ECUADOR - DICIEMBRE - NOTAS PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION NACIONAL

LA HORA
DE LOS TRABAJADORES
DEL CAMPO Y LA CIUDAD
BOLETIN INFORMATIVO – Diciembre del 2011

NOTAS PARA EL ANALISIS
DE LA SITUACION NACIONAL



ACCION DE GOBIERNO y SITUACION POLITICA

RESPALDO A LA GESTION DEL GOBIERNO

La empresa Consult Marketing Solutions (CMS) realizó una encuesta en 30.598 hogares, que determinó que el 79,02% de entrevistados respalda la gestión del Presidente de la República, Rafael Correa. La encuesta se efectuó en un 80% en hogares cuyos ingresos familiares no superan los $ 1.000 mensuales, un 17% en hogares cuyos ingresos familiares están entre los $ 1.000 y $ 3.000 mensuales, y un 3% en hogares cuyos ingresos familiares superan los $ 3.000 mensuales. El 51% de las personas encuestadas fueron mujeres y un 49% hombres. Posteriores encuestas, incluso a nivel latinoamericano, han mantenido la tendencia de la popularidad del Presidente Correa, ello abaliza el proyecto de la revolución ciudadana y la posibilidad de la reelección del mismo Correa para un nuevo período.



REFORMA DE LA JUSTICIA

La reestructuración de la justicia requerirá de $600 millones; de esa cifra, $400 millones se usarán hasta acabar el trabajo previsto para 18 meses, y $200 millones en los próximos dos años. Hasta fin de año serán invertidos al menos $108 millones, de los cuales, el 40% ($44 millones) servirán para el desarrollo de la infraestructura civil, el 30% ($32 millones) para tecnología y el otro 30% para el modelo de gestión y talento humano. En este sentido, la declaratoria del Estado de Excepción en la Función Judicial se debió fundamentalmente a que ésta no cuenta con sistemas informáticos apropiados para generar una información sólida de planificación estratégica institucional. Y, a que no se han sostenido los procesos de modernización que permitan obtener los resultados esperados para la erradicación de acumulación de causas. En total, se creía existían cerca de 1,5 millones de causas que debían ser atendidas. En la realidad, luego de las ocho semanas que se les obligo a los empleados de la Función Judicial a laborar jornadas extras remuneradas los días sábados se inventariaron alrededor de 1,7 millones de causas represadas; y de la cuales, en este lapso, se despachó el 70% de las mismas.




CONFRONTACION A LA DERECHA Y AL IMPERIALISMO

Casi al inicio de una nueva contienda presidencial, la crisis político – partidaria de la derecha es casi absoluta, la falta de un líder nacional es uno de sus más grandes vacíos, pero igual o parecida situación se vive las fuerzas del cada vez más escurridizo centro (que busca proyectar la imagen del Gral. ( r) Paco Moncayo) e inclusive desde la oposición de izquierda, ya existen varios pre-candidatos, pero ninguno viable como posible contendor de Correa. Sectores de la derecha desesperadamente ven ese líder en el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pero éste se ha negado a asumir ese papel, mientras otros barajan la posibilidad de postular a la Presidencia al banquero Guillermo Lasso; para ello este ha iniciado desde antemano una agresiva campaña proyectando la imagen de “banquero bueno” e igualmente se ha rumorado que la actual asambleísta de Pachakutik Lourdes Tibán sería su binomio.



El descrédito de Carlos Vera, es igualmente total, luego de su fallida recolección de firmas para un referéndum revocatorio, a toda costa a pretendido encabezar un frente de oposición, y ha reconocido cínicamente que su fracaso anterior se debió a la “cicatería” de los grandes banqueros y empresarios que dudaron en aportar una alta suma de dinero que era el estimado para todo el proceso, seguramente golpe incluido.



A pesar de ello a través de una gran carga mediática ha tratado de convocar gente a diferente tipo de concentraciones y manifestaciones, la soledad absoluta ha sido la respuesta, por ejemplo en la llamada convocatoria por la Libertad realizada por el frente "Unidos por la Democracia", a pesar de la gran campaña desplegada en los medios de comunicación, apenas concurrieron unas 300 personas: casi todos familiares y amigos de los invitados.

En el evento que se realizó el 3 de septiembre, desde las 10:00, tras la Tribuna de Los Shyris al norte de la capital ecuatoriana, estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos Sociedad Patriótica, Prian y la organización de los Kbrea2, entre otros. Intervino también Janeth Orbe, esposa del coronel César Carrión ex director del Hospital de la Policía quien impidió el ingreso al Mandatario a esa casa de salud el 30-S; el dirigente sindical Fernando Villavicencio y Edgar Andrade de la organización de los Kbrea2.

La presencia de Fernando Villavicencio, ex – sindicalista de Petroecuador y consagrado por los medios de comunicación de la derecha como “analista petrolero”, da cuenta de cuerpo entero el nivel de oportunismo de la llamada izquierda, ahora autotitulada izquierda plurinacional, quienes no hace poco, participaron conjuntamente con Martha y León Roldós en la RED – Polo Democrático, cuya campaña fue una de las que más recursos gastaron en el país; luego se supo por las denuncias de Eva Golinger, que la RED era una de las beneficiarias de los fondos sucios de la USAID camuflados a través de la NED.

Fue igualmente Fernando Villavicencio conjuntamente con uno de los mas mediocres asambleísta de Pachakutik, Clever Jiménez, quienes participaron de la convocatoria al derrocamiento “constitucional” del Presidente Correa, el 30 de septiembre; y luego se embarcaron en la acusación gratuita y fantasiosa, por no decir agenciosa, de que Correa, no había estado secuestrado en el hospital de la policía, sino que había salido, a un edificio cercano, para dirigir su propio rescate; y en base a los cual establecían una demanda penal contra el mismo Correa .

Luego Martha Roldós, ex – candidata presidencial, ya sin tapujos se presentaba abiertamente en todas las concentraciones de la derecha, en especial las de Carlos Vera, y no dudaba salir en compañía del Crnl. Pazmiño, ex – Jefe de Inteligencia Militar, denunciado por el Presidente Correa como asalariado de la CIA y por Alexis Ponce como Jefe máximo de la llamada Legión Blanca, grupo paramilitar de derecha en la época de los regímenes neoliberales.



La derecha descalabrada en su organicidad política con el retiro y la posterior muerte de León Febres Cordero, hubo de parapetarse en los grandes medios de comunicación pública que no han cejado un solo día, a través de la desinformación, la insidia, la calumnia y la tergiversación, de pretender echar abajo a la revolución ciudadana y en especial al mismo Presidente Correa. Para ello en primera línea han estado en este campaña periodistas de la calaña de Emilio Palacio, a quien mantenían como punta de lanza para las más bajas y calumniosas acusaciones a través del órgano de prensa de la gran oligarquía de la Costa: “El Universo”.

La respuesta de Correa, a esta agresión permanente ha sido igualmente frontal y permanente, en especial a través de los enlaces sabatinos “El Presidente informa a su pueblo” que han concitado y concitan la atención de millones de ecuatorianos, pues en ellos trasluce la verdad, y el camino de las realizaciones más caras que durante décadas ha exigido el común de los ciudadanos. En base a ello la credibilidad del Presidente Correa ha ido en aumento, así como ha ido en decrescendo la credibilidad de estos grandes medios.

La dinamia y la visión estratégica del Presidente Correa, no ha dado tregua a esta desigual batalla; y a escalado en la confrontación mediática, al haber directamente enjuiciado, a uno de los “periodistas” más lacayos y esbirros de la derecha, Emilio Palacio, quien premunido del colosal poder la derecha oligárquica guayaquileña, creyó poder injuriar y calumniar de la manera más abyecta al Presidente Correa, acusándole de criminal y genocida, por supuestamente haber ordenado disparar en el hospital policial en el cual estuvo retenido por las fuerzas policiales que conspiraron para secuestrarle e incluso asesinarlo.

Más tarde se vería, que este no era un exabrupto más de un periodista envenenado y lacayo de la derecha, sino constituía una bien tramado conspiración en los más altos niveles, para intento más de defenestrar al Presidente Correa; en ello “coincidentalmente” vino la misma acusación de parte de la dirección oportunista de la CONAIE y Pachakutik ante el aparato pronorteamericano de la OEA, la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en Washington; pero la trama se develó, cuando fruto de la ganancia in extremis, de la dirección de la Asamblea Legislativa Nacional, uno de los legisladores arrepentidos del PSP, que botaron a favor del candidato de Alianza País, denunciaba que, la posibilidad de la ganancia de la oposición en la Asamblea, hubiese significado el inicio de un plan de derrocamiento y encarcelamiento de Correa, bajo la acusación de genocidio.

De manera tardía la tramoya de una nueva conspiración se desataba, por motivo de la declaratoria del Estado de Excepción en la función judicial, y la oposición de la derecha y la izquierda oportunista, planteaban no solo el levantamiento de esta medida, sino el pedido de la destitución del mismo Correa; una vez más fueron derrotados; más aún en un escenario en el cual el gobierno acumulaba un sólido poder y apoyo ciudadano.

De manera providencial, el Presidente Correa, desde el inicio de esta agresión mediática respondió con toda contundencia, demandando no sólo al lacayo sino a los mismos dueños del Diario, quienes acostumbrados a asalariar a sus lacayos para que lancen denuestos en contra de todo aquello que huela a progresismo e izquierdismo, se vieron de pronto envueltos en una demanda por cientos de millones de dólares y pena de cárcel. Luego del primer azar, trataron de rearmarse y encaminar su defensa y si era posible pivotear esta en desmedro de la gestión política del gobierno nacional, para ello no escatimaron la presencia de la misma SIP y de consorcios internacionales, que hasta el momento mantienen una campaña cerrada contra el gobierno en los escenarios internacionales, acusándolo de “enemigo de la prensa libre e independiente”.

La gran presión del Gobierno y el apoyo popular a tal medida, hicieron que por primera vez a los jueces de los tribunales, no les haya temblado la mano, y que tampoco hayan podido recibir inmensas coimas que ofrecieran los dueños de “El Universo” como así lo denunciara el mismo Presidente Correa, siendo la sentencia a favor, obligándoles al pago de 40 millones de indemnización y a pagar con tres años de cárcel, por las injurias calumniosas vertidas a través de su lacayo Emilio Palacio.

Durante todo el proceso, Correa de manera magnánime ofreció extinguir la demanda si el medio rectificaba y pedía perdón por la grave acusación lanzada; pero la soberbia de la oligarquía, les llevo al extremo; y, hoy aún pretenden revertir el fallo, valiéndose de falacias y argucias gansteriles. Así mismo Correa había dicho desde un inicio de la demanda que el costo de la indemnización planteada podría servir para financiar a los mismos trabajadores de El Universo para que compren las acciones del diario, pero a la postre Correa considero que ese dinero debía ir para el proyecto de conservación ecológica del Yasuni – ITT.

Una vez producido el fallo, cual rata que abandona el barco, el periodista de marras, corrió a refugiarse a los pies de sus amos, la derecha filofascista cubano – estadounidense de Miami, sitio desde el cual se lo ha incluido en una plataforma informativa a nivel continental, para atacar y vilipendiar los procesos democráticos y socialistas que viven los países de Sudamérica.

LA IZQUIERDA PLURINACIONAL
DEFENSORA DE “EL UNIVERSO”

En una evidente maniobra política para defender a diario El Universo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se convirtió en un tribunal de defensa, donde cada uno de sus miembros, se dirigieron en forma drástica contra el Presidente Rafael Correa, y profirieron amenazas legales contra el Consejo de la Judicatura y fungieron de tribunal de justicia.

Lourdes Tibán, la presidenta de la Comisión, para montar el show había invitado a la presencia del procurador judicial del rotativo guayaquileño, Joffre Campaña, y los máximos personeros del diario, la familia Pérez. Luego reconoció que “no será la comisión la que dé una respuesta concreta, pero vamos a hacer los esfuerzos por encaminar investigaciones”. Con sus palabras evidenció que el cuerpo legislativo en realidad no tiene competencia administrativa para dirimir esta clase de problemas, pero puede prestarse para un show mediático, disfrazado de tarea fiscalizadora.

MOVIMIENTOS SOCIALES

La oposición desde los llamado movimientos sociales, liderados por la dirigencia de la CONAIE, sufrió una sensible baja, en su política miope y sectaria, cuando uno de sus más representativos, honestos y consecuentes luchadores, Ricardo Ulcuango, aceptó la nominación del cargo de Embajador del Ecuador en la República Plurinacional de Bolivia; expresando de esta manera el auténtico sentir de cientos de miles de indígenas, que poco a poco van despertando del espejismos mediático que la gran oligarquía en contubernio con una dirigencia oportunista, han pretendido hacer ver al actual gobierno como “enemigo de los indios”.



Ello desencadeno casi en seguidilla que la importante Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE haya firmado un inicial acuerdo programático de desarrollo con el mismo Gobierno; y que a la vez la radicalizada Federación Shuar, haya optado incluso por un compromiso y acuerdo igualmente con el Gobierno. Ello valió, mención aparte, que el aparato político – electoral de Pachakutik a la cabeza del Prefecto de Morona Santiago y de la Asambleista Diana Atamaint, reconviniera fuertemente a la dirigencia de la Federación Interprovincial de Centros Shuar – FICSH; la cual en respuesta incluso amenazó con expulsarlos de la misma FICSH . Por último terminaron mediando, para bajar el perfil político del acuerdo .

Todo esto viene a abonar al deslinde de una gran masa de los pueblos indígenas beneficiarios directos e indirectos de la gran obra social y de inversión pública del gobierno nacional, que ya anteriormente a nivel local, habíanse abierto a una negociación con diferentes agencias del gobierno; y muchos de cuyos líderes habían optado por ser partícipes de programas y proyectos, así como entrar a ser funcionarios en una serie de dependencias.



Es el caso patético del ECORAE agencia gubernamental para el desarrollo de la región amazónica, a cuya cabeza un líder y técnico social indígena, Carlos Viteri, quien ha logrado con el apoyo especialmente de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Amazonía, la inclusión en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD, la figura de las Circunscripciones Territoriales Indígenas - CTI; y, que en la actualidad de manera negociada con el gobierno avanza de manera acelerada a través de la titularización de más de un millón de hectáreas de territorios ancestrales; y que valió, para que la mayor parte de la dirigencia indígena de la región, hayan conminado de la manera más tajante a los asambleístas de Pachakutik a no oponerse a este proceso; pero a pesar de ello, y de ser esta una de las reclamaciones señeras de los pueblos indígenas, dirigentes del Movimiento Pachakutitk y del MPD han avanzado en una campaña de atemorizamiento de los colonos del área, con el argumento de que las CTIs van a significar su expulsión, lo cual ha sido radicalmente desmentido por el ECORAE.



Ello desnuda y desenmascara a la actual dirigencia de la CONAIE como puramente política-electorera, pues cada vez es más fehaciente que los intereses que anima a esta dirección es la proyección de los réditos políticos que les deja su alianza en los hechos con la oposición de la derecha oligárquica, que a través de los grandes medios de comunicación no ha parado de darles el escenario para ello; pero igual para la manipulación del movimiento indígena, en aras de sus protervos intereses oligárquicos.

En la actualidad, incluso el anteriormente reacio, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE, a establecer acuerdos ni siquiera institucionales con el gobierno a pesar de ser una entidad semi-estatal encargada de direccionar la política de desarrollo de los Pueblos Indígenas; y que se había convertido en la caja chica de la campaña electoral de sus Directores; incluso ellos ahora se manifiestan abiertos a la política de reconstituir este ente estatal en un Consejo de Equidad, y, una de sus primeras actividades ha sido avanzar en el proceso de acciones afirmativas que permitan que miembros de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, puedan ser partícipes y funcionarios en diferentes entidades del Estado.

Cumpliendo de esta manera lo que el mismo Ricardo Ulcuango había manifestado al tomar posesión de su cargo, esto es que “primeramente, el movimiento indígena y los sectores sociales hemos venido luchando para que seamos incluidos en el quehacer político, económico, social, cultural del país. Además, con las mismas luchas se ha logrado introducir, en la carta política, como uno de los principios fundamentales, de la plurinacionalidad, es decir, el Ecuador es un país plurinacional. En consecuencia todos los sectores tienen la posibilidad de participar en el quehacer político, económico, del Estado ecuatoriano”.

Así mismo Ulcuango manifestándose sobre la política de la CONAIE manifestaba: “Yo creo que debe existir una voluntad política tanto del gobierno como de la dirigencia indígena de trazar una agenda con reivindicaciones propias de las comunidades, de carácter nacional que plantee soluciones a corto, a mediano plazo. Si están con ese objetivo, obviamente es posible establecer un diálogo, pero si esto tiene otros fines, a lo mejor la dirigencia no lo va a aceptar. Eso también perjudica a las propias comunidades, porque se estancan los procesos, los planteamientos que se han venido realizando. No se puede negar que tienen diferencias, diversos matices, pero eso no debe perjudicar un avance en otros temas”.



Y luego ante la arremetida de la dirigencia de la CONAIE denostando su nombramiento, dijo: “Lo que pasa es que como están en proceso electoral, algunos ya de precandidatos para las próximas elecciones, obviamente cuando uno se toma una decisión de esta naturaleza, siempre estarán opuestos. Lo otro es que, como son dirigentes jóvenes, no conocen mi trayectoria, que he entregado parte de mi vida al proceso de la organización y a veces fácilmente se reúnen y lo declaran como expulsado, pero eso no me afecta porque yo pertenezco a mí comunidad, yo me debo a mi comunidad y obviamente a todas las comunidades indígenas, nacionalidades indígenas del país, evidentemente. Entonces esa declaración política que se ha hecho no afecta en ninguna manera, de igual manera lo deberían hacer a algunos indígenas que están de la mano con la derecha, pero la declaración política de una expulsión no la pueden hacer. Yo soy cayambeño y pertenezco a una comunidad y no me pueden expulsar, por lo tanto yo seguiré siendo parte del movimiento indígena, incluso seguiré siendo parte de la Confederación Cayambe, parte de la Ecuarunari y de la Conaie”.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO AMPLIADO DE CONAIE



La oposición desde el movimiento indígena liderado por la CONAIE, se vuelve cada vez más retórica, embarcados de lleno en la futura contienda electoral se han abierto a una lucha política, con muy pocos argumentos y escasas posibilidades de movilización, aquello que antes constituía el referente máximo de poder de la CONAIE, su poder de convocatoria al levantamiento indígena, aparece demasiado lejano en el horizonte político; a pesar de ello los intentos de recuperar la movilización está presente en todas y cada una de sus reuniones y ante cualquier hecho coyuntural, hecho ampliamente aupado por las fuerzas de oposición de la derecha, que no paran en buscar motivos para exacerbar los ánimos de la población indígena en contra del Gobierno; pero como se había dicho más arriba, la profunda obra social y de servicios del gobierno, el empuje de las evidentes transformaciones en educación, salud, vialidad, así como la modernización de los servicios sociales; y, la relativa estabilidad económica, a más de las expectativas de más y mayores cambios; han llevado a mas de los acuerdos iniciales con Pueblos y Confederaciones, a que cuadros medios apuesten cada vez a alianzas de tipo local.



En este sentido en el mismo Chimborazo, corazón del movimiento indígena, la tendencia progobiernista del mismo movimiento Pachakutik de la provincia de Chimborazo, ha terminado eligiendo a un aliado actual del gobierno, Miguel Lluco, viejo dirigente del movimiento indígena, que fue corrompido por el poder burgués parlamentario, y que en las postrimerías de su diputación, avaló como testaferro, al banquero Fernando Aspiazu en una millonaria demanda en contra del Estado (20 millones de dólares), por el caso de la Empresa Eléctrica del Ecuador. Luego de lo cual fue rehabilitado por la misma cúpula de Pachakutitk, y casi llegó a ser electo Presidente nacional de esa misma organización.

En estas condiciones, la supuesta convocatoria a una marcha nacional, realizada en una Asamblea Nacional de la CONAIE el 14 de septiembre, difícilmente podrá cuajar, de no mediar una reivindicación de carácter puntual y grave; como anteriormente era el detonante de todas las movilizaciones y levantamientos concomitantes, como era el alza de los combustibles y el ajuste fondomonetarista, que para nada está en el escenario político – económico actual; faltando este ingrediente fundamental, la dirigencia de la CONAIE no ha hecho más que orillarse a una plataforma por demás etérea o poco creíble y menos apoyable por las grandes masas indígenas y campesinas.

Así ahora la demanda primaria es la supuesta concesión de los territorios de las nacionalidades y pueblos a las empresas mineras y petroleras; situación que si bien es conflictiva, es manifiestamente más favorable con los radicales cambios en la constitución de la república y las leyes conexas; a más del evidente direccionamiento de protección del ambiente y del manejo soberano de los recursos no renovables que mantiene desde un inicio este gobierno; lo que se ha manifestado en la reforma a la ley de hidrocarburos, que ha propiciado el cambio de la modalidad de contrato petrolero, en el cual la propiedad del recurso es totalmente estatal, y se paga la prestación del servicio; solo ello ha significado que por cada dólar de incremento del precio del petróleo el Estado recibe 80 millones de dólares anualizados.

Igualmente el resarcimiento ambiental de las comunidades afectadas, ha terminado cuando las mismas empresas han asumido los costos, de tal manera igualmente los derrames provocados han finalizado. A más de ello se ha asignado el 12% de la renta petrolera para el desarrollo socioeconómico de las comunidades y pueblos aledaños .



En el caso de la minería, mediante el mandato minero se logró la reversión del 75% de las tierras concesionadas, habiendo quedado en pie, únicamente los grandes proyectos mineros, que estaban en fase de exploración avanzada y no constituían amenaza al entorno ambiental. De manera parecida el Presidente Correa ha ordenado al Ministro de Minas y Petróleo la renegociación de los contratos con estas mineras, en base a la disposición constitucionales, pero igualmente ha constituido una empresa minera nacional y ha llamado a priorizar el manejo asociativo igualmente con empresas estatales de los países del área; en caso de no lograrse acuerdos en la renegociación de estos contratos, el Estado a través del Ejecutivo está dispuesto a demandar la salida de tales empresas; y, enfrentar las millonarias demandas ante el CIADI, en el cual ya existen demandas, especialmente de las petroleras, por un monto aproximado de 12 mil millones de dólares. A más de ello, la ley de minería establece rígidos controles ambientales; y establece una participación de no menos del 5% de las regalía (utilidades netas de la actividad minera) en vista de la extraordinaria inversión que demanda el sector; de las cuales el 60% se destinarán a desarrollo ambiental.

En vista de ello, la acusación de “extractivista” a la política del Gobierno, no es más que una frase de moda, sacada de las librerías de la socialdemocracia internacional aunada a grupos ecológicos fundamentalistas, a los que se les escapa la visión de un mundo global y de las imperiosas necesidades de despegue de las economías de estados que se orientan a un socialismo democrático, por fuera de la dependencia y la égida de los EE.UU. fundamentalmente.

En estas condiciones no es aventurado sospechar que atrás de los grandes movimientos ecológicos transnacionalizados, se esconden intereses económicos, políticos e ideológicos de grupos de poder mundial; que en unos casos necesitan mantener y o incrementar los precios de los metales (caso patético de el oro) y por ende maximizar sus ganancias; que en otro caso necesitan bloquear el desarrollo exitoso de gobiernos como el de Bolivia y Ecuador, restándoles fuentes de financiamiento; y, que por último necesitan dotar de discursos e ideologías fundamentalistas-místicas (pachamámicas), para impedir que la ideología y el socialismo científico, no prendan en la conciencia de dirigentes y pueblos, como meta estratégica de la sociedad y estado socialista.

Por otra parte la demanda de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero más que nada de una cúpula altamente politizada en el mal sentido de la palabra, ha abierto un amplio frente nacional e internacional, denostando de la “criminalización de la protesta social”, cuando en las cárceles no hay un solo dirigente social detenido; a lo sumo el corrompido aparato judicial, enemigo inveterado de los indígenas y campesinos, aprovechando del torpe llamado, desde la Presidencia, a la judicialización de la movilización indígena y antiminera, y; a la vez que estos jueces defienden los intereses de grandes gamonales y empresas, de manera acuciosa y basándose en un código penal de la época dictatorial, ha levantado como doscientos juicios, en su mayoría por “sabotaje y terrorismo”; y, cada que el escenario político, desde la derecha, necesita enquistar a la masa indígena y popular, en contra del gobierno, adelanta un enjuiciamiento a un líder indígena.

Lo sucedido con José Acacho es emblemático, su captura y encarcelamiento, en vísperas de la estratégica consulta popular; e igualmente del dirigente de la FICI en Otavalo, o en el Azuay, dan muestras de ello. Pero igualmente tanto por la lucha popular que se levanta, como por la predisposición del gobierno de indultar a estos sectores; las penas han terminado reduciéndose a días o en su defecto absolviéndose. Ello no quiere decir que a futuro en el marco de la campaña electoral estos jueces de la derecha trasnochada, que se salven de la barrida de la justicia, que está haciendo el régimen, puedan provocar graves lesiones a la imagen del gobierno; y/o victimizando a estos dirigentes, les proyecten como líderes políticos con amplias ventajas electorales.

Igualmente la dirigencia indígena apuesta a un escenario de reactivación de la protesta social en el marco de la aprobación de la ley de aguas, ley que era un referente de la nueva democracia que se inauguraba en el país con la nueva constitución y que hubiese permitido, tal cual estaba formulada, grandes avances en la democratización y en el uso de la misma; sacándola de las concesiones en manos de los grandes terratenientes e industriales. Pero peso más una mezquina y miope visión política, para denostarla y convertirla en la piedra de toque de toda la movilización indígena, que relativamente propicio el relanzamiento de la CONAIE y su dirigencia con aliados circunstanciales, pero que a la postre significó el atraso en la aprobación de la misma por más de un año, y; en el que apenas se ha avanzado a definir el reglamento para la consulta previa informada que ordeno la Corte Constitucional. Hasta mientras el gobierno con su estructura jurisdiccional y la anterior ley reformada, ha iniciado un amplio manejo de cuencas y avanzado en múltiples e integrales proyectos de riego, en zonas claves de amplia población indígena; en este marco, la recuperación de la movilización por el agua, desde la dirigencia indígena de la CONAIE, se ve igualmente difícil.

En el caso de la Ley de Tierras y Territorios, el régimen aprendiendo de la ley de aguas, ha dejado enteramente en manos de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, la definición y socialización de este proyecto de ley. Que está en fase de socialización y que traerá agudos debates, en los cuales difícilmente el Ejecutivo, al menos de manera inicial, se podrá ver envuelto.

A pesar de ello el gobierno a través de la institucionalidad del Estado permanentemente ha estado exigiendo una revolución agraria, pero al parecer la prioridad y necesidad, es el mejoramiento drástico de la agricultura, y la redistribución de la renta, y ello no necesariamente pasa por una redistribución de la tierra, sino por su uso eficiente y la maximización de la ganancia. En ello el Gobierno ha apostado a incrementar las cargas impositivas a la tierra ociosa; a la vez que se ha descargado de las tierras en manos del Estado y ha avanzado de manera rápida en la titulación de la tierra, tanto de comunidades y sectores campesinos de la sierra; y más aún de territorios de las nacionalidades. En ese marco, igualmente se ve difícil que se pueda prender una movilización de envergadura contra el gobierno actual.



En la desesperación de hallarse huérfanos de bases posibles de movilizarse, como ya ocurrió en la Consulta Popular, la dirigencia de la CONAIE ha debido orillarse a la defensa y alianza con sectores de la clase media burguesa y pequeño burguesa; y, a manejarse en el espectro político con acuerdos tácitos con la oposición de derecha, tal cual se vio en la campaña por el NO.

LA OPOSICION SINDICAL

El otro frente de la llamada oposición sindical, igualmente se ha desestructurado grandemente, desde cuando en un inicio la burocracia sindical, que clásicamente se había sometido a las direcciones de los grandes sindicatos públicos, no supo alejarse a tiempo del gremialismo y el corporativismo de los mismos, quienes fueron fuertemente afectados por el rediseño y la reforma profunda del Estado, que adelanta el gobierno de la revolución ciudadana, y que significado la limitación de los exorbitantes contratos colectivos, un mayor control sobre los servicios prestados y una gestión evaluada sobre los resultados.

Pero a la vez el gobierno ha avanzado en la homologación de sueldos y salarios del sector, a la vez que ha propiciado una justa separación tanto legal, cuanto gremial entre aquellos que siendo empleados participaban de los beneficios del Código del Trabajo y de la Contratación Colectiva a la vez que de la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, y de aquellos que únicamente constituyen la fuerza propiamente laboral, que ahora serán los únicos sujetos a sindicalización y a contratación colectiva.

Pero el golpe más fuerte a esta argolla de dirigentes sindicales envejecidos y envilecidos en el cargo, fue la recomposición de una formidable fuerza de sindicatos públicos alineados con las políticas de gobierno (aproximadamente 50.000 miembros), a cuya cabeza se proyecta uno de los mayores, mas organizados, estructurados y conscientes sindicatos, cual es el de los trabajadores eléctricos, quienes han firmado con el gobierno un acuerdo social y programático para avanzar en el proceso de cambio estructural del Estado y en el reconocimiento y mejora de los derechos de los trabajadores.

El otro frente gremial de los propiamente servidores públicos agrupados en el CONASEP igualmente se ha visto circunscrito a aceptar las nuevas reglas del juego en cuanto a la reforma y modernización del Estado, cuyo puntal es la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, que redefine el papel del servicio público a la vez que adelanta nuevas normativas, a las cuales se opusieron en su momento la mayoría de estos; pero que paso en gran parte en la Asamblea Legislativa, sufriendo reformas del proyecto inicial, incluso con el apoyo de los mismos asambleístas de gobierno; y, que iba a ser una de las causas para que Correa llamase a la llamada “muerte cruzada” esto es a la disolución de la Asamblea y el llamamiento a elecciones anticipadas; y, que igualmente sirvió de pretexto para insubordinar a la tropa policial y en parte del ejército, en la asonada del 30 de septiembre.

De ahí para acá el gobierno ha consolidado su presencia en al aparato del Estado, modernizándolo tecnológica e institucionalmente, a la vez que ha empezado una agresiva campaña para desplazar el exceso de burocracia y burocratismo que hace lento el proceso de cambio que plantea la revolución ciudadana. A pesar de las múltiples resistencias el gobierno no ha cedido en su política de “compra de renuncias” a funcionarios ineficientes, corruptos o boycoteadores del cambio; es así que en la presupuestación del presente año, estaba el desenrolamiento de 4.910 servidores públicos a los cuales se le está indemnizando por los años de “servicios prestados”.

Igualmente ha sido política permanente del Estado, en todas aquellas empresas incautadas a los banqueros, el ofertar una proporción significativa de las acciones de los mismos a los trabajadores de las mismas. Igualmente el gobierno ha tomado partido en reclamar y reivindicar gestas históricas o masacres sobre los trabajadores, esto es el desalojo del Ingenio Aztra que costo cientos de muertos, al igual que la masacre del 15 de noviembre de 1922, fecha aniversario en la cual se apoyo la rememoración y condena de tales hechos.

NEGOCIACIONES CON EL
GREMIO DE LOS TRANSPORTISTAS

De manera reiterativa, el gremio de los Transportistas y los representantes de las Cámaras de Transporte Urbano, han pretendido ser cooptados para una política de oposición al gobierno; han sido varios los intentos de una paralización nacional, que el gobierno ha logrado conjurar en base a arduas negociaciones y concesiones económicas a estos gremios, para impedir el alza de las tarifas; a la final, los dirigentes corruptos y politiqueros han sido aislados y las propuestas del gobierno se están viabilizando y sosteniendo en sopesados estudios técnicos, que implican reformas y mejoras en todo los sentidos tanto para el usuario cuanto para los choferes.


BLOQUEO A LA UNE Y SUS CORIFEOS

La manipulación de los estudiantes por parte de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Movimiento Popular Democrático (MPD) se manifestó de manera unívoca al igual que la condena de parte de la ciudadanía, cuando atrás de ello se encuentran las demandas gremiales y el oposicionismo político de estos grupos. Ello aunado a la brutalidad policial manifiesta en la represión a los estudiantes, dejo como saldo un estudiante herido de gravedad, por el impacto de una bomba lacrimógena disparada a la cabeza. La recuperación de este ha sido lenta y con complicaciones; mientras al responsablede haber disparado la bomba, un teniente de policía, se le ha ubicado, pero ha tenido el tiempo suficiente para salir a Chile. El gobierno ha iniciado los trámites de extradición del mismo.

A pesar de ello, de manera sórdida el MPD-PCMLE ha iniciado una aguda campaña en el estudiantado a través de consejos estudiantiles controlados por la FESE que pretenden echar abajo la reforma del bachillerato, que entre otros aspectos deja insubsistente las especialidades, y con ello evita que adolescentes de 14 y 15 años opten por carreras que les marcan para el ingreso a la Universidad. Ante esta arremetida solapada de la reacción gremial y del “revolucionarismo radical verbal” de estos sectores, el Gobierno a través del Ministerio, ha impulsado una campaña masiva de difusión y comunicación en todos los niveles para parar las pretensiones de una huelga nacional de los estudiantes secundarios, atrás de los cuales se cocinaban los intereses gremiales y de oposición al gobierno de los grupos antes nombrados.

Más aún cuando la Ley de Educación fue aprobada por la Asamblea Nacional con 105 votos, y ningún voto en contra, pero como el MPD quiere desestabilizar al gobierno, aupa a la clásica mediocridad y comodidad de docentes que no quieren laborar las 40 horas semanales establecidas en la Ley.

El fracaso de las protestas directas de la UNE y el rechazo manifiesto de la ciudadanía es lo que les ha llevado a buscar interponer a los estudiantes, para lograr sus mezquinos intereses, así un gremio que aglutina cerca de 200 mil maestros, en una manifestación convocada solo han salido 2000, lo que demuestra la debilidad orgánica y política en la que se debate el otrora poderoso gremio del magisterio y que fue la palestra sobre la cual el MPD creció como espuma en más de 30 años de hegemonía en ese sector; pero que a la vez significó una de las fundamentales causas de la crisis de la educación ecuatoriana.

FUERZA PÚBLICA

La fuerza pública que tradicionalmente en las democracias puramente representativas han sido un puntal en el ejercicio del poder de las clases oligárquicas, lentamente habían devenido en el pasado reciente, a ser el puntal de políticas contrasubversivas a nivel continental; con el apoyo abierto o solapado de las Embajadas de los Estados Unidos, una agresiva campaña de cooptación de los mandos policiales a estas agencias, se había venido dando sobre la figura del combate al narcotráfico.

Una vez asentado el gobierno de la llamada revolución ciudadana, era imperioso el cambio de estas estructuras de poder, fuertemente transnacionalizadas, cuyo desmontaje ocurrió cuando la prepotencia de funcionarios agenciosos de la embajada norteamericana, reclamaban para sí la potestad de veto sobre la nominación de los máximos jefes de unidades de élite como la UIES, siendo este el motivo para que se destapase la red de poder que pretendía seguirse manejando desde la Embajada; y, que fuese drásticamente cortada por el Gobierno, en la figura del mismo Correa; con la expulsión primero de ese funcionario prepotente de la Embajada (Astorga); y, luego del mismo Jefe de la CIA al interior del país (Mark Sullivan); y el desconocimiento del Convenio que permitía el acceso de la Embajada norteamericana a información sensible del país.



Ello de hecho prendió las alertas a nivel del Departamento de Estado y de la misma CIA, pues era cada vez más evidente la posición soberana del gobierno y concomitantemente el acercamiento del mismo al ALBA vale decir a la posición digna, patriota y soberana de la revolución bolivariana. En tales circunstancias la oposición larvada y sorda de la derecha recalcitrante norteamericana y de sus socios locales, tomo vuelo; y de distintas maneras se hizo sentir a nivel nacional e internacional la nueva orientación de la embajada sobre el gobierno de APAIS.

En ello debe reconocerse los antecedentes del 30 de septiembre; cuando haciendo de pivote a los agentes social patriotas del gutierrismo, profundizaron una campaña sostenida sobre la fuerza policial y militar, para enquistar a la misma contra el gobierno, a mas de generar la desconfianza sobre los supuestos beneficios sociales que se iban a perder, igualmente se avanzaba agitando el viejo fantasma del comunismo, profundamente imbuido en los cuadros medios y altos de la fuerza pública, en su gran mayoría formada en las escuelas reaccionarias, terroristas y anticomunistas de los Estados Unidos.

De hecho el gobierno, pensaba tener gran ascendiente en la policía, con el incremento continuo de sueldos que se había brindado a la tropa cuanto a la oficialidad, así como de la infraestructura construida que dignifiquen el desempeño de sus labores; pero no contaba con esta labor insidiosa de los agentes de la reacción y la derecha, así como con la lentitud y quemimportismo de la burocracia que no daba curso a muchas de las aspiraciones planteadas por este estamento de la fuerza pública.

Ello sirvió de caldo de cultivo para que la insurrección de la tropa se produjese el aciago 30 de septiembre, en el fondo igualmente el maltrato permanente en un cuasi régimen de castas que se ha vivido al interior de esta, entre el sector blanco – mestizo de la oficialidad y el sector indígena, negro y montubio de la tropa, puso el tono de violencia extrema en la confrontación al “enemigo civil”.



La derrota circunstancial de la asonada policial del 30 de septiembre, dio paso a la recuperación e iniciativa del Ejecutivo, para echar abajo a la cúpula conspiradora, fuertemente involucrada con las prácticas de tortura, desaparición y asesinato de luchadores populares, y condenada en el informe de la Comisión de la Verdad; a la vez que sentar un precedente para que sucesos de ese tipo no vuelvan a repetirse en el país; de ahí que el Gobierno puso todo el énfasis para la justa sanción y castigo para los elementos complotados más conspicuos de la revuelta del 30S.
Luego de muchos avatares de los procesos iniciados, por la lenidad de la justicia, y el apoyo mediático, muchos de ellos han terminado sobreseído, pero igualmente otros se encuentran pagando condenas de prisión y reclusión.

Igualmente de manera sabia y sagaz el Presidente Correa ha ofrecido el indulto a los policías de más baja graduación, que evidentemente fueron abyectamente manipulados por la jefatura; así mismo la asunción al cargo del nuevo Fiscal de la Nación, abrió la perspectiva para que se reabra el caso con nuevas evidencias; también el hecho circunstancial de la reactivación del caso de los hermanos Restrepo ha vuelto a poner en el tapete de la discusión y de los proceso judiciales a altos jefes policiales aliados al poder oligárquico socialcristiano que sembraron el terror en la década de los 80.

Todo ello ha llevado a que desde el Gobierno de haya acelerado el recambio institucional de la policía para que deje de ser un cuerpo paramilitar estructurado y pensado como una guardia pretoriana al servicio de la oligarquía del país; y, se reconvierta en una policía de carácter civil-comunitaria, dedicada preferentemente a dar seguridad ciudadana; sin desechar la continuación de cuerpos de élite para el combate a la delincuencia organizada. De esta manera los mandos policiales han pasado a ser dependientes en gran medida del Ministerio de Gobierno, y han perdido en gran medida el anterior estatus cuasi-autónomo que habían venido gozando en anteriores gobiernos.

En este proceso el presupuesto para la Policía incrementó 270% en 9 años y al menos 17 mil gendarmes más deberá incorporar la institución policial. El presupuesto general pasó de USD 243 millones en el 2001 a USD 903 millones en el 2011, lo que representa un 270 % más. El dinero fue destinado a gastos operativos y administrativos.

ECONOMÍA y DESARROLLO

MEDIDAS ANTICRISIS

El establecimiento de un programa de inversiones priorizadas, la cuenta única de recursos de libre disponibilidad, la reducción de la inversión como variable de ajuste y las estrategias conjuntas con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) son las medidas que optará el Ejecutivo para blindar la economía nacional de los posibles efectos de la crisis económica internacional.

En ese sentido, el país tiene 11.127 millones de dólares en ingresos permanentes y consume 10.870 millones. Significa que tiene un superávit de 256 millones de dólares. Recibimos más de lo que se gasta permanentemente, es decir, tenemos capacidad de ahorro, además que se trabaja en líneas de financiamiento contingente con China para acceder a créditos y atender la crisis. Se tiene así mismo 642 millones de dólares de la Cuenta de Libre Disponibilidad, en la que se encuentran los recursos de las entidades públicas.

El fortalecimiento de la región, a través de herramientas conjuntas en la UNASUR, busca aminorar las consecuencias de una posible crisis económica mundial. Para ello se ha planteado un manejo adecuado y conjunto de las reservas, incentivar la producción y promover el comercio interregional con monedas de la Región.

El fortalecimiento de la Región no es solo una medida a corto plazo, sino una apuesta de mediano y largo plazo. Si bien no es posible prever las consecuencias de la crisis, la Región y específicamente el Ecuador trabaja para mitigar sus efectos. Para ello es importante fomentar una cultura del ahorro, así como impulsar la producción nacional que genere empleo y acelerar el proceso de sustitución de importaciones.

Se trata de impulsar un proyecto económico social y solidario con una visión integral, que deje de lado las visiones rentistas de la economía. En este sentido la inversión directa es importante en la medida que sea controlada, genere transferencia de tecnología y acompañe procesos productivos para la economía ecuatoriana; en este sentido ProEcuador está trabajando en una estrategia para atraer inversiones deseables para la economía ecuatoriana.

ANALISIS DEL CENSO NACIONAL

El censo arrojó resultados sorpresivos, un 7.4% de la población se autodefinió como montubio; l7.2% como afrodescendiente, 7% como indígena, 72% como mestizo y 6,1% como blanco. Además los años de escolaridad en promedio, en el 2001, era de 6.61 años; ahora en el 2009, alcanza 9.04 años promedio para todos los ecuatorianos. Es evidente un saldo importante. Ahora un 75% de los usuarios que acceden a la educación, usan el sistema público. Asimismo, hay una reducción de la velocidad del crecimiento de la población. Está creciendo a un ritmo cada vez menor, desde los años 70. Esto tiene que ver con la reducción del tamaño de los hogares. En la actualidad los padres de familia deciden tener menos niños. En los años 90 el promedio de hogares era de 2.3, pero ahora es de 1.6 hijos.



RESULTADOS DEL CENSO ECONOMICO.

En el Ecuador, el 1% de establecimientos comerciales concentra el 90% de la economía, siendo Guayas y Pichincha las provincias que acaparan ese índice. Entre las dos reúnen el 72% de ventas y el 55% de trabajadores del país, según resultados del Censo Económico Nacional. El análisis reveló también que ese 1% de establecimientos concentra además el 92% del valor agregado, que es el resultado entre lo producido y lo que invirtió para hacer esa producción. Pichincha y Guayas, se llevan también las tres cuartas partes de ese porcentaje.



Las dos provincias registraron más de 106 mil millones de ingresos por ventas y 1’131.000 personas ocupadas durante el ejercicio fiscal de 2009, mientras que las provincias con menores ingresos fueron Napo, con el 0,12%, y Galápagos, con el 0,12%.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la economía ecuatoriana “está hiperconcentrada” y que son justamente estas localidades donde se registran mayores niveles de pobreza. Durante el censo, efectuado en 2010, se visitaron un total de 572 335 establecimientos, pero se analizaron 511 130, debido a la falta de acceso a la información. Para ejecutarlo se hizo un barrido de todas las empresas y establecimientos económicos en los sitios donde habitan más de dos mil personas, en cabeceras cantonales y en corredores viales importantes.

Pichincha, que tiene el 18% de población nacional, suma 68.000 millones de dólares en ventas, lo que representa el 47 por ciento. Guayas, en cambio aporta con el 26% de las ventas, es decir, 38.547 millones. En esta provincia habita el 25% de ecuatorianos. Se demuestra que a mayor concentración de mercado mayor nivel de pobreza. En aquellos sitios donde hay más diversificación de economía existe menos pobreza.



Pichincha obtuvo 41.000 millones de valor agregado (49,6%) y Guayas 20.721 millones de dólares (25%) de los 82.884 generados a escala nacional. Además, el 55% de personas ocupadas permanece en estas localidades: 583.000 en Pichincha y 548.000 en Guayaquil.

ACUERDO CON LA UNION EUROPEA

Entre banano, cacao y camarón, Ecuador espera exportar a la Unión Europea (UE) más de USD 1.100 millones, como el fruto del esfuerzo de más de medio millón de personas trabajando en el sector. En el caso del camarón, el Ecuador exporta alrededor de USD 400 millones anuales a países como España, Francia e Italia. En el sector bananero son más de 100 empresas las que exportan hacia el mercado europeo. Las compañías y empresas de medianos o pequeños productores son las que realmente envían la fruta, principalmente a Alemania, España y en menor proporción al resto de países de todo ese mercado. Hacia Europa se envían cerca de 100 millones de cajas, lo que representa USD 700 millones cada año por exportación de banano.
Ecuador exporta cada año cerca de USD 200 millones por concepto de cacao a países como Holanda, Alemania, Bélgica, entre otros. La UE es el principal mercado de las exportaciones no petroleras del Ecuador (29%).

ENERGIA

Los proyectos que se ejecutarán gracias a los fondos de la Ley de Hidrocarburos que permitirán liberar alrededor de 12 por ciento de las utilidades petroleras; el 30 por ciento de las utilidades de las hidroeléctricas y las regalías de utilidades mineras se destinarán también al desarrollo social. En dicho plan se prevé materializar beneficios para las comunidades y acelerar obras de infraestructura, así como también generar trabajo, servicios básicos, telecomunicaciones, vivienda, vialidad. Se ejecutarán las comunidades del milenio, las mismas que contarán con todos los servicios básicos (electricidad y telecomunicaciones).

Además se dotará de carreteros, centros de deportes, cultura, puentes y hospitales. Se intervendrá en las zonas de mayor necesidad calificados como prioridad 1, en ese grupo constan: Pañacocha, Minería en Zamora, Cochapamba, Cuyabeno, Chontapunto, Dayuma, Bajo Alto, Joya de los Sachas, entre otros. Se prevé implementar 192 proyectos de electrificación rural y con equipamiento por alrededor de 200 millones de dólares con estudios para sus ejecución.

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