ACCION DE GOBIERNO

ACCION DE GOBIERNO

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

La recomposición del apoyo político del pueblo ecuatoriano, al gobierno de la revolución ciudadana, desgastado en el trajín de la gestión política y en la gobernabilidad del Estado, era una necesidad evidente y que estuvo agendado en diferentes momentos de la coyuntura política. Era evidente igualmente que la derecha y otras fuerzas opositoras, buscaban igualmente medir fuerzas con el gobierno en el terreno electoral partiendo de su iniciativa y en un escenario propio; para ello la derecha había iniciado una campaña política a través de los medios de comunicación, magnificando una supuesta inseguridad ciudadana; vieja treta política de la cual la derecha ha cosechado apoyo ciudadano en contra de gobiernos progresistas en diferentes países y procesos; y para solucionarlo insistía en ir a una Consulta Popular.

Advertido de esta situación el Gobierno de la revolución ciudadana, reviró la carta de la propuesta de consulta popular a la cual se enfocaba la campaña de la derecha, haciendo de ella un baluarte para destrabar el proyecto político de la revolución ciudadana y fortalecer la democracia.

Para ello no sólo incluyó en la agenda de la consulta, el tema de la seguridad ciudadana y la limitación de la prisión preventiva así como de medidas alternativas a la prisión, sino una propuesta de reestructuración del aparato jurisdiccional y del Consejo de la Judicatura, de la penalización del enriquecimiento ilícito, la limitación al oligopolio del capital financiero y de los grandes medios de comunicación; la implementación de un consejo de regulación de los contenidos de los medios, entre los principales temas, a los cuales se adoso reclamaciones de tipo social – cultural, como la prohibición de espectáculos públicos en los que se de muerte a animales; la limitación de los juegos de azar; y la penalización de la no afiliación de los trabajadores a la seguridad social.

En el ínterin el gobierno sopeso la viabilidad y el riesgo de armar a la oposición de derecha e “izquierda” con temas como la compra de renuncias a los funcionarios públicos y el manejo del proyecto ITT – Yasuni; por lo que estos fueron dejados de lado; ello no quiere decir que en la agenda del Gobierno no exista la firme determinación de avanzar a pasos acelerados con las leyes y proyectos actualmente existentes a una profunda reestructuración del Estado; al igual que a propiciar una amplia reforma democrática de la propiedad y en especial de la tenencia de la tierra, procesos que no solo alientan la profundización y ampliación de la democracia, sino que constituyen el programa sine qua non de una revolución democrático – burguesa; la cual, a través de una economía centralmente planificada y un estado redistribuidor, de justicia social y soberano, acerca a la definición del socialismo del siglo XXI.

La propuesta de consulta implicaba reformas constitucionales, de ahí que a cinco de ellas se les asignó a referéndum; y todas ellas sujetas a resolución de constitucionalidad de parte de la Corte Constitucional.

La aprobación final por mayoría de votos de este cuerpo colegiado, con modificaciones de forma, estuvo sometido a múltiples presiones, especialmente desde la derecha oligárquica y en la cual nuevamente coincidieron los sectores llamados de “izquierda” que ven en esta consulta la oportunidad de someter a referéndum el ejercicio de gobierno de Correa y Alianza País; dejando de lado cualquier oposición de principio y escudándose en la manida intangibilidad del sistema judicial, de la misma Constitución y de los derechos ciudadanos, se opusieron a la misma consulta popular pugnando para que se la declare inconstitucional la Consulta.

Debido a lo endeble e inconsecuente de esta posición, luego, aunaron sus voces para solicitar la convocatoria a una nueva constituyente que supuestamente se encargaría de la reforma de las 5 enmiendas planteadas; planteamiento en el que evidentemente los sectores de la oposición de la derecha y la “izquierda” buscaban el escenario para echar abajo al gobierno de la revolución ciudadana, y en la que los sectores de derecha buscaban acabar con la misma Constitución.

Por último ante los hechos consumados, de la convocatoria a la Consulta, se han aunado en varios frentes, pero todos ello por el No; y, ante el evidente apoyo popular al Gobierno, a la misma consulta, como al voto afirmativo; no les ha quedado más que orillarse a la más burda conspiración, anunciando desde ya la existencia de un fraude o la insistencia en que la Consulta es un golpe a la Constitución. Con el cual preparan el terreno para en última instancia tratar de justificar un nuevo intento de golpe de Estado.

Pero lo llamativo en el escenario político, a partir de la presentación de las preguntas para la Consulta, ha sido el destaparse del oportunismo y la traición descarada de algunos asambleístas del mismo APAIS, así como de aliados de la izquierda oportunista en el mismo gobierno, que han visto este el momento de pasar a la oposición.



Así, se produjo la separación anunciada de los miembros del llamado movimiento Ruptura de los 25, organización de la izquierda “light” creada a instancias de la ayuda solapada de la USAID a través de la Fundación Esquel, vía NED-PROJUSTICIA, que reúne en su seno una intelectualidad supuestamente progresista de algunas universidades de élite en el país (U. Católica y San Francisco) y que en el plano legislativo su máxima figura es María Paula Romo, activista estudiantil de la PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) que surgió como figura política en medio del reclamo de los estudiantes de la Católica que en ese entonces se oponían al recambio de la Corte Suprema de Justicia, propiciada por el Coronel Gutiérrez en consenso con el PRIAN, el PRE y el MPD.



Igualmente este fue el momento para que el arribismo y el oportunismo político de un Alberto Acosta se muestre de cuerpo entero; haciendo ambages de gran constitucionalista, cual león tronante en defensa de una sempiterna constitución, se ha opuesto de manera rotunda a que se consulte al pueblo ecuatoriano sobre la necesidad de la reforma y reestructuración del aparato judicial; denunciado supuestos intentos dictatoriales de Correa.

De la misma manera pero de forma más rastrera el ex – Ministro de Seguridad Interna Gustavo Larrea, que días antes pugnaba por reingresar al Gabinete; hizo igualmente un llamado a la oposición a la Consulta Popular y luego ha llamado a votar No en la misma, acusando al Gobierno de haberse derechizado.

De parte de la llamada “izquierda radical” ahora en la extrema izquierda de las posiciones de derecha, era previsible que su discurso iba a coincidir nuevamente con el discurso de la derecha, por fuera de toda posición de principio, y buscando únicamente la caída del gobierno de Correa, se han pronunciado unos por la inconstitucionalidad de la Consulta, otros por el No en la consulta.

El movimiento indígena liderado por la CONAIE y cuya dirección aún se encuentra en manos de una dirigencia falta de principios, no sólo que se han opuesto a la consulta, sino que desde ya se han anotado en militar a favor del No; y para ello de manera maquiavélica, nuevamente buscan tergiversar el sentido de esta, propagando la idea de que las reformas constitucionales previstas para mejorar el nivel de seguridad ciudadana, será “para echarles a todos ellos a la cárcel”.

De manera más franca, ágil y agenciosa Lucio Gutiérrez y su banda, han ofrecido liderar la oposición al gobierno en la consulta llamando desde ya a votar No.

En este escenario, la respuesta desde el gobierno ha sido profundizar en un inicio el debate, la defensa y la difusión del derecho del pueblo a ser consultado; a la vez que enrostrar a los traidores y oportunistas del mismo gobierno así como de la llamada izquierda; y a la colusión dolosa con la derecha oligárquica.

En el primer aspecto el gobierno ha centrado su discurso en esclarecer que la comisión técnica de tres delegados que reemplazaría de manera transitoria al Consejo de la Judicatura, para nada obsta, a que el procedimiento para nominar a la nueva Corte Nacional de Justicia, se deba hacer según manda la Constitución, esto es mediante concurso de oposición y merecimiento y con amplias veedurías ciudadanas.

De por medio las iniciales encuestas realizadas por empresas serias (SP) daban cuenta de la disposición del 75% de la población a favor de la consulta y de un 57% de aprobación en la necesidad de reformar el sistema de justicia.



En la aprobación de la Consulta Popular por parte de la Corte Constitucional, medió no solo las amplias referencias constitucionales y legales que apoyaban tal medida, ante los cuales los argumentos de la oposición se quedaron cortos; también peso el amplio respaldo popular a la Consulta, en mucho debido a la tenaz campaña que el Gobierno y el Presidente Correa desarrollaron en diferentes espacios y a través de diferentes medios, en la cual se puso énfasis en el carácter democrático de la misma y como la mejor manera de destrabar el proceso político institucional en instancias de las funciones legislativa y judicial especialmente; que desde la aprobación de la nueva constitución en el 2008, no han sido capaces de reformular y democratizar sus procesos institucionales, entrabados por visiones corporativas o francamente corruptas y clientelares.

Correa explícitamente endosó igualmente que sectores de la banca y de la prensa están interesados en que no sea aprobada la pregunta de la consulta que establece límites claros para quienes tienen actividades financieras y para quienes tienen medios de comunicación, calificando de “mezquindad” a la actitud de los sectores que –con la intención de oponerse al Gobierno- le quitan al pueblo el derecho de expresarse. De igual manera arremetió contra la oposición de los llamados “defensores de Montecristi” liderados por Alberto Acosta, enrostrándoles su doble discurso, inconsecuencia y fetichismo .

Además Rafael Correa, volvió a mencionar que habría evidencia, de que grupos de oposición en el Ecuador estarían recibiendo financiamiento internacional así como sucedió en Venezuela y Bolivia. Dijo además que esta evidencia no se la dará a conocer aún hasta profundizar las investigaciones, de cómo ciertos grupos de extrema derecha de Ecuador y Estados Unidos han financiado a grupos opositores al Gobierno aquí en Ecuador. Asimismo, explicó que la estrategia de esos grupos de extrema derecha, “que ya no están en el gobierno estadounidense y que no son auspiciados por la política del presidente Barack Obama y que no los controla, se escudan en grupos como think thanks (tanques de pensamiento) y fundaciones para financiar a sectores de oposición”.

Afirmó que “hay toda una campaña de tergiversación y manipulación, en complicidad con cierto medios de comunicación nacionales, y una serie de formas, de documentos que insultan a la razón, donde quieren hacer pasar a los gobiernos de verdadero cambio como dictadores, antidemocráticos, que atentan a los derechos humanos, que quitan a la libertad de expresión”.

Cuestionó ciertas acusaciones de que en el Ecuador no exista libertad de expresión o que desee perpetuarse en el poder calificándolas como mentiras que se tratan de difundir afuera y dentro del país por parte de esos grupos que están conspirando permanentemente.

POLITICA HACIA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Igualmente el Presidente Correa, en el mismo enlace sabatino y gabinete itinerante en el cantón Cotacachi, mayoritariamente de población indígena kichwa, se expresó de un lado la importancia que el gobierno viene dando a la población indígena, cuanto el amplio respaldo de esta a la gestión de gobierno.

Entre las bases de los pueblos indígenas atrás van quedando los recelos y temores infundados sembrados por una dirigencia que ha perdido contacto con la realidad política y se ha lanzado a una oposición ciega, de la cual políticamente cosecha la derecha y el imperialismo. En esa ocasión Correa no dudo en criticar y fustigar la posición de una parte de la dirigencia indígena, a la vez que resaltar el apoyo logrado en la dirigencia indígena de la amazonia con motivo de la legalización de aproximadamente 200 mil hectáreas de territorio indígena para la población kichwa del Pastaza; al igual que el acelerado proceso de institucionalización de las circunscripciones territoriales indígenas, y la puesta en funcionamiento de radioemisoras para estos pueblos; marco de reuniones en las cuales estuvo presente el mismo Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – Confeniae, lo que da cuenta de la correlación de fuerzas que existe al interior de la otrora poderosa Conaie, la cual se apresta a un proceso eleccionario interno.