RADICALIDAD INDIGENA

LA RADICALIDAD INDIGENA

La radicalidad del levantamiento indígena, promocionado por el temor centenario de la exacción y expropiación sobre bienes que constituyen la vida misma, ha cerrado toda opción de diálogo; pero ha encerrado a su vez a los mismos actores del mismo. De un lado el Gobierno se debate en la ausencia de votos suficientes en la Asamblea Nacional; sin ceder ante el chantaje de la derecha; y, de otra parte el movimiento indígena encerrado en sus propios fueros sin la fuerza y el apoyo moral del grueso de la población indígena y no indígena, que duda de la fuerza del levantamiento, cuando las principales provincias de mayor población indígena, no se han movilizado.

El escenario de confrontación del Gobierno con una parte del movimiento indígena, de hecho debilita su legitimidad social y allá ha estado dirigido desde el inicio la estrategia de la burguesía, de la oligarquía y del mismo imperialismo, pues de esta manera, la radicalidad que este debía ir proyectando en el escenario político, económico, social, militar e internacional, se verá refrenado; mientras los títeres (Lucio Gutiérrez – Carlos Vera) de las posiciones oligárquico – burguesas e imperialistas tratan de ganar protagonismo. En esta estrategia incluso se alienta a las posiciones más de derecha y oportunistas del movimiento indígena en la posibilidad de consolidar a futuro frentes electorales; así es cada vez más patético el acercamiento de Lourdes Tibán a sus viejos aliados, la Sociedad Patriótica, devenido en grupo de containteligencia y subversión y que al momento se mantiene activo en las mismas comunidades indígenas realizando labor de zapa, minando la confianza en el gobierno y alertando sobre los peligros del “socialismo” y “comunismo”.

De otra parte Auqui Tituaña, ex – Alcalde de Cotacachi, a pesar de que incluso renunciase al movimiento Pachakutik luego de su derrota electoral a la Alcaldía; y de haberse comprometido abiertamente con la candidatura de la derecha oligárquica, anticomunista y pronorteamericana de Carlos Vera, fue candidato opcionado a la Dirección del movimiento Pachakutik, derrotado en su elección, pero no en sus tesis, aprobadas por el Congreso, abiertamente anti – correistas y peor aún provocadoras ante la Cumbre de Presidentes del ALBA y de los movimientos sociales de ocho países que se reunirán en Otavalo del 4 al 5 de junio.

La cerrada oposición de la Asamblea y la endeblez misma de los aliados coyunturales, ha llevado a que incluso el Gobierno considere el escenario del archivo de la ley de aguas, considerando que es posible llevar adelante una reforma en el sector, utilizando la ley actualmente vigente; ello incluso ha sido lanzado como reto a la oposición indígena, que ha hecho de esto el leit motiv de su movilización.

La visión, de la creación de Consejos, aparentemente democráticos, esconde una desviación “democratista” en la versión de “democracia participativa” del Banco Mundial y de los organismos de gobierno mundial, empeñados en preservar y vacunarse contra la asunción de gobiernos clasistas y/o nacionalistas revolucionarios, con programas socialistas, a la dirección del Estado. Para ello estos organismos de gobierno mundial han estado empeñados durante décadas de la creación de una supuesta representación “ciudadana”, de una “sociedad civil” por fuera de las clases sociales, consejos fuertemente corporativizados que entrando supuestamente a disputar el poder del Estado, no hacen más que cumplir los designios de estos organismos de gobierno mundial; uno de los referentes máximos de esta estrategia es la apuesta “glocalizada” a un ecologismo social, que igualmente ausente de consideraciones de orden social, político y económico, solamente mira por la preservación prístina del hábitat y la ecología; y que para que resulte más paladeable para lo variopinto de fundaciones ecologistas gringas, y como anzuelo para los pueblos originarios se ha disfrazado de ideología pachamámica pero que igual se lo vende como misticismo.

En el marco de la nueva movilización indígena por el agua, se notó el peso cada vez mayor de interlocutores de los pequeños agricultores blanco mestizos empoderados de juntas de agua y regantes, y cuyos intereses están más bien centrados en manejar un supuesto fondo del agua .

EL PRIMERO DE MAYO

La conmemoración del día internacional del trabajo, ha sido siempre el escenario para mirar una correlación de fuerzas del sindicalismo versus la patronal y el Estado. En el momento presente, cuando el gobierno de la revolución ciudadana ha iniciado una profunda reestructuración del esquema del Estado y asumido con entereza la reivindicación de amplios sectores marginados; este Primero de Mayo, en mucho ha permitido mostrar la estrechez de miras y acciones del gremialismo sindicalista, perdido en el economicismo y la cooptación de su dirigencia en la vieja práctica clientelar de la contratación colectiva; que se ha visto normada, desde la misma Asamblea Nacional Constituyente; que puso coto al abuso y la corruptela que reinaba especialmente en las llamadas empresas doradas del Estado y del servicio público, las cuales habían dejado ingresar en su seno a la mediana e incluso alta burocracia estatal, que por un lado se manejaba con la Ley de Servicio Público y por otra con el Código del Trabajo, y en ambos casos en aquello que mejores prebendas y garantía prestase para su peculio.

Más aún, a más de los contratos altamente onerosos para el Estado, y la deficiencia del servicio público, mucho de este sector sindical pasó a ser parte de la corrupción institucionalizada. Han sido estos sectores, que en mucho continúan direccionados por una burocracia sindical oportunista, los que han planteado un frente de oposición al actual gobierno; y eso de una u otra manera se ha traslucido en las consignas de gran parte de los sindicatos, en rechazo a una supuesta política antiobrera del Gobierno.

Pero igualmente sectores de APAIS y aliados en el campo sindical y gremial se manifestaron este primero de mayo, en la propia ciudad capital, Quito, en la que por referencias de prensa se dice que al menos siete cuadras de manifestantes convergieron hacia la Plaza Grande. En el caso de Guayaquil el apoyo al gobierno fue más patético, debido al carácter empresarial y oligárquico del gobierno local de Nebot y a la dura arremetida del gobierno en contra de esta prepotencia.

Al inicio del mes de mayo el Gobierno se empeñó y en parte logró bloquear el levantamiento indígena, por el tema de la Ley de Aguas, que a pesar de ser esta, una de las leyes que mayor contenido social y adecuada a los estándares ambientales y de beneficio al mismo sector indígena, ha sido usada como caballo de batalla, por parte de una dirigencia indígena que no está dispuesta a ceder espacios de poder alcanzados en la estructura del Estado, y que maneja un discurso y una práctica corporativa, que le lleva a la oposición radical al actual gobierno, oposición que de tan radical se confunde ya con la oposición de la derecha oligárquica, y que en meses anteriores se demostró de manera abierta cuando dirigentes de la CONAIE avanzaban en conciliábulos con la Junta Cívica, organización de la extrema derecha nebotsista.

LA PLATAFORMA DE LA REVOLUCION AGRARIA

Desde los sectores más conscientes y auténticamente radicales de la CONAIE se ha empezado a perfilar una plataforma ya no sólo sobre el recursos agua, sino sobre la concentración y tenencia de la tierra ; pero en cambio el sector dirigencial aparatista y menos consciente, han optado por mantener el foco de la reclamación sobre el agua; pues en la mente y en la consciencia instintiva de los pueblos indígenas, por siempre marginados, explotados y engañados, está agazapada la desconfianza al mundo blanco – mestizo y a su Estado, aún más, que cuando ha aprobado leyes ha sido para mayores exacciones y desgracias; y aún más tratándose del agua y/o de la tierra, la fuente toda de su existencia, el indígena está dispuesto a luchar hasta la muerte si es posible.

Estos ocultos resortes del poder que manejan los dirigentes indígenas, no ha podido ser bloqueado en su real magnitud, por la política de inversión social del Estado hasta aquí desarrollada, más aún, a más de los problemas de las crisis recurrentes del mundo capitalista globalizado, ha pesado igualmente la estructura tecno-burocrática de un Estado que en continua en grandes líneas en manos de los sectores burgueses y pequeño – burgueses de origen blanco – mestizos, enquistados en las entidades públicas y desde las cuales han direccionado políticas a favor de sus intereses clasistas.

Los intentos de conciliación han sido bloqueados por el azuzamiento de la derecha a través de los medios de comunicación, que se han encargado de generar la base de oposición de masas al gobierno; a la vez que los cenáculos ideológicos de las ONGs especialmente ambientalistas y las discursividades socialdemócratas de los centros académicos de Europa, han puesto la base ideológica política, con la cual los principales dirigentes del movimiento indígena se sienten absolutamente convencidos de la bondad de sus propuestas y de la maldad de las propuestas del actual gobierno.

La beligerancia de las acciones emprendidas en rechazo a la supuesta privatización del agua que supuestamente propiciaría la nueva Ley de Recursos Hídricos ha llevado a que la dirigencia indígena reforzada por aliados temporales del mismo sector indígena campesino, haya resuelto escalar la movilización a un levantamiento generalizado, con bloqueo de carreteras y tomas de locales estratégicos.

Incluso ciertos medios de comunicación establecían que su plataforma incluía ya no sólo la desobediencia civil sino el pedido de la renuncia del Presidente Correa. En correlato, la derecha, ante la crisis de hegemonía en el mismo bloque legislativo del Gobierno, ha venido especulando con la llamada “muerte cruzada” esto es el mecanismo constitucional in extremis para desbloquear una probable contradicción insalvable entre el Ejecutivo y el Legislativo.

LOS NUDOS CRITICOS DE LA LEY DE AGUA

En concreto el movimiento indígena, luego de prácticamente haberse agotado la discusión sobre los llamados nudos críticos, únicamente ha venido pugnando por la exclusión del Gobierno como autoridad sobre el recurso hídrico, a través de potencializar al máximo la figura del Consejo Plurinacional del Agua, que establecería la rectoría sobre este vital recurso, dejando de lado al mismo Gobierno. Esta visión corporativa de la política es del interés de los organismos de gobierno mundial que con ello diluyen el manejo y una rectoría política, por fuera de sus intereses y desde hace mucho tiempo el Banco Mundial por ejemplo viene proponiendo la llamada democracia participativa, que no es más que una versión corporativa del viejo estado burgués liberal; o las mismas Organizaciones de Naciones Unidas, tienen como emblema de lo máximo de la democracia la “ciudadanización” de esta.

Luego en el pleno de la Comisión de Soberanía Alimentaria se logró llegar a consensos y aprobar uno de los nudos más críticos que tenía el proyecto de Ley del Agua, como es la Autoridad Única del Agua (AUA), la cual será una entidad directriz del Sistema Nacional Estratégico del Agua que ejercerá la rectoría, planificación, regulación y control de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas. Es parte de la Autoridad Única del Agua el Consejo Intercultural y Pluricultural del Agua, instancia de participación y decisión en la formulación, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas en materia hídrica. En todo el territorio nacional, ejercerá funciones de regulación y control de la gestión técnica del agua respecto de todos sus destinos, usos, aprovechamientos productivos, a través de la Agencia de Regulación y Control, la cual estará dotada de independencia técnica, administrativa y financiera.

La AUA estará estructurada por la Secretaria Nacional; el Consejo Intercultural y Pluricultural del Agua; Órganos Desconcentrados; Autoridades de demarcación Hidrográfica; y, Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y Subcuenca. Mientras que el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, es parte de la AUA, como instancia nacional de planificación y participativa de los recursos hídricos. Además de aprobar el Plan Nacional Anual de Recursos Hídricos, participará en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento, evaluación de las políticas públicas relacionadas con el ejercicio del derecho humano al agua, la gestión integral e integrada de los recursos hídricos y las relaciones interculturales y plurinacionales en torno a los mismos.

El Consejo estará presidido por el titular de la Secretaria Nacional, quien tendrá voto dirimente, y se integrará: por una parte, en un 50 por ciento por representantes del Estado en sus distintos niveles de gobierno central, Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial; y el otro 50 por ciento, por representantes de la sociedad civil: comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, sistemas comunitarios de agua potable y riego, organizaciones de usuarios, organizaciones ciudadanas de consumidores de servicios públicos relacionados con el agua y con los recursos hídricos, en los porcentajes que se establezcan en el reglamento a esta ley, procurando que la representación de cada sector corresponda con la prelación constitucional para el acceso al agua, prevista en el artículo 318 de la Constitución.

La elección de los miembros del Consejo, en el caso de los representantes de la sociedad civil, será organizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que garantizarán la legalidad y transparencia del proceso. Los miembros del organismo serán elegidos por un período de dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez.

En cuanto al envasado de agua captada directamente de la fuente natural o subterránea, tendrá una tarifa diferenciada que será determinada en el Reglamento a esta ley y que tendrá en cuenta el volumen de agua envasada. La autoridad competente, previo informe de la Autoridad Única del Agua, establecerá políticas de precios para la venta al público del agua envasada. Este aprovechamiento puede ser realizado por personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, comunitarias, mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria el Estado o de la economía popular o solidaria, por sí mismas o en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados o los sistemas comunitarios de gestión del agua.

La comisión de legislación sobre el agua, a fin de mejorar el texto de la disposición décimo cuarta, plantearon que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el ejercicio de la competencia constitucional del municipio para prestar servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental; y, en garantía del ejercicio del derecho humano al agua deberán revisarse las concesiones o delegaciones otorgadas con anterioridad a esta ley, previa auditoría realizada con participación social y veeduría ciudadana.

LEVANTAMIENTO INDIGENA

A pesar de ello, el Gobierno debió confrontar una reedición del levantamiento por el agua, de septiembre del año anterior, pero esta vez con manifiesta menos fuerza. El acometimiento del primer levantamiento se vio drásticamente disminuido por el mayor empeño que ha puesto el gobierno y las agencias estatales por ampliar la cobertura de los servicios sociales hacia el sector indígena campesino. Además igualmente peso el malhadado intento de alianza con la ultaderecha de la Junta Cívica de Guayaquil, en el cual se vieron envueltos la alta dirigencia de la CONAIE; y, de otra parte el rechazo de la ciudadanía este tipo de medidas en contra del actual gobierno .

Así mismo el acercamiento de importantes estructuras del movimiento indígena, como en el caso de la provincia de Cotopaxi, al conocimiento extensivo de la Ley de Aguas, patrocinado por la gobernación, desmontó la falsa alarma sobre el carácter privatizador de la Ley de Aguas y con ello, la posibilidad de que éste sector fuese como en otras ocasiones el foco más fuerte de conflicto.

A pesar de ello el conflicto se dio fundamentalmente en la zona norte del país, y en mucho por la unidad alcanzada con la FENOCIN, que precisamente tienen su base más fuerte en Cayambe e Imbabura. A excepción del Azuay, donde la lucha antiminera se ha vuelto una constante, en el resto del país el levantamiento no tuvo la amplitud ni la fuerza necesaria. La Amazonía y la Costa brillaron por su ausencia.

La alianza con el MPD le dio la tónica de extrema violencia, especialmente en el enfrentamiento en Quito y con la policía; esta actuó bajo las órdenes de no portar armas y en mucho se limitó a repeler con gases a las manifestaciones en Quito y los bloqueos en las carreteras; a pesar de ello hubieron excesos de lado y lado, lo que hizo que el Gobierno se apoyará en elementos militares, especialmente en la Sierra Norte; pero estos enfrentamientos no derivaron en muertes, como era la tónica de anteriores levantamientos, a lo sumo encarcelamientos breves.

El manifiesto empuje de los manifestantes en la zona norte empezó a contagiar el ánimo en otros sectores, y el mismo entusiasmo de la derecha de los medios de comunicación alentaba el enfrentamiento al gobierno; cuando en otras ocasiones con gobiernos de derecha, los medios mantenían una rígida censura sobre los levantamientos indígenas.

CONSULTA PRE-LEGISLATIVA

En esas condiciones se trató de resolver mediante votaciones la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos; pero al no tener el partido de Gobierno – APAIS, desde el inicio de la gestión legislativa, una mayoría de votos, y ante la inestabilidad y oportunismo de sus aliados (ADE – PSFA) y el chantaje o manifiesta oposición de la derecha (PSP-PRIAN-PSC), y la llamada izquierda (MPD – Pachakutik). Y ante la posibilidad cierta de que la ley fuese archivada (como era la propuesta de la derecha y ciertos dirigentes del movimiento Pachakutik) o peor aún objetada por incumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional; se optó por mocionar acatar la decisión de la Corte Constitucional para que todas las leyes que pudiesen afectar a derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, sean sometidas a consultas pre-legislativas.

De este modo el Presidente de la Asamblea, lanzó como moción previa, la necesidad de ir a esta consulta legislativa, prorrogando la votación de la misma por 5 o 6 meses. Igualmente al no haber obtenido mayoría en la votación del pleno de la Legislatura, se decidió a expedir la mencionada disposición, mediante resolución facultativa, al Consejo de Administración de la Legislatura, para que éste, viabilice la consulta pre-legislativa; que según disposición de la Corte Constitucional deberá realizarse en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Al momento se trabaja ya en un reglamento de la misma.

Una vez conocida de esta propuesta, y agotado en mucho la fuerza del levantamiento, la dirigencia indígena, dio por terminado el levantamiento, replegándose a sus bases para analizar el nuevo escenario, de ello salió la resolución de pedir que la consulta sea vinculante y sea supervigilada por las mismas organizaciones nacionales .

Es evidente que la dirigencia indígena ha caído en su propia trampa, abusando de su poder de convocatoria y de su interlocución privilegiada en sus bases, extremaron la oposición al gobierno en general y a la ley de agua en particular, pintándole en los tonos más horrorosos. En el primer caso las amplias reformas y acciones en el área social, así como en lo político, han desmentido de facto esta campaña; y, en el segundo caso, si bien esto no ha ocurrido de facto, la consulta pre-legislativa, que conlleva la información adecuada, terminará por minar aún más la credibilidad de la dirigencia de la CONAIE, de la cual, incluso sus aliados de momento – la FENOCIN, han empezado a poner distancias.

Entonces es evidente que las “condiciones” que la dirigencia pretenda poner a esta consulta, implica resguardarse de la arremetida del Gobierno, que desde el mismo levantamiento a través de los medios de comunicación ha empezado a poner en claro las amplias ventajas que conlleva una ley de aguas que garantiza el proceso de desprivatización de las mismas, el manejo participativo de las políticas del sector bajo la rectoría del Gobierno; y, la garantía de que éstas no serán contaminadas ni se distraerán de su cometido principal que es el consumo humano, agrícola y los usos productivos con resguardo y preservación ecológica.

Esta arremetida del Gobierno en contra de una dirigencia indígena que en los hechos se ha aliado a la derecha, se puso en marcha con acusaciones sobre la campaña de mentiras con las cuales han alentado el levantamiento; el manejo de recursos estatales entregados desde el Estado, y financieras internacionales, y en la negociación que sus principales líderes adelantaban con la Junta Cívica de Guayaquil.

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