si presupuesto al CODENPE y acelerar su transición a Consejo de Equidad y en seguidilla dictar el decreto 1585 asumiendo la rectoría en el sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
Estas medidas enconaron aún más la confrontación, llevando a una constante agitación en contra, de toda medida del gobierno, pero la CONAIE esperaba el momento de la aprobación y tratamiento de la ley de agua, en extremo sensible a la realidad del mundo y la cultura agraria, ya que esta coyuntura volvía extraordinariamente posible el levantamiento indígena en contra del Gobierno; y, por ende la recuperación de la iniciativa de la CONAIE como principal fuerza de oposición e interlocución. A ello igualmente abonaba la baja capacidad de interlocución de los cuadros técno-burocráticos del gobierno con la inmensa población indígena.
Previo al levantamiento se dieron tres grandes concentraciones regionales y movilizaciones de los pueblos indígenas (entre 2.500 y 7.500 manifestantes), ante el llamado de las organizaciones filiales de la CONAIE, que de manera alarmista difundieron en sus bases, la consigna de que la ley orgánica de recursos hídricos presentada por el gobierno buscaba la privatización de ese recurso, luego aclararon en los medios de comunicación que la ley al no mencionar procesos de des-privatización de este recurso, supuestamente está de manera tácita aceptando el estado de monopolización que hoy se vive con este importante recurso .
En la realidad la ley orgánica de recursos hídricos, recoge en más del 80% la propuesta de la CONAIE y la mejora sustancialmente, pues establece de manera taxativa que el agua es un bien público de uso preferentemente humano, que su administración es exclusivamente pública y comunitaria, a la vez que reconoce ampliamente la injerencia en su manejo de las llamadas Juntas de Riego, organizaciones de base de los pueblos indígenas y campesinos. Igualmente revierten todas las concesiones hasta ahora realizadas eliminando todos los derechos consignados, y planteando un mecanismo sólo de autorización de uso, una vez que se hayan demostrado técnica y jurídicamente sus requerimientos. Esto ha sido reconocido por otras organizaciones indígenas y campesinas , en especial por la otra gran organización indígena – campesina la FENOCIN, quienes a través de su portavoz, el Asambleísta indígena Pedro de la Cruz desmintieron las aseveraciones de la CONAIE de que le ley tuviera fines privatizadores. De hecho en la Ley de Agua se establecen excepciones para las prioridades en el uso del agua, acordes a las necesidades nacionales que establece el Plan Nacional de Desarrollo, entre ellas, la explotación de reservas mineras.
Al mediar la contundencia de la respuesta indígena – campesina, el gobierno de manera tardía abrió un espacio de diálogo con la CONAIE-ECUARUNARI pero con una interlocución de bajo nivel, esto es a través de la Secretaria de los Movimientos Sociales y Pueblos – Doris Solís, para posteriormente tratar de posicionar al Ministro Coordinador de la Política – Ricardo Patiño, quien reconoció que atrás de las movilizaciones había además una propuesta que se refiere al manejo de las llamadas instituciones indígenas, en el área de educación, salud y desarrollo.
En la debilidad de la convocatoria o en su defecto en la necesidad de asegurarse un apoyo ciudadano, la CONAIE inició un proceso de concertación con las organizaciones afines al PCMLE – MPD, especialmente con el gremio de los profesores (UNE) en huelga y de los estudiantes y colateralmente algunos sectores de empleados públicos que se sienten afectados con la nueva regulación de la contratación colectiva.
En el caso de la UNE, esta se lanzó a la medida de hecho el día martes 15 de septiembre, habiéndose quedado cortos en la convocatoria y en la participación de sus bases, quienes respondieron de esta manera en parte por el nuevo escenario político que se ha generado desde el gobierno en los últimos años en general y en el sector educación en particular, pero por otra parte por el descrédito político de una dirigencia gremial cada vez más politizada en el sentido oportunista del término, a la vez por el rechazo manifiesto de la ciudadanía en general. Ante esta situación la dirigencia de la UNE volvió a azuzar a sus bases con la consigna de que el gobierno eliminaría todos los beneficios obtenidos por el gremio y con ello rebajaría sus sueldos. Esto valió que el gobierno desmintiera tales aseveraciones y que en la voz del Ministro del Trabajo y Empleo, se haya declarado que la ley de escalafón y carrera docente se encontraba plenamente vigente, y sólo en los aspectos remunerativos se aplicaría la ley Orgánica de Servicio Social y Carrera Administrativa – LOSSCA, lo cual incluso conllevaría el incremento de sueldos a los maestros de las categorías 4ª y 5ª.
Por otro lado en la amazonia, el gutierrismo no ha dejado de ser una de las principales fuerzas opositoras y mantiene amplias alianzas con cuadros medios de la misma dirigencia indígena. En este ámbito la temida propuesta de la autonomización regional amazónica al estilo “Santa Cruz” que el gobierno pensaba bloqueada luego de las masivas votaciones a favor del gobierno y del movimiento Pachakutik en las últimas elecciones; se vio bruscamente presente en el escenario nacional, cuando los principales cuadros políticos del gutierrismo aliados con caciques locales y autoridades de Pachakutik, escudándose en la misma constitución que proclamaba la creación de una región especial en la amazonia, pero a la vez denunciando el supuesto recorte de fondos públicos para la región y denunciando como una imposición la propuesta de regionalización, de descentralización y desconcentración gubernamental de carácter horizontal; crearon el escenario previo para ir a una cumbre amazónica para declararse “región autónoma”; esto entendido y proyectado como el manejo de políticas autonomistas fundamentalmente en el principal recurso del Estado: el petróleo.
La visita de Correa a la Amazonía la hizo en la necesidad de desmentir y quitar convocatoria a una propuesta de “Declaratoria de Región Autónoma de la Amazonía” y, defendió igualmente a la “minería responsable” como una de las políticas que impulsa su Gobierno ante las críticas de ciertos dirigentes que se oponen a la explotación de estos recursos.
Una vez lanzado el levantamiento indígena, a las 20 horas de iniciado éste, de un lado, por la relativa poca fuerza del mismo, cuanto por la verdadera intencionalidad del mismo de abrir una puerta al diálogo en situaciones de poder, el Presidente de la CONAIE, sin mediar consulta a las bases como anteriormente se había estilado, anuncia la suspensión de la medida para iniciar el diálogo con el gobierno. Lamentablemente la cadena de mando, profundamente resquebrajada desde hace mucho en la Amazonía, dio como resultado que el llamado a la suspensión no se cumplió en la región amazónica, de hecho alentada por las posiciones gutierristas de oposición al gobierno, así como de los afanes autonomistas, y de deslegitimización social del gobierno.
El sector más fuertemente guerrero de las nacionalidades amazónica lo constituye en mucho el Pueblo Shuar (aproximadamente 100.000 personas), tradicionalmente cazadores y feroces guerreros de la selva, cultural y ritualmente cazadores y reductores de cabezas, han sido algunos asimilados a estructuras del ejército (batallón Iwia) y luego de la guerra del Cenepa, incluso han formado una organización paramilitar Arutam, supuestamente defensora de la selva y los recursos naturales; posteriormente en la década de los grandes levantamientos indígenas que echaron abajo a algunos gobiernos, el gobierno y las estructuras del ejército reclutaron sinnúmero de indígenas para labores de inteligencia militar, y siendo el gutierrismo en mucho la concentración de estos elementos en el más alto nivel, en mucho su fuerza se deriva de conocer y manejar estos resortes, de lo cual se dio cabal cuenta en las sorprendentes votaciones de Gutiérrez en las zonas de mayor poblamiento indígena.
El gobierno tratando de imponerse por la fuerza al bloqueo, pero a la vez cuidando de enfrentamientos mayores con la población indígena, ordenó el desalojo de los bloqueos de carreteras utilizando solamente una fuerza disuasiva y enviando cuerpos policiales desarmados. En estas circunstancias la tradicional beligerancia shuar respondió con todo a la fuerza policial, incluso la utilización de escopetas de cacería; y de ahí posiblemente de manera accidental, un perdigón alcanzó a herir mortalmente a Bosco Wizhum y herir a 39 policías.
Esta situación sirvió para que se retrocediese en el planteamiento del diálogo y se volviese a reanudar el levantamiento, lo cual se acató parcialmente en las provincias de la sierra de Azuay y Cañar y masivamente en la región sur-amazónica. El gobierno viendo los altos niveles de conflictividad que se proyectaban sobre la base del paro del magisterio y el apoyo de estructuras de masas del PCMLE-MPD como la UNE, la FESE y la FEUE, decretó el “estado de excepción”, sin pérdida de los derechos civiles, pero amparado en un supuesto auge de la delincuencia en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, de hecho esto era y es el primer paso para el estado de emergencia en caso de que la conflictividad social escalase a otros niveles.
Luego de una guerra verbal de comunicados y pronunciamientos, las nacionalidades y pueblos indígenas aceptaron el diálogo propuesto por el Ejecutivo, habiéndose suspendido el paro en la mayor parte del territorio, a excepción de la provincia de Sucúa, a donde tuvo que viajar una delegación ministerial del gobierno, para tratar de consensuar una agenda para una reunión expresa con representantes de la nacionalidad shuar .
El gobierno en preparación al diálogo con la CONAIE, en su enlace informativo sabatino anunció un “plan integral para el buen vivir rural” que pretende resolver problemas estructurales como la distribución de tierras. “Cuando llegaron los españoles, los indígena tenían las mejores tierras: los valles; ahora están en los páramos (..) Tenemos que devolver las mejores tierras a los propietarios originales, darles los medios para salir de la pobreza”, indicó Correa en su informe. Recordó que apenas 19.500 propietarios que representan el 2% de las unidades de producción agrícola - UPA acaparan el 43% de toda la tierra laborable; y, que en el otro extremo 535.000 campesinos que representan el 64% de las UPA, apenas tienen el 6% de la tierra. Igualmente Correa mencionó que la alimentación de las familias ecuatorianas se basa en la pequeña producción. Por ejemplo, el 64% de productores de papas, el 42% de productores de leche, el 46% de productores de maíz duro y el 49% de productores de arroz, tienen menos de 20 hectáreas.
En base a ello el plan para el buen vivir rural, considera entre otros los siguientes ejes: desenvolver un plan de desarrollo rural; devolver la tierra a los indígenas y campesinos, alentar a la pequeña economía campesina; reestructurar en este sentido al Ministerio de Agricultura; propiciar un uso sostenible de los recursos naturales; aprovisionar de suficientes servicios rurales; expropiar la tierra ociosa; redistribuir el acceso al agua; fortalecer las organizaciones campesino – indígenas; abrir nuevos mercados y mejorar los términos del intercambio.
Es decir la propuesta de una “revolución agraria” que es la que debió jalonar el último levantamiento indígena, la puso en la mesa de las negociaciones y en la calle, el mismo Gobierno. Mientras que en el marco de la reivindicaciones amazónicas Correa abrió la posibilidad de mayores niveles de gobierno y control de los recursos naturales de parte de las nacionalidades amazónicas a partir de la disposición constitucional que reconoce a estas la posibilidad de instalarse como una circunscripción territorial en el marco del régimen autonómico.
Habíamos dicho que las posiciones radicalmente ecologistas y la defensa a ultranza de los recursos naturales desde posiciones “pachamámicas” bloqueaba de hecho la posibilidad de una alianza de los pueblos indígenas con un gobierno de la clase media, tecnócrata pero a la vez radicalmente socialdemócrata; para adelantar en una profunda reforma agraria, la reconstitución plurinacional del estado, y una sociedad pluricultural. Para ello el gobierno ha emitido, en el presente escenario un decreto ejecutivo para implementar un plan de erradicación del racismo y ha empezado a estatizar el manejo de importantes represas que en la provincia de Manabí habían sido regaladas a pretexto de concesión a empresarios privados.
Así mismo el Presidente Correa y parte de su gabinete dialogaron con la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), Confederaciones Nacionales Campesinas Eloy Alfaro, Confederación Nacional del Seguro Social Campesino (CONFEUNASSUC) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), para ratificar que con los pueblos indígenas, “es más lo que nos une que lo que nos separa”.
Por otra parte una movilización nacional que se preparaba desde el partido del Gobierno y gobiernos locales se suspendió para el próximo 10 de octubre, para dar paso a un ambiente de diálogo .
De igual manera el Partido Socialista Frente Amplio reconoce que “el gobierno nacional ha materializado el anhelo de los sectores sociales, populares, democráticos y de izquierda al construir un nuevo marco constitucional que abre el camino para edificar un Ecuador productivo, solidario, incluyente y equitativo. Frente a la situación descrita y ante el compromiso histórico del Partido Socialista Frente Amplio con el pueblo ecuatoriano creemos urgente y necesario consolidar la UNIDAD DE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROGRESISTAS, A FIN DE GARANTIZAR LA RADICALIZACIÓN DEL PROYECTO para lo cual (demanda) consolidar la base social para combatir juntos al proyecto de conspiración y de oposición de la derecha oligárquica que pretende desestabilizar y truncar el proyecto político que hemos venido construyendo juntos por largos años .
