Analisis de la Situacion Politica del Año 2010 - 3ª Parte

REESTRUCTURACION DEL EQUIPO DE GOBIERNO

La reestructuración del equipo de gobierno, fue el escenario para que el Presidente Correa adelantase elementos de evaluación y proyección de la revolución ciudadana; reconociendo que a pesar de ir en la dirección correcta, el aparato burocrático del Estado continúa con su inveterada ineficiencia; hasta ahí el análisis de Correa; pero mucho más allá; el aparato burocrático militar del Estado continua en parte sometido a los poderes fácticos de la clase burguesa, más aún que ésta, a pesar de haberse desestructurado políticamente, no había perdido el poder de generar desinformación; y que con el apoyo del imperialismo genera situaciones de desconcierto; y lo increíble, con el apoyo de la llamada izquierda y el movimiento indígena, que dan cuenta de la endeblez ideológica política de la primera; y de la estrechez corporativista en el caso de la dirigencia indígena.

En este escenario el recambio gubernamental del Gabinete Ministerial, no implicó un viraje de la característica “tecnocrática” y de clase media, que hasta el momento habían sido la tónica con la cual se había generado la gobernanza del país, y; que por un lado había dado relativos éxitos en la conducción de la economía y el desarrollo; así como en la reforma política y modernización del Estado; pero por otro muestra una imagen de una pequeña y mediana burguesía, blanco – mestiza que en mucho había estado en el aparato del Estado y de las instituciones estratégicas de este, sirviendo a diferentes amos, pero fundamentalmente sirviéndose así mismo. Esta característica de clase del Estado, como parte de la herencia colonial, oligárquica, feudal y pro-imperialista del viejo Estado, continua en parte con las viejas prácticas corruptas y clientelares, postergado y marginado a amplias masas populares de la ciudades y más aún a nivel del campo, en el cual el carácter feudal de esta burocracia ha vilipendiado a la población indígena.

A pesar de ello importantes sectores de la clase media urbana de origen blanco – mestizo en el largo trajinar por la izquierda se habían sensibilizado sobre la real situación de las clases populares, de la infamante situación de los pueblos indígenas; el mismo Correa a pesar de sus orígenes pequeño burgueses y blanco – mestizo, apoyado en un cristianismo de izquierda había hecho “pasantía” en el seno de las comunidades indígenas, de ahí que su discurso y en mucho su acción a favor de reivindicar a los pueblos originarios, no sea ni se vea como postizo o demagógico, su interés es verdadero, lamentablemente su posición y formación clasista ve como principal camino de la redención del indígena, su inserción en la sociedad nacional promoviendo su mejoramiento económico; pero a la vez en la estrategia pacifista de la revolución ciudadana, saben que afectar la gran propiedad terrateniente abriría la caja de pandora, sobre la cual se perfila la verdadera revolución socialista de los pueblos oprimidos de la ciudad y del campo.

A pesar del enorme esfuerzo de un núcleo duro del Gobierno, que había direccionado en sus planes políticas radicales para resarcir el abandono y la marginación de siglos de los indígenas, la burocracia se había encargado de empantanar, boicotear o postergar la aplicación de estas políticas, por ejemplo las del Plan Nacional para el Buen Vivir. A más de ello el mismo Gobierno había estado absorbido en la enorme tarea de limpiar, depurar y modernizar el aparato del Estado, a más de ello se había ocupado de capear las crisis económicas y de alentar la recuperación de la economía, configurando una base estratégica para la aplicación del modelo del buen vivir que plantea la nueva Constitución.

En el orden interno el tenaz esfuerzo del Presidente Correa no había generado todavía líneas de transmisión al interior de su propio partido y peor aún había podido traspasar de manera directa hacia el amplio conglomerado indígena; de otra parte Correa se había mostrado reacio a pactar con una dirigencia en mucho cooptada por el desarrollismo, el arribismo político y por las agencias de cooperación internacional, de las cuales recibe no solo recursos para un desarrollismo encubierto de sustentable, sino políticas ambiguas en base a enfoques puramente sectoriales y orientadas a focalizar la acción del movimiento indígena sobre reclamaciones puramente étnicas, y/o pachamámicas, que obliteran la necesidad de definiciones políticas sobre el eje del socialismo y las reivindicaciones clasistas.

En su defecto la revolución ciudadana se juega a medidas cada vez más radicales contra los intereses transnacionales extranjeros y contra los grandes monopolios de la oligarquía comercial y bancaria. A pesar de ello las fuerzas de la Asamblea Legislativa, lentamente igualmente empiezan a disponer de las estructuras legales e institucionales para afectar los grandes interese monopólicos y terratenientes en el campo a favor de una modernización de la agricultura que ligue el esfuerzo del gobierno hacía la construcción de una economía agraria diversificada pero a la vez que democratice y apoye el surgimiento de una pequeña y mediana propiedad, que se inserte en los circuitos de mercado nacionales e internacionales; sin descuidar el gran sector de la economía de plantación agro-exportadora a la cual se la pretende equilibrar con mayores impuestos y control de precios de mercado.

A más de la propuesta de reforma de la Ley de Hidrocarburos y de la nueva modalidad contractual por servicios, en los campos petroleros; igualmente Correa había explicitado los avances en la planificación del nuevo modelo de gestión de las áreas estratégicas del Estado y había presentado una lista de cerca de 40 proyectos hidroeléctricos, eólicos, térmicos que va a construir el Estado, de los cuales el 30% de las utilidades que generen se destinará a los gobiernos locales de las provincias donde se desarrollan dichas propuestas.

Correa es consciente que el Ecuador con un correcto aprovechamiento de sus tierras agrícolas, podría alimentar una población 80 veces mayor a la población actual, solo la cuenca del Guayas tiene esa capacidad para alimentar a toda Latinoamérica. Acerca de la Ley de Aguas, es indudable que es este el primer Gobierno que se preocupó del agua, mediante la creación de la Secretaría del Agua, y que establece de manera taxativa en la Ley la normativa que prohíbe su uso con fines privatizadores, al igual que en la Ley de Recursos Hídricos se había apoyado la creación de un Consejo Consultivo Plurinacional donde confluyan la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, de otros sectores sociales y de los gobiernos seccionales. Pero, en base al derecho soberano, entregado al gobierno, por el pueblo en las urnas, era indudable igualmente que la autoridad que ejerza rectoría sobre los recursos hídricos debe ser representando por el Gobierno Nacional.

PRESION DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

En este escenario el imperialismo alistaba sus fichas de presión internacional, premonitorio es el fallo del Tribunal de la Haya a favor de la Chevron Texaco, por fuera de toda consideración de soberanía y legalidad, y el mandato de pagar 700 millones de dólares al Estado ecuatoriano; al igual que los numerosos juicios ante el CIADI, que suman demandas por más de 12 mil millones de dólares contra el Estado ecuatoriano; también la amenaza velada de los Estados Unidos de cerrar la emisión de moneda dólar hacia el Ecuador, por supuesto lavado de activos de bancos iraníes. Todo ello indica que el imperialismo monitorea el avance de la revolución ciudadana y a toda costa pretendía bloquear el acercamiento de la revolución ciudadana a la revolución bolivariana venezolana, así como la apertura comercial y política a otros referentes mundiales en el mercado en general y de capitales en particular.

La inserción y liderazgo de Correa en el Unasur, unido al cambio de época que se nota en todo el continente había hecho posible que gran parte de los gobiernos del área latinoamericana haya decidido salirse de la dependencia política del imperio norteamericano; y que ello se haya traslucido en una mayor soberanía frente al manejo de la crisis mundial; y que los países del ALBA hayan logrado consolidar importantes acuerdos por fuera de los canales político – económicos de los Estados Unidos. Esto igualmente había permitido que las negociaciones con la Unión Europea se den en condiciones de mayor soberanía y sin afectar los intereses económicos de los Estados sudamericanos a excepción de aquellos abiertamente alineados al dominio estadounidense.

LA RADICALIDAD INDIGENA

La radicalidad del levantamiento indígena, promocionado por el temor centenario de la exacción y expropiación sobre bienes que constituyen la vida misma, había cerrado toda opción de diálogo; pero había encerrado a su vez a los mismos actores del mismo. De un lado el Gobierno se debatía en la ausencia de votos suficientes en la Asamblea Nacional; sin ceder ante el chantaje de la derecha; y, de otra parte el movimiento indígena encerrado en sus propios fueros sin la fuerza y el apoyo moral del grueso de la población indígena y no indígena, que duda de la intencionalidad y la fuerza del levantamiento, cuando las principales provincias de mayor población indígena, no se habían movilizado.

El escenario de confrontación del Gobierno con una parte del movimiento indígena, de hecho debilitaba su legitimidad social y allá había estado dirigido desde el inicio la estrategia de la burguesía, de la oligarquía y del mismo imperialismo, pues de esta manera, la radicalidad que este debía ir proyectando en el escenario político, económico, social, militar e internacional, se verá refrenado; mientras los títeres (Lucio Gutiérrez – Carlos Vera) de las posiciones oligárquico – burguesas e imperialistas tratan de ganar protagonismo. En esta estrategia incluso se alienta a las posiciones más de derecha y oportunistas del movimiento indígena en la posibilidad de consolidar a futuro frentes electorales; así es cada vez más patético el acercamiento de Lourdes Tibán a sus viejos aliados, la Sociedad Patriótica, devenido en grupo de containteligencia y subversión y que al momento se mantiene activo en las mismas comunidades indígenas realizando labor de zapa, minando la confianza en el gobierno y alertando sobre los peligros del “socialismo” y “comunismo”.

De otra parte Auqui Tituaña, ex – Alcalde de Cotacachi, a pesar de que incluso renunciase al movimiento Pachakutik luego de su derrota electoral a la Alcaldía; y de haberse comprometido abiertamente con la candidatura de la derecha oligárquica, anticomunista y pronorteamericana de Carlos Vera, fue candidato opcionado a la Dirección del movimiento Pachakutik, derrotado en su elección, pero no en sus tesis, aprobadas por el Congreso, abiertamente anti – correistas y peor aún provocadoras ante la Cumbre de Presidentes del ALBA y de los movimientos sociales de ocho países que se reunirían en Otavalo del 4 al 5 de junio.

La cerrada oposición de la Asamblea y la endeblez misma de los aliados coyunturales, había llevado a que incluso el Gobierno considere el escenario del archivo de la ley de aguas, considerando que es posible llevar adelante una reforma en el sector, utilizando la ley actualmente vigente; ello incluso había sido lanzado como reto a la oposición indígena, que había hecho de esto el leit motiv de su movilización.

La visión, de la creación de Consejos, aparentemente democráticos, esconde una desviación “democratista” en la versión de “democracia participativa” del Banco Mundial y de los organismos de gobierno mundial, empeñados en preservar y vacunarse contra la asunción de gobiernos clasistas y/o nacionalistas revolucionarios, con programas socialistas, a la dirección del Estado. Para ello estos organismos de gobierno mundial habían estado empeñados durante décadas de la creación de una supuesta representación “ciudadana”, de una “sociedad civil” por fuera de las clases sociales, consejos fuertemente corporativizados que entrando supuestamente a disputar el poder del Estado, no hacen más que cumplir los designios de estos organismos de gobierno mundial; uno de los referentes máximos de esta estrategia es la apuesta “glocalizada” a un ecologismo social, que igualmente ausente de consideraciones de orden social, político y económico, solamente mira por la preservación prístina del hábitat y la ecología; y que para que resulte más paladeable para lo variopinto de fundaciones ecologistas gringas, y como anzuelo para los pueblos originarios se había disfrazado de ideología pachamámica pero que igual se lo vende como misticismo.

En el marco de la nueva movilización indígena por el agua, se notó el peso cada vez mayor de interlocutores de los pequeños agricultores blanco mestizos empoderados de juntas de agua y regantes, y cuyos intereses están más bien centrados en manejar un supuesto fondo del agua.

EL PRIMERO DE MAYO

La conmemoración del día internacional del trabajo, había sido siempre el escenario para mirar una correlación de fuerzas del sindicalismo versus la patronal y el Estado. En el momento presente, cuando el gobierno de la revolución ciudadana había iniciado una profunda reestructuración del esquema del Estado y asumido con entereza la reivindicación de amplios sectores marginados; este Primero de Mayo, en mucho había permitido mostrar la estrechez de miras y acciones del gremialismo sindicalista, perdido en el economicismo y la cooptación de su dirigencia en la vieja práctica clientelar de la contratación colectiva; que se había visto normada, desde la misma Asamblea Nacional Constituyente; que puso coto al abuso y la corruptela que reinaba especialmente en las llamadas empresas doradas del Estado y del servicio público, las cuales habían dejado ingresar en su seno a la mediana e incluso alta burocracia estatal, que por un lado se manejaba con la Ley de Servicio Público y por otra con el Código del Trabajo, y en ambos casos en aquello que mejores prebendas y garantía prestase para su peculio.

Más aún, a más de los contratos altamente onerosos para el Estado, y la deficiencia del servicio público, mucho de este sector sindical pasó a ser parte de la corrupción institucionalizada. Habían sido estos sectores, que en mucho continúan direccionados por una burocracia sindical oportunista, los que habían planteado un frente de oposición al actual gobierno; y eso de una u otra manera se había traslucido en las consignas de gran parte de los sindicatos, en rechazo a una supuesta política antiobrera del Gobierno.

Pero igualmente sectores de APAIS y aliados en el campo sindical y gremial se manifestaron el primero de mayo, en la propia ciudad capital, Quito, en la que por referencias de prensa se dice que al menos siete cuadras de manifestantes convergieron hacia la Plaza Grande. En el caso de Guayaquil el apoyo al gobierno fue más patético, debido al carácter empresarial y oligárquico del gobierno local de Nebot y a la dura arremetida del gobierno en contra de esta prepotencia.

Al inicio del mes de mayo el Gobierno se empeñó y en parte logró bloquear el levantamiento indígena, por el tema de la Ley de Aguas, que a pesar de ser esta, una de las leyes que mayor contenido social y adecuada a los estándares ambientales y de beneficio al mismo sector indígena, había sido usada como caballo de batalla, por parte de una dirigencia indígena que no está dispuesta a ceder espacios de poder alcanzados en la estructura del Estado, y que maneja un discurso y una práctica corporativa, que le lleva a la oposición radical al actual gobierno, oposición que de tan radical se confunde ya con la oposición de la derecha oligárquica, y que en meses anteriores se demostró de manera abierta cuando dirigentes de la CONAIE avanzaban en conciliábulos con la Junta Cívica, organización de la extrema derecha nebotsista.

LA PLATAFORMA DE LA REVOLUCION AGRARIA

Desde los sectores más conscientes y auténticamente radicales de la CONAIE se había empezado a perfilar una plataforma ya no sólo sobre el recursos agua, sino sobre la concentración y tenencia de la tierra; pero en cambio el sector dirigencial aparatista y menos consciente, habían optado por mantener el foco de la reclamación sobre el agua; pues en la mente y en la consciencia instintiva de los pueblos indígenas, por siempre marginados, explotados y engañados, está agazapada la desconfianza al mundo blanco – mestizo y a su Estado, aún más, que cuando había aprobado leyes había sido para mayores exacciones y desgracias; y aún más tratándose del agua y/o de la tierra, la fuente toda de su existencia, el indígena está dispuesto a luchar hasta la muerte si es posible.

Estos ocultos resortes del poder que manejan los dirigentes indígenas, no había podido ser bloqueado en su real magnitud, por la política de inversión social del Estado hasta aquí desarrollada, más aún, a más de los problemas de las crisis recurrentes del mundo capitalista globalizado, había pesado igualmente la estructura tecno-burocrática de un Estado que en continua en grandes líneas en manos de los sectores burgueses y pequeño – burgueses de origen blanco – mestizos, enquistados en las entidades públicas y desde las cuales habían direccionado políticas a favor de sus intereses clasistas.

Los intentos de conciliación habían sido bloqueados por el azuzamiento de la derecha a través de los medios de comunicación, que se habían encargado de generar la base de oposición de masas al gobierno; a la vez que los cenáculos ideológicos de las ONGs especialmente ambientalistas y las discursividades socialdemócratas de los centros académicos de Europa, habían puesto la base ideológica política, con la cual los principales dirigentes del movimiento indígena se sienten absolutamente convencidos de la bondad de sus propuestas y de la maldad de las propuestas del actual gobierno.

La beligerancia de las acciones emprendidas en rechazo a la supuesta privatización del agua que supuestamente propiciaría la nueva Ley de Recursos Hídricos había llevado a que la dirigencia indígena reforzada por aliados temporales del mismo sector indígena campesino, haya resuelto escalar la movilización a un levantamiento generalizado, con bloqueo de carreteras y tomas de locales estratégicos.

Incluso ciertos medios de comunicación establecían que su plataforma incluía ya no sólo la desobediencia civil sino el pedido de la renuncia del Presidente Correa. En correlato, la derecha, ante la crisis de hegemonía en el mismo bloque legislativo del Gobierno, había venido especulando con la llamada “muerte cruzada” esto es el mecanismo constitucional in extremis para desbloquear una probable contradicción insalvable entre el Ejecutivo y el Legislativo.

LOS NUDOS CRITICOS DE LA LEY DE AGUA

En concreto el movimiento indígena, luego de prácticamente haberse agotado la discusión sobre los llamados nudos críticos, únicamente había venido pugnando por la exclusión del Gobierno como autoridad sobre el recurso hídrico, a través de potencializar al máximo la figura del Consejo Plurinacional del Agua, que establecería la rectoría sobre este vital recurso, dejando de lado al mismo Gobierno. Esta visión corporativa de la política es del interés de los organismos de gobierno mundial que con ello diluyen el manejo y una rectoría política, por fuera de sus intereses y desde hace mucho tiempo el Banco Mundial por ejemplo viene proponiendo la llamada democracia participativa, que no es más que una versión corporativa del viejo estado burgués liberal; o las mismas Organizaciones de Naciones Unidas, tienen como emblema de lo máximo de la democracia la “ciudadanización” de esta.

Luego en el pleno de la Comisión de Soberanía Alimentaria se logró llegar a consensos y aprobar uno de los nudos más críticos que tenía el proyecto de Ley del Agua, como es la Autoridad Única del Agua (AUA), la cual será una entidad directriz del Sistema Nacional Estratégico del Agua que ejercerá la rectoría, planificación, regulación y control de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas. Es parte de la Autoridad Única del Agua el Consejo Intercultural y Pluricultural del Agua, instancia de participación y decisión en la formulación, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas en materia hídrica. En todo el territorio nacional, ejercerá funciones de regulación y control de la gestión técnica del agua respecto de todos sus destinos, usos, aprovechamientos productivos, a través de la Agencia de Regulación y Control, la cual estará dotada de independencia técnica, administrativa y financiera.

En cuanto al envasado de agua captada directamente de la fuente natural o subterránea, tendrá una tarifa diferenciada que será determinada en el Reglamento a esta ley y que tendrá en cuenta el volumen de agua envasada. La autoridad competente, previo informe de la Autoridad Única del Agua, establecerá políticas de precios para la venta al público del agua envasada. Este aprovechamiento puede ser realizado por personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, comunitarias, mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria el Estado o de la economía popular o solidaria, por sí mismas o en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados o los sistemas comunitarios de gestión del agua.

La comisión de legislación sobre el agua, a fin de mejorar el texto de la disposición décimo cuarta, plantearon que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el ejercicio de la competencia constitucional del municipio para prestar servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental; y, en garantía del ejercicio del derecho humano al agua deberán revisarse las concesiones o delegaciones otorgadas con anterioridad a esta ley, previa auditoría realizada con participación social y veeduría ciudadana.

LEVANTAMIENTO INDIGENA POR LA LEY DE AGUA

A pesar de ello, el Gobierno debió confrontar una reedición del levantamiento por el agua, de septiembre del año anterior, pero esta vez con manifiesta menos fuerza. El acometimiento del primer levantamiento se vio drásticamente disminuido por el mayor empeño que había puesto el gobierno y las agencias estatales por ampliar la cobertura de los servicios sociales hacia el sector indígena campesino. Además igualmente peso el malhadado intento de alianza con la ultaderecha de la Junta Cívica de Guayaquil, en el cual se vieron envueltos la alta dirigencia de la CONAIE; y, de otra parte el rechazo de la ciudadanía este tipo de medidas en contra del actual gobierno.

Así mismo el acercamiento de importantes estructuras del movimiento indígena, como en el caso de la provincia de Cotopaxi, al conocimiento extensivo de la Ley de Aguas, patrocinado por la gobernación, desmontó la falsa alarma sobre el carácter privatizador de la Ley de Aguas y con ello, la posibilidad de que éste sector fuese como en otras ocasiones el foco más fuerte de conflicto.

A pesar de ello el conflicto se dio fundamentalmente en la zona norte del país, y en mucho por la unidad alcanzada con la FENOCIN, que precisamente tienen su base más fuerte en Cayambe e Imbabura. A excepción del Azuay, donde la lucha antiminera se había vuelto una constante, en el resto del país el levantamiento no tuvo la amplitud ni la fuerza necesaria. La Amazonía y la Costa brillaron por su ausencia.

La alianza con el MPD le dio la tónica de extrema violencia, especialmente en el enfrentamiento en Quito y con la policía; esta actuó bajo las órdenes de no portar armas y en mucho se limitó a repeler con gases a las manifestaciones en Quito y los bloqueos en las carreteras; a pesar de ello hubieron excesos de lado y lado, lo que hizo que el Gobierno se apoyará en elementos militares, especialmente en la Sierra Norte; pero estos enfrentamientos no derivaron en muertes, como era la tónica de anteriores levantamientos, a lo sumo encarcelamientos breves.

El manifiesto empuje de los manifestantes en la zona norte empezó a contagiar el ánimo en otros sectores, y el mismo entusiasmo de la derecha de los medios de comunicación alentaba el enfrentamiento al gobierno; cuando en otras ocasiones con gobiernos de derecha, los medios mantenían una rígida censura sobre los levantamientos indígenas.

CONSULTA PRE-LEGISLATIVA

En esas condiciones se trató de resolver mediante votaciones la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos; pero al no tener el partido de Gobierno – APAIS, desde el inicio de la gestión legislativa, una mayoría de votos, y ante la inestabilidad y oportunismo de sus aliados (ADE – PSFA) y el chantaje o manifiesta oposición de la derecha (PSP-PRIAN-PSC), y la llamada izquierda (MPD – Pachakutik). Y ante la posibilidad cierta de que la ley fuese archivada (como era la propuesta de la derecha y ciertos dirigentes del movimiento Pachakutik) o peor aún objetada por incumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional; se optó por mocionar acatar la decisión de la Corte Constitucional para que todas las leyes que pudiesen afectar a derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, sean sometidas a consultas pre-legislativas.

De este modo el Presidente de la Asamblea, lanzó como moción previa, la necesidad de ir a esta consulta legislativa, prorrogando la votación de la misma por 5 o 6 meses. Igualmente al no haber obtenido, mayoría en la votación del pleno de la Legislatura, se decidió a expedir la mencionada disposición, mediante resolución facultativa, al Consejo de Administración de la Legislatura, para que éste, viabilice la consulta pre-legislativa; que según disposición de la Corte Constitucional deberá realizarse en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Es evidente que la dirigencia indígena había caído en su propia trampa, abusando de su poder de convocatoria y de su interlocución privilegiada en sus bases, extremaron la oposición al gobierno en general y a la ley de agua en particular, pintándole en los tonos más horrorosos. En el primer caso las amplias reformas y acciones en el área social, así como en lo político, habían desmentido de facto esta campaña; y, en el segundo caso, si bien esto no había ocurrido de facto, la consulta pre-legislativa, que conlleva la información adecuada, terminará por minar aún más la credibilidad de la dirigencia de la CONAIE, de la cual, incluso sus aliados de momento – la FENOCIN, habían empezado a poner distancias.

Entonces es evidente que las “condiciones” que la dirigencia pretenda poner a esta consulta, implica resguardarse de la arremetida del Gobierno, que desde el mismo levantamiento a través de los medios de comunicación había empezado a poner en claro las amplias ventajas que conlleva una ley de aguas que garantiza el proceso de desprivatización de las mismas, el manejo participativo de las políticas del sector bajo la rectoría del Gobierno; y, la garantía de que éstas no serán contaminadas ni se distraerán de su cometido principal que es el consumo humano, agrícola y los usos productivos con resguardo y preservación ecológica.

Esta arremetida del Gobierno en contra de una dirigencia indígena que en los hechos se había aliado a la derecha, se puso en marcha con acusaciones sobre la campaña de mentiras con las cuales habían alentado el levantamiento; el manejo de recursos estatales entregados desde el Estado, y financieras internacionales, y en la negociación que sus principales líderes adelantaban con la Junta Cívica de Guayaquil.

REPERCUSIONES DEL LEVANTAMIENTO INDIGENA

Uno de los efectos inmediatos del levantamiento indígena propiciado por la tergiversación del contenido del la ley orgánica de recursos hídricos, fue la disminución de la aprobación de la gestión presidencial en la región sierra rural, vale decir entre la población indígena – campesina. Así los datos de la encuestadora Santiago Pérez, establece un bajón de 11 puntos porcentuales (de 69 a 58%), pero a la vez en la misma encuesta la “visión de presente” del sector indígena, se ubicaba en el menos 9,9%, siendo este el índice más bajo del país; mientras la “esperanza del futuro” de este colectivo se encuentra en menos 0,3%.

Esto indudablemente da cuenta del daño causado al gobierno por la acción suicida de la dirigencia indígena que había extremado su oposición, teniendo como base la inveterada desconfianza y desesperanza de las masas indígenas en salidas desde el Estado a la situación de empobrecimiento, explotación y exclusión en las que se hallan sumidas.

Pero a su vez la desatinada campaña de oposición al gobierno, por parte de la dirigencia indígena al no tener más base que la generación de desconfianza y rechazo per se, y al no existir una propuesta viable de salida radical a su situación, no había hecho más que hundir en la desesperanza y en el inmovilismo a vastos sectores indígenas, que habían optado por replegarse y encerrarse en sí mismos.

De ello da cuenta de la pírrica convocatoria que tuvieron los actos en conmemoración del vigésimo aniversario del levantamiento indígena de junio de 1990 que marcó el inicio de prácticamente dos décadas de hegemonía del movimiento indígena en la realidad socio-política del país.

De su parte el gobierno había aprendido la lección, sabe que la buena retórica y la buena voluntad, evidenciada en un sinnúmero de acciones a favor del pueblo indígena, no son nada mientras subsista un régimen injusto de tenencia de la tierra y del agua, mientras el país siga siendo hegemonizado por un sector blanco – mestizo y peor aún, que el racismo y la discriminación étnica, sea una constante en diferentes espacios tanto institucionales y societales; racismo que se había reactivado con motivo del levantamiento y aún más con los excesos en la aplicación de la llamada “justicia indígena”.

Es en este contexto es que el Presidente Correa hubo de virar la carta de la oposición, ofertando incluso apoyar el archivo de la ley de recursos hídricos, dejando fuera de lugar, el pivote de la estrategia de oposición al gobierno de parte de la dirigencia indígena. En ese escenario la derecha que representa a los grandes intereses empresariales y monopolistas, entusiastamente se dedicó a aconsejar el archivo de la ley; pero la extrema oposición de parte de estos les había encerrado en su propia trampa.

Luis Macas, dirigente histórico de la CONAIE, había dicho que ahora el movimiento indígena deben concentrarse en tender puentes, a través de los parlamentos plurinacionales, y “no seguir apareciendo como desestabilizadores”; ello había sido manifiestamente desoído por la actual dirigencia y se había seguido especulando con la caída del gobierno; en ello la dirigencia indígena shuar lo había expresado abiertamente, pero los resultados de la marcha amazónica habían sido pírricos, de una supuesta convocatoria de 20 mil manifestantes, apenas trescientos llegaron a Quito, y peor aún luego actuaron como provocadores de la Asamblea de Autoridades del ALBA convocada precisamente para tratar la plurinacionalidad en el eje andino.