NOTAS PARA EL ANALISIS
DE LA SITUACION NACIONAL
ENERO – DICIEMBRE 2010
SITUACION POLITICA Y ACCION DE GOBIERNO
LA CONSPIRACION EN MARCHA
El gobierno ecuatoriano desde el inicio del año y ante una serie de amenazas de movilización, alertaba sobre una conspiración en marcha en la que incluso estarían involucradas agencias de desarrollo de la ultraderecha americana, aunque excluyó que éstas tuvieran que ver con la Conaie. Igualmente denunció una campaña de desinformación al interior del Ejército que buscaba generar desconcierto con denuncias infundadas. Aseguraba que la oposición estaba actuando por diferentes frentes: acusaba directamente al MPD (Movimiento Popular Democrático, como “francotirador” y el problema de las Universidades por la LOES estaba en plena efervescencia, al igual que la campaña de la derecha con Carlos Vera a la cabeza; no descartaba igualmente acciones desde el movimiento indígena, de la derecha nebotsista y los grandes medios de comunicación.
Criticaba en la posición de los indígenas la falta de visión, por prestarse para los juegos de la derecha, en una protesta sin argumentos, pensando que por tener un proyecto político propio, creen que dañando a todos los gobiernos, independientemente de su línea, van a llegar a proyectos como en Bolivia. Correa, alertaba igualmente sobre posiciones separatistas y violentistas en el Municipio de Guayaquil, similares a las llevadas a cabo en Bolivia, en ese momento Nebot blandía una supuesta disminución de los fondos del gobierno central al municipio, como bandera de lucha separatista.
Igualmente en el marco del cambio de mando de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI, se habían anunciado movilizaciones nacionales por parte del movimiento indígena, que se agravaron por las disposiciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que había resuelto sancionar con la clausura a la radio Arutam de la Federación Shuar. Y, esto catapultó el anuncio de movilizaciones en paralelo y concertadas de la Unión Nacional de Educadores, de los Sindicatos de Trabajadores, de los Pueblos Montubios, las Universidades, del movimiento de derecha de Carlos Vera y el mismo Jaime Nebot. Así mismo en el plano internacional el secretariado de las FARC habría denunciado la posible infiltración de paramilitares colombianos en afán de desestabilizar al gobierno de Correa.
El nuevo Presidente del Ecuarunari desmentía cualquier intento de ir a un golpe de Estado; pero su discurso de ruptura del dialogo con el gobierno y movilización nacional se mantenía en demanda de supuestos incumplimientos del Gobierno en cuanto a los acuerdos en relación a la ley de aguas, de la educación intercultural bilingüe y en cuanto a la apertura a la minería a gran escala en el país.
De su parte el MPD-PCMLE trata de consolidar un “Frente de Unidad Nacional”, al cual buscaba embarcar al mismo movimiento indígena de la CONAIE. Habida cuenta que ya en el anterior levantamiento hubieron acuerdos para enfrentar unidos al Gobierno en sus demandas; a la postre el movimiento indígena luego de las 20 horas de levantamiento, y superada la crisis del desalojo y muerto en la Amazonía, y habiendo dado gran aliento al impopular paro del magisterio, al momento de las negociaciones con el Gobierno, el mandato de las bases y dirigencia media de la CONAIE fue ir solos en la manifestación a la Plaza Grande y luego al diálogo con el Presidente, dejando colgadas las aspiraciones oportunistas de la dirigencia emepedista de los maestros de ir de manera conjunta.
La movilización de la CONAIE se debió de postergar en un escenario de falta de apoyo en la dirigencia y bases indígenas de la misma Amazonía y la Costa, pero se consideraba que esporádicas conversaciones alcanzadas en Bolivia en el escenario de la toma de mando del Presidente Evo Morales, pudieron haber influido en esta decisión; también la No sanción de clausura de la radio Arutam, de la Federación Shuar; pero igual la masiva movilización lograda por el Gobierno en la ciudad de Ambato. Así mismo se evidencia dos posiciones al interior del movimiento indígena de la CONAIE, por un lado la posición más “radical” del Presidente de esta, Marlon Santi, y una posición más proclive a reiniciar el diálogo del Presidente del Ecuarunari.
Con ello, un sinnúmero de sectores de la clase media e incluso de la derecha, que creían ver el momento de una arremetida general contra el gobierno, en mucho debía ver frustradas o aplazadas sus aspiraciones. En ello a más de la manifestación del Alcalde Nebot, había amenazado con movilizaciones el Frente Unitario de Trabajadores, las Universidades y Estudiantes, la UNE, los indígenas evangélicos, los trabajadores del sector público; y otros sectores minoritarios.
Para el Presidente entrante del Ecuarunari, estaba claro que la derecha buscaba encabalgarse en la movilización indígena; pero mantenía a rajatabla la defensa de los intereses corporativos del movimiento; y ante la posición de principio del gobierno de no ceder a estos intereses; las tres regionales que integran la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvieron cerrar toda posibilidad de acercamiento; justificando su posición con la acusación de que el Gobierno de la revolución ciudadana como engendro de un sistema capitalista, neoliberal, de mantener y profundizar la noche neoliberal supuestamente dejando sin esperanza de vida a los pueblos, el Sumak Kawsay, y denunciando que el concepto del Buen Vivir que promueve el régimen solamente era en teoría, se señalaba que la minería, la explotación del petróleo, la extracción de madera, y la “privatización del agua” “no iba más”, se pedía de forma urgente que todas las transnacionales mineras que están territorios de la nacionalidad Shuar que por mandato “sublime” de los pueblos originarios se retiren de esos territorios”. Se pedía al Gobierno definiciones en cuanto a estar con el neoliberalismo, con el colonialismo, con la misma estructura política conquistadora, opresora, imponente, prepotente, y se anunciaba que como ecuatorianos y como originarios de estas tierras se iba a seguir construyendo los pueblos y nacionalidades en sus territorios.
Todo este discurso puramente ideológico y político no se asentaba en ningún análisis serio de la realidad económica, social y política del país, de las clases sociales y de las acciones y escenarios políticos a nivel nacional e internacional; sino en versiones de la derecha de los medios de comunicación, en acciones o declaraciones aisladas de uno u otro funcionario del gobierno; y en el discurso supuestamente radical de los ecologistas y del maximalismo verbalista de los aliados del MPD-PCMLE.
POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL Y MOVILIZACION CIUDADANA
El Gobierno había avanzando en la propuesta de mejora sustancial de los sueldos de los maestros y posicionando el salario de la dignidad para los trabajadores de las empresas que generan utilidades, así como la misma oferta de 14 radioemisoras y frecuencias para igual número de pueblos indígenas; igualmente en el frente de los gobiernos locales, desmontaba los posibles apoyos al Alcalde Nebot, aportando nuevos fondos para los municipios y gobiernos locales más pequeños y tradicionalmente excluidos.
Igualmente Rafael Correa intensificaba su acercamiento a sectores populares claves de la misma ciudad de Guayaquil esto es en barriadas marginales que albergan a cientos de miles de pobladores suburbanos, marginados del desarrollo socialcristiano guayasense, a los cuales llamaba a organizarse y movilizarse en defensa de la revolución ciudadana; y se mantenía una constante campaña de difusión de los principales logros de la revolución ciudadana en cuanto a inversión social.
Así mismo, la movilización convocada por el Gobierno para festejar los tres años de la revolución ciudadana, dio como resultado la presencia en la ciudad de Ambato, de aproximadamente 150.000 personas, con una presencia mayormente popular, tal cual lo habían reflejado encuestas sectorizadas levantadas por Santiago Pérez, que establecían un apoyo de aproximadamente el 60% de la población, siendo estos índices más altos en el caso de la clase media baja y en los sectores populares más empobrecidos; y en su defecto la mayor oposición entre la clase media alta y alta.
Con ello el gobierno indudablemente fortalecía su presencia en el conjunto de la sociedad y desmentía tácitamente la agresiva campaña de desinformación sobre el supuesto descenso de la popularidad del mismo. Ello indudablemente lo posicionaba en el escenario de las negociaciones futuras en diversos escenarios de conflicto, sean estos las reclamaciones gremiales, el azuzamiento de la derecha, así como en el mismo seno de la legislatura.
Igualmente fue motivo para reafirmar una vez más el compromiso de la revolución ciudadana con el sector más pobre de la población, con los indígenas con los estudiantes. A pesar de ello no hubo detalles específicos sobre el revolucionario programa agrario, que en condiciones de la crisis provocada por el levantamiento indígena había aflorado profusa y profundamente, especialmente en el comprometimiento a la repartición de aproximadamente 2’500.000 hectáreas de tierras incultas.
Posteriormente el Presidente Correa en la ciudad de Machala había generado una masiva concurrencia y movilización de apoyo a su gestión con la participación de aproximadamente 15 mil pobladores encabezados por el Prefecto de la provincia. Ello da cuenta que en el escenario riesgoso de los próximos meses, el gobierno apuntaba a fortificar sus bases de apoyo a todo nivel en precaución a movilizaciones orquestadas desde la derecha oligárquica y de los sectores de la clase media alta y del mismo movimiento indígena que se sienten menoscabados en sus intereses.
LA “ARGOLLA ECOLOGISTA INFANTIL”
La abierta confrontación a la “argolla ecológica infantilista” que fe denunciada a raíz de los sucesos precipitados por la renuncia del Canciller Falconí, quienes a espaldas del Presidente Correa, habían venido imponiendo condiciones en el fideicomiso a ser ejecutado con los fondos de los llamados países “donantes” en resarcimiento por la propuesta de dejar en tierra el petróleo del ITT; lo que en primer lugar obligó a Correa a rechazar de manera frontal estas supuestas imposiciones de los países donantes, que luego se demostraría eran inexistentes, y más bien habían sido generados por el círculo de ecologistas infantiles, atrás del cual, a más de Fander Falconí, se hallaban los comisionados del proyecto ITT, el mismísimo Alberto Acosta y su esposa Ana María Varea, Directora máxima del PNUD en el Ecuador, agencia de la ONU con la cual se pensaba gestionar el fideicomiso; y en base a la que se había exigido la inclusión de 100.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía como reserva ecológica, esto significa, a decir del Presidente, el 40% del territorio nacional y la posibilidad de dejar sin posibilidad de explotar recursos naturales del conjunto de la Amazonía.
EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LA POLITICA AGRARIA
Revolución agraria, en coordinación con organizaciones campesinas e indígenas, entendiendo el desarrollo rural en su integralidad; sin embargo Fernando Bustamante, asambleísta de PAIS, indicaba que ha habido un sesgo en la política agraria muy costeño y muy productivista. Decía que es una tarea pendiente hacer cambios fuertes en la estructura agraria sobre todo de la sierra y en la estructura del acceso de la mayoría de campesinos a los recursos. En el tema indígena cree que todavía no se termina de resolver bien y que se estaba pensando cómo integrar el nuevo concepto de la unión y la diferencia, como vamos a dar una justa cabida en la población que remonta su identidad a los pueblos ancestrales sin romper la institucionalidad de la República.
"En la democratización de la tierra estamos dando prioridad a los sectores indígenas", precisó, pues "ha habido un proceso de exclusión estructural de los indígenas, antes dueños de todas las tierras y ahora tienen las peores, erosionadas, altas y sin agua." Para vergüenza del país los sectores indígenas y afros, antiguos dueños del país, son los que sufren los mayores niveles de pobreza. Esos son los objetivos esenciales de la Revolución Ciudadana: los jóvenes, los pobres y nuestros pueblos ancestrales, recalcó. Aseveró que ese en un programa para lograr la redistribución de la propiedad. "No va a acabar la inequidad en este país mientras no se democratice la propiedad y no sólo estamos hablando de la tierra, estamos hablando del agua, de edificios, de empresas. Por eso, las empresas incautadas a los banqueros las vamos a vender, pero primero a las comunidades", señaló. "Son al menos tres programas para la democratización de la propiedad, particularmente de la tierra. Estamos dando prioridad a sectores indígenas, con un grupo de razones: la injusticia histórica con los indígenas (...) y para combatir la pobreza absoluta" finalizó el Jefe de Estado.
RUPTURA DEL DIALOGO Y LEVANTAMIENTO INDIGENA
Luego del levantamiento de septiembre del 2009 el gobierno en su conjunto extremó las medidas para ir a un diálogo con la mayor fuerza liderante del movimiento indígena: la Conaie; pero a la vez continuaba adelante con una serie de medidas propiciadoras de bienestar social, que de manera indirecta bloquean la posibilidad de una oposición indígena – popular como en anteriores levantamientos.
El discurso ideológico político y la acción propagandística, de las fuerzas de oposición, tratan de hacer ver, que este es un gobierno como cualquier otro; y tildándolo como de derecha y neoliberal; este discurso se orienta a que sectores de la izquierda y el movimiento indígena, se bloqueen en la necesidad de apoyo político a un gobierno que había apostado francamente a un cambio profundo de la estructura de poder y de gobierno y que había enlazado lo principal de la reclamación y necesidades populares con una práctica política de compromiso creciente con el cambio y la modernización del país por fuera del modelo neoliberal y de la dependencia de los EE.UU.
A pesar de ello, el amplio apoyo popular había vuelto a crecer a partir de enero de este año, al terminarse los racionamientos eléctricos, ubicándose en el 66%; ello daba una garantía de gobernabilidad en el inmediato plazo; y más aún cuando los estratos medio bajos y populares de la población son los que definen esta tendencia.
Como una salida ante una arremetida política, desde la oposición en sus variados frentes, el Gobierno tenía en mira la posibilidad de un plebiscito para Junio de este año, como manera de saldar, vía elecciones nuevamente, con la oposición oligárquica costeña, coludida con sectores de la clase media y media alta entronada en gran parte del aparato estatal; y que coincidirían en los hechos con sectores de la llamada izquierda y el movimiento indígena.
Indudablemente al no haberse llegado a un acuerdo y concertación con el movimiento indígena en especial, el mes de marzo, con el tratamiento de importantes leyes por parte de la Asamblea, volvería a ser el escenario propicio para retomar las movilizaciones, tanto desde la derecha como de los movimientos sociales apoyados por sectores de la llamada izquierda.
El mayor factor de inquietud y aglutinación de la protesta indígena pasada, esto es la ley de aguas, se encontraba en una activa fase de socialización en las propias comunidades indígenas, especialmente de la sierra centro – norte, zonas de mayor protesta y con mayores niveles de organizaciones comunitarias, así como de juntas de riego.
El actual Gobierno en tres años de gestión, había legalizado mayor cantidad de títulos (50.000) que en los 30 años precedentes. Y uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana es “que no hay más campesinos sin tierras”, por ello se prevé que durante los próximos tres años de gestión se entregué 250 mil títulos de propiedad.
También se delineaba la entrega del 36% de una de las más grandes empresas de cemento del país, para un fideicomiso a favor de la Prefectura Provincial de Chimborazo, aliada de APAIS, y en favor de las comunidades indígenas aledañas a la empresa; así mismo mediante préstamo se confirmó el 10% del paquete accionario para los trabajadores de la empresa, mientras el 51% de las acciones estarán en manos del Ministerio de Industrias. Empresa mixta que será tomada como modelo de gestión y que había pedido de varias autoridades indígenas, podría ser replicado en el ámbito minero en otras provincias.
Igualmente se había declarado el estado de emergencia en las provincias de la Sierra centro (Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi) afectadas por una pertinaz sequía, que ya había llevado a la toma de canales de riego por parte de campesinos indígenas, que consideran injusto el abastecimiento que reciben multinacionales agrícolas.
También el Gobierno, en esos meses había venido trabajando en importantes proyectos para el pueblo indígena como la intensificación del Plan Tierra, que consiste en el reparto de tierras improductivas para las poblaciones indígenas, lo que permitió el reconocimiento del título de tierras en Chimborazo, en la Sierra centro y en la Amazonía.
El Plan Tierras va paralelo de un plan de acompañamiento productivo para el desarrollo sostenible, en todos los territorios titulados y de los que se entregarán las garantías de posesión. El Directorio del BNF resolvió prescindir del requisito del título de propiedad, que se exige para la aprobación del trámite de préstamos; esta decisión beneficiará a los campesinos que tengan el proceso de la legalización de su propiedad en trámite, en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Además, el Banco entrega un crédito a estos campesinos para que puedan solventar los gastos del trámite de la titulación. El monto que se da, depende de la situación de cada agricultor, así como del plazo, pero la tasa de interés es del 5%.
De otra parte la Asociación de Juntas Parroquiales de Ecuador habían anunciado se movilizarán en respaldo al Gobierno, y para vigilar la discusión y defender los acuerdos alcanzados de manera consensuada en ese código territorial entre todos los gremios de gobiernos autónomos descentralizados.
PLATAFORMA DE LA CONAIE
A pesar de ello, la Asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, resolvió un “levantamiento plurinacional” luego de una serie de intentos de acercamientos y llamados al diálogo desde el Gobierno, la CONAIE decidió sacar a relucir una vieja plataforma de carácter autonómica, pensada en la década pasada, como alternativa a la profundización del neoliberalismo y de la imposición fascista de un Estado oligárquico – feudal y pro-imperialista.
Evidentemente, una oposición puramente ideológica se había venido manejando desde la dirigencia de la CONAIE, para restar legitimidad al proyecto de la revolución ciudadana, que sin ser la máxima expresión de un socialismo revolucionario, evidentemente había logrado profundas reformas en el marco de la estructura jurisdiccional y política del viejo estado oligárquico – feudal y pro-imperialista, y; que más aún había derrotado a la expresión política de éste, en la figura de la partidocracia; inaugurando un amplio plan de reformas sociales y económicas que habían logrado mantener y mejorar la economía del país y más aún de las clases populares, y que había tomado radicales distancias del imperio norteamericano, en medio de la peor crisis del capitalismo salvaje a nivel mundial.
Los avances en el tratamiento de la Ley orgánica de recursos hídricos fueron de más del 90%; ello incluso se reconoce tácitamente en la actual plataforma del levantamiento, cuando únicamente se menciona la oposición al Estatuto Orgánico de la Junta de Riego; pero ya nada se dice de aquello que provocó el anterior levantamiento, cuando se especuló con la supuesta privatización del agua.
Igualmente la muletilla del “extractivismo” de la política del gobierno, es deleznable en el marco de la estructura jurisdiccional de la nueva constitución y más aún de la gestión política y económica del Gobierno, quien había inaugurado, una economía centralmente planificada y a largo plazo, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, jalonando un proyecto en cuatro etapas de 4 años, en los que la matriz actual de explotación de los recursos naturales terminará reconvirtiéndose en un modelo industrial en sectores estratégicos de la economía y a la par ecológicamente sustentable, en base a alternativas tecnológico-científicas y de desarrollo del turismo y la biodiversidad.
La demanda autonomista de la plataforma de la Conaie, sobre la base de la propuesta de gestión de un gobierno comunitario y el “ejercicio del Estado Plurinacional”, incluso ahora se halla constitucionalizada, en la especificidad de construir circunscripciones territoriales indígenas, mediante procedimientos consultivos y que al momento son ampliamente desarrollados en la propuesta de Código de Organización Territorial que entrara en vigencia en el inmediato plazo. Entonces esta reclamación cae por su propio peso y avanza peligrosamente hacia la demagogia autonomista que ya se quiso ensayar en la llamada “Asamblea Amazónica” en la cual, caciques locales, partidarios del gutierrismo y dirigentes indígenas amazónicos, pretendieron crear una estructura de poder opuesta al gobierno nacional.
En el caso de la Sierra en la zonas indígenas es amplio el dominio de gobiernos locales indígenas, desde las Juntas Parroquiales, Alcaldías e incluso Prefecturas, que difícilmente apoyarán a una aventura de este tipo; y que más bien habían solidificado alianzas con los organismos de desarrollo del Estado, cuanto de los mismos Ministerios y oficinas públicas, en búsqueda de un sumak kawsay (buen vivir) con contenidos culturales propios.
La otra propuesta de la plataforma del levantamiento, que habla del ejercicio de derechos colectivos sobre territorios indígenas considerados área de reserva natural, había ido siendo lentamente evacuada por los anteriores gobiernos, y rápidamente por el actual, justo antes de la Asamblea de la Conaie, el Estado a través del INDA entregaba títulos de propiedad sobre 45 mil hectáreas a la nacionalidad shuar (amazónico) y está en trámite igualmente la entrega de 200.000 hectáreas a la nacionalidad kichwa amazónica de la provincia del Pastaza; 165.000 hectáreas a los Shiwiar (amazónicos) y otras 3.000 hectárea en territorios de la Costa.
En cuanto al rechazo al carácter uninacional del Consejo de Participación Ciudadana, tiene su correlato en la posición asumida desde antes de la aprobación de la actual Constitución, en la que se reclamaba la participación política de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en los espacios de poder estatal y especialmente en la función legislativa en base a una proporción numérica que represente la población indígena en el contexto nacional.
Esta propuesta no tuvo acogida por la mayoría de asambleístas del partido de gobierno, que modelaban la nueva Constitución, manifestando que se volvería a la práctica del Estado corporativista y a la existencia de curias senatoriales, de ingrata recordación y de deficiente gestión política – institucional, ya que terminan frenando el avance en los procesos de democratización del Estado. A cambio de ello, el sector mayoritario de APAIS propició un amplio reconocimiento de derechos colectivos, políticos y ciudadanos y un plan nacional de desarrollo que permita resarcir las históricas inequidades de un Estado con hegemonía blanco – mestiza.
Así las cosas, tanto la Conaie como el movimiento político Pachakutitk hubieron de subsumirse a esta estructura de Estado en la cual la representación en los organismos de poder se alcanza vía elecciones universales y/o mediante procesos de concurso de oposición y merecimientos, tal cual como se había configurado el Consejo de Participación Ciudadana y del cual importantes líderes indígenas se auto-excluyeron de participar, dejando el paso a una mayoría blanco-mestiza de tendencia centro-izquierdista y de un solo indígena que anteriormente apoyó a Lucio Gutiérrez.
En el caso de la oposición a todas las Leyes aprobadas en la Legislatura; estas se habían dado en el marco de la Constitución y si bien en la primera etapa, debido al mandato constitucional, que establecía fechas perentorias para su aprobación, hubieron de acelerarse los procesos, lo que impidió adecuados niveles de socialización; en la última etapa de la Asamblea Legislativa, se había roto con esta limitante; y, leyes de extrema importancia como la misma Ley Orgánica de Recursos Hídricos, se están aprobando mediante procesos de consulta apoyados desde la misma instancia legislativa, cuanto por iniciativas comunitarias.
También la plataforma de la CONAIE, de una manera desesperada trataba de endosar de xenofobia, racismo y persecución al Gobierno actual, pero lo que buscaría es que a futuro se forme una base para la judicialización internacional del Gobierno en escenarios cooptados por representaciones agenciosas de derechos humanos, como podría ser el mismo organismo de la OEA, que gustosos se prestaría a estos nefandos intereses de esquilmar la buena imagen internacional ganada por el Gobierno ecuatoriano.
No se puede olvidar, que al iniciar su campaña el actual Presidente Correa, este hubo de “rogar” la coparticipación del movimiento indígena liderado por la Conaie, en el binomio presidencial. Entonces la amarga experiencia del gutierrato, así como la miopía política de sus principales dirigentes y la oposición rabiosa de los que ahora de manera frontal lucen como aliados del candidato de la derecha Carlos Vera (Auqui Tituaña), dieron al traste con esta posibilidad.
A partir de ello el distanciamiento entre la dirigencia de la Conaie y el gobierno había ido en aumento, no sólo por este inicial desacuerdo, sino porque el proyecto de modernización del Estado trazado de manera lúcida por Alianza País, ubicaba a entidades como el Codenpe (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos) como los últimos bastiones de la estrategia neoliberal de focalizar el tratamiento de la pobreza y la inequidad. Con el Codenpe se pretendía poder hacer desarrollo para 4 millones y medio de indígenas empobrecidos con un presupuesto de 10 millones de dólares anuales; y, que a lo mucho sirvieron para pagar a una burocracia indígena y para formar una plataforma electoral de sus Directores.
En el caso del reclamo sobre el supuesto atentado a la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB, esta se mantiene intocada en su estructura nacional, toda ella en manos de funcionarios y docentes indígenas; el único cambio impuesto había sido retomar la rectoría del Ministerio de Educación que hubo de nominar directamente a los Directores a nivel nacional y provincial; lo cual con motivo del último levantamiento había sido revisado para dar paso a la elección por concurso de oposición y merecimientos de las más altas autoridades a nivel nacional y provincial.
La reclamación de la expulsión de las transnacionales mineras, tiene el trasfondo de que éstas hubieron de enclavarse, hace décadas cuando el Banco Mundial en complicidad con ellas y los sucesivos gobiernos vende patrias, en la llamada Ley Minera de ese entonces prácticamente hipotecaron 5 millones de hectáreas a estas transnacionales en las condiciones más onerosas para el país y en las peores condiciones de protección ambiental.
La Asamblea Constituyente al expedir el “mandato antiminero” permitió que el gobierno ejecute la reversión de más del 90% de estas concesiones espurias, habiéndose detenido en aquellas que mayor capital tenían invertido, evitando de esta manera demandas millonarias ante el CIADI, organismo internacional al cual estuvo encadenado el país; y en el cual al momento existen demandas por más de 12 mil millones de dólares; y, por ende la amenaza del bloqueo económico y la confiscación de cuentas a nivel internacional.
A más de ello el gobierno en la actualidad había apostado fuertemente a una minería de carácter nacional y había constituido una empresa nacional al efecto y sus políticas de explotación minera se darían con un alto grado de control que impida la depredación del ambiente y la asignación del 50% de las ganancias y de éstas se destinarían por ley el 60% para desarrollo local de las comunidades, pueblos y circunscripciones.
En resumen, la real intención de esta plataforma de lucha de la Conaie, sería ir a una oposición radical y prolongada al gobierno actual, con la participación de otros sectores sociales resentidos por las medidas de reforma del Estado que había impulsado el gobierno de la revolución ciudadana; en una estrategia de desgaste y deslegitimación política del Gobierno, lo que supuestamente les permitiría, reposicionarse electoralmente; así lo había dado a entender Delfín Tenesaca – Presidente del Ecuarunari en declaraciones a la prensa. Pero lo más probable, es que se vuelva a repetir la tendencia expresada en las urnas en el 2008, cuando luego de una tenaz oposición de la CONAIE y de ciertos sectores de izquierda al gobierno de Correa, hubo un abrupto crecimiento de la votación del filo-fascista Lucio Gutiérrez en las provincias de mayor población indígena.
