1. ACCION DE GOBIERNO
El prolongado estiaje que soporta el país obligó al gobierno a declarar la emergencia eléctrica que permitió el ahorro forzoso de energía mientras se negoció suministros extras, especialmente con el Perú, se rehabilitó parte del parque termoeléctrico y se negoció con Cuba la cesión de cupos para adquirir planta termo eléctricas; a más de ello la lenta recuperación del caudal de la represa hidroeléctrica Paute, permiten avizorar que el ofrecimiento del gobierno de terminar los apagones hasta el 15 de diciembre se hará realidad.
El gobierno a más de enfrentar la crisis eléctrica del país, hubo de desmentir y denunciar la indolencia de los gobiernos neoliberales anteriores, quienes a más de privatizar, dejaron por fuera de sus planes, el incremento de la capacidad energética del país, especialmente en lo que se refiera a la construcción de sistemas hidroeléctricos.
A la vez se informó sobre la inversión que ha realizado el Gobierno de la Revolución Ciudadana en estos tres años de gestión en el área energética “nosotros en tres años hemos invertido $474 millones, es decir el 80 por ciento más que los otros hicieron en 12 años”. Dijo que el Gobierno hasta el 2016 invertirá un total de 7.530 millones de dólares, con lo cual la energía se incrementará 3700 megavatios y recordó que los gobiernos anteriores durante 15 años únicamente lograron una capacidad de 443 megavatios. Actualmente la capacidad de generación eléctrica es de 3.400 megavatios y se espera que hasta el 2016 duplicar la potencia instalada a 7.100 megavatios. “Vamos a pasar de ser importadores a exportadores netos de energía”.
En el plano político se notan fricciones al interior del bloque del partido de gobierno, Alianza País, pero también con aliados cercanos del Partido Socialista, e igualmente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador – FENOCIN, quienes en su último Congreso Nacional se han lamentado por la falta de profundidad en la política agraria del Gobierno y han resuelto mantener un apoyo crítico al Gobierno.
De otra parte hay informaciones contradictorias del avance de las mesas de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, si bien por una parte se dice que se ha avanzado en un 90 los acuerdos sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, de otra parte se manifiesta que esta mesa estaría en suspenso hasta ver en qué termina el primer debate sobre esta Ley en la Asamblea.
Igualmente los sectores terratenientes que tradicionalmente han acaparado el agua, se han puesto en alerta ante la posibilidad de que se aplique más duramente la revisión de todas las concesiones del agua y se endurezca su trámite en base a las nuevas consideraciones tanto constitucionales como legales. Igualmente estos mismos sectores ven con preocupación los reiterados llamados del gobierno y del mismo Plan de Desarrollo de propiciar una más justa redistribución de la tierra.
En la Asamblea Legislativa se dio el primer debate sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, previo a ellos se estableció una mesa de diálogo con el movimiento indígena, de la cual salieron importantes insumos que se procesaron en la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y que definen con mayor precisión el papel de las juntas de regantes y usuarios de los sistemas comunitarios en el control y la gestión del agua, igualmente se visionó la necesidad de constituir un Consejo Plurinacional de Control y Gestión del Agua, a la vez que se demanda la participación del sector público y/o comunitario en el menos el 51% en la gestión, uso y aprovechamiento de las fuentes termales, de las industrias de embotellamiento del agua, que mención aparte significan ganancias de 300 millones de dólares anuales . Igualmente se solicita establecer mecanismos para que desde ya las concesiones a más de revertirse al sector público entre a ser redistribuidas, en razón al mismo mandato constitucional, que prevé la realización de un censo para el efecto y del cual nada o poco se ha adelantado. El informe del primer debate deberá estar para el inicio del 2010.
En la mesa de circunscripciones Territoriales Indígenas que constará en el Código Territorial, Luis Yampis Tsenkush, dirigente de territorio de la Conaie, junto a Valerio Grefa, Inés Shiguango y otros representantes de la Confeniae, organización de la regional amazónica, expresaron su respaldo a lo establecido en el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto a la existencia de uno de los regímenes especiales, las circunscripciones territoriales indígenas (CTIs).
En cambio el Presidente de la CONAIE, Marlon Santi, estuvo en Washington pidiendo que la relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas de la OEA delegue representantes a las mesas de diálogo, pues temen verse defraudados por el Gobierno. A más de ello, Santi hizo lobby con el personal asesor del senador demócrata McGovern en demanda de mayor atención desde el gobierno ecuatoriano; en la misma posición la Asambleísta indígena del Movimiento Pachakutik, Lourdes Tibán, propuso se consulte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la OEA con sede en Washington, sobre la legalidad de la Ley de Comunicaciones, lo que fue rechazado por la mayoría de la Asamblea por considerarlo lesivo a la soberanía nacional.
De su parte el Gobierno ha manifestado que ha sido este quien ha solicitado en otras ocasiones la visita del comisionado de pueblos indígenas de la OEA. En el fondo, el asunto que ha dado origen a este nuevo distanciamiento es la campaña del gobierno a favor del desarrollo de la minería en el país, y la firma de los reglamentos para la viabilización de la ley; en los que se rescata una mayor claridad las acciones de control y remediación ambiental, la disposición de que el 50% de las regalías vayan para el Estado; la creación e instalación del Directorio de la Corporación Estatal Minera, la creación del Instituto de Geología y Minas, etc.
Rafael Correa dijo que la exportación de minerales comenzará muy probablemente en el año 2012 durante un acto con miles de mineros en la ciudad de Zaruma, al sur del país. Actualmente, la actividad se encuentra en una etapa de exploración y mantiene concesiones con empresas canadienses para desarrollar algunos proyectos de oro, cobre y plata. Con la firma del reglamento se pondrá en marcha la ley, que autoriza la minería a gran escala, y se podrá retomar la actividad. Pero las firmas que mantienen sus concesiones deberán esperar una aprobación final de sus proyectos. En el país operan las firmas canadienses Kinross; Im Gold, Corriente, entre otras.
El sector de la pequeña minería y de la artesanal también será regulado en sus procesos de extracción. Según la Cámara Nacional de la Pequeña Minería, alrededor de 90.000 pequeños mineros viven de esta actividad en el país. La pequeña minería genera 400.000 puestos de trabajo en todo el país. Eso lo dijo el gremio y dijo que este cálculo incluye a la minería metálica y no metálica. El reglamento regulará a las compañías en el pago justo de salarios, el cuidado de la naturaleza y el pago de impuestos, entre otros. También hace hincapié en el control a la minería ilegal. “A quienes no cumplan con la ley, no se les dará el permiso de operación y sus maquinarias serán decomisadas”, advirtió Correa.
Por otra parte, el gobierno al transparentar el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades del Ecuador CONEA, que fuese estructurado por disposición constitucional, y cuyos resultados demandan la depuración de 26 Universidades de un total de 76 centros de educación superior, disminuyó considerablemente la imagen de quienes supuestamente protestan por la sola autonomía universitaria, poniendo al descubierto un entretejido de corruptelas en la otorgación y acreditación de títulos universitarios, así como de aquellos de posgrado. A pesar de ello la movilización estudiantil no dejó de ser masiva en la ciudad de Quito y en el mismo seno de la Asamblea Legislativa, sin embargo de ello el gobierno ha dicho no cederá en la necesidad de reformar la educación superior y establecer políticas y controles por fuera del actual Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas - CONESUP, organismo puramente gremial y corporativo .
Pero, también el gobierno ha entrado a gestionar una amplia agenda social y de desarrollo , como parte del proceso de radicalización de la revolución ciudadana, lo que indudablemente le generará réditos políticos en apoyo popular y ciudadano; y le asegurará una mayor gobernabilidad en el corto plazo, ante un panorama en el cual se darán importantes pasos en lo legislativo, cuanto en el marco político institucional del Estado, por ejemplo con la aprobación de leyes como la reforma a la ley tributaria, la ley de comunicación, la ley orgánica de educación y ley de educación superior, la ley de aguas, el código territorial; igualmente en este período se dará luz verde a la exploración minera, se traslucirá los informes de la comisión sobre los sucesos de Angostura, el informa de la comisión de la verdad sobre la represión en el gobierno de Febres Cordero ; la aprobación de la auditoria y reversión de las concesiones de frecuencias , la liquidación de los bancos cerrados , la elección del Consejo de Participación Ciudadana y la elección de la nueva Corte Nacional de Justicia.
Todo lo cual indudablemente generará reacciones de sectores corporativos, que podrían desequilibrar la correlación de fuerzas que hasta el momento se muestra ampliamente favorable al gobierno de la revolución ciudadana.
Este escenario se vio de manera clara con el levantamiento indígena que aglutinó o dio fuerza a sectores aislados que igualmente protestaban desde sus propios intereses, y con el apoyo mediático opositor de los grandes medios de comunicación, la situación rápidamente se salió del control del gobierno y hubieron de extremarse medidas para salir de la crisis de gobernabilidad, que cobró el precio de una baja de popularidad y el desgaste de la imagen social del gobierno . La posibilidad a mediano plazo de una estructura organizativa mayormente solida de PAIS pasa por la convención nacional del partido de gobierno que se dará a inicios del 2010; hasta mientras la pugna interna se mantiene en varios frentes.
Pero al momento el Gobierno ha retomado la iniciativa, pero así mismo sectores sociales con los cuales se ha abierto un espacio de diálogo, podrían fácilmente retomar la iniciativa de movilización y confrontación con el gobierno.
Es por ello que el gobierno a más de paliar la crisis energética se ha reunido con pequeños, medianos y grandes empresarios a los cuales les ha abierto una agenda de productividad en miras a resarcirse de los efectos de la crisis mundial, cuanto orientado a la generación de empleo productivo . A los trabajadores se les ha ofrecido un salario justo de 320 dólares mensuales en las empresas que generen alta rentabilidad. A los profesores se les ha ofrecido una homologación salarial que prácticamente duplica sus actuales salarios (60 mil beneficiados con un costo de 100 millones de dólares anuales); en el caso de las mesas de diálogo con el movimiento indígena se han abierto amplias expectativas en la gestión de espacios de poder institucional como el CODENPE, y las circunscripciones territoriales indígenas, se ha avanzado grandemente en la aprobación de un 60% del articulado de la Ley de Aguas, y con las últimas reformas a la Ley Orgánica de Educación en la que se avala ampliamente el sistema de educación intercultural bilingüe se cierra en gran parte la fuente de conflicto con el movimiento indígena.
Así mismo a importantes sectores de la clase media se les ha servido con mayores beneficios de la seguridad social (préstamos hipotecarios) y se ha abierto una línea de financiamiento de programas habitacionales de hasta 60.000 dólares con un bono de 5 mil dólares.
En el contexto de la proforma presupuestaria del Estado para el año entrante, en el marco cuatrienal del Plan plurinacional de desarrollo para el sumak kawsay , el gobierno no sólo que mantiene la inversión social, sino la incrementa sustancialmente, de tal manera que el presupuesto del 2010 alcanza los 21 mil millones de dólares.
Así todo, el gobierno de la revolución ciudadana intenta mantener un discurso y una acción radical, en muchos campos, ahí se entiende lo dicho por el Director del Senplades, “Este Estado que se ha construido es un Estado burgués, corporativizado y privatizado. Buscamos romper ese Estado burgués y esa es la apuesta que ha hecho el Gobierno. Por eso hay tanto ruido en los sectores que estamos actuando”, pero enseguida confrontado ante la manifiesta inquietud de sectores oligárquico – terratenientes sobre la posibilidad de la expropiación de tierras , se morigera, diciendo que este será un proceso paulatino mediante diálogos, de negociación, de compra de las tierras, para luego ser distribuidas.
Dice que al momento la prioridad son las 130.000 ha. que se hallan en poder del Estado; a más de las que están ingresando en un catastro de tierras improductivas; y el diseño de una intervención al estilo de un desarrollo rural integral (agua, crédito, tecnología, capacitación). Para ello se ha adelantado por la iniciativa del Ministerio de Agricultura una comisión de veeduría campesina a la que se le presentará y entrará a discutir el Plan de Tierras, veeduría en la cual brilla por su ausencia la CONAIE .
Pero funcionarios del Gobierno dan dilatorias a la aplicación del salario justo que se dijo se efectivizaría a inicios del año 2010, ahora voceros del mismo gobierno han dicho que las reuniones entre empresarios, trabajadores y gobierno, analizarán únicamente un incremento salarial al mínimo vital, y el salario digno de 320 dólares, será aplicado una vez que las reformas a la Ley Laboral sean aprobadas en la Asamblea Nacional. Mientras tanto los dirigentes sindicales han ido incluso más allá planteando la vigencia desde enero del salario de 320 dólares, sin tocar el porcentaje de utilidades y no mediante la implementación de bonos.
En un discurso que diera el Presidente Correa en su visita a Bélgica se ha abundado sobre las definiciones ideológicas del Socialismo del Siglo XXI, en el se da cuenta de una mezcla de humanismo cristiano, de ecologismo social, de planteamientos socialdemócratas de avanzada, como una economía centralmente planificada, un estado benefactor y centralizado, así como la concentración en manos de éste de importantes empresas y sectores estratégicos ; igualmente su doctrina está matizada con algunos elementos del socialismo científico. Pero igualmente hay un deslinde teórico de las posiciones del socialismo marxista revolucionario, que demuestran el límite de la revolución ciudadana, tanto en su contenido ideológico – político, cuanto en su contenido programático.
La apuesta es a un escenario de profundas reformas a nivel del Estado y la sociedad, pero sin llegar a afectar la propiedad privada de los medios de producción y tampoco ir a una transformación violenta y peor aún al ejercicio de un poder dictatorial dentro de un estado proletario. A pesar de ello, la reacción burguesa le parece abominable esta sola palabra – socialismo- pero igualmente han surgido voces de un ala de las más derechistas de la Internacional Socialista, igualmente abominando el decir y hacer de la revolución ciudadana. Todo ello en mucho motivado por el llamado que hiciese el Comandante Hugo Chávez de ir a la conformación de una V Internacional.
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