CONTEXTO POLITICO
El gobierno de APAIS, luego del levantamiento indígena, abrió un proceso de diálogo a alto nivel con la dirigencia de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador en base a un acuerdo inicial de seis puntos y una amplia agenda a ser tratada en las posteriores semanas. Con ello el Gobierno desactivaba la posibilidad de una escalada de conflictos; lo que le posibilitó negociar en mejores condiciones la terminación del paro del magisterio.
Para el analista Santiago Pérez, la movilización indígena es una expresión de que la gobernabilidad aún carece de sustento sólido por los problemas sociales pendientes de resolver en el país. El paro indígena es "manifestación de un sector de la sociedad, que tanto por lejanía física como por barreras educativas y culturales ha estado permanentemente marginado".
Al referirse a la popularidad del presidente Correa, Pérez dijo que una encuesta realizada por su empresa el pasado 26 de septiembre arrojó que la aprobación de la gestión del gobierno es del 58 por ciento contra un 37 por ciento de negativo. Al comparar esos datos con cifras de 2007 y 2008 hizo notar que hay una diferencia, porque el negativo de esos períodos nunca superó el 30 por ciento y el positivo estaba encima del 70 por ciento . Una última encuesta de Santiago Pérez ratifica tendencia en descenso de aceptación a gestión del Gobierno al igual que la de la misma Asamblea Constituyente. A pesar de ello Correa mantendría un 53% de aceptación ciudadana. En ello se refleja la activa oposición de los grandes medios de comunicación controlados por la derecha, así como la activa oposición de sectores indígenas, de profesores y estudiantes.
En el caso de la Asamblea Legislativa, sufre también del desgaste prematuro, por ser el punto focal de decisión de importantes leyes que buscan dar continuidad a los cambios propuestos en la Constitución y que chocan con intereses corporativos de diferentes sectores, que ausentes de un proyecto nacional, únicamente atinan a aferrarse a las situaciones ya establecidas y miran con temor cualquier cambio en el manejo institucional del Estado.
Igualmente la baja capacidad de interlocución de los Asambleístas del Gobierno con amplias masas y la ciudadanía en general, deja abierta la puerta para que la oposición desacredite la importante labor de desarrollar el marco jurídico constitucional para revertir la situación de dominio de la economía, la justicia, y el mismo poder por grupos oligárquicos e imperialistas; tal es el caso de la iniciativa presentada de una ley antimonopolio y de la denuncia de los acuerdos firmados para proteger la inversión extranjera; de tal manera de hacer viable, aquello que se ha dicho desde las mismas esferas del gobierno, entrar en una fase de nacionalización de empresas estratégicas que aún se mantienen en manos de grandes transnacionales.
El gobierno luego de la demostración de su capacidad de convocatoria y movilización que permitió reunir en la Plaza San Francisco de Quito a 40 mil manifestantes, retomo la iniciativa en varios frentes, en primer lugar, Rafael Correa estuvo en diferentes localidades mineras que se hallan en fase de exploración y otras en explotación, reuniéndose con la población y trabajadores de las minas, esto en vísperas de la expedición del reglamento de la ley de minería, así como en posicionamiento ante la propuesta de la CONAIE de revisión de la Ley de Minería; en estas concentraciones ofertó una minería responsable y ordenó el desalojo de actividades mineras clandestinas o que se hallen contaminando el ambiente.
En su discurso, Correa hablo de una estrategia de la derecha para provocar la confrontación en alianza con supuestos sectores de izquierda que busca desgastar y deslegitimar socialmente al gobierno; por ello llamó a la organización y movilización ciudadana, a la vez que exigió respeto al pronunciamiento mayoritario del pueblo expresado en siete elecciones consecutivas, apoyando un proyecto nacional, apoyo que no se ha dado en los últimos diez años.
Igualmente el gobierno no ha dejado de abrir un abanico de acciones en el plano agrario, de esta manera se empezó a concretizar la distribución de 130 mil hectáreas de tierras que se hallan en poder del Estado, como fruto de embargos a propiedades de bancos que se declararon en quiebra, para ello se buscará la entrega a asociaciones de pequeños campesinos, a los cuales se les financiara créditos para la compra de la tierra. A más de ello el Ministerio de Agricultura – MAGAP, anunció la existencia de 35.000 hectáreas que estarían catalogadas como incultas y que entrarían a un proceso de expropiación y repartición a pequeños campesinos sin tierras; igualmente se habría auscultado en el territorio nacional, un monto de 1’500.000 ha, en esta misma situación y que se visibilizarían en el censo que avanza el MAGAP y que estaría listo en tres o seis meses.
Así mismo en el plano interno el diálogo con los sectores indígenas avanza a buen ritmo en el tratamiento de la ley de recursos hídricos prácticamente se ha llegado a un total consenso, especialmente en la necesidad de democratizar el sistema de gestión y control, con una mayor y mejor participación de los gobiernos autónomos descentralizados, las comunas, comunidades, nacionalidades, pueblos, usuarios y ciudadanos.
En cuanto a las circunscripciones territoriales indígenas se ha establecido una amplia agenda para la implementación de éstas, tomando en consideración factores de orden económico, político y gubernamental. En cambio en la mesa de diálogo sobre el sistema de educación intercultural bilingüe ha habido un lento y controvertido avance, que a la final ha concluido en el consenso de establecer en un nuevo decreto ejecutivo las condiciones en las cuales se asumiría la disposición constitucional de la rectoría del ministerio de educación sobre el sistema, para ello se ha dicho que tanto el Director Nacional del Sistema, cuanto los provinciales sería elegidos por concurso de merecimientos y el Ministro mantendría la potestad de cancelación en caso de desacato. Igualmente se ha pedido una auditoría a todo el sistema de educación intercultural bilingüe.
Correa, así mismo anunció las medidas dispuestas para repatriar 1.800 millones de dólares de la reserva monetaria internacional de libre disponibilidad que se hallaba depositada en bancos extranjeros, que sumada a los 700 millones de dólares que se hallaban inmovilizados en la caja del Banco Central, configuran un capital de 2.500 millones de dólares que se invertirán en estimular el empleo, cuyos últimos índices demostraron una subida del desempleo; de tal manera que a través de la banca pública se colocará 600 millones para financiar y subsidiar construcción de vivienda; 465 millones para crédito a pequeñas y medianas empresas que son las mayormente generadoras de empleo; y 494 millones se destinarán a inversión en obra pública.
Así mismo el gobierno afrontó una masiva movilización de estudiantes universitarios que se oponen a la Ley de Educación Superior, pese a las razones de peso que ha dado el gobierno en cuanto a la necesidad de que mediante ley se establezcan mecanismos para dotar al Estado y al país de una política de educación superior y de un órgano de control descoporativizado, ha pesado más la defensa “institucional” y atrás de ello una serie de canonjías que ha acumulado un estamento de la clase media profesional, escudándose en la llamada autonomía universitaria.
Una segunda movilización estudiantil ha sido dispar, especialmente en Cuenca y Quito paso desapercibida, y se concentró más en algunas capitales de provincias; en ello tal vez pesó la propaganda del gobierno sobre las bondades y razones de la ley así como las mejores condiciones de cogobierno estudiantil que presenta la misma, y/o el desprestigio de una dirigencia estudiantil oportunista.
Igualmente para la razón de izquierda es cada vez más difícil de admitir que en el seno de la comisión que trata esta ley se haya presentado un informe favorable de mayoría por los asambleístas de PAIS y del Partido Socialista; y uno de minoría opositora, elaborado entre Socialcristianos (ultraderecha) y el MPD (supuestamente ultraizquierda). Esta unidad contra natura igualmente se refleja en la movilización universitaria en la cual unidos de la mano van los hijos de los sectores oligárquicos empresariales que estudian en las grandes universidades privadas y los estudiantes de las clase media y media baja de las universidades públicas. Igualmente juntos aparecen los rectores “rojos” de las universidades dominadas por el MPD y los rectores socialcristianos y de ultraderecha de las grandes universidades privadas.
El articulista de la Derecha, Carlos Larreátegui, a la vez rector “hereditario” de una universidad privada (UDLA) califica como “La Gran Marcha” el entente oportunista con el MPD para movilizar a gran cantidad de universitarios. Ya en anteriores artículos la derecha había señalado su esperanza de que, desde el movimiento estudiantil se levantase una fuerza opositora de masas al gobierno de la revolución ciudadana .
En igual contrasentido, un sector del sindicalismo público, por habérseles restado prebendas en los contratos colectivos, ahora se manifiestan feroces opositores del gobierno, no sólo cuestionan la llamada “política antiobrera” sino se lanzan a generar dudas sobre la honesta y patriótica alianza que el gobierno tanto ecuatoriano como venezolano ha iniciado en el campo de la explotación petrolera. En su defecto han aparecido los primeros resultados del seguimiento que hiciera la marina en la empresa estatal petrolera ecuatoriana en relación con enriquecimiento ilícito, incluso dirigentes sindicales aparecen con inmensas sumas de dinero depositadas en sus cuentas sin poder dar explicaciones de las mismas.
El entorno conspirativo al que reiteradamente ha venido refiriéndose el gobierno, se esclareció a partir de la captura por parte del gobierno de Venezuela, de una célula subversiva del DAS colombiano operando en su territorio; quienes declararon la amplia red de espionaje que ha armado la CIA en complicidad con el gobierno colombiano en los países aliados en el ALBA en especial, Cuba, Venezuela, y Ecuador. En el caso concreto del Ecuador la operación de espionaje tenía el nombre de Salomón e involucraba a 144 funcionarios del mismo Estado, quienes venían operando desde el 2006 .
Sólo en este entorno se entiende no sólo la ya descarada y desembozada colaboración del Gutierrismo es la estrategia de deslegitimación social del gobierno, sino una serie de acciones y posicionamientos de otros actores políticos que han mantenido una oposición radical al gobierno.
Igualmente la serie de denuncias de corrupción, unas ciertas y otras supuestas, no hacen más que magnificar, aquello que ha sido y continua siendo un mal consustancial a una estructura burocrática de un estado burgués que no termina de desaparecer; y que alcanza sus peores manifestaciones en la llamada tercera función del Estado, esto es el sistema judicial; y en los mismos estamentos de Control y Fiscalización que a pesar de lo mucho que se han reformado continúan siendo parte de este entramado de corrupción .
También el gobierno continúa adelante con su campaña de estatización y nacionalización de empresas llamadas estratégicas y esto se ha comenzado a dar en firme en las empresas de cemento, con la participación de los trabajadores y de las comunidades aledañas. Esto ha puesto en alerta al entorno de derecha y de los capitales transnacionales, que empiezan a sospechar que aquello que parecía un discurso puramente electoral empieza a volverse realidad a través de la acción de gobierno. La misma inversión pública empieza cada vez más a hacer cumplir la disposición constitucional de estructurar una economía pública y otra solidaria, abriendo canales de crédito y asistencia técnica a pequeños empresarios y a asociaciones, comunidades y cooperativas de producción.
Igualmente el gobierno ha definido la constitución de empresas públicas para regular el mercado en el sector exportador bananero; también incursionará en el procesamiento del pescado y su venta en el exterior; ha incursionado ya en la compra y venta de arroz. Y se espera pronto se constituían una empresa estatal minera y una siderúrgica. A ello se uniría la propuesta del ALBA para la constitución de empresas gran nacionales.
POSICION DE LA DERECHA
Carlos Vera, el periodista de la derecha oligárquica, camuflado de izquierdista, ahora se solaza y se solidariza con el “valor demostrado por los Pueblos Indígenas” y anuncian que “de un gobernante así los indígenas no pueden esperar rectificaciones sinceras, profundas o duraderas, … Los indígenas cuidan nuestro territorio, nutren nuestra alacena, honran nuestra identidad. Acaban de hacer un nuevo aporte, desnudando y sitiando al tirano. Un hito más en la lucha por derrotarlo”.
En este entorno la derecha desde ya busca rearmar una estrategia de oposición “democrática” pensando en las elecciones del 2013, pero porque no, jugándose también a la aventura de un golpe al estilo hondureño, para ello ha puesto en escena a su títere Carlos Vera inveterado servidor de las grandes oligarquías y el imperialismo; los cuales le han dado el papel de contendiente “democrático” y le han adosado a un oscuro ex – Coronel gutierrista, para que la relación con el golpismo no sea descarada; y, van en la búsqueda de una representante indígena, que ha dado muestras de oportunismo rampante en escalar a posiciones individualistas de poder.
Igualmente, luego de las movilizaciones sociales de maestros e indígenas, y de la relativa deslegitimación social del Gobierno, la derecha que esperaba agazapada este momento, incluso conspiraba buscando nombres para una posible sucesión; luego han salido a llamar abiertamente en la provincia del Guayas a la conformación de Comités Familiares de Defensa del Guayas. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, añadió que con esos comités no se busca “ningún problema, pero no vamos a rehuirlos tampoco si nos buscan”. Mientras que el Gobernador de la provincia denunció el chantaje político del Municipio porteño que pretende conformar estos Comités ofreciendo tarjetas de descuento.
