ASAMBLEA LEGISLATIVA

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA

Se comenzó a evidenciar un distanciamiento entre la acción de gobierno y la acción legislativa de APAIS, mientras Correa ha dicho que es necesario radicalizar la revolución y para ello ha extremado la necesidad de una legislación acorde al proceso constitucional; el Presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que es necesario llegar a acuerdos y consensuar. Esta posición se ha hecho evidente en el distinto tratamiento a la Ley de Educación Superior cuanto al informe del CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades) . Igualmente en el tratamiento de la Ley de Comunicaciones y de la Ley Orgánica del Servicio Público; en el tratamiento a la denuncia de 13 Tratados Internacionales lesivos a la soberanía nacional, etc.

Y tal cual lo anunciara el Presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, se empieza a retroceder en algunos aspectos buscando el consenso. Ahora ha sido el turno del asambleístas César Rodríguez (AP) quien ha dicho considerar necesario que se revea el informe presentado por el presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), documento que contiene la evaluación global de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, por considerar que no tiene los sustentos necesarios para establecer los resultados que contiene, en donde existen conclusiones como la depuración de 26 universidades que están dentro de la categoría E. En esta posición ha sido secundado por el asambleísta Escala del MPD.

Pero igualmente la Asamblea se ha subsumido al chantaje de la oligarquía criolla en la necesidad de revisar el Código Penal en el objetivo de endurecer las leyes para detener una supuesta ola delincuencial, al paso han salido voces en Carondelet, del Secretario Jurídico de la Presidencia, alertando que el verdadero problema es la venalidad de los jueces, así como la falta de aplicación de los nuevos procesos administrativos, como la oralidad de los juicios; y por último ha terminado llamando a una evaluación general de cada uno de jueces.

Y, es que la preocupación mayor del Presidente de la Asamblea, es mantener un bloque de mayoría que les permita aprobar leyes consideradas claves para dar viabilidad a la Constitución. Pero del mismo afán se aprovecha un grupo de asambleístas independientes como el ADE, que incluso ha llegado a amenazar y chantajear con retirar su apoyo a cambio de que se le permita la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME; a la final ninguna de las dos situaciones se ha producido.

Igualmente las encuestas de opinión dan cuenta de un desgaste del nivel de aceptación ciudadana al trabajo de la Asamblea Legislativa, sobre lo cual se tejen mayores especulaciones.

Igualmente otra de las Leyes que han generado posiciones divergentes en el seno de AP ha sido la conclusión de la propuesta de la Ley de Comunicación, para el Presidente de la Legislatura, hay que sacar del proyecto el registro de medios y la posibilidad de que puedan estos ser suspendidos por alterar el orden público, luego de un informe del Consejo de Seguridad Nacional.

A pesar de ello en el tratamiento de la ley de comunicación, se ha mantenido en firme el principio de la “responsabilidad ulterior” en el ejercicio periodístico. De otra parte el Coordinador de la auditoría de la concesión de frecuencias a los medios de comunicación, ha denunciado que las pugnas al interior del gobierno, en especial el conflicto de intereses del Contralor del Estado, estarían evitando que se dé el informe definitivo sobre la concesión de frecuencias y sus recomendaciones de revertir más de 200 concesiones fraudulentas que el Gobierno ha dicho entregará a sectores sociales alternativos.

Igualmente el gobierno ganó legitimidad en su lucha por implementar la ley de comunicación que entre a regular desde la sociedad civil los desafueros de una prensa y medios de comunicación, que en las últimas décadas ganaron un inmenso poder, dedicado a alentar el consumismo, la aculturación, a mantener el estatus quo y a poner y tumbar gobiernos. Ello se dio a partir de que el mismísimo Relator de Naciones Unidas calificará de “retrógrado” el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP, quien se encuentra en el país para actuar como veedor en el tratamiento de la nueva Ley de Comunicación del Ecuador.

La permanente confrontación del Gobierno con una prensa venal y corrupta ha ido generando el escenario posible para la expedición de la ley de comunicación aprobada por la comisión especial nombrada para el efecto y que ha concluido con una propuesta en la cual se mantiene en lo fundamental la propuesta del ejecutivo, el democratizar la comunicación a la vez que poner mayores y mejores controles y sanciones a un poder omnímodo que se acostumbró a poner y quitar gobiernos en estos últimos 30 años.