CONVENCION NACIONAL DE ALIANZA PAIS
La alta popularidad del gobierno de Alianza país y el liderazgo evidente de Correa, trata de ser asumido de manera orgánica, para lo cual se había llamado a la primera Convención Nacional de APAIS, y se había destacado una comisión organizadora en la que se incluyen Ricardo Patiño, Doris Soliz, Raúl Abad, Lidice Larrea y Gabriel Rivera (asambleístas); Augusto Barrera, Gustavo Baroja, y Paúl Granda (autoridades seccionales), Fander Falconí, Roberto Cuero, Nancy Morocho (de A. País), Juan Sebastián Roldán (Ruptura de los 25), Leonardo Vicuña (Movimiento Alfarista-Bolivariano) y Diego Borja (Poder Ciudadano). Ello da cuenta de la variopinta procedencia política y clasista de la militancia del movimiento APAIS, que para transformarse en partido debería establecer una dirección única; pero de lo cual igualmente podría salir gravemente fraccionado tanto política como ideológicamente.
La Convención Nacional y provinciales de APAIS, fueron el espacio en el cual se debatieron una serie de formulaciones de carácter político – ideológico del partido de gobierno, a la vez que analizaban estrategias conducentes a lograr una mayor y mejor inserción, de los cuadros políticos como de los mandos medios del mismo gobierno, en el seno de un amplio movimiento de masas que hasta el momento había venido girando sobre el liderazgo de Rafael Correa. Lo cual evidentemente es una aguda limitación ante la envergadura de las acciones propuestas en el ideario y la política del gobierno; más aún que la derecha se mantenía agazapada buscando el escenario posible para debilitar el apoyo popular cuanto la gobernabilidad hasta el momento alcanzada por el Gobierno Nacional. En el ámbito político la convención nacional de Alianza País generó expectativa, según reportes de prensa se habrían reunido aproximadamente 15 mil adherentes.
CAMBIO DE DIRECCION EN EL PSFA
En el escenario político de ese momento, era igualmente loable la elección democrática del nuevo Presidente del Partido Socialista Frente Amplio - PSFA, en la persona del intelectual de izquierda Rafael Quintero López, quien en dura disputa derrotó a posiciones aparatistas y oportunistas que pugnaban por orillar al PSFA en la oposición al Gobierno de APAIS. Cabe anotar que al momento Rafael Quintero ostento y había dicho seguirá ostentando el cargo de Subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su propuesta de trabajo a dicho será recuperar la democracia al interno del Partido y volverle a este en un partido de masas en el que se incluirían diferentes tendencias de izquierda e incluso se plantea sumar a la misma fuerza de APAIS. A pesar de ello, el escaso margen de la victoria de Quintero, en elecciones de delegados con voto secreto, y el trasfondo de las opiniones y posiciones encontradas había dejado resentimientos que conspirarán con el proceso de recolección de firmas que igualmente necesita el PSFA para mantener el registro electoral.
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Y SUS REPERCUSIONES
El gobierno nacional y el pueblo ecuatoriano debieron de pasar una de las mayores pruebas en cuanto al proyecto de revolución ciudadana, ante la arremetida de las fuerzas reaccionarias, que durante prácticamente cuatro años habían venido conspirando en contra de la voluntad democrática y de transformación que se había expresado reiteradamente en las urnas.
El proceso de conspiración había utilizado infinitas formas y maneras, para dislocar el apoyo de la ciudadanía al actual gobierno, para afectar la economía nacional, y/o para afectar la moral de cambio y transformación; buscando con ello el escenario para la asonada golpista; e indudablemente particular interés y énfasis se había dado a mantener intocada la alta cúpula policial y militar formada en la vieja escuela del anticomunismo y de la defensa a ultranza del imperialismo y la oligarquía criolla.
Las respuestas del Gobierno, habían sido igualmente eficaces y certeras en cuanto a mantener la confianza y el apoyo de la inmensa mayoría de la población ecuatoriana, y; a manejar diestramente la economía nacional; a la vez igualmente particular interés había demostrado en la recuperación de una política soberana en el manejo de las fuerzas armadas, en la dignificación especialmente de la tropa, desde siempre maltratada en un cuasi – sistema de castas, en el que los altos mandos gozaban de inmensos privilegios y la tropa mayormente de ascendencia indígena y negra, era sujeta de los más grandes agravios.
En ese proceso el gobierno había venido en diferentes momentos realizando radicales cambios a las cúpulas, para dar paso a elementos menos comprometidos con la formación anticomunista y proimperialista, a la vez que hayan demostrado una trayectoria límpida o esté libre de procesos de corrupción, que en los anteriores gobiernos oligárquicos prácticamente se hubieron institucionalizado, especialmente en la policía nacional.
A pesar de ello el gran peso corporativo que durante décadas por no decir centurias se había ido acumulando en estas estructuras adscritas primero al poder feudal terrateniente, luego al liberalismo oligárquico y por último al poder burgués - imperialista; había hecho de esto una tarea titánica, que había sido resistida de múltiples formas y maneras, por los elementos proimperialistas y pro-oligárquicos al seno de las fuerzas armadas, quienes mantenían grandes esferas de influencia en el ejercicio del mando institucional, así como amplias ligazones de carácter social y político con las esferas del poder oligárquico – imperialista.
Estos últimos de manera desembozada durante años mantuvieron una infiltración abierta de los cuerpos policiales y militares mediante las llamadas ayudas externas, así como a través de los cursos de formación en las escuelas militares norteamericanas, expertas en la formación de gorilas y agentes al servicio del imperio.
Madurada la crisis de gobernabilidad en el Ecuador, fueron estas mismas agencias las que promocionaron a uno de los más mediocres elementos de su entorno, para en connivencia con dirigentes indígenas aventureros, diesen un golpe de Estado que terminó consolidando un régimen igual de derecha, y que luego sirvió para que se erigiera como figura contestaría, con el apoyo del movimiento indígena, a un Lucio Gutiérrez, que de esa manera devino Presidente de la República; y que terminó traicionando la amplia expectativa popular que se hubo formada en ese entonces.
Este individuo habiendo alcanzado este espacio de poder consolidó una estructura agenciosa entre miembros del ejército y la policía; que luego le serviría de base para una estructura partidaria, que mantiene nexos tanto con el imperialismo cuanto con la oligarquía nacional; y, con los cuales en la etapa presente había intentado en repetidas veces golpear al actual gobierno de la revolución ciudadana.
Su poca credibilidad en el grueso de la ciudadanía, había llevado a que el imperialismo y la oligarquía vea en este únicamente el pivote para una conspiración en contra del gobierno nacional; valiéndose de las grandes habilidades en tareas de subversión y contrainteligencia, la llamada Sociedad Patriótica, fueron uno de los resortes más efectivos en los últimos levantamientos indígenas, al desarrollar campañas de desinformación entre la población indígena; pero igual de manera abierta o subrepticia habían venido generando malestar en los mandos medios y tropa del ejército y la policía; igual con una campaña de desinformación y en base a claras consignas anti-comunistas.
Este escenario se vio grandemente fortalecido con la investigación y resultados que arrojara la Comisión de la Verdad, que se estructuró de parte del Gobierno para investigar y sancionar los excesos y los crímenes de lesa humanidad que se produjeron tanto sobre líderes y luchadores sociales, cuanto sobre el movimiento guerrillero urbano – AVC. Resultado de lo cual al momento aproximadamente una centena de policías y militares de medio y alto rango están siendo judicializados; incluso el mismo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esta incriminado en prácticas de tortura.
El desalojo de la Base de Manta, así mismo la cada vez más estrecha y cercana relación del gobierno de la revolución ciudadana con el proceso revolucionario venezolano y la adscripción al ALBA ponían los pelos de punta al imperialismo norteamericano que considera de vital importancia la zona geoestratégica norandina.
Entonces el escenario para el golpe, iba cruzado con la posibilidad de movilizar masas descontentas con las medidas de reforma estatal que el gobierno había emprendido y que se habían expresado en múltiples leyes; todas las cuales habían recibido una tenaz oposición, tergiversando y magnificando los supuestos efectos sobre estratos sociales como los indígenas, los estudiantes, los profesores, los trabajadores y los servidores públicos y como no, sobre las fuerzas armadas y policiales.
A este escenario se habían prestado de manera consciente o inconsciente dirigentes sociales, gremiales y de partidos llamados de izquierda, que habían generado una tenaz oposición al gobierno y que incluso estuvieron a punto de pactar de manera abierta una alianza con instituciones de la ultraderecha; pero que igual por lo bajo habían continuado coincidiendo en el discurso y la práctica de los sectores más oligárquicos y retardatarios de los sectores de la derecha; a la vez siendo amplificados por los más reaccionarios medios de comunicación.
A pesar de ello, el gobierno nacional en su necesidad de radicalizar su revolución ciudadana había debido forzar las marchas para ajustar una normativa legal que le permita poner en vigencia la nueva constitución cuanto una amplia y profunda reforma del aparato del estado; en ello igualmente había resistido el chantaje de los elementos oportunistas e “independientes” de la Asamblea, quienes abiertamente habían solicitado cuotas y espacios de poder para dar salida a importantes leyes; esta posición de principio del Ejecutivo le había valido tener que ejercer de manera reiterada el derecho constitucional del veto; y, ante la ausencia de una mayoría consolidada de la oposición, para mantener el articulado original, que estas leyes hayan pasado, cumplido su plazo, por el ministerio de la ley; o, que otras se hayan quedado en el limbo.
Ello había levantado al batiburrillo de la gran prensa y medios de comunicación en manos de la reacción oligárquica, que incluso había hecho tambalear a los elementos menos consecuentes y oportunistas del mismo bloque de asambleístas del Gobierno; lo que llevó a que el Presidente Correa, luego de medir el escenario de apoyo popular, estuviese decidido a aplicar la “muerte cruzada”, esto es la disolución de la Asamblea Legislativa y el llamado inmediato a elecciones tanto para Presidente como para Asambleístas.
Si bien esto al principio esto asustó e hizo recular a algunos asambleístas, los núcleos más duros de la oposición, vieron un escenario mayormente posible de dejarles grandes ganancias y el poder total; y luego de tertulias y contubernios, desarrollados en septiembre, en las que participaron fuerzas de la derecha y de la llamada izquierda; decidieron exigir la muerte cruzada.
En este mismo escenario y contubernios estuvo el viaje de los siete asambleístas de la derecha e “izquierda” (Magaly Orellana - Pachakutik) a Washington supuestamente a denunciar la Ley de Comunicación. Al igual que la participación de Lucio Gutiérrez y el ex – Secretario Nacional de Inteligencia: Crnl. Mario Pazmino (denunciado como agente de la CIA y promotor del grupo paramilitar Legión Blanca), a más del banquero Issaías, en el foro del Instituto para la Libertad y la Democracia, dirigido por el ultramontano, disidente cubano agente de la CIA, Alberto Montaner, en donde se fraguó el golpe a la democracia.
Previo a ello en repetidas ocasiones el Subsecretario de Relaciones hemisféricas de los EE.UU. Valenzuela y luego un supuesto representante de los senadores ecologistas, denunciados como agentes de la CIA, estructuraron el tinglado para defenestrar al Presidente Correa.
El plan consistía, como el mismo Correa lo denunciara al día siguiente de los sucesos del 30 de septiembre, en primer lugar que se diera la sublevación concertada de los regimientos policiales; que de manera inaudita se dio de manera sincronizada en todo el país; y de la cual incluso uno de los asambleístas de Sociedad Patriótica se había adelantado a vaticinar, y el desenlace esperado por ellos, al estilo hondureño del exilio forzado del Presidente, tiene ahora la certeza de que éstos asambleístas estuvieron la noche anterior reunidos dando los últimos toques al plan golpista.
En segundo lugar que se levantase la agitación en estamentos sociales que se había supuestamente lesionados en sus intereses, esto es estudiantes, profesores, trabajadores petroleros y del sector público e indígenas, para lo cual elementos agenciosos del MPD y Pachakutik llamaron a la protesta en respaldo a la insubordinación policial.
En tercer lugar se buscaba fomentar el caos y el temor en la población mediante actos vandálicos y su magnificación que ya se empezaba a dar a través de los medios de comunicación. En este escenario de caos y convulsión social, el toque final estaba llamado a dar el alto mando militar, con el retiro de la confianza al Presidente; y, o la exigencia parlamentaria de la muerte cruzada.
Para ello la derecha con al apoyo de la escolta legislativa, en la semana anterior había dejado ingresar al Parlamento Nacional a elementos agenciosos del MPD para dejar insubsistente la aprobación de la Ley de Educación y mantener el pretexto para la movilización y agitación en este sector.
Y el día mismo de los acontecimientos, se tomaron en contubernio con la escolta legislativa la Asamblea Nacional, concentrándose para igualmente dar el golpe desde el legislativo; a la vez que para dar chantajear con una amnistía a cambio de la liberación del Presidente.
Así mismo elementos de las Fuerzas Armadas, se manifestaban en Quito en frente al Ministerio de Defensa y elementos de la Fuerza Aérea tomaban estratégicamente el Aeropuerto de Quito y dos aeropuertos internacionales (Latacunga y Manta).
Igualmente sospechoso fue la repentina declaración de huelga que para el 4 de octubre, hiciese una semana antes, el sindicato nacional de transportistas, en la cual los funcionarios del gobierno debieron extremarse para conjurar esta amenaza, que luego se cambio para una movilización nacional para la misma fecha.
En estas condiciones, como lo dijo Correa en sus declaraciones, prácticamente se buscaba sacarlo del poder en las peores condiciones tachándole de inepto para el gobierno; y para ello incluso se pensaba en que asumiese el cargo el Vicepresidente, quien había declarado que en reiteradas ocasiones diversos sectores le habían auscultado sobre esta posibilidad.
Lo que no sospechaban los golpistas la reacción inmediata del Presidente Correa, quien intuyendo la magnitud de la insubordinación policial, y aún creyendo que lo que únicamente había es desinformación de la tropa, acudió al regimiento Quito, siendo emboscado por los elementos reaccionarios y complotados para el golpe, siendo prácticamente secuestrado por el espacio de nueve horas, en el hospital aledaño al mismo regimiento; con la intención de obligarlo por el uso de la fuerza a rever la decisión de mantener el veto a la Ley Orgánica del Servicio Público, que retirando prebendas en condecoraciones militares, acumulaba al salario unificado y homologado del ejército y la policía; y, que había servido de pretexto para sublevar a la tropa y oficialidad; a la cual previamente se le venía desinformando a través de correos electrónicos y pasquines; situación que para nada detectaron y/o no informaron los equipos de inteligencia del Estado y de la misma Presidencia.
En el regimiento Quito, filmaciones captan la presencia de un alto dirigente del PSP el mayor ( r ) Fidel Araujo, anticomunista declarado, quien con chaleco antibalas y celular en mano coordina acciones para rechazar la presencia de Correa en el regimiento; ahí se oyen voces rechazando a los “comunistas” y vivando a Lucio Gutiérrez.
Reiterando su disposición del Presidente de “morir antes que perder la vida” y habiéndose declarado el estado de emergencia, la televisora pública empezó una cadena nacional indefinida e ininterrumpida, donde se informaba de la agresión y secuestro que sufría el Presidente Correa, ello congregó de manera inmediata en el palacio de Gobierno a una gran multitud de diferentes estratos, a la vez que concentraciones y marchas de respaldo en la mayoría de ciudades del país. Entonces se orientó de parte del núcleo político duro del gobierno de Correa, a una movilización de parte de la masa ciudadana que se había reunido frente al palacio de gobierno, para ir a respaldar y prácticamente rescatar al Presidente de la República.
De esta manera aproximadamente seis mil personas se dirigen al hospital de la policía, y esta repele con piedras, gases y bala a la muchedumbre, en ello cae muerto con un balazo en la cabeza un joven universitario; a pesar de ello esa masa humana se mantiene en pie de lucha junto al hospital, hasta entrada la noche.
Previo a ello el Presidente a través de comunicación radial alerta que se le quiere asesinar; lo cual es posteriormente corroborado por las grabaciones de la radiopatrulla en la cual en repetidas ocasiones los policías al mando de la sublevación alientan al asesinato de Correa. Incluso se concierta una salida pacífica, en una calle de honor, en medio de lo cual hay la abierta intención de provocar el magnicidio, de parte de los francotiradores ubicados en sitios estratégicos.
En estas situaciones, por iniciativa del Ministro del Interior se había diseñado y establecido una fuerza combinada de élite de escuadrones antisecuestros de la policía y del ejército y el apoyo de 700 militares, con el asentimiento de Correa, toman por asalto el hospital de la policía y liberan al presidente en medio de una balacera y la abierta intención de francotiradores de asesinar al Presidente; en esos momentos se producen las 4 bajas en las filas de los militares y policías que fueron a rescatar al Presidente.
En el ínterin una tibia declaración del alto mando militar, da su respaldo a Correa pero a la vez solicita dejar insubsistente la Ley Orgánica del Servicio Público, supuestamente por atentatoria a los intereses de los militares y policías. E igualmente sectores afines a Lucio Gutiérrez y socialcristianos, pretenden desconectar los equipos de la televisión pública y asaltan al canal público ECTV.
Hasta mientras la UNASUR se había convocado de manera urgente para respaldar al gobierno constitucional y varios gobiernos a nivel regional e internacional se habían pronunciado en contra del golpe. De manera tardía igualmente lo hizo la canciller norteamericana.
Una vez liberado Correa este se dirige a una inmensa multitud que se había congregado al pie del palacio de Gobierno, en el cual reedita los sucesos acaecidos y ofrece no dejar en impunidad las muertes y daños provocados.
De esta manera de oficio, así como por denuncia personal, se había iniciado acciones de investigación sobre policías de distinto rango de los cuales a algunos se los había ordenado prisión, y de todos los coroneles de los regimientos insubordinados, al igual que se había dictaminado reclusión de seis meses para el Mayor Fidel Araujo y el Jefe de la Escolta Legislativa; y se continua con las investigaciones en la Fuerza Aérea y con políticos que llamaron a la insubordinación: entre ellos el títere de la oligarquía: Carlos Vera, y elementos agenciosos de la llamada izquierda y movimiento indígena.
En cuanto a la organización política del movimiento indígena, Pachakutik, a través de su jefe de bloque se hizo circular un boletín de prensa que manifestaba que “ante la grave conmoción política y crisis interna, generada por la actitud dictatorial del Presidente Rafael Correa, al violentar los derechos de los servidores públicos y de la sociedad en su conjunto, convocó al movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa, al amparo de lo que establece el Art 130, numeral 2 de la Constitución, que dice: La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: 2) Por grave crisis política y conmoción interna”.
Pero al igual el movimiento indígena Ecuarunari, a través de su presidente en ese momento publicó un comunicado “No más dictaduras en América Latina” reconociendo los intereses de la derecha en la asonada policial y condenando todo intento de golpe. Esta posición de principio se vio oscurecida en la manifiesto de la CONAIE en el cual de manera ambigua se condenaba el intento de golpe a la vez que se llamaba a la movilización en contra del Gobierno de Alianza País.
Igual o parecida posición mantenía el Alcalde Nebot, que por un lado criticaba el intento de golpe pero a la vez lo justificaba plenamente, en base a la supuesta prepotencia del gobierno nacional.
Correa dijo que el escenario que se quería montar era algo parecido al 21 de Enero “Se tomaron la asamblea, se propagó el descontento y cayó Mahuad”, recordó, puntualizando que la gran diferencia ahora, es que en aquella ocasión la muchedumbre se movilizó para derrocar a Mahuad. La inmensa mayoría ciudadana salió a las calles a apoyar y sostener al Gobierno de Rafael Correa. “Por eso el Plan B fue tratar de asesinar al Presidente y a otros miembros del Gobierno, al ministro del Interior, Gustavo Jalkh lo atacaron francotiradores”, mencionó, al tiempo de hacer pública la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias en este proceso de investigación y sanción, incluida una acusación particular en contra de quienes atentaron contra su vida.
Correa en declaraciones posteriores a la prensa había dicho que “Lamentablemente nuestra policía en Latinoamérica tenían periodos muy oscuros, años 80 donde se torturaba, se desaparecía y todavía tenemos un núcleo ideológico muy fuerte, herencia de esas épocas y es ese el núcleo ideológico que con grupos opositores trataron de desestabilizar el Gobierno y que no tienen escrúpulos, para entenderlos tenemos que pensar en la lógica de los escuadrones de la muerte, porque era gente realmente mala, que quería hacer daño. No les interesaba ninguna reivindicación salarial. No, interesaba hacer daño. Es gente que con la fuerza cree que puede hacer todo”.
También en declaraciones a la prensa Correa, advirtió de “la presencia de un grupo autodenominado GAP (Grupo Armado Policial), que se trata –según el Jefe de Estado- de un núcleo ideológico duro y extremista que practica el fascismo en Ecuador. “Aquí habían grupos de policías que desaparecían personas, torturaban, y hay gente que apoya esas prácticas”, acotó, añadiendo que se seguirá humanizando y profesionalizando a la Policía Nacional. Emblemático es el hecho que uno de estos escuadrones detuvo a una ambulancia que trasladaba a militares heridos, y tratando de ultimarlos, los dispararon en contadas ocasiones, así como al piloto y copiloto de la ambulancia.
Mientras tanto el estado de emergencia y el resguardo militar de la Asamblea Legislativa se mantenía, y el gobierno anunciaba radicalizar la revolución ciudadana; para ello se convocó a una multitudinaria concentración en la ciudad de Quito, con el apoyo de fuerzas sociales y populares, así como de gobiernos seccionales. Y se habían iniciado contactos y conversatorios desde la Secretaria de Pueblos para ir a la conformación de un Frente de Defensa de la Democracia que en el caso de la Asamblea Legislativa reuniría a 65 Asambleístas lo que permitiría viabilizar reformas a las leyes aprobadas, y otras.
En este escenario el Gobierno había anunciado la suspensión temporal de la propuesta de “muerte cruzada” que se la iba a dictaminar el 4 de octubre, ante la indecisión de los propios asambleístas del movimiento de gobierno que luego de haberse comprometido a allanarse al veto del ejecutivo a la Ley Orgánica del Servicio Público, no lo hicieron en su integridad, votando con la misma derecha y el centro burgués.
De su parte la derecha, la “izquierda plurinacional” y los grandes medios de comunicación, entraron en una fase de banalización de los acontecimientos, pretendiendo hacer creer a la opinión pública, que no hubo el intento de golpe de estado, sino únicamente un reclamo social, que tampoco existió secuestro ni se pretendió atentar contra la vida del Presidente; pero la cada vez mayor información que iba apareciendo en el escenario, deja a la claras ver todo lo contrario.
Igualmente la prensa reaccionaria y los asambleístas de derecha e “izquierda” pretendían endosar al Presidente de la República, la culpa de los sucesos, por supuestamente haber ido a provocar a la tropa insubordinada. Incluso el sector más radical o agencioso la llamada “izquierda plurinacional” en las voces de las Asambleistas Lourdes Tiban y Magaly Orellana, “reiteran la necesidad de que el Ejecutivo llame a la muerte cruzada. Igualmente, aseguraron que continuarán apoyando todo lucha social, venga del sector que venga, posición a la que se sumó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santi.
Igualmente para el asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala, lo que aconteció el 30 de septiembre es la demostración de la “inconformidad que se expresa a través de varios sectores”, en este caso, las tropas de la policía y los militares, quienes estaban exigiendo reivindicaciones para su sector. En la lectura que hace el legislador sobre el tema, fue el presidente Correa quien se dedicó a arrojar "gasolina al fuego" y es sobre el Jefe de Estado sobre quien recae toda la responsabilidad de lo sucedido aquel jueves, manifestó Escala.
Mery Zamora, presidenta de la UNE, señaló que apoyó la sublevación policial y dijo que el respaldo fue realizado en el marco de la democracia y por "la lucha justa en contra de la Ley de Servicio Público". Zamora, en entrevista realizada en Ecuavisa, admitió que defendió el levantamiento policial que asegura fue realizado con justificación, ya que la Ley de Servicio Público sería negativa para este sector.
Correa había anunciado anteriormente que los grandes intereses financieros atrás de los grandes medios de comunicación, a los cuales se les daba el plazo perentorio para vender sus acciones en los medios de comunicación, intentarían por todos los medios acciones desestabilizadoras. Al respecto de parte de estos se habían levantado voces críticas por la censura de prensa aplicada en el estado de emergencia.
Luego de que la Ley Orgánica del Servicio a entrado en vigencia, el Gobierno decía que se había hecho posible corregir un error en la homologación de los sueldos de cuatro categorías en la fuerza pública, para lo cual había descargado de la ya presupuestado un aproximado de 50 millones de dólares y que igualmente fue otro motivo de reclamo en la insubordinación de la policía y de una parte de las fuerzas armadas.
Si bien Correa había manifestado no tener pruebas de la injerencia externa en el intento de golpe, el canciller Ricardo Patiño dijo: “Confío en que de parte del presidente Obama, de su equipo de Gobierno, confío en que no haya ninguna participación, pero tenemos los latinoamericanos una larga y negativa experiencia de que grupos de poder en Estados Unidos, que no necesariamente están en el Gobierno, habían hecho en nuestra América Latina, habían destruido democracias, habían organizado asesinatos de gente, se habían tomado el poder, habían violado nuestras soberanías, se habían tomado los territorios y, por tanto, cuando a mí me preguntaron si se podía descartar –es importante diferenciar– si se podía descartar la presencia de participación extranjera en la intentona golpista, yo dije: yo no lo puedo descartar; cuando me preguntaron si era de Estados Unidos, dije: no lo puedo descartar de algunos grupos de poder en Estados Unidos que están acostumbrados a poner su fuerza en el mundo a través de este tipo de acciones. No he dicho que conozco o que tengo indicios concretos de que hay participación de determinados grupos de poder de Estados Unidos”, explicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.
E igualmente ante declaraciones más radicales del gobierno de Bolivia y Venezuela, desde Estados Unidos, se calificó de "infundadas" las acusaciones de los presidentes de Venezuela y de Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales, respectivamente, sobre la supuesta implicación de Washington en el alzamiento policial en Ecuador.
Al momento según la encuestadora Santiago Pérez (SP), la gestión del Presidente de la República, Rafael Correa, alcanza al 2 de octubre, una aceptación del 75%, calificándola como muy buena y buena. Estas cifras superan el alto porcentaje obtenido por el Mandatario, a finales de 2008, cuando su promedio anual bordeaba el 73%.
Por su parte, las organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas como “Eloy Alfaro”, “Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador”, “DiablUma” y “Minga Social” rechazaron los intentos golpistas y la violencia con que los policías actuaron en contra de quienes acudieron al Hospital de la Policía a defender al Primer Mandatario.
Así mismo representantes de diversas organizaciones sociales como: la FEINE, FENOC, CNSA CMSA, AIET UMICT, MIT, FORO URBANO, MUJERES POR LA VIDA, DERECHOS HUMANOS, FUNDACION AYUDA Y DESARROLLO, ASPIM, CNC, FEUE, CNC, Trabajadores Eléctricos, entre otras, se dieron cita en el Auditorio de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, para analizar, debatir y plantear propuestas estratégicas, luego de los acontecimientos suscitados el 30 de Septiembre a propósito del intento de golpe de Estado, que vivió el país.
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