ENERGIA, PETROLEO Y MINERIA

ENERGIA, PETROLEO Y MINERIA

El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos, presentado ayer por el Ejecutivo, entrega el manejo del sector a empresas públicas y mixtas, las cuales tendrán un único tipo de contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos: Prestación de Servicios. La nueva normativa establece una participación activa del Estado en el sector petrolero y reduce la participación privada a un tema excepcional. El sector hidrocarburífero es considerado estratégico para el país. La propuesta de un contrato único de prestación de servicios tiene como objetivo que el 100% del crudo vaya al Fisco, el cual reconocerá los costos e inversiones que hagan las compañías privadas. Hoy, unos 200.000 barriles diarios de crudo del país son generados por firmas privadas. De ese volumen, las privadas entregan un 36% al Fisco y el resto (64%) se llevan como pago de costos, inversiones y utilidades. Para evitar esto, el proyecto de ley crea un “fondo de soberanía petrolera”, que obliga a las privadas a dar al Fisco el 20% de su ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto garantiza un pago al Estado sin importar cuál sea el precio del crudo. Otro cambio importante del proyecto es que elimina la obligatoriedad de concursos para adjudicar contratos. Estos se podrán dar en forma directa.

Ecuador podría nacionalizar las operaciones privadas de petróleo en el país, si se detectan irregularidades en los contratos entre las compañías y el Estado, dijo el ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja. Nacionalizar lo que está irregular (...) Debemos actuar con seriedad, con transparencia y en su momento ser enérgicos", el pedido se efectúa porque el Jefe de Estado “ha planteado el Compromiso Presidencial: Análisis para Nacionalización de Transnacionales”. De su parte el sector petrolero privado del país mira con preocupación la decisión del Régimen de iniciar un análisis de la nacionalización de transnacionales.

El artículo 313 de la Constitución señala que se consideran sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico (radio, televisión, telefonía...) y el agua. El análisis se extenderá al sector minero y a otros sectores claves de la economía local. Con respecto al OCP, el Gobierno podría pedir una participación de sus ingresos o bien reducir el tiempo de concesión de la obra, según fuentes cercanas al proceso.

De su parte el ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, aseguró que con la nueva Ley de Minería, el Estado recupera la capacidad de control, de regulación y capacidad de gestión de los recursos naturales no renovables. El funcionario explicó además que se establece un sistema de cobro efectivo de regalías por la exploración y explotación en áreas concesionadas, para que sean redistribuidas a las comunidades que pudieran ser afectadas por proyectos mineros. Entre otras cosas, Pinto recalcó la necesidad de socializar en conjunto, planes integrales y efectivos con todos los sectores involucrados en el tema para evitar afectar al medio ambiente; para impulsar la creación de la nueva Empresa Estatal Minera; para identificar los beneficios de la explotación minera responsable; y los nuevos proyectos mineros previstos en el país. Esta entidad se encargará de manejar los principales proyectos mineros y podrá realizar todos los acuerdos estratégicos y las alianzas con diferentes tipo de organizaciones, incluso con comunidades, a fin de lograr un mejor desarrollo de la minería en el Ecuador. Adelantó que el Gobierno prevé tener listo el nuevo reglamento minero antes de que finalice el mes y sostuvo que la creación de una empresa estatal minera, como contempla la nueva ley, dará "mucha más concreción" al desarrollo de las iniciativas del sector. "La tragedia de la Amazonía es que el Estado no ha estado presente, así que se han ido construyendo toda una serie de relaciones perversas entre las compañías y las comunidades, en que las compañías han entrado a suplir al Estado mediante acuerdos (...), incluyendo mecanismos de corrupción, con las comunidades".

05 de octubre del 2009

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http://www.sigob.gov.ec/decretos/Decretos20092013.aspx