RUPTURA DEL DIALOGO Y LEVANTAMIENTO INDIGENA

RUPTURA DEL DIALOGO Y LEVANTAMIENTO INDIGENA

Luego del levantamiento de septiembre del 2009 el gobierno en su conjunto extremó las medidas para ir a un diálogo con la mayor fuerza liderante del movimiento indígena: la Conaie; pero a la vez ha continuado adelante con una serie de medidas propiciadoras de bienestar social, que de manera indirecta bloquean la posibilidad de una oposición indígena – popular como en anteriores levantamientos.

El discurso ideológico político y la acción propagandística, de las fuerzas de oposición, tratan de hacer ver, que este es un gobierno como cualquier otro; y tildándolo como de derecha y neoliberal; este discurso se orienta a que sectores de la izquierda y el movimiento indígena, se bloqueen en la necesidad de apoyo político a un gobierno que ha apostado francamente a un cambio profundo de la estructura de poder y de gobierno y que ha enlazado lo principal de la reclamación y necesidades populares con una práctica política de compromiso creciente con el cambio y la modernización del país por fuera del modelo neoliberal y de la dependencia de los EE.UU.

A pesar de ello, el amplio apoyo popular ha vuelto a crecer a partir de enero de este año, al terminarse los racionamientos eléctricos, ubicándose en el 66%; ello da una garantía de gobernabilidad en el inmediato plazo; y más aún cuando los estratos medio bajos y populares de la población son los que definen esta tendencia.

Como una salida ante una arremetida política, desde la oposición en sus variados frentes, el Gobierno tendría en mira la posibilidad de un plebiscito para Junio de este año, como manera de saldar, vía elecciones nuevamente, con la oposición oligárquica costeña, coludida con sectores de la clase media y media alta entronada en gran parte del aparato estatal; y que coincidirían en los hechos con sectores de la llamada izquierda y el movimiento indígena.

Indudablemente al no haberse llegado a un acuerdo y concertación con el movimiento indígena en especial, el mes de marzo, con el tratamiento de importantes leyes por parte de la Asamblea, volverá a ser el escenario propicio para retomar las movilizaciones, tanto desde la derecha como de los movimientos sociales apoyados por sectores de la llamada izquierda .

El mayor factor de inquietud y aglutinación de la protesta indígena pasada, esto es la ley de aguas, se encuentra en una activa fase de socialización en las propias comunidades indígenas, especialmente de la sierra centro – norte, zonas de mayor protesta y con mayores niveles de organizaciones comunitarias, así como de juntas de riego, que fundamentalmente exigen la conformación de un Consejo Plurinacional para el manejo de este elemento vital; cuyas propuesta deberán ser presentadas a la Asamblea Legislativa, que tiene previsto tratar en segundo debate la propuesta de ley del ejecutivo en la segunda semana de marzo.
El actual Gobierno en tres años de gestión, ha legalizado mayor cantidad de títulos (50.000) que en los 30 años precedentes. Y uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana es “que no hay más campesinos sin tierras”, por ello se prevé que durante los próximos tres años de gestión se entregué 250 mil títulos de propiedad.
También se procedió a la entrega del 36% de una de las más grandes empresas de cemento del país, para un fideicomiso a favor de la Prefectura Provincial de Chimborazo, aliada de APAIS, y en favor de las comunidades indígenas aledañas a la empresa; así mismo mediante préstamo se confirmó el 10% del paquete accionario para los trabajadores de la empresa, mientras el 51% de las acciones estarán en manos del Ministerio de Industrias. Empresa mixta que será tomada como modelo de gestión y que ha pedido de varias autoridades indígenas, podría ser replicado en el ámbito minero en otras provincias.
Igualmente se ha declarado el estado de emergencia en las provincias de la Sierra centro (Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi) afectadas por una pertinaz sequía, que ya ha llevado a la toma de canales de riego por parte de campesinos indígenas, que consideran injusto el abastecimiento que reciben multinacionales agrícolas.
También el Gobierno, en estos últimos meses ha venido trabajando en importantes proyectos para el pueblo indígena como la intensificación del Plan Tierra, que consiste en el reparto de tierras improductivas para las poblaciones indígenas, lo que permitió el reconocimiento del título de tierras en Chimborazo, en la Sierra centro y en la Amazonía.

El Plan Tierras va paralelo de un plan de acompañamiento productivo para el desarrollo sostenible, en todos los territorios titulados y de los que se entregarán las garantías de posesión. El Directorio del BNF resolvió prescindir del requisito del título de propiedad, que se exige para la aprobación del trámite de préstamos; esta decisión beneficiará a los campesinos que tengan el proceso de la legalización de su propiedad en trámite, en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Además, el Banco entrega un crédito a estos campesinos para que puedan solventar los gastos del trámite de la titulación. El monto que se da, depende de la situación de cada agricultor, así como del plazo, pero la tasa de interés es del 5%.

Incluso se llegó a plantear de parte del Gobierno a los líderes indígenas el incluir subsecretarías de interculturalidad en todos los Ministerios u la entrega de frecuencias para establecer radios comunitarias como un derecho de las nacionalidades existentes en el país.

De otra parte la Asociación de Juntas Parroquiales de Ecuador han anunciado se movilizarán en respaldo al Gobierno, y para vigilar la discusión y defender los acuerdos alcanzados de manera consensuada en ese código territorial entre todos los gremios de gobiernos autónomos descentralizados.

PLATAFORMA DE LA CONAIE

A pesar de ello, la Asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, resolvió un “levantamiento plurinacional” luego de una serie de intentos de acercamientos y llamados al diálogo desde el Gobierno, la CONAIE decidió sacar a relucir una vieja plataforma de carácter autonómica, pensada en la década pasada, como alternativa a la profundización del neoliberalismo y de la imposición fascista de un Estado oligárquico – feudal y pro-imperialista.

Evidentemente, una oposición puramente ideológica se ha venido manejando desde la dirigencia de la CONAIE, para restar legitimidad al proyecto de la revolución ciudadana, que sin ser la máxima expresión de un socialismo revolucionario, evidentemente ha logrado profundas reformas en el marco de la estructura jurisdiccional y política del viejo estado oligárquico – feudal y pro-imperialista, y; que más aún ha derrotado a la expresión política de éste, en la figura de la partidocracia; inaugurando un amplio plan de reformas sociales y económicas que han logrado mantener y mejorar la economía del país y más aún de las clases populares, y que ha tomado radicales distancias del imperio norteamericano, en medio de la peor crisis del capitalismo salvaje a nivel mundial.

Los avances en el tratamiento de la Ley orgánica de recursos hídricos fueron de más del 90%; ello incluso se reconoce tácitamente en la actual plataforma del levantamiento, cuando únicamente se menciona la oposición al Estatuto Orgánico de la Junta de Riego; pero ya nada se dice de aquello que provocó el anterior levantamiento, cuando se especuló con la supuesta privatización del agua.

Igualmente la muletilla del “extractivismo” de la política del gobierno, es deleznable en el marco de la estructura jurisdiccional de la nueva constitución y más aún de la gestión política y económica del Gobierno, quien ha inaugurado, una economía centralmente planificada y a largo plazo, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, jalonando un proyecto en cuatro etapas de 4 años, en los que la matriz actual de explotación de los recursos naturales terminará reconvirtiéndose en un modelo industrial en sectores estratégicos de la economía y a la par ecológicamente sustentable, en base a alternativas tecnológico-científicas y de desarrollo del turismo y la biodiversidad.

La demanda autonomista de la plataforma de la Conaie, sobre la base de la propuesta de gestión de un gobierno comunitario y el “ejercicio del Estado Plurinacional”, incluso ahora se halla constitucionalizada, en la especificidad de construir circunscripciones territoriales indígenas, mediante procedimientos consultivos y que al momento son ampliamente desarrollados en la propuesta de Código de Organización Territorial que entrara en vigencia en el inmediato plazo. Entonces esta reclamación cae por su propio peso y avanza peligrosamente hacia la demagogia autonomista que ya se quiso ensayar en la llamada “Asamblea Amazónica” en la cual, caciques locales, partidarios del gutierrismo y dirigentes indígenas amazónicos, pretendieron crear una estructura de poder opuesta al gobierno nacional.

En el caso de la Sierra en la zonas indígenas es amplio del dominio de gobiernos locales indígenas, desde las Juntas Parroquiales, Alcaldías e incluso Prefecturas, que difícilmente apoyarán a una aventura de este tipo; y que más bien han solidificado alianzas con los organismos de desarrollo del Estado, cuanto de los mismos Ministerios y oficinas públicas, en búsqueda de un sumak kawsay (buen vivir) con contenidos culturales propios.

La otra propuesta de la plataforma del levantamiento, que habla del ejercicio de derechos colectivos sobre territorios indígenas considerados área de reserva natural, ha ido siendo lentamente evacuada por los anteriores gobiernos, y rápidamente por el actual, justo antes de la Asamblea de la Conaie, el Estado a través del INDA entregaba títulos de propiedad sobre 45 mil hectáreas a la nacionalidad shuar (amazónico) y está en trámite igualmente la entrega de 200.000 hectáreas a la nacionalidad kichwa amazónica de la provincia del Pastaza; 165.000 hectáreas a los Shiwiar (amazónicos) y otras 3.000 hectárea en territorios de la Costa.

En cuanto al rechazo al carácter uninacional del Consejo de Participación Ciudadana, tiene su correlato en la posición asumida desde antes de la aprobación de la actual Constitución, en la que se reclamaba la participación política de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en los espacios de poder estatal y especialmente en la función legislativa en base a una proporción numérica que represente la población indígena en el contexto nacional.

Esta propuesta no tuvo acogida por la mayoría de asambleístas del partido de gobierno, que modelaban la nueva Constitución, manifestando que se volvería a la práctica del Estado corporativista y a la existencia de curias senatoriales, de ingrata recordación y de deficiente gestión política – institucional, ya que terminan frenando el avance en los procesos de democratización del Estado. A cambio de ello, el sector mayoritario de APAIS propició un amplio reconocimiento de derechos colectivos, políticos y ciudadanos y un plan nacional de desarrollo que permita resarcir las históricas inequidades de un Estado con hegemonía blanco – mestiza.

Así las cosas, tanto la Conaie como el movimiento político Pachakutitk hubieron de subsumirse a esta estructura de Estado en la cual la representación en los organismos de poder se alcanza vía elecciones universales y/o mediante procesos de concurso de oposición y merecimientos, tal cual como se ha configurado el Consejo de Participación Ciudadana y del cual importantes líderes indígenas se auto-excluyeron de participar, dejando el paso a una mayoría blanco-mestiza de tendencia centro-izquierdista y de un solo indígena que anteriormente apoyó a Lucio Gutiérrez.

En el caso de la oposición a todas las Leyes aprobadas en la Legislatura; estas se han dado en el marco de la Constitución y si bien en la primera etapa, debido al mandato constitucional, que establecía fechas perentorias para su aprobación, hubieron de acelerarse los procesos, lo que impidió adecuados niveles de socialización; en la última etapa de la Asamblea Legislativa, se ha roto con esta limitante; y, leyes de extrema importancia como la misma Ley Orgánica de Recursos Hídricos, se están aprobando mediante procesos de consulta apoyados desde la misma instancia legislativa, cuanto por iniciativas comunitarias.

También la plataforma de la CONAIE, de una manera desesperada trata de endosar de xenofobia, racismo y persecución al Gobierno actual, pero lo que buscaría es que a futuro se forme una base para la judicialización internacional del Gobierno en escenarios cooptados por representaciones agenciosas de derechos humanos, como podría ser el mismo organismo de la OEA, que gustosos se prestaría a estos nefandos intereses de esquilmar la buena imagen internacional ganada por el Gobierno ecuatoriano.

No se puede olvidar, que al iniciar su campaña el actual Presidente Correa, este hubo de “rogar” la coparticipación del movimiento indígena liderado por la Conaie, en el binomio presidencial. Entonces la amarga experiencia del gutierrato, así como la miopía política de sus principales dirigentes y la oposición rabiosa de los que ahora de manera frontal lucen como aliados del candidato de la derecha Carlos Vera (Auqui Tituaña), dieron al traste con esta posibilidad.

A partir de ello el distanciamiento entre la dirigencia de la Conaie y el gobierno ha ido en aumento, no sólo por este inicial desacuerdo, sino porque el proyecto de modernización del Estado trazado de manera lúcida por Alianza País, ubicaba a entidades como el Codenpe (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos) como los últimos bastiones de la estrategia neoliberal de focalizar el tratamiento de la pobreza y la inequidad. Con el Codenpe se pretendía poder hacer desarrollo para 4 millones y medio de indígenas empobrecidos con un presupuesto de 10 millones de dólares anuales; y, que a lo mucho sirvieron para pagar a una burocracia indígena y para formar una plataforma electoral de sus Directores.

En el caso del reclamo sobre el supuesto atentado a la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB, esta se mantiene intocada en su estructura nacional, toda ella en manos de funcionarios y docentes indígenas; el único cambio impuesto ha sido retomar la rectoría del Ministerio de Educación que hubo de nominar directamente a los Directores a nivel nacional y provincial; lo cual con motivo del último levantamiento ha sido revisado para dar paso a la elección por concurso de oposición y merecimientos de las más altas autoridades a nivel nacional y provincial.

La reclamación de la expulsión de las transnacionales mineras, tiene el trasfondo de que éstas hubieron de enclavarse, hace décadas cuando el Banco Mundial en complicidad con ellas y los sucesivos gobiernos vende patrias, en la llamada Ley Minera de ese entonces prácticamente hipotecaron 5 millones de hectáreas a estas transnacionales en las condiciones más onerosas para el país y en las peores condiciones de protección ambiental.

La Asamblea Constituyente al expedir el “mandato antiminero” permitió que el gobierno ejecute la reversión de más del 90% de estas concesiones espurias, habiéndose detenido en aquellas que mayor capital tenían invertido, evitando de esta manera demandas millonarias ante el CIADI, organismo internacional al cual estuvo encadenado el país; y en el cual al momento existen demandas por más de 12 mil millones de dólares; y, por ende la amenaza del bloqueo económico y la confiscación de cuentas.

A más de ello el gobierno en la actualidad ha apostado fuertemente a una minería de carácter nacional y ha constituido una empresa nacional al efecto y sus políticas de explotación minera se darían con un alto grado de control que impida la depredación del ambiente y la asignación del 50% de las ganancias y de éstas se destinarían por ley el 60% para desarrollo local.

En resumen, la real intención de esta plataforma de lucha de la Conaie, sería ir a una oposición radical y prolongada al gobierno actual, con la participación de otros sectores sociales resentidos por las medidas de reforma del Estado que ha impulsado el gobierno de la revolución ciudadana; en una estrategia de desgaste y deslegitimación política del Gobierno, lo que supuestamente les permitiría, reposicionarse electoralmente; así lo ha dado a entender Delfín Tenesaca – Presidente del Ecuarunari en recientes declaraciones a la prensa . Pero lo más probable, es que se vuelva a repetir la tendencia expresada en las urnas en el 2008, cuando luego de una tenaz oposición de la CONAIE y de ciertos sectores de izquierda al gobierno de Correa, hubo un abrupto crecimiento de la votación del filo-fascista Lucio Gutiérrez en las provincias de mayor población indígena.