Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el “putch”1 del 30 de septiembre del 2010
Rafael Quintero López y Erika Sylva Charvet
1. El origen de la coyuntura desestabilizadora
Si bien la derecha conspiró contra el gobierno de Rafael Correa Delgado desde su instalación2, paradójicamente el golpe como un proceso orientado a derrocarlo y derrotar el proceso constituyente por él liderado, se originó con la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)3, a fines de septiembre del 2009, en rechazo a la Ley de Recursos Hídricos y para retener su manejo de las instituciones públicas orientadas al sector indígena en educación, salud y desarrollo, abriendo la coyuntura desestabilizadora que tendría su hito un año más tarde, el 30 de septiembre del 2010, con la insubordinación de sectores de la Policía4 y el secuestro e intento de asesinato del Presidente de la República.
En efecto, hace exactamente un año, se fue gestando un acercamiento entre la CONAIE, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE) – Movimiento Popular Democrático (MPD) 5 y el gremio de la Unión Nacional de Educadores (UNE), declarado en huelga el 15 de septiembre con apoyo de sectores estudiantiles controlados por el MPD, en rechazo a la evaluación de los docentes, así como una aproximación a sectores de empleados públicos inconformes con las regulaciones de la contratación colectiva. Con todos estos sectores, la derecha tradicional, y la nueva derecha del Partido Sociedad Patriótica (PSP)6, ha mantenido alianzas durante todo este proceso. El punto emblemático de arranque de la coyuntura está marcado por la muerte del profesor shuara Bosco Wizuma el 30 de septiembre del 2009, en Macas (capital de la provincia de Morona Santiago) -en el marco de la movilización de la CONAIE- a causa de perdigones disparados inadvertidamente –según las investigaciones forenses- por algún miembro de su propia comunidad, muerte en torno a la cual la CONAIE, Pachakutik y el MPD articularon un discurso de oposición, caracterizando al gobierno como represivo, autoritario y hasta “fascista”, al acusarle de la muerte del docente. Todo esto orquestado por los grandes medios de comunicación privados, convertidos en el Partido Medial de Derecha.
Ese conjunto de acontecimientos rubricaron la política de “distanciamiento” creciente de varias organizaciones, sectores de intelectuales7 y de movimientos sociales respecto al gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el Movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS), incluyendo el “distanciamiento” de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), un aliado del gobierno que, a mediados de año, se sumó también a esa política, influyendo, cual juego de dominó, en un grupo de asambleístas del Partido Socialista-Frente Amplio (PSFA), lo cual profundizaría el debate interno en ese partido en torno a la continuidad del apoyo al gobierno, impulsado por la tendencia unitaria, y aquella que propugnaban los autodenominados “históricos”, de declararle la oposición, de cara a su Congreso Nacional “Sócrates Ponce” del 10-12 de septiembre en Portoviejo, Manabí8.
Es decir, la coyuntura se abría con una crisis de legitimación del régimen, porque de su alianza original de apoyo se desgajaban fuerzas identificadas con la izquierda que el gobierno decía representar, especialmente el emblemático “movimiento indígena” encarnado en la CONAIE y la FENOCIN, entre otras organizaciones. Dado que el gobierno del Presidente Rafael Correa no se sustenta en una alianza orgánica de clase, sino en una alianza multiclasista inorgánica, es decir, sin una base y hegemonía de clase definida9, la oposición de la CONAIE, Pachakutik y el MPD, y el distanciamiento potencial de la FENOCIN y el PS-FA, que movilizan a sectores medios y populares definidos, constituyó un debilitamiento conspicuo de la base de sustentación del gobierno, y, por ende, de su proyecto de reforma económica, social y política.
Este hecho prolongaba su carácter de gobierno en disputa10 en torno a su orientación estratégica: o promover los cambios en el marco del modelo corporativo-neoliberal de sociedad y su tipo de régimen político, o rebasarlo e impulsar un tránsito hacia un nuevo modelo alternativo de sociedad y de Estado. La respuesta del gobierno a ese nudo crítico, fue la de balancear mejor su gabinete en el primer cuatrimestre del 2010, con la incorporación de técnicos/as e intelectuales identificados con tendencias progresistas y de izquierda. Esta respuesta, circunscrita al terreno estatal, era insuficiente, sin embargo, para resolver una crisis en la alianza social de sustentación del régimen que implicaba, adicionalmente, orientar su acción hacia la recomposición de las relaciones con los actores de la sociedad civil.
El momento evidenciaba la complejidad del gobierno y del proceso constituyente y mostraba que el proyecto no afectaba solo a los intereses de la oligarquía. Paradójicamente, la política mercantilista, privatizadora y debilitante del Estado que caracterizó al neoliberalismo, había ido creando nichos funcionales de poder en las instituciones controladas por estos sectores medios, que, articulados por conceptos y prácticas corporativos, habían sido beneficiarios del prebendalismo propio del sistema oligárquico, y ahora resistían tenazmente las reformas de fondo en sus respectivos espacios, abrazando la disyuntiva del gatopardismo, es decir, “reformar” para que todo siga igual11.
El corporativismo ha sido un rasgo típico del sistema político ecuatoriano a lo largo del siglo XX. Constituye un mecanismo de representación de los intereses económicos de los grupos sociales organizados caracterizado por: a) suplantar, o al menos, hacer prevalecer la esfera de los intereses privados por encima de los intereses públicos o colectivos, lo que significa negar la democracia general del pueblo como posibilidad histórica; b) expandir/conservar las “conquistas” gremiales de sus “grupos de interés” ya obtenidas, conceptuadas como derecho irrenunciable; c) eludir el reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano como una condición universal (de todos), por encima de sus intereses, logros y conquistas gremiales; d) hacer prevalecer la representación de los gremios, sindicatos y corporaciones en general, por encima de los partidos políticos (es antipartidario). El corporativismo ha bloqueado el desarrollo democrático del país al debilitar a los partidos políticos, convirtiéndolos en entidades corporativas o constituyéndolos en apéndices de los gremios12.
Ha sido justamente durante este ciclo cuando se han exacerbado en la sociedad los intereses corporativos, en el marco del debate de catorce proyectos de leyes fundacionales, y a medida que se ha acentuado la influencia ideológica de una elite empresarial y gerencial ---pública y privada— con gran capacidad de gestión y con fuertes lazos con la pequeña burguesía universitaria, sobre el movimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros movimientos sociales como el sindical, incidiendo en su alejamiento del gobierno. Esto se evidenció el 1 de mayo del 2010, cuando el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya no acompañó oficialmente al desfile del gobierno por el Día Internacional del Trabajo en Quito, marcando la distancia de los gremios del proyecto político.
A esto debe añadirse que, por la misma época, pretendían constituirse liderazgos de derecha no partidistas y construidos en torno al nuevo discurso ciudadano –como el del periodista Carlos Vera- que ya por entonces lanzó su propuesta de revocatoria del mandato del Presidente Correa.
Por otro lado, el inicio de la presente coyuntura estuvo marcado también por una decisión proveniente del Estado: la postergación de la aprobación de aquellas leyes que, según mandato de la nueva Constitución, debían aprobarse hasta noviembre del 2009. Sin embargo, se pospuso su procesamiento hasta el 14 de febrero del 2010, y se las seguiría postergando, lo que debilitaría el tiempo político favorable a la reforma, en el marco de un cambio en la correlación de fuerzas que iba reclutando, en torno a la oposición de derecha, a nuevos aliados de una izquierda corporativa, funcional al neoliberalismo. Las respuestas dadas por parte del gobierno fueron en la misma dirección ya señalada: la de contraer el músculo estatal. Es decir, se siguió respondiendo solo desde el Estado y no desde el movimiento, las alianzas, las políticas de concertación, porque se pensaba que los problemas en torno a las leyes debían ser manejados por la Legislatura, y aquella debía recuperar protagonismo frente a los sectores sociales.
Esta crisis también se expresó en las fallas de la comunicación simbólica gubernamental y la subutilización de los medios públicos como espacios de interlocución con los grupos sociales. Así, se careció de una “pedagogía” de presentación de las leyes (Aguas, Educación Superior, Comunicación, etc.) y de vocerías e interlocutores que explicasen sus beneficios y pudiesen contrarrestar las versiones negativas, magnificadas por la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación privados.
En ese contexto, se fijó en el imaginario de la oposición, incluidos esos sectores que desertaban del proyecto, la imagen de que el Presidente estaba cercado y que su popularidad “estaba a la baja”. La concentración en la emblemática Plaza de San Francisco en Quito, convocada por el gobierno a principios de octubre del 2009, si bien fue multitudinaria, expresaba la movilización de sectores sociales de origen popular y rural, así como de grupos sociales semiproletarios y proletarios no organizados sindicalmente. Pero, la clase media urbana, inserta en la administración pública de la capital, en una ciudad burocrática como Quito, brilló por su ausencia, evidenciando que el “forajidismo”13 quiteño, que inicialmente apoyó, aparentemente había abandonado al gobierno, y que a octubre del 2009 se había desgajado de dicha alianza.
Los meses siguientes atestiguaron la radicalización de esa oposición sin tregua (la del “todo o nada”) respecto a los proyectos de leyes fundacionales, mientras se continuaba fraguando la coalición entre fuerzas antes encontradas que impúdicamente se unían en contra del proceso constituyente. Como ejemplo de esta sinrazón, recordemos la reunión entre la dirigencia de la CONAIE con la ultraderechista Junta Cívica de Guayaquil en marzo del 2010, que evidenciaba el acercamiento de una organización que había sido la fuerza hegemónica de la izquierda en los años 90, con el núcleo duro, orgánico, de una conspiración en ciernes denunciada por el Presidente Correa en enero del 201014, reunión que no sorprende cuando nos enteramos que altos dirigentes indígenas (como Lourdes Tibán), pertenecen a organizaciones financiadas por organismos estadounidenses creadas para promover la desestabilización de los gobiernos de izquierda latinoamericanos15.
Mientras tanto, dentro del partido aliado del gobierno (el PSFA), este momento se caracterizaría por la intensificación de la lucha político-ideológica hacia un desenlace que podría llevar a su potencial fractura y al debilitamiento político-simbólico del régimen. Sin embargo, el desenlace de la lucha entre la “tendencia unitaria socialista” y la corporativa (los “históricos”) a favor de la primera, en el Congreso de septiembre, decidiría la continuidad del apoyo al gobierno por parte de esa tienda política, lo cual resultaría clave en la movilización social16 y, ciertamente, en la definición de la identidad política de la respuesta gubernamental frente a la alianza golpista.
2. Factores estructurales que acompañaron la presente coyuntura (2009-2010)
Lo duradero, lo permanente, lo relativamente más estable y que expresa un ritmo más lento de cambios, ya que apunta a cristalizarse en la larga duración, es decir, lo estructural, se expresó en los siguientes factores de incidencia en la coyuntura.
Por una parte, en el proceso de reforma del modelo económico con la finalidad de dejar como cosa del pasado al neoliberalismo. El gobierno de Correa continuó fortaleciendo al sector público de la economía que, durante tres décadas de los gobiernos seguidores del Consenso de Washington, lo habían desmantelado, incluidas las áreas estratégicas. Con este gobierno se genera un capital social sostenedor tanto de la movilidad de la fuerza de trabajo, como de mercancías, en aras a la creación de un ampliado mercado interno, por medio de la construcción de extensas redes de vías, carreteras, aeropuertos17, puentes y la ampliación de las comunicaciones en las tres regiones continentales del país, a la par que se estimula la producción de medianas y pequeñas unidades para el mercado interno y de exportación.
Concomitantemente, se expanden los servicios públicos de salud y educación en un movimiento de desprivatización de los mismos. Esta inversión estatal ha permitido también, de manera significativa, enfrentar en condiciones favorables la crisis que agobia al sistema capitalista mundial, sostener unas tasas, aunque moderadas, de crecimiento económico, y rebajar los niveles de pobreza y desempleo en el país18. El continuado apoyo popular al régimen se afinca en parte en esta realidad y se expresaría coyunturalmente en la movilización de respaldo al Presidente secuestrado el 30 de septiembre.
Relacionado a ello, un segundo factor tiene que ver con el crecimiento de la inversión pública directamente productiva, que, además, deja fuera del juego de cabildeos por contratos a intereses privados y que está generada por la creación de grandes obras de infraestructura industrial que le dotan al capitalismo de Estado en ciernes, de una plataforma para su desarrollo en importantes sectores como la petroquímica, y la hidroelectricidad para la generación de energía más barata19. A esto debe añadirse la política de renegociación con las compañías petroleras que debe consumarse, precisamente, en el mes de octubre de 2010, de acuerdo con la disposición transitoria de la Ley de Hidrocarburos reformada, y que está orientada a la modificación de las formas de contratación petrolera (de contratos de participación a contratos de prestación de servicios) lo cual redundará en una rendición mayor de beneficios para el Estado ecuatoriano y una respuesta soberana frente a potenciales reclamaciones y conflictos.
Este nuevo elemento que se va instalando en la estructura productiva nacional avizora, desde ya, un cambio radical en la estructura de inversiones internacionales en la economía ecuatoriana, con la concreción de inversiones de la República Popular China en más de dos mil millones de dólares, de Corea del Sur por la mitad de ese monto y la búsqueda de inversiones en los países árabes y en Irán20, entre otros del Sur del Mundo. Esta diversificación de las alianzas económicas internacionales, debilita un factor estructural: el tradicional vínculo de subordinación de la economía con los EE.UU. Esta política inédita, además, ha ido acompañada de una respuesta política soberana frente a ese mismo país, que se tradujo en la recuperación de la Base de Manta en septiembre de 2009, es decir, por la misma época en la que se abría la coyuntura de desestabilización del proceso constituyente.
A todo ello se suma un tercer elemento que también desafía el vínculo de subordinación imperialista: la conversión del Ecuador, durante la Presidencia de Rafael Correa, en actor emergente en la escena internacional, al menos dentro de la región, en la cual ha incidido, influido y adquirido un peso relativo de significación, tanto en el proceso de integración de los países de América Latina, como en la presentación de iniciativas bajo su liderazgo (al interior de Unión de Naciones Sudamericanas -UNASUR-, presidida por Ecuador en el último año; la iniciativa Yasuní-Ishpinku Tambukucha-Tiputini -Yasuni-ITT-; la presta e importante solidaridad con el pueblo y Gobierno de Haití; la promulgación de una política a favor de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sin Estados Unidos ni Canadá; y el impulso a la ALBA entre muchas otras de relieve internacional), y, ciertamente, por su coherente política soberana, de rescate de los valores internacionales aplicada desde la Cancillería dirigida por Ricardo Patiño.
Un cuarto elemento de índole estructural, se refiere a la reforma del Estado que busca romper con el orden oligárquico, funcional al neoliberalismo de los últimos treinta años. Al convertirlo en un aparato subsidiario al capital financiero internacional, el modelo neoliberal debilitó absolutamente el rol rector del Estado en las políticas públicas y su capacidad de integración y cohesión nacionales, favoreciendo el fortalecimiento de los grupos oligárquicos regionales y sus tesis “autonomistas”, así como el de aquellos micropoderes fácticos que se consolidaron en las instituciones públicas ante la desbandada del Estado (burocracia civil, policial y militar, aparato escolar y universitario, sindicatos públicos, etc.) y que también se constituyen en defensores de sus “autonomías”, a fin de mantener la cultura del prebendalismo, corporativismo, clientelismo y la mediación imperante de la corrupción (caso paradigmático ha sido el de la Policía Nacional harto conocida por sus altísimos niveles de corrupción). Cabe señalar que esta estructura estatal y su cultura institucional reproducen las condiciones seculares de bloqueo a la democracia social y política que exhibe el Ecuador desde la fase de fundación democrática (1979 en adelante), en la medida en que garantizan la concentración de poder y riqueza en pocas manos, y, por ende, mantienen las históricas asimetrías (social, de género, étnicas) propias del orden oligárquico.
La reforma del Estado, justamente busca su nacionalización, democratización y modernización, erradicando esa estructura y cultura institucionales propia del modelo oligárquico-neoliberal, debilitando los núcleos autoritarios del Estado (v.gr., el rol “garante” de la democracia por parte de las FF.AA.); desmantelando el control de la CIA de los aparatos policiales y militares; recuperando la rectoría del Estado en las políticas públicas para dotar de coherencia, eficiencia y eficacia a la acción estatal y cumplir objetivos y metas estratégicos para el país; desarrollando institucionalidad en el territorio para lograr la integración y cohesión nacionales, acompañada, además, de un nuevo discurso público que desplaza el discurso separatista, regionalista, clientelista y degradante de la oligarquía, funcional a la geopolítica imperial; construyendo ciudadanía, al generalizar derechos y obligaciones universales y cortar privilegios, en una sociedad y Estado acostumbrados a considerar la política como la reproducción y/o ampliación de privilegios; redistribuyendo recursos para disminuir las inequidades.
Este proceso se inició con la aprobación de la Constitución de Montecristi en el referéndum del 29 de septiembre del 2008, abriéndose una fase de transición institucional en el marco de la cual debían aprobarse –hasta noviembre del 2009- un conjunto de leyes orientadas a materializar la reforma del Estado, a darle el carácter de irreversible y, por ende, a definir el rumbo ascendente del proceso constituyente iniciado en el 2007. La fase de transición institucional, sin embargo, no ha concluido. Por el contrario, se ha extendido hasta el momento actual, en el marco de la ya referida dilatación, por cierto no voluntaria de la mayoría parlamentaria, en la elaboración y aprobación de las leyes, en medio del laberinto de presiones, consultas y existencia de una mayoría inestable, que ha generado –muy a pesar de su dirección-, un espacio de negociación con la derecha y el corporativismo en la Asamblea, contrario al espíritu constituyente, otorgándoles más tiempo a las fuerzas pasadistas para preparar su arremetida contra el gobierno21. No sorprende que sectores de ella hayan estado acompañando a los golpistas. Así, el ciclo verifica una agudización de las contradicciones entre el gobierno y la oposición de esa derecha híbrida ampliada, que el 30 de septiembre demostró una voluntad política coaligada para frenar el proceso de cambios estructurales, por la vía del golpe de Estado.
3. El intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010
El 30 de septiembre del 2010, exactamente un año después de iniciada la coyuntura actual, sincronizadamente, grupos de policías se negaron a trabajar en todo el país, a excepción de las provincias de Sucumbíos y Galápagos, en protesta por la promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público orientada a establecer una relación ciudadana entre el Estado y los servidores públicos, incluidos militares y policías. Es evidente que la universalización de derechos y deberes irritó a la burocracia en general, particularmente, a la burocracia policial y militar, que gozó de un tratamiento privilegiado durante décadas por varios gobiernos, desatando una violenta insubordinación: ese día, decenas de policías se “tomaron” los cuarteles o se concentraron en éstos negándose a salir a las calles y hasta manifestaron con gritos y quema de llantas22. De modo preocupante, entre los sublevados se contaron varios encapuchados uniformados y vestidos de civil.
El plan de acciones combinadas incluyó la toma efectiva del aeropuerto de la Base Militar y el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital por miembros de la Fuerza Aérea que poco después entregaron su operativo a la Unidad Antidrogas del mismo aeropuerto, un equipo tradicionalmente entrenado por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense. Concomitante a estos sucesos, se desarrollaba una “protesta” de algunas decenas de militares en el Ministerio de Defensa que salieron del edificio principal a tomarse la plazoleta de La Recoleta en Quito, mientras se daban mítines de protesta contra el gobierno por parte de varios grupos de policías directamente inspirados en el discurso gutierrista en diversos sitios de la capital y en la gran mayoría de provincias del país.
Todo ello ocurría el preciso día en que el Vicepresidente de la República, Lenin Moreno –- el primero en la línea de sucesión presidencial -- arribaría a Guayaquil desde Nueva York luego de asistir al sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, aislado, no podría venir a Quito, como quiso, en un gesto de lealtad que le honra, a solidarizarse con el Presidente herido, y a quien –según su testimonio- se le insinuó asumir la Presidencia23. Y “coincidencialmente”, acontecía también el preciso día en que las y los gobernadores provinciales –es decir, los representantes del Ejecutivo en cada una de esas jurisdicciones regionales y directos Jefes Civiles de la fuerza pública acantonada en ellas- habían sido convocados a Quito a una reunión de trabajo. Una vez desatado el operativo golpista, ellas y ellos salieron precipitadamente hacia sus localidades y comprobaron que en algunas se planeaba “la toma” de sus Gobernaciones! Ya para media mañana, se había consumado el secuestro del Presidente. Su aislamiento en el hospital de la Policía estaba en marcha, aparentemente justificado por el agravamiento de su rodilla, recientemente operada.
Sin embargo, esta “sublevación” no fue solo una respuesta corporativa de un aparato del Estado a una política pública. En realidad, se enmarca en un proceso inserto en el desenlace de una coyuntura conspirativa, desatada en 2009, hacia un golpe de Estado, definido como “un mecanismo forzado de transmisión del mando, preparado y realizado con el uso o la amenaza de la violencia armada, consistente en la penetración de un pequeño pero crítico segmento del aparato estatal, que se usa luego para desplazar al gobierno del control del resto del Estado” (Luttwark, 1969:12). Tal como precisamente se intentó que ocurra. El golpe de Estado, además, constituye un hito dentro de un proceso que evidencia señales del mismo a lo largo de un ciclo determinado. El del 30 de septiembre en Ecuador ya fue anunciado por el Presidente Correa en enero del 2010, cuando denunció una conspiración para desestabilizar su gobierno por parte de militares influidos por el Partido Sociedad Patriótica, denuncia que debe haber retrasado su ejecución24.
Pero, ¿por qué un golpe de Estado este momento? Y, ¿por qué el protagonismo de la policía? Porque la agenda programática de la reforma se encuentra en un punto de inflexión ante la inminencia de la aprobación de leyes, por parte de la Asamblea25, que cerrarán la transición institucional y definirán el rumbo del proceso constituyente. Se vienen, además, medidas como la venta de los medios de comunicación por parte de banqueros y empresarios ordenada también por la Constitución y cuyo plazo de ejecución es, justamente, este octubre del 201026, medidas que, indudablemente, mermarían su poder político si consideramos que hoy los medios de comunicación han reemplazado a los partidos políticos como vehículos de representación de intereses de los grandes grupos económicos, en la escena. En su desesperación por torcer el proceso, los poderes fácticos nacionales e internacionales aliados a los micropoderes instalados en el viejo Estado oligárquico que se busca reformar, desencadenaron lo que a la postre devino en un “putch”, sin reparar en la gran legitimidad y apoyo ciudadano al Presidente Correa y su gobierno27.
Testimonios y constataciones han evidenciado la participación y adhesión a la “sublevación” de dirigentes y militantes de partidos y movimientos de derecha (PSP, Partido Socialcristiano –PSC-, Madera de Guerrero), especialmente el PSP, ya implicado en proyectos desestabilizadores meses atrás. Durante la asonada, este partido registró mediaciones con los “sublevados”, así como pronunciamientos de algunos dirigentes que revelaban su conocimiento y anuencia con el complot28. A medida que avanzan las investigaciones, aumentan las evidencias del alcance siniestro de su participación como mentalizador del magnicidio29. El intento de golpe también contó con el apoyo activo y sincronizado del Movimiento Popular Democrático (MPD), en todas las provincias en las que ejerce control y ascendencia sobre el movimiento estudiantil. La sincronización entre policías y MPD fue evidentemente planeada: se registró en Quito, en donde estudiantes de varios colegios se movilizaron en contra del gobierno, cerrando calles, quemando llantas y lanzando consignas contra el gobierno; en la provincia de Cotopaxi, 400 estudiantes de la Universidad Técnica se “tomaron” el edificio de la Gobernación y maltrataron a 40 personas del gobierno que estaban concentradas ahí, sacándolas del edificio; en la provincia del Azuay, también se movilizaron en apoyo a la policía; en Morona Santiago, se aliaron a un sector de Shuaras y se tomaron la Dirección de Educación Bilingüe; en Esmeraldas, quisieron tomarse la Gobernación; también en la provincia de Cañar pretendieron tomarse la Gobernación junto con la Policía; en Santo Domingo de los Tsáchilas, unas decenas de simpatizantes del MPD marcharon contra el gobierno mientras en la provincia del Guayas la dirigente de la UNE, Mary Zamora, movilizó a estudiantes del Colegio Aguirre Abad en respaldo de la “sublevación policial” y en contra del gobierno.30 Por otro lado, se registró un apoyo pasivo de la CONAIE y sus filiales a la sublevación, traducido en su inmovilismo frente a la crisis, también en sus zonas de influencia, así como en las declaraciones de adhesión a la “sublevación” policial por parte de la dirigencia del MUPP-NP ( Pachakutik).
En cuanto al rol protagónico de la Policía en el intento de golpe, no sería fortuito31. Una de las ideas fuerzas del discurso mediático de la derecha, orientada a deslegitimar al gobierno desde su instalación (2007), ha sido, justamente, la de la “falta de seguridad ciudadana”, por el “aumento de la delincuencia”, idea que se recalca cotidianamente en los noticieros de radio, televisión y en las páginas de los periódicos. La ausencia de policías en las calles generalizaría el “caos” (en Guayaquil, por ejemplo, hubo robos y saqueos, expeditamente cubiertos por los medios) lo cual proporcionaría un pretexto justificado para el golpe. De hecho, los titulares de la prensa del 1 de octubre, enfatizaban en el “caos” vivido, pese a que una evaluación objetiva del comportamiento de la gente, en ausencia de gendarmes en las calles, podría llevar a una conclusión contraria. La cobertura nacional de los medios de comunicación públicos posibilitó que el discurso en torno al “caos” de los medios empresariales, fuese neutralizado el 30 de septiembre, estrategia que los enfureció, dejando en evidencia su complicidad con el golpe y su frustración por el desenlace favorable al gobierno.
Para ocultar su complicidad y reducir su desprestigio ante la población, los medios de comunicación privados fabricaron un discurso cínico y alucinatorio, ya evidenciado en otras coyunturas32, orientado a minimizar la realidad, a trivializarla y hasta a ocultarla, discurso en torno al cual se han alineado todas las fuerzas conspiradoras y opositoras (incluidos CONAIE, Pachakutik y MPD). Ahora resulta que no hay hechos sino “versiones” de los mismos33. Se desnuda la ideología como falso discurso con fuerza material, algo que la derecha mediática lo sabe y lo utiliza. De hecho, se ha desenmascarado su voluntad política para crear realidad o velarla a partir de la manipulación ideológica34.
Empero, la represión generalizada por parte del sector sublevado de la Policía que incluyó armas de fuego, el cerco inmovilizador del Presidente por once horas en un hospital de la Policía, las escalofriantes órdenes cruzadas entre policías de asesinarlo, incluyendo la fatídica orden de llevarlo a Nono35 y, finalmente, su liberación a cargo de un operativo combinado del ejército y grupos policiales, vistas y escuchadas por toda la ciudadanía a través de la señal de la televisión pública, no son interpretaciones, sino hechos históricos. El saldo de 8 muertos y 275 heridos, incluidos el mismo Presidente de la República y su Canciller, tampoco constituye una realidad virtual, como quieren hacerlo creer ciertos medios, la derecha y sus fuerzas auxiliares. Por el contrario, constituyen evidencias de un abierto intento desestabilizador del régimen político democrático respaldado por potentes factores de poder que se mueven en las sombras, agazapados en sus partidos, gremios y corporaciones. Pero, ¡claro!, si los medios, la derecha y sus fuerzas auxiliares reconocieran que hubo golpe, tendrían que condenarlo y apoyar al gobierno: un contrasentido en su política conspirativa. Por cierto, ese discurso debe leerse como una advertencia de que la conspiración continuará.
Los acontecimientos del 30 de septiembre demuestran que la democracia ecuatoriana continúa siendo una democracia sitiada, es decir, una democracia intervenida por el aparato represivo, autoritario del Estado, en tanto es éste el que dirime en torno a los conflictos políticos en curso en la sociedad civil y no ha sido convertido en una fuerza de apoyo al proceso de cambio. Nuevamente, la continuidad democrática estuvo en manos del Comando Conjunto de las FFAA, de quien la sociedad esperó –una vez más- su respuesta como actor dirimente. De ahí que no pueda descartarse que sectores influyentes de las FF.AA. no hayan estado involucrados en la conspiración. De hecho hubo conatos de sublevación militar que fueron sofocados, aparentemente, vía negociación de demandas corporativas en medio del golpe en proceso, lo que retrata de cuerpo entero el grado relativo de lealtad institucional de los sectores de la fuerza pública. Esto implicaría que el proceso constituyente y sus discursos y prácticas en torno a la democracia, no han mediado, o han mediado muy débilmente, en los aparatos policiales y militares, y, por ende, conceptos como el de “subordinación al poder civil”, no están encarnados en dichas instituciones. Pero, más allá, delata que el Estado ecuatoriano esencialmente no ha cambiado su carácter orgánico de clase. El odio con el que los policías respondieron frente a las personas que se movilizaron para defender al Presidente secuestrado, es revelador de ello.
Conclusiones
1. El momento actual del fallido golpe de Estado en Ecuador, el quinto en América Latina en esta década36, se originó un año antes a partir de la gestación de una coalición de fuerzas sociales y políticas provenientes de distintos y aparentemente contradictorios confines del espectro político. Es un momento en el que se condensan contradicciones en torno a políticas públicas tendientes, por una parte, a desarticular las mediaciones oligárquicas e imperialistas en el Estado, fortaleciendo su rol rector en la política económica que así, deja de ser palanca de acumulación exclusiva de poderosos intereses privados, locales e internacionales. Por otra parte, estas políticas también se orientan a erradicar la sobredeterminación del corporativismo (de distintos signos políticos) del espacio público en aras a crear un Estado Nacional moderno.
En contrarresto a este proyecto político alternativo, ese año, se evidenció la existencia de movimientos conspirativos y diversas denuncias de intentos de magnicidio. Cabe señalar que, concomitantemente, se iba profundizando la influencia del Partido Sociedad Patriótica (PSP), organización identificada como la principal responsable del intento del golpe, con fuertes mediaciones de intereses de grandes grupos económicos conectados al capital monopólico y entregada a la oligarquía, que apostó por ella en la última campaña electoral presidencial. Precisamente, durante este año el PSP se había volcado a organizar su campaña de recolección de firmas para habilitarse como partido legalmente constituido, precisamente con el apoyo se sectores policiales y militares37, sectores luego comprometidos en la asonada.
2. Cuando algunas organizaciones políticas y sociales tradicionalmente consideradas de izquierda se declaraban en oposición y se distanciaban del gobierno, coaligándose en una postura golpista, se generaba una crisis de legitimación del régimen, pues disminuía la representación político-ideológica de sectores antes afines, crisis orquestada por los medios de comunicación privados cuyos intereses se han afincado en detener y frustrar el proceso de cambios estructurales a ser viabilizado por las catorce leyes orgánicas fundacionales de un nuevo orden político.
De lo anterior se colige que el terreno político-ideológico de la izquierda se desdibuja en esta coyuntura de definiciones del rumbo del proceso constituyente, al escindir el campo entre los proyectos corporativos -que dominaron la tendencia durante el siglo XX- y un proyecto político que emerge como su acumulado histórico en el 2006, pero desde fuera de la militancia orgánica38. Así, ciertos partidos y movimientos sociales identificados antes como de “izquierda”, dominados por la corporativización de sus demandas, se estancaron en las reclamaciones gremiales inmediatas y cosificaron sus intereses a los logros del pasado, desvinculándose de un proyecto radical reformador, universalizador de las demandas sociales y orientado a incorporar a todas y todos a la participación política. En ese sentido, la reforma del Estado complejizó el proceso constituyente y mostró sus efectos sobre ciertos nichos funcionales al orden oligárquico-neoliberal en las instituciones controladas por estos sectores medios y populares sindicalizados, que por su corporativismo se aliaron con el sistema oligárquico, convirtiéndose en esta coyuntura en fuerzas auxiliares de la derecha. En ese sentido, el punto de inflexión en la reforma del estado, tiene su correlato en la sociedad civil, pues esta coyuntura marca también un punto de inflexión en los conceptos y prácticas de la izquierda, posibilitando dar el anhelado salto de una plataforma típicamente reivindicativas y economicista, a una ampliamente política, es decir , con un proyecto pensado desde lo público, incluyente de todos los sectores sociales del país y volcado a la construcción permanente del cambio anhelado en una democracia general del pueblo como posibilidad histórica siempre ascendente. Se plantea, así, la necesidad de elaborar conceptos que definan políticamente a estos actores y que escindan campos de éstos con una Nueva Izquierda. Se trata de identificar “quiénes son los amigos del pueblo”, los aliados reales del proyecto de cambio en este proceso constituyente y plantear una clara política de alianzas con ellos.
3. Cabría entonces preguntarse: ¿Qué pasa con el gobierno en disputa luego del desenlace? Frente al intento de golpe, la respuesta política del gobierno ha sido la de “radicalizar el proceso”, es decir, de empoderar a su tendencia de izquierda, planteándose, además, la urgente necesidad de trabajar en la organización política del pueblo, en la construcción y comunicación de redes, en la elaboración de estrategias preventivas y de acción frente a la desestabilización, en la eficiencia de la movilización. La estrategia organizativa es vital si se parte de la premisa de que mientras se mantenga la agenda de cambio, la conspiración en ciernes y los intentos de golpe de Estado continuarán. El golpe se torna una función latente. La crisis política, por lo tanto, está lejos de superarse en la medida en que la incandescencia de la coyuntura se acentuará frente a la aprobación de leyes que seguirán confrontando a esos poderes y micropoderes. Incluso los gremios populares corporativistas y conservadoras ya están activos, a este respecto. Sin embargo, la “radicalización” y “organización política” de las masas, para ser exitosa, debe articularse a la construcción orgánica del proyecto, es decir, a la definición de una hegemonía de clases que le dote de alcance estratégico y lo enraíce con los sectores sociales que lo puedan defender frente a la alianza golpista.
4. La persistencia de una democracia sitiada es, indudablemente, una amenaza para el avance del proceso constituyente. El “putch” evidenció que la inteligencia policial y militar tiene eficientes canales informales, seguramente con fuertes nexos con los poderes conspirativos, pues, de otro modo no se explica la desinformación sobre la conspiración en curso por parte de los canales formales del gobierno. Más aún, la presencia de parapolicías y paramilitares en la asonada del 30 de septiembre, permitiría presumir la continuada presencia de la CIA dentro de la fuerza pública ecuatoriana, a pesar de los esfuerzos del gobierno por depurar su control de los aparatos de inteligencia del Estado.
Pero, por otra parte, la ausencia de una posición unánime por parte de las FF.AA. e incluso de la Policía frente al golpe de Estado, evidenciaría la existencia de tendencias encontradas en torno al proceso constituyente (v.gr, reformistas, corporativistas, derechistas), cuyo peso e influencia habría que determinar en la perspectiva de diseñar una estrategia para neutralizar la conspiración en curso y ganar a los sectores nacionalistas y reformistas al apoyo al proyecto.
6. La crisis del 30 de septiembre arrojó algo inédito: la movilización ciudadana en apoyo al Presidente y su gobierno, casi a los cuatro años de ejercicio del poder, en un país en el que la sociedad se ha movilizado históricamente para “tumbar” Presidentes, lo cual indica que el gobierno dispone de un consenso activo de la población y demuestra que la oposición partió de una premisa equivocada en su proyecto golpista: su pérdida de apoyo popular. El fervor y la decisión con el que el pueblo de Quito fue a rescatar a Correa de manos de sus secuestradores fueron demostrativos de la adhesión de esos sectores al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ese mismo fervor y decisión se evidenció en todas las provincias del país en las que la ciudadanía se movilizó en marchas, se mantuvo en vigilia, se trasladó de lugares rurales lejanos hasta los ámbitos urbanos para expresar su solidaridad y se declaró en alerta39. Es de presumir que la decisión de las FF.AA. de “apoyar la democracia”, se basó en dicha movilización popular. No obstante, hay que señalar que ésta no tuvo una magnitud equivalente a la aceptación masiva del Presidente que arrojan las encuestas, superior al 80% de respaldo a principios de octubre, lo cual evidencia una desorganización de la base social de apoyo al proyecto, así como una débil conciencia política de la ciudadanía que apoya al mismo. Si no cambia esto, el próximo intento no será un “putch”!
Quito a 17 de octubre de 2010
1 Se denomina así a un golpe de Estado fallido o abortado. El término proviene de la palabra alemana putsch que significa “empujón” y tiene un significado muy cercano al de “golpe de Estado”. Se popularizó como término para denominar un golpe fallido a raíz del protagonizado por Hitler en Munich el 8 y 9 de noviembre de 1923 al que se denominó “Putsch de Munich” o “Putsch de la Cervecería”.
2 Véase al respecto el artículo de Roger Burbach, 2010, “Ecuador's President Correa Faces off with Indigenous and Social Movements” : www.nacla.org
3 Las movilizaciones de esta organización indígena sin duda alguna tienen financiamiento externo, lo cual es necesario evaluar, para sopesar hasta qué punto no se ha prestado a ser objeto de lo que Pablo González Casanova llamara acciones paralelas de aparatos para-estatales del extranjero. Según la analista estadounidense Eva Golinger “(o)rganizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-Justicia ha dispuesto de financiamiento de United States Agency for Internacional Development (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED), tanto como miembros y sectores del CONSEJO DE Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), EL Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Paìs (referido comúnmente como Pachakutik), la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellka”. La misma analista indica que la USAID y la NED financian actividades contrarias a los gobiernos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Véase su análisis “Ecuador: otro golpe Made in USA”. Mensaje en Internet, del 5 de octubre de 2010...
4 Esta fuerza pública tiene en todo el país unos 42,000 efectivos de los cuales se insubordinaron alrededor de 1,000 a 1,500 en todo el país. El epicentro de dicha sublevación estuvo en Quito, la capital del Ecuador.
5 El PCMLE o Partido Comunista Marxista Leninista fue fundado en 1964, por medio de una división del tradicional Partido Comunista del Ecuador (PCE). Sobre esta división, curiosamente, actuaron dos poderes externos: la Central Intelligence Agency (CIA), como ha sido documentado por la obra de Philip Agee, en la que se narra cómo los agentes asalariados de la CIA fueron infiltrados en el Comité Central del PCE y luego propiciaron su escisión. Y, por otra parte, operó sobre esa división la Agencia de Noticias de la República Popular China en Quito, en esos años, según le fue revelado a uno de los autores de este artículo, por un funcionario del Partido Comunista Chino, en su visita a Beijín en 1994. El MPD, o Movimiento Popular Democrático apareció en 1978, y no es sino el brazo electoral de aquel.
6 Formado por el Coronel de inteligencia del Ejército, Lucio Gutiérrez Borbúa.
7 Una expresión de este distanciamiento fue la salida de la mayoría de editorialistas del primer diario público del Ecuador, el nuevo El Telégrafo (relanzado en marzo del 2008 por el gobierno de Correa), por contradicciones en torno a los cambios en la política de comunicación del gobierno (salida del director del diario por discrepancias a su manejo administrativo, decisión gubernamental de crear un nuevo diario público de alcance masivo y popular), situación que se produjo en marzo del 2010.
8 En 2006 se fraguó una alianza programática entre el Movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS) y el PS-FA que inscribieron el binomio entonces ganador bajo sus respectivos números 35-17, y acordaron una alianza electoral que no se cumplió, al haber adoptado el primero una estrategia de no presentar candidaturas para el Congreso Nacional, lo cual resintió y erosionó la alianza. Dentro del PS-FA se discutirá por tres años (2007-2010) los costos de esa alianza, sus beneficios, y su propiedad, mientras otros enfatizaron el debate en el sentido de robustecer esa alianza para apuntalar los cambios estructurales que veían representados en el gobierno del Presidente Correa.
9 Esta alianza está compuesta por una heterogeneidad de sectores que apoyaron su candidatura en la primera y segunda vueltas: trabajadores del campo y la ciudad, semiproletariado, sectores sociales intermedios y pequeño burguesía pueblerina, intelectuales, sectores empresariales no monopólicos y un conjunto de movimientos sociales.
10 Para una caracterización del gobierno del Presidente Correa como uno “en disputa”, véase Quintero López, Rafael, 2007, “Conflictos y significados en torno a la Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador 2007”, en Enrique Ayala y Rafael Quintero (Editores), Asamblea Constituyente: Retos y Posibilidades, Quito, Ediciones La Tierra, 2007, Págs. 49-80 49-80; y, para una caracterizaciòn de la oposición al proceso constituyente Quintero López, Rafael, 2008, La Constitución del 2008: Un análisis polìtico, Quito, Ediciones ABYA-YALA.
11 Es el caso de la oposición a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) promovida por el gobierno que busca mejorar la calidad de la educación superior como eje de un nuevo modelo de desarrollo orientado –a mediano plazo- a la exportación de servicios y bioconocimientos al que se ha opuesto férreamente una alianza entre la derecha (empresarios de universidades privadas), autoridades de universidades públicas, gremios docentes, estudiantiles y de trabajadores controlados por el MPD y otras fuerzas de la izquierda corporativa. El gatopardismo en esta alianza ha sido conspicuo y se ha expresado en la elaboración de un proyecto de LOES, que es una reproducción de la ley aprobada en 2000, ley que mantuvo la ambigüedad, los conceptos y prácticas contradictorios y, especialmente, el vacío de políticas públicas en el campo de la educación superior. Véase CONEA. “Mandato 14. Informe de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas”. Quito, 4 de noviembre del 2009.
12 El concepto del Movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS) sobre la Revolución Ciudadana donde la representación política no puede ser suplantada por la representación corporativa, chocó frontalmente con los “intereses” percibidos por algunos grupos, entre ellos, los grupos de policías.
13 Llamase así en Ecuador a un movimiento de acción y protesta contra el Gobierno de Lucio Gutiérrez, compuesto por sectores urbanos de Quito que luego apoyó el ascenso del Presidente Correa al poder.
14 Véase Erika Sylva Charvet, “¿Tropezón o extravío?”, artículo de El Telégrafo, sábado 27 de marzo 2010.
15 Tales como la National Endowment for Democracy (NED) ya citada en la nota 3 de este artículo. En su reciente artículo “Veterano de la CIA detrás del golpe en Ecuador”, la analista estadounidense Eva Golinger proporciona información impactante de los nexos entre la dirigencia indígena y esta organización. Ella indica que en el año 2005 se creó la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE) con financiamiento de la NED y USAID. Sus fundadores fueron Ángel Medina (también Presidente de la Fundación Q’ellokaj, financiada por USAID y NED “que intenta penetrar y captar fuerzas dentro de la gran comunidad indígena ecuatoriana”), Mariano Curicama, Lourdes Tibán (dirigente de la CONAIE y de Pachakutik), Fernando Navarro (Presidente de la Cámara de Comercio del Ecuador) y Raúl Gangotena, ex Embajador de Lucio Gutiérrez del Ecuador en EEUU (2003-2005) e investigador de la NED cuando fue fundada la CEIE, lo cual para Golinger “evidencia la profunda penetración de Estados Unidos en la política ecuatoriana”. Sin embargo, lo más grave de todo esto es que uno de los miembros honorarios de esta corporación es Norman Bailey “agente de inteligencia de Estados Unidos y experto en operaciones clandestinas” que en el 2006 fue nombrado por John Negroponte, Director de Inteligencia de los EEUU, durante el gobierno de George W. Bush, jefe de la misión especial de inteligencia para Venezuela y Cuba. Véase su artículo en http://es.me282.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=3&fid=%2540S%2540S,
visitada el 11 de octubre del 2010.
16 En las provincias, especialmente, la decidida movilización de la militancia del PSFA en defensa del gobierno fue muy importante y contrastó con la actitud de algunos funcionarios gubernamentales que, en algunas provincias, no se integraron a la movilización durante la mañana, haciéndose presentes recién durante la tarde, luego de los pronunciamientos de las FFAA, cuando las señales del desenlace parecían favorables al gobierno. (Testimonios de personas entrevistadas personalmente y por teléfono por los autores, octubre 2010).
17 Durante el año 2006, ingresaron al país 1.156.575 pasajeros, por los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Tulcán, de los cuales, más de la mitad, 57 por ciento, lo hicieron por Quito, el 42 por ciento, por Guayaquil y el resto 1 por ciento, por el aeropuerto de Tulcán. En este mismo año, salieron 1.146.350 pasajeros del país, de los cuales el 56 por ciento, lo hizo por el aeropuerto de Quito, el 43 por ciento por el de Guayaquil y apenas el 1 por ciento, por el aeropuerto de Tulcán. Para el 2010 se había construido ya un nuevo aeropuerto internacional en Santa Rosa, provincia de El Oro, con gran potencialidad dada la expansión del comercio con los países del Cono Sur y Perú.
18 Según datos obtenidos del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, del Documento “Cerrando Brechas…Construyendo Equidad”, de septiembre de 2010, los niveles de pobreza pasaron de 61% al 53% en 2006 al 2009, en zonas rurales como consecuencia de la inversión social, que fue de 15,000 millones de dólares, es decir, el doble que en los últimos 7 años anteriores, y que como porcentaje del PIB en el 2010 representa ya el 8.3%.
19 En el 2008 el Ecuador tenía 14 empresas generadoras, 20 empresas de distribución y 1 empresa de transporte de energía. En el año 2006, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, generaba un 43% de energía hidráulica, el 47% de energía térmica y para cubrir las necesidades del país se importaba el 10%.(datos 2006). Esta energía era distribuida de la siguiente manera: comercial 22%, Industrial 19%, alumbrado público 8%, residencial 41%, otros 10%. A tres años y medio del Gobierno de Rafael Correa, la situación ha cambiado para bien: 10 centrales hidroeléctricas, 22 centrales hidroeléctricas distribuidoras, 11 centrales termoeléctricas generadoras, 27 centrales termoeléctricas distribuidoras. Sobre la estructura de la demanda actual de energía para el 2010 tenemos: un 35.39% en residencial, 19.49% en el sector comercial, un 30.16 % destinado a la industria, y un 6.19% para alumbrado público, mientras un restante 8.77% se registra como destinado a “otros”. Fuente: http://sisgesi.conelec.gov.ec/estatisticas/indicadores
20 Precisamente uno de las consecuencias inmediatas derivadas del intento del golpe del 30 de septiembre resultó ser la suspensión del viaje del Canciller a cuatro países árabes y a Irán. Ello debido a que se consideró no conjurada la crisis, que ameritaba la atención de todos los actores nacionales, en presencia.
21 Por ejemplo, aspectos como el carácter vinculante de las conclusiones y recomendaciones del Mandato 14 hechas por el equipo evaluador del CONEA (noviembre, 2009) -liderado por Arturo Villavicencio, entonces Presidente de dicho organismo-, al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, fueron resistidas por algunos asambleístas del movimiento de gobierno, que, en este caso, más bien se alinearon con las y los asambleístas de oposición. Esta dilatación, por otro lado, ha posibilitado que el Pleno del CONEA, sin Arturo Villavicencio, haya acreditado (es decir, otorgado un certificado de calidad) en el 2010 a universidades que el informe del Mandato 14 del propio CONEA, las clasificó en categorías B, C y hasta D, es decir, como centros de educación superior de dudosa calidad. Por otra parte, el amplio veto presidencial al proyecto de ley remitido por la Asamblea también evidencia lo planteado.
22 Las “demandas” de los sublevados aparentemente se circunscribían a la supresión de condecoraciones y pagos extras. Sin embargo, varios analistas señalan que hay otras razones para sublevación policial: el informe de la Comisión de la Verdad, orientado a sancionar a los implicados en violaciones de los derechos humanos durante varios gobiernos, especialmente durante el febrescorderato (1984-1988), la eliminación del monopolio del manejo del tránsito y la tramitación de licencias de conducción y la reorganización institucional.
23 Según El Clarín, Buenos Aires, Argentina, del 6 de octubre de 2010.
24 Véase el artículo de Erika Sylva Charvet, “Anillo de conspiraciones” en El Telégrafo, 9 de enero del 2010. Por otro lado, una serie de “coincidencias” administradas políticamente ese 30 de septiembre, han delatado ese intento de golpe: la ausencia de los gobernadores en todas las provincias por encontrarse en Quito en una reunión; la ausencia del Vicepresidente que ese día llegó de EE.UU. y a quien –según su testimonio- se le propuso que asuma la Presidencia; la propia vulnerabilidad física de Correa, recién operado de la rodilla, y quien a pesar de todo enfrentó resuelta y valientemente las adversidades del momento.
25 Tales como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y descentralización (COOTAD), LA Ley del Servicio Público y la de de Comunicación.
26 La decisión de la Junta Bancaria de permitir la propiedad por parte de banqueros y empresarios de menos del 25% de las acciones, yéndose en contra de la Constitución, evidencia las presiones que sobre el Estado están ejerciendo estos poderosos grupos en el momento actual y la falta de firmeza de las/os funcionarios estatales para cumplir con lo estipulado por la Carta Magna. El 14 de octubre del 2010, ante la amenaza de la Asamblea de enjuiciarle políticamente a sus miembros, la Junta Bancaria retrocedió y dejó insubsistente dicha medida. Véase la prensa del 15 de octubre del 2010.
27 El apoyo al Presidente llegaba al 68% hacia el 30 de septiembre.
28 Por ejemplo, la Escolta Policial de la Asamblea Nacional que estaba amotinada, dejaba pasar a las instalaciones a dirigentes de PSP, mientras impedía el ingreso de asambleístas del movimiento de gobierno. Asimismo, un alto dirigente del PSP estuvo en el epicentro del motín (los alrededores del Regimiento Quito) en el preciso instante en que el Presidente Correa era agredido y luego retenido. Ni durante, ni luego de los acontecimientos el PSP se ha pronunciado censurando el hecho. Más bien, expeditamente, y antes de que se libere al Presidente, el asambleísta Gilmar Gutiérrez (del PSP) planteaba la “amnistía” a los sublevados.
29 Según declaraciones del Presidente Correa a la prensa internacional, habría un testigo de la contratación de un sicario para asesinarlo por parte de Fidel Araujo, alto dirigente del PSP. Véase la prensa del 15 de octubre del 2010.
30 Testimonio de personas entrevistadas personalmente y por teléfono. Octubre del 2010.
31 Y frente a la cual habría ciertas contradicciones. Si bien es cierto que se ordenó la eliminación del vínculo de subordinación que los aparatos de inteligencia policial tenían con respecto a la CIA y a la DEA, y si bien es también cierto que se ordenó, por otra parte, eliminar los aspectos corporativistas en su funcionamiento, se ha procedido a hipertrofiar, a su vez, a dicho aparato que hoy llega a los 42,000 efectivos, sin haber comprobado el cambio de su orientación y permeabilidad a las nuevas ideas del Gobierno.
32 Por ejemplo, cuando Rafael Correa triunfó en la primera vuelta en las elecciones de abril del 2009, cuestión inédita en la historia de las elecciones con dos vueltas (desde 1979), en un panel de televisión el periodista Carlos Vera afirmaba, contra toda evidencia, que, por el contrario, él había sido el “gran perdedor” de dichas elecciones.
33 El discurso se sustenta en tres ideas fuerza: 1) no hubo intento de golpe de Estado sino una rebelión provocada por la “prepotencia del Presidente”; 2) no hubo secuestro: el Presidente estuvo voluntariamente en el hospital de la Policía y podía salir en cualquier momento; 3) no hubo intento de magnicidio: es una invención, una “show mediático”, un “reality show” forjado por el gobierno.
34 Como lo ha hecho también con la masiva respuesta verificada el 15 de octubre del 2010 en Quito, a dos semanas del “putch” , en la que alrededor de 50.000 personas respaldaron al gobierno. El Comercio, por ejemplo, minimizó el evento presentando la información en la página 3 A, (mientras colocaba en portada a las candidatas a reina de Quito). Su contenido es claramente favorable a la Policía, a quien presenta como víctima, mientras pone en duda el carácter democrático del gobierno. Es despectivo con relación a las y los marchistas (se refiere a “su gente”, los “gritos destemplados de una mujer”, “grupo variopinto”) y a la propia marcha que dice “caotizó” la ciudad. Asimismo, distorsiona el número de asistentes focalizándose en los que recién se estaban congregando en el parque El Arbolito (a las 3 p.m.) y no en los que efectivamente se congregaron en la plaza de San Francisco (a las 5 p.m.), dando a entender que ese fue el número total de participantes, cifra inferior, por cierto, a la que esperaba el gobierno (20.000 de 40.000). Véase “El Régimen movilizó a su gente en Quito”, El Comercio, 16 de octubre del 2010, 3 A.
35 Nono es una pequeña parroquia rural del cantón Quito. Entre las demenciales órdenes dadas respecto al Presidente secuestrado, y escuchadas por todo el país, y originadas en una red de las Patrullas Policiacas, y entre las cuales se pude escuchar la de “mátenlo”, hubo una fatídica: “¡Llévenlo a Nono!”. Ahí, en ese lugar, se acostumbraba a “desaparecer”, a discreción de los ajusticiadores, a los delincuentes apresados por policías o por paramilitares. Claro está sin juicio alguno y en un país donde, legalmente, no hay pena de muerte.
36 Nos referimos al fallido golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez en Venezuela (2002), al golpe militar contra el Presidente Jean Bertrand Aristide en Haitì en 2004, en fallido golpe contra el Presidente Evo Morales en Bolivia en 2008, al golpe militar contra el Presidente Manuel Zelaya en Honduras (2009), y el intento pero fallido golpe de estado que estudiamos aquí, en Ecuador (2010). De estos 5 golpes, 4 se dieron en países de la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
37 Recuérdese que la Constitución de 2008 les dio el derecho al sufragio a los miembros de la fuerza pública.
38 En efecto, el proyecto político de la Revolución Ciudadana recoge la plataforma fundamental de la izquierda histórica. Pero, Rafael Correa, líder indiscutible de ella y del proceso constituyente, no proviene de las filas de los partidos históricos de izquierda (lo cual explica su crítica frontal al corporativismo), aun cuando, dentro de PAIS se cuentan dirigentes provenientes de esas filas, entre quienes hubo críticos del corporativismo de la izquierda desde los años 70 del siglo pasado.
39 Según testimonios proporcionados por personas de casi todas las provincias del país, a quienes hemos tenido la ocasión de entrevistar, personalmente o por teléfono.
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