SEGUIMIENTO AL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
La acción del gobierno, luego del intento de golpe de Estado, se concentró de una parte en regresar a la “normalidad” esto es en el seguimiento de una amplia agenda de reformas estatales y de generación de desarrollo; a la vez que en denunciar a la opinión pública nacional e internacional los entretelones del fallido golpe de estado; y movilizar a una vanguardia de masas en respaldo a la gestión de gobierno.
En ese entorno el gobierno, ataba cabos y develaba elementos específicos de la conspiración, en la cual igualmente se subrayaba el papel de grupos de la ultraderecha norteamericana, que habrían financiado el proceso conspirativo; camufladas a través de ONGs y Fundaciones.
También el gobierno acusó a militares y policías defenestrados (GAO) y/o implicados en los casos de violación a los derechos humanos en el régimen de Febres Cordero, de haber estado atrás del proceso de agitación en el estamento armado. Y que éstos grupos constituyen un núcleo duro de carácter fascista con altas dosis de criminalidad y prepotencia como así lo demostraron el 30 de septiembre; y en base a los cuales se podrían estructurar grupos paramilitares.
Igualmente no se dejó de mencionar y señalar de manera pública a la vez que documentada a través de los medios de comunicación estatales, el involucramiento de actores políticos de la derecha y de la llamada izquierda plurinacional, que abiertamente conspiraron a favor del golpe; el Presidente llamó a ejercer acciones civiles y penales sobre éstos; específicamente sobre la participación de dirigentes del MPD y de su brazo gremial la Unión Nacional de Educadores. Criticó duramente la justificación deleznable de esta llamada izquierda, que según ellos lo único que hacían es defender una “lucha popular” y el “derecho constitucional a la resistencia”.
Posteriormente se dio la masiva movilización nacional en defensa de la democracia en la ciudad de Quito en la que marcharon aproximadamente 50 mil personas llegadas de diferentes localidades y de estratos sociales populares, indígenas – campesinos y un amplio sector de la clase media. Que de manera combativa expresaron el respaldo al Gobierno Nacional. De por medio para esta movilización en días previos se desarrolló una cumbre de movimientos sociales en los que destacaron un sector del seguro social campesino, el sindicato de trabajadores eléctricos y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE de la Universidad Central (Quito) acto que contó con la presencia de funcionarios de gobierno y de instituciones públicas de bienestar y participación social, que se comprometieron a desarrollar una agenda conjunta con estos sectores.
También el ámbito político nacional se vio cruzado por la visita de personalidades internacionales que llegaron a expresar el respaldo al Presidente Correa y al proceso democrático, primero estuvo el Presidente de Chile, luego Evo Morales y el ex – Premio Nobel de la Paz – Adolfo Pérez E; este último incluso habría cabildeado con dirigentes indígenas en la posibilidad de lograr acercamientos con el gobierno nacional; pero a nivel del brazo electoral del movimiento indígena el Pachakutik, se habían cerrado en la defensa de la intentona golpista, y habían acusado al mismo gobierno y en especial al Presidente Correa de los insucesos del 30 de septiembre; coincidiendo nuevamente con la derecha; quienes más avezados aún había propuesto que una comisión internacional investigue sobre los acontecimientos suscitados en el intento de golpe de estado.
Ya en el ámbito más local los mandos de la Fuerza Aérea igualmente habían iniciado consejos disciplinarios en contra de 160 militares para establecer si participaron en el intento de golpe del 30 de septiembre. Y; de las declaraciones de los coroneles de Policía indiciados por la insubordinación se colige que la alta cúpula policial sabía del malestar de la tropa y que incluso se reunió con 200 uniformados para tratar de bajar tensiones y que de una u otra manera se sabía de la revuelta que se iba a dar.
Mientras tanto algunos analistas políticos nacionales e internacionales en base a los hechos del jueves 30 de septiembre, consideran que hubo una medición de fuerzas, para un futuro escalón en el golpe, de tal manera que, la próxima ocasión ya tendrán más elementos para mediar la reacción popular y la reacción gubernamental frente al intento del golpe. Igualmente se habían establecido comparaciones con situaciones parecidas en el caso de Bolivia y Venezuela y la reacción de las masas populares.
Lamentablemente, el proyecto político del Gobierno, en mucho descansa en el liderazgo de Correa, por lo que no estaban interesados por completo en capturar a la Asamblea, “el problema era capturar al Presidente y obligarle a ceder, con lo cual se desconstituía su imagen, y con ello el simbólico de la revolución ciudadana, representado por el Presidente.
De otra parte un ex militante de Sociedad Patriótica, hoy Concejal del cantón Quito denunció que hay una conspiración en marcha contra Ecuador; dijo que hay un foco desestabilizador que está latente, en Quito y en el país. Los patrones de actuación, de agitación, las campañas de hojas volantes, grafitis, guerra de rumores, correos electrónicos -que todavía continúan y con más fuerza-, llevan a la conclusión que había un foco desestabilizador, que habían elegido la plaza de Quito, la plaza fuerte del Gobierno, con un propósito bien claro.
La jerarquía de la Iglesia Católica, el 30 de septiembre prácticamente apoyaron el intento de golpe, al justificar el levantamiento policial, por la supuesta falta de diálogo e intolerancia del gobierno nacional; luego del fracaso de éste; en tono más mesurado, reconvienen de la violencia desatada, pero a la vez llama al diálogo con los mismos sectores golpistas. A más de ello en el mismo escenario se había nombrado al nuevo Cardenal primado de la Iglesia católica; y de manera concomitante el Papa había llamado a la clerecía a no intervenir en política, pero a su vez había exigido se respeten los “derechos” de los establecimientos educativos religiosos; que luego de la aprobación de la Ley de Educación Superior habían visto mermados las amplias prerrogativas que gozaban en el orden económico y político, en la gestión de esos centros. Igualmente la próxima expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prevé iguales o mayores limitaciones a la educación confesional.
El Presidente Correa en sus enlaces sabatinos fue duramente crítico de las cabezas visibles en el intento de golpe del 30 de septiembre, a base a un video de la reunión del Instituto Interamericano de la Democracia, y acusó directamente a la reacción cubana en Miami y a Alberto Montaner, como gestor de un proceso de acercamiento mediático y propiciador del golpe; quienes el 23 de septiembre invitaron a (Lucio) Gutiérrez a un panel en Miami con banqueros prófugos del Ecuador a quienes el Estado les había incautado más de 200 empresas avaluadas en aproximadamente 500 millones de dólares por el desfalco bancario del año 2000.
Igualmente en esta cita estuvo el ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño, de quien Correa dijo es agente de la CIA, también estuvo un ex Ministro de Finanzas que están siendo investigados por malas negociaciones de deudas. También recordó que días antes de la revuelta siete asambleístas de la oposición fueron a Washington a entrevistarse con instituciones de extrema derecha. A pesar que no se tiene evidencia que el 30 de septiembre haya costeando algo, pero sí se tienen evidencias que están entregando dinero a la oposición. Correa dijo que existe un entramado de intereses, donde se incluye un grupo duro de la Policía acusado de ser torturador y corrupto como el GAO (que fue desarticulado), de grupos políticos ecuatorianos que saben que no van a vencer en las urnas y quieren hacerlo por las armas, y grupos extranjeros que permanentemente tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas.
Así mismo el gobierno sacó a la luz pública un video de seguridad de un Hotel de lujo de la ciudad de Quito en la que se ve a miembros de la oposición reunirse durante más de dos horas el fatídico 30 de septiembre. En él se observa llegar a asambleístas de Sociedad Patriótica como Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo, junto a ellos Enrique Herrería y Andrés Roche, de Madera de Guerrero y otros asambleístas independientes.
También en un video que se proyecto en el enlace sabatino, se demuestra como la Presidenta de la UNE provoca a los estudiantes a salir a apoyar el levantamiento policial.
Al cumplirse el mes del aciago acontecimiento, el gobierno a través de la voz del Presidente hizo un recuento a la vez dramático cuanto acre, para no dejar en el olvido los sucesos y en la exigencia de justo castigo; esas declaraciones las hizo precisamente en la ceremonia de ascenso de oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; en donde condenó la traición a la patria de los policías que se insubordinaron en medio de un intento de golpe de Estado; así mismo conminó a los presentes a no someterse a órdenes que signifiquen traicionar su juramento de defender el orden constitucional; en base a ello igualmente defendió el derecho de visitar cualquier destacamento militar o policial, por ser el Comandante de las Fuerzas Armadas.
De otra parte el Ministro de Relaciones Exteriores – Ricardo Patiño, dijo que en el proceso conspirativo del 30 de septiembre, evidentemente hubo gente y grupos infiltrados en el mismo gobierno y en la policía, que le sirve al imperio y a grupos de poder, marionetas como abogados, y políticos y que le sirven para infiltrarse en la Asamblea y en el gobierno, dijo además que igualmente colectivos políticos y económicos de derecha, estuvieron comprometidos en la sublevación, en el intento de golpe de Estado y magnicidio. Para evitar la influencia de esas agrupaciones en el país se están depurando las instituciones del Estado, como la Policía y los ministerios, y agregó que esa "depuración" es la que genera "sublevaciones" policiales e "intentos de golpe".
Las primeras sanciones de carácter administrativo se habían establecido contra los oficiales que no pudieron controlar a sus subalternos, en este caso 12 coroneles que cumplían el rol de comandantes de unidades provinciales de Policía; y, otros varios uniformados deberán justificar el uso de vehículos y armas ante la Contraloría.
En cuanto a la radicalización de la revolución ciudadana, esta había empezado por desechar los hipócritas llamados a la conciliación y la paz y había hecho un enérgico llamado a la sanción de todos aquellos que se insubordinaron, que intentaron un golpe de estado e intentaron el magnicidio.
Rene Rámirez – Secretario Nacional de Planificación, había reseñado que del análisis y la discusión realizada al interior del gabinete, con el Presidente de la República, se había considerado que después del 30 de septiembre la única vía que se tiene como proyecto es profundizar la revolución ciudadana, eso implica ir más rápido y con mayor profundidad en el sentido de llegar a la raíz de dónde están los cambios estructurales que se tienen que hacer en el país; en base a cuatro temas estratégicos que se habían puesto en marcha desde hace el inicio; esto es el ser más eficientes en el cobro de impuestos, la construcción de la industria nacional; la separación de la banca pública de los medios de comunicación; el romper el oligopolio bancario, y; la democratización de la propiedad.
Mientras el Presidente Correa había dicho que el gran desafío del Gobierno de la Revolución Ciudadana tras los hechos del 30-S es transformar ese inmenso apoyo popular en estructuras organizadas y movilizadas. Agregó que este reto servirá para disuadir las intentonas como la del 30 de septiembre.
Pero igualmente el gobierno aceleró la puesta en vigencia de un sistema de compensaciones que preveía la Ley Orgánica del Servidor Público, de tal manera que, si antes un soldado de las FF.AA. por bonificaciones ganaba en el sistema anterior 897 dólares al igual que el policía “hoy estamos subiendo al 1.603 a ambos”; pero igualmente busca corregir grandes deficiencias e inequidades que permitían que un Sub Oficial Segundo ganaba 9.116 dólares pero en la Policía ganaba 12.870; o que un Teniente Coronel ganaba 14.770 dólares y un soldado 900 dólares.
El Foro latinoamericano de partidos de izquierda fue el escenario para que el Presidente Correa se ratificara en el ejercicio de una política de izquierda en el marco del socialismo del siglo XX, a la vez que denunciaba la conspiración de la derecha y las fuerzas oligárquicas que habían hecho de los medios de comunicación pública que éstos controlan en las últimas trincheras de una oposición que cada vez más pierde la perspectiva política – electoral y se lanza al despeñadero de la subversión. Al respeto una periodista mexicana de “La Jornada” había demostrado con hechos ciertos la participación de estos medios en el intento de golpe de estado, cuando agenciosamente horas antes de los acontecimientos, se tenía programada toda la cobertura informativa y en base a ello alentar el golpe, el caos y el mismo magnicidio presidencial.
El Ministro del Interior, mientras atiende las diligencias judiciales para que sean sancionados unos 720 miembros de la policía que participaron en la insubordinación del pasado 30 de septiembre, como parte de un intento de golpe de Estado y de asesinato del presidente Rafael Correa, también avanza en los cambios estructurales sobre la política de seguridad pública. "Es extremadamente importante que la Policía salga de esta crisis profunda, y la única manera es recuperando la confianza ciudadana.
Para ello, está en marcha un proceso de depuración de la institución policial, que al memento tiene 42 mil uniformados en todo el país. "Personas que mal usaron sus armas contra ciudadanos y mal usaron los bienes públicos para defender su bolsillo, en el supuesto de que se hubiera tratado de una protesta por salarios, no pueden quedar en la impunidad", enfatizó. Uno de los proyectos que apunta hacia ese objetivo es el de reforzar la labor de la Policía Comunitaria, plan al que Jakh había dado mayor impulso tras lo ocurrido el 30 de septiembre, bajo la consigna de "lavar la imagen de la Policía".
Según informaciones de agencias noticiosas de Caracas, AVN (por Jean-Guy Allard); Gustavo Lemus, había sido señalado como el ecuatoriano que irrumpió en el consulado de Ecuador en Miami en el medio de los acontecimientos del 30 de septiembre, con un puñado de partidarios del ex presidente Lucio Gutiérrez y de extremistas cubano-estadounidenses. Lemus había sido denunciado en su país como torturador y sospechoso de haber encubierto el asesinato de dos adolescentes. Lemus es conocido en Quito como el jefe de los torturadores en el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero (1984-1988). Ahora radicado en Miami, con la complicidad del Departamento de Estado, Lemus estuvo participando en las actividades conspirativas convocadas en Miami por Carlos Alberto Montaner, agente CIA y prófugo de la justicia cubana, el 23 de septiembre (7 días antes del intento de golpe) en Ecuador. Inmigrante con cobertura en Washington y Langley, Lemus interviene con frecuencia en Radio Mambi, la emisora mafiosa de Miami, para difamar al presidente Rafael Correa, Se presenta como portavoz de los grupúsculos opositores Asociación Hondureña “Francisco Morazán”, de la Sociedad Ecuatoriana del Exterior, asociados a elementos fascistas de la comunidad cubano-americana que predican el uso del terror. Lemus es también conocido por su vinculación con el ex jefe de la inteligencia militar coronel Mario Pazmiño expulsado del ejército, por sus contactos con la CIA norteamericana.
A más de ello la nota de prensa dice en el Ecuador, que Fidel Araujo, militante de Sociedad Patriótica (SP); Pablo Guerrero, ex abogado de Lucio Gutiérrez; y Max Marín de la SP, se encontraban en el cuartel policial. Mientras tanto, el hermano del coronel golpista apoyaba la operación en el Parlamento, dando instrucciones a la Escolta Legislativa, con la complicidad de politiqueros tales como Lourdes Tibán, asambleísta de Pachakutik; Luis Villacís, del Movimiento Popular Democrático; junto a los fascistas del movimiento Madera de Guerrero .
En el plano internacional, el Gobierno, había levantado voces de alerta por la cita, en EE.UU., entre senadores republicanos y figuras de distintos países de América Latina, como el ex presidente Lucio Gutiérrez. En este sentido el Ministro del Interior, dijo que se debe en mantener alertas ante cualquier intento de que grupos extranjeros puedan alterar el desempeño del país. En esa cita en Estados Unidos, legisladores republicanos prometieron aumentar la presión sobre Venezuela y sus aliados en el nuevo Congreso que sesionará en enero. El anuncio incluye a países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Estados Unidos debe cooperar más con sus socios frente al “declive de las libertades democráticas”, señalaron los congresistas que ocuparán puestos influyentes en la nueva Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
CONVENCION DE ALIANZA PAIS
De otra parte de suma importancia para viabilizar el proyecto de revolución ciudadana que lleva adelante el partido de gobierno – APAIS, fue la realización de su primera Convención Nacional, que tuvo un periodo de preparación en el cual se desarrollaron asambleas provinciales para tratar los acuerdos y avances de carácter ideológico programáticos y de gobierno.
Para Correa la inexistencia de una forma sólida de organización implica un alto grado de vulnerabilidad del proyecto de cambio político, por eso sostuvo que se debe hacer del proyecto el instrumento más eficaz para alcanzar el bienestar de las grandes mayorías. “Debe ser una organización que ayude y sirva para la construcción de alternativas para la sociedad, que transforme, que incida en la cultura, un movimiento político que ayude al desarrollo espiritual, una ciudadanía participativa y responsable”. Para Rafael Correa es de suma importancia generar una estructura de base territorial y nuevos cuadros políticos, así como pertenencia y flexibilidad para no limitar el desarrollo de otras formas autónomas de organización.
El evento que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil contó con la participación de aproximadamente cinco mil delegados de todo el país, especialmente de sectores de la clase media urbana y sectores campesinos de la Costa; que refrendaron acuerdos previos para nominar una directiva compuesta por las máximas figuras de gobierno del movimiento a la vez que se elegía como Secretario General a Galo Mora, hasta el momento Secretario Particular de la Presidencia de la República.
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PETROLEROS
Una de las acciones de gobierno más importantes que concluyeron luego de tres años de negociaciones fue el traspaso definitivo de la modalidad contractual en el área petrolera a contratos de prestación de servicios en los cuales el Estado se mantiene como legítimo dueño del 100% del recurso petrolero; y se conviene a pagar por los servicios prestados por la empresas petroleras, en ratings que varían según condiciones concretas; pero que en términos promediales significan que el 80% de la ganancia irá para el Estado, esto significará un ingreso neto adicional de USD 5.350 millones durante los próximos 15 años, considerando que el precio del barril de crudo WTI (West Texas Intermediate), marcador del crudo nacional, sea de USD 78. Igualmente significará que el Estado será el único beneficiario de las alzas del precio del petróleo, esto significa que por cada dólar de alza en el precio del barril de petróleo el Estado se beneficiaría en 245 millones de dólares adicionales.
En este proceso dos empresas petroleras no aceptaron tal modalidad y deberán abandonar los campos petroleros, esto es Petrobras en el campo Palo Azul y la norteamericana EDC. Al momento la empresa estatal inicia acciones para tomar los campos y continúa las negociaciones para el pago de las indemnizaciones correspondientes; que en este caso serán redituadas en base a la ganancia extra que deje la explotación de los mismos campos. Igualmente las empresas firmantes de los nuevos contratos de servicios renunciaron a reclamaciones de indemnizaciones por caducidad de contratos y por el uso del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP. Y; el Ministro del ramo, explicó que una de las clausulas del contrato, obliga a las petrolera a incrementar sus inversiones de manera taxativa por el monto de $1.205 millones, en caso contrario, se les reduce de la tarifa anual lo que no invirtió y si reinciden, se da por terminado el contrato.
CAMPAÑA DE PSICOSIS SOCIAL
El Presidente Correa, ante el agudizamiento de la campaña mediática de la derecha, que busca generar una psicosis colectiva sobre una supuesta inseguridad social, planteó enviar a la Asamblea Legislativa dos enmiendas a la Constitución, de tal manera de corregir las amplias posibilidades que tienen los jueces corruptos para excarcelación de delincuentes de alta peligrosidad. En caso de que la Asamblea no absuelva el pedido, anunció se llamaría a referéndum sobre el tema.
Igualmente mediante decreto ejecutivo se ampliará el radio de acción de las Fuerzas Armadas de tal manera que entren a una colaboración más estrecha con la policía en el control e inteligencia sobre hechos delincuenciales.
El Presidente también exhortó al Consejo de la Judicatura para que depure la función judicial. “Ahí hay mafias, jueces que son cuotas políticas, que están rodeados de impunidad porque tienen protección política, porque son buenos recaderos, burros fiel de sus patrones (…), pero sobretodo aquí en Guayaquil, que está llena de corrupción e impunidad”, dijo mientras cuestionaba, “¿cómo explicar que en Pichincha haya 130 casos de caducidad de la prisión preventiva y por eso se destituya a 12 jueces, y en Guayaquil haya 3.900 casos y no se destituya ningún juez?”. De la misma manera el Ministro de la Justicia tiene ya los resultados de las investigaciones a los jueces que habían aplicado la caducidad de la prisión preventiva, notándose claramente el dolo en la actuación de los mismos.
De su parte, el Presidente de la Asamblea Legislativa, recordó que en la Asamblea se había realizado cinco reformas en el ámbito penal, tres de ellas directas; y dijo que la inseguridad no es culpa de la ley, lo que está fallando es la gestión de la ley, que corresponde a la Policía, la Fiscalía y la Función Judicial”, Subrayó que no hay explicación válida posible para que de un total de 1.814 audiencias convocadas en los tribunales, apenas 360 se hayan realizado, eso no es culpa de la ley, lo cual demuestra que tanto la Fiscalía, cuanto los juzgados de garantías penales no están cumpliendo sus obligaciones.
Igualmente en el plano interno, el gobierno había vuelto a poner en el tapete de la discusión el llamado modelo “exitoso” de desarrollo de la ciudad de Guayaquil, evidenciando el desastre que había significado para amplios conglomerados sociales populares, casi dos décadas de gobierno seccional socialcristiano, que son los que ahora se evidencia en el mayor índice de desempleo y delincuencia a nivel nacional. En esta pugna había confrontado en duros términos las condiciones puestas por el Alcalde Nebot al gobernador de la provincia para unirse a iniciativa de seguridad ciudadana. En su clásico y frontal estilo el Presidente había denunciado a la élite oligárquica guayaquileña.
Luego de que magistralmente el gobierno revirase la carta de la derecha, que venía jugándose a generar una campaña psico-social de inseguridad social, anunciando una propuesta de reforma constitucional, para reglamentar aspectos de la prisión preventiva o un referéndum sobre el mismo tema; el gobierno había iniciado una serie de pasos para bloquear el intento de la derecha de capitalizar políticamente de una situación posible de ser corregida mediante reformas tanto legales como jurisdiccionales.
En ese sentido igualmente el gobierno, se muestra cada vez más dispuesto a capitalizar a su favor, la situación en mucho creada por la campaña psicosocial de los medios de comunicación, a través de el pronunciamiento popular que se visiona estratégicamente para el primer semestre del año entrante, en el cual se anunciado igualmente el sometimiento a consulta de la Ley de Comunicación, y otros temas sensibles, de hecho el Gobierno pretende un pronunciamiento popular masivo a favor de esta consulta, que igualmente valide el amplio respaldo popular y nacional que mantiene Correa en el orden del 75% según una última encuesta de Santiago Pérez.
Así mismo el gobierno había generado una minicrisis de gabinete con el cambio del Ministro del Interior, quien pasará a ser Secretario Particular de la Presidencia, y en su reemplazo se había nominado a Alfredo Vera Arrata, ex – Secretario de la Comisión Anticorrupción; y, en quien se considera posible una mejor labor al mando de la campaña antidelincuencial que se había puesto como tarea de primer orden en este período. En el mismo tenor se había nombrado a un Contralmirante en retiro, para la Secretaria de Inteligencia, que entrara a servir de puente en el proceso de interacción de las fuerzas policiales y militares encaminadas al control de la delincuencia organizada.
El nuevo Ministro del Interior había ratificado en el cargo a todos sus subordinados y había anunciado una batalla final y total en contra de la delincuencia; a la vez que había anunciado nuevas mejoras sociales e institucionales para la policía, orientadas a convertirla “en el mejor amigo del ciudadano”.
Por otra parte el Presidente Correa en esta nueva batalla en contra de la derecha oligárquica no había dejado de mencionar en duros términos las actitudes de carácter fascista y puramente represivas que se habían generado como propuesta y acción en anteriores épocas e incluso como planteamientos en la actualidad de los sectores socialcristianos, en específico refiriéndose a la política de garrote y miedo que impero en la época de León Febres Cordero y del mismo Nebot en la Alcaldía de Guayaquil, ciudad esta última en la cual se dan los más altos índices de delincuencia a la vez que corrupción y que había estado manejada en los últimos 16 años por el socialcristianismo.
LOS WIKILEAKS
En el plano internacional, el gobierno se pronunció de manera implícita condenando la actitud de los Estados Unidos en cuanto al manejo diplomático agencioso de sus embajadas, puesto al claro por la revelación de los cables desde el sitio wikileaks. La Cancillería de manera temprana busco recabar la mayor cantidad de información posible sobre el Ecuador, e incluso ofertó inicialmente asilo al creador de la página web, lo cual posteriormente fue desautorizado por el mismo Correa.
En este escándalo internacional, el gobierno ecuatoriano excusa de este entramado a la administración Obama y colige de manera indirecta que son los entornos del Departamento de Estado Norteamericano los encargados de esta labor de zapa, indudablemente conectados con la Agencia Central de Inteligencia. Las posiciones críticas más fuertes del gobierno al momento en torno a este hecho se dieron en la cumbre iberomericana en el marco de ruedas de prensa y conferencias dadas por el primer mandatario. Posteriormente nuevos cables habían puesto en evidencia el entramado agencioso del gobierno y las fuerzas armadas colombianas, y su total entrega a los intereses norteamericanos a los cuales solicitaban destacar acciones de espionaje en contra de Venezuela y Ecuador.
Ya en el frente político, pero igualmente en la necesidad de combatir a las posiciones de la derecha oligárquica – imperialista, y con motivo de las revelaciones del carácter agencioso y proimperialista de Lucio Gutiérrez y de la llamada Sociedad Patriótica, el Presidente Correa, cuestionó las declaraciones que por varias ocasiones había realizado Lucio Gutiérrez en su contra y exhortó a un pacto nacional para desterrar esos compartimientos políticos y ese entreguismo que había demostrado Gutiérrez al pedir protección a Estados Unidos durante su estadía en prisión en Ecuador, como fue revelado en un cable de Wikileaks.
Como lo evidencia igualmente el cable revelado por Wikileaks, desde la embajada de Estados Unidos en Quito, en el que se expone la evaluación de la embajadora Heather Hodges previo a la nueva posesión del Presidente Correa el 10 de Agosto de 2009, y en ella señala que el momento más bajo en la relación fue la expulsión de dos diplomáticos acusado de agentes de la CIA por su intervención en la Policía Nacional, al tiempo dar un informe favorable a la situación del País, aunque califica de "populista" al Presidente Correa y su política económica.
PROPUESTAS PARA UN NUEVO DIALOGO
En el plano político, el gobierno en varias declaraciones de funcionarios de alto nivel, se había demostrado proclive a llegar a acuerdos programáticos, a través de nuevos diálogos con sectores afines y con los mismos movimientos sociales, en especial con el movimiento indígena. De hecho el espacio de diálogo y concertación con ser estratégico en un escenario pre-consultivo, no deja de tener ventaja para el Gobierno que en su gestión había alcanzado altos índices de aceptación ciudadana y popular, especialmente en el espacio rural.
De otra parte el Movimiento PAIS conformó su comité ejecutivo que al decir del ex – Canciller Fander Falconí “es la expresión de la diversidad de los espacios de ejercicio político”, el cual está conformado por: el Presidente de la República, Rafael Correa, el Segundo Mandatario, Lenín Moreno, las ministras de Estado Doris Soliz y Ximena Ponce, el canciller de la República, Ricardo Patiño, Miguel Carvajal, Galo Mora y Fander Falconí.
Fander Falconí aseveró que la Constitución ecuatoriana es la hoja de ruta del oficialismo, “luego de cuatro años de recorrido el proceso de cambio, sostenemos que la Constitución prefigura las líneas maestras y que es necesario tener una organización que movilice a la sociedad ecuatoriana”. Al ser cuestionado sobre que se había traído de otras tiendas políticas a personas para que colaboren con el Gobierno, Falconí respondió que el surgimiento de Alianza PAIS siempre fue pensado como un movimiento amplio que se mueve en el espectro político ecuatoriano con una lógica y una direccionalidad de izquierda pero que también abarca a otros sectores, partidos y tendencias que históricamente habían estado empujando un proceso de cambio en el Ecuador.
Enero del 2011
lahora2008@yahoo.es
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