ACCION DE GOBIERNO Y SITUACION POLITICA

NOTAS PARA EL ANALISIS
DE LA SITUACION NACIONAL


SITUACION POLITICA Y ACCION DE GOBIERNO

CIERRE DE TELEAMAZONAS Y BLOQUEO DEL “CONSENSO”

En el escenario político legislativo la gran arremetida de la derecha y los grandes medios de comunicación pusieron a tambalear la aprobación de la nueva ley de comunicación, incluso algunos asambleístas a tono con la nueva orientación del Presidente de la Asamblea de llegar a consensos, se desubicaron de sus iniciales posiciones, pero de hecho al no haber una mayoría sólida en la Asamblea, el movimiento de gobierno hizo un giro táctico, para dejar mayor tiempo a la difusión y discusión de la ley.

Pero una de las más importantes acciones de Gobierno en el año que concluye ha sido la de “patear el tablero” de las negociaciones de “consenso” que se venían dando en la Asamblea Legislativa entre las fuerzas de Alianza País y las de la derecha, con motivo de la Ley de Comunicaciones. La ausencia de una representación mayoritaria de APAIS en la Asamblea Legislativa había conspirado para dar salida a una serie de leyes que configuran el entramado jurídico – político para dar viabilidad a la nueva constitución a la vez que para generar la propuesta de desarrollo del Gobierno.

Pero a su vez la recuperación de la iniciativa de la derecha fue evidente a partir del levantamiento indígena de septiembre, a más de la escasa comunicabilidad e inserción de los legisladores de PAIS y de la misma estructura del partido en amplios sectores del pueblo, impedía o limitaba la posibilidad de una contraofensiva; así mismo la vigencia de los grandes medios de comunicación que se mantienen en una permanente labor de conspiración, en base a campañas de desinformación y tergiversación ha ido minando o frenando lentamente el ascenso de la revolución ciudadana.

De ahí que la aguda visión política de Rafael Correa, haya visto como una claudicación el pacto alcanzado con las fuerzas de la derecha en la Asamblea Legislativa, para ceder en importantes determinaciones a favor del consenso, esto es por ejemplo en la capacidad sancionadora que debería tener el Consejo de Comunicación, y en las mismas causales por las cuales sancionar a éstos. De ahí que su respuesta haya sido contundentemente a favor y en defensa de la decisión legal y constitucional de clausurar por tres días las transmisiones de una de las agencias televisivas más reaccionarias, propiedad de uno de los más grandes banqueros y oligarcas del Ecuador: Fidel Egas.

La reacción de la derecha no se hizo esperar, incluso con plantones en las calles de Guayaquil, y más escasamente en Quito; pero el corifeo de voces “democratistas” dio cuenta de lo débil de la formación ideológica política de los mismos Asambleístas de PAIS, quienes dando muestras del más craso “cretinismo parlamentario” reaccionaron heridos ante la inconsulta, inoportuna decisión del CONARTEL, otros más audaces exigían el llamado a juicio político a las autoridades de comunicación, y los más, incluso el mismo Presidente de la Asamblea Fernando Cordero, lamentábanse de que se ponía en peligro el consenso alcanzado con la fuerzas de la derecha.

PROPUESTA DE CONSULTA POPULAR

La respuesta dura y despiadada de Correa vino de la mano con la propuesta posible de someter a consulta la política del Gobierno al año de haber asumido el mandato, esto sería en agosto del 2010. De esta manera el escenario ha empezado a ser ya tergiversado por el mayor diario de la derecha “El Comercio” quien dice que Correa habría llamado a utilizar la “muerte cruzada”, esto es disolver la Asamblea y poner a disponibilidad el cargo de Presidente. Y como representante de un sector de la derecha se muestran igualmente sorprendidos de la contundencia de la respuesta de Correa.

Esta posición de Correa igualmente se da en la seguridad del respaldo popular, medido a través de encuestadoras serias como la de Santiago Pérez, quienes estiman al final del año en 59% de apoyo popular y de un 38% de rechazo; habiéndose estos datos incrementado en un punto a favor del gobierno en la evolución de las encuestas.

ESTRATEGIA DEFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA LA OPOSICION

Esta decisión, la de la consulta popular, estuvo desde el inicio entrevista ante la ausencia de mayoría legislativa; de ahí que el Presidente Correa no haya cejado en su política de acercamiento a nuevos y mayores sectores populares, a manejar la crisis sin afectar a la economía popular e incluso de los mismos sectores medios. Lo más difícil de su política de bienestar social, ha sido llevar estos programas hacía el sector campesino – indígena de la sierra, sector por demás empobrecido, discriminado y sujeto a explotación; debido a una demora en la generación de políticas radicales y estructurales que afecten a la propiedad de grandes latifundistas tradicionalmente gamonales, y a la crisis económica que dejo escasos recursos para iniciar en un amplio programa de desarrollo rural integral.

Esta fragilidad de la política gubernamental fue hábilmente explotado por el gutierrismo agentes enmascarados de las políticas de la derecha oligárquica e imperialista, hicieron un trabajo de zapa en las bases del movimiento indígena y campesino, que les permitieron obtener expectantes resultados en las últimas elecciones; y de hecho, bajo cuerda, generar el malestar, la desinformación y la desesperanza en el campo, con lo cual se aunaba la miope campaña de la dirigencia de la CONAIE en contra de Correa, lo que permitió un relativo éxito en las movilizaciones y levantamiento de la CONAIE en septiembre.

La respuesta desde el Gobierno, ya desde el mismo 26 de abril, fue focalizar con mayor énfasis políticas sociales a favor de los campesinos – indígenas de la Sierra, las que en mucho no han progresado por el freno de los círculos burocráticos de la clase media urbana blanco – mestiza, enquistados en las entidades del Estado, acostumbrado a ver en el indio a un ser de inferiores recursos y posibilidades y sujeto únicamente de lástima.

Incluso, antes del levantamiento, de una manera tardía y en una bajo nivel, la Secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales conjuntamente con el Ministro de la Política, intentaron acercamientos con la dirigencia de la CONAIE, que fueron desechados ante el magnífico escenario de la recuperación de la movilización indígena, en base a una estratagema que denunciaba la privatización del agua en la Ley que se trataba en la Asamblea. Recién ahí el gobierno tomaba cuenta de la inmensa distancia que separa al pueblo indígena de los distintos gobiernos y más aún del Estado, de la fragilidad de las políticas sociales como acumuladoras de poder en el mismo sector indígena y de la potencialidad del levantamiento, más aún si este es aupado por oscuras fuerzas de la derecha, como el gutierrismo y los grandes medios de comunicación.

Las lecciones aprendidas por el gobierno en este escenario, llevaron a la vez que ha profundizar, acelerar y radicalizar la propuesta de atención al campo, a la zona rural serrana y al mismo movimiento indígena; pero a la vez a disponer un cerco de tipo mediático, político e ideológico, a la vez que social en los inmediatos aliados del movimiento indígena, esto es entre los pequeños productores, subempleados y desempleados, de los trabajadores asalariados y de la misma clase media urbana, abriendo importantes fuentes de atención, servicios y beneficios, que formen una barrera de contención para impedir la expansión de la onda del levantamiento ; y a la vez que disponer de una mayor población a favor del gobierno y de sus políticas; para evitar que la derecha golpista y conspiradora trate de pescar a rio revuelto.

En estos futuros escenarios, de hecho la salida más viable y posible, aunque igualmente riesgosa y onerosa, es el llamado a la consulta popular; de ahí que el Presidente Correa vea como una amenaza, como así lo es, a las posibilidades de radicalización de la revolución ciudadana, los avances de la política consensuante comandada por el Presidente de la Asamblea y secundada de manera oportunista y suciamente cretina de un sinnúmero de asambleístas de PAIS que no alcanzan a ver más allá de sus generosos sueldos, viáticos, y; tejes y manejes hasta el 2013.

A pesar de la inmensa cantidad de población indígena marginada y empobrecida la propuesta de levantamiento a cuajado de manera rápida y eficaz en toda la anterior década, ante las políticas de ajuste fondomonetarista, y los levantamientos mayormente masivos y radicales, han sido los que han tenido de por medio el problema de la tierra (levantamiento en contra de la Ley de Desarrollo Agrario en el gobierno de Sixto Durán Ballén), la tierra y la producción (levantamiento contra el TLC) y el último que se relacionaba con el agua. Difícil saber hasta qué punto la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, favorable a los intereses campesinos e indígenas, pueda nuevamente ser objeto de manipulación política para generar otro levantamiento; precaviéndose de ello, la Asamblea Legislativa si bien para febrero estaría dando el segundo debate, su definitiva aprobación se ha dicho se dará en las primeras semanas de mayo del 2010.

Las otras reclamaciones de la agenda indígena, se están absolviendo, como la situación de la Educación Intercultural Bilingüe, y es solamente un grupo aparatista de la misma, quienes a toda costa pretenden regresar al control de la misma por fuera de la rectoría del Ministerio y de cualquier otra instancia. Las nacionalidades amazónicas y de la Costa, a más de su tradicional bravura en los levantamientos a su vez se han demostrado en múltiples ocasiones como hábiles negociadores, incluso antes de la clausura de la radio Arutam, hubo voces disonantes en cuanto a apoyar el llamado del Ecuarunari de romper el diálogo con el gobierno.

Los verdaderos conflictos se ceñirán sobre el inicio de exploraciones avanzadas en el área de minería en territorios de nacionalidades y pueblos indígenas; a pesar de que la misma Ley y las disposiciones políticas del gobierno dan amplias garantías para una explotación racional de los recursos, pesa más la nefandas experiencias de la explotación petrolera por ejemplo en cuanto contaminación y empobrecimiento social.

Así mismo Correa renovó su discurso en relación a priorizar la llamada política del sumak kawsay en relación a alcanzar equidad, eficiencia y soberanía, esto luego de un taller del equipo de gobierno en el cual se demostró con cifras y análisis la profunda inequidad que trasluce la sociedad ecuatoriana, en sus diferentes clases y estratos sociales. Sobre la equidad, señaló que es uno de los principales aspectos que se requiere trabajar a fondo para beneficio de los más desposeídos. En este sentido, indicó que existen cuatro factores: sistema tributario progresivo, gasto público que genere igualdad de oportunidades, control de poder del mercado y adecuada distribución de la riqueza.

Al contrario de lo que quisiera la derecha, con encuestas manipuladas que supuestamente daría cuenta de un bajón en la popularidad de Correa, un analista serio como Santiago Pérez señala que un 63% de la población no ha cambiado su opinión sobre la gestión del presidente Rafael Correa, mientras que un 24% opina que ha empeorado. Por el contrario, un 14% ha mejorado su opinión respecto al Gobierno.
Pérez, si bien reconoce que en Quito y Guayaquil es más evidente el descenso de la gestión del Mandatario, señaló que, en el resto de provincias, no se dan altos niveles de desaprobación.

ROMPIMIENTO DEL DIALOGO CON LA CONAIE

En el escenario político actual se avizoraba el rompimiento del diálogo entre la dirigencia de la CONAIE y el Gobierno, a pesar de los avances logrados en la Ley de Aguas, en las definiciones sobre las Circunscripciones Territoriales Indígenas, y la misma Educación Bilingüe, poderosos intereses corporativos del movimiento indígena ven más fácil pasar a la oposición como forma de conquistar reivindicaciones gremiales del movimiento, sin importar que este juego a la oposición termine consolidando la verdadera oposición de derecha, que a partir del levantamiento indígena en septiembre y la consiguiente deslegitimación social del gobierno, cobró y ganó fuerza a espaldas de la CONAIE.

Pero el Gobierno avizorando el escenario de conflictividad social que se empezará a vivir en el primer trimestre del nuevo año, con la aprobación de importantísimas leyes para el avance de las normas constitucionales, ha ido apuntalando su proyecto con el apoyo de gobiernos locales, al igual que posicionando la imagen presidencial y del gobierno con un amplio juego de políticas de bienestar social y un frente comunicacional más focalizado y radical.

Pero, igualmente el horizonte de la gobernabilidad de los primeros meses del año se ensombrece para la gestión de gobierno de AP, por la posición asumida por la dirigencia del Ecuarunari, la más grande organización de pueblos kichwas de la sierra, de romper el diálogo con el Gobierno y llamar a nuevas movilizaciones, supuestamente por no haber avances en las mesas de diálogo en especial en referencia a la ley de aguas y a la expedición de los reglamentos de la ley minera; en realidad un sector profesionista del movimiento indígena, que se vio afectado por la rectoría del Gobierno en la gestión de la educación intercultural bilingüe, así como en el cambio del modelo institucional de la otra gran institución indígena – el Codenpe- y ha venido presionando para levantar la movilización indígena.

Pero igualmente la demora del Plan Agrario del Gobierno y la poca implementación en el sector rural de los beneficios de planes asistencialistas y de desarrollo, ha generado escasas expectativas en el grueso del movimiento indígena.

A más de ello en la elección del nuevo Consejo de Gobierno del Ecuarunari, quedó excluido de participación direccional la tendencia de la asambleísta indígena Lourdes Tiban y su esposo el ex - diputado de Cotopaxi Raúl Illaquiche, mayormente opositores del Gobierno y ligados a la oposición de derecha que comanda Carlos Vera.

CONVENCION NACIONAL DE APAIS

El partido de Gobierno – APAIS, se halla en vísperas de una trascendental Convención Nacional en la que está previsto definir decisiones orgánicas, ideológicas y políticas; y, también se elegirá a la nueva Dirección Nacional. Previo a ello el buró nacional invitó a Roberto Cuero (Gobernador del Guayas), Gustavo Baroja (Prefecto de Pichincha), Paúl Granda (Alcalde de Cuenca) y María Paula Romo (Asambleísta y miembro prominente del grupo ‘Ruptura de los 25’ a participar en él buró nacional. A mes y medio de cumplir tres años en el poder, Alianza PAIS (AP), cuenta con un instructivo, con un buró político renovado y con la decisión de convertirse en partido político. Durante el proceso de transición hasta que se realice la Convención Nacional de AP, se reestructurarán todas las instancias directivas de la organización. La idea es que se conformen organismos de dirección intermedia que trabajarán como coordinadoras provinciales, cantonales, zonales, parroquiales y comunales.

Esta toma de posiciones al interior de PAIS se da en vísperas de la Asamblea Constitutiva de PAIS como partido político, prevista para el primer semestre del año, en la cual se traslucirán agudos debates y luchas por la captación de la dirección del naciente partido; entre sectores que buscan radicalizar el proceso de la revolución ciudadana mínimamente hacia el bolivarianismo y aquellos que buscan hacer de PAIS una estructura política puramente electoral.

ASALTO AL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Un grupo de estudiantes de la FEUE y la FESE, orquestados y fanatizados por el MPD-PCMLE, y atrás de ellos 180 profesores de dos colegios universitarios quienes se resisten a ser sometidos a la autoridad del Rector y peor aún del Ministerio de Educación, propiciaron el asalto del Rectorado de la Universidad Central (Quito). La sesión del Consejo Universitario debía definir sobre los mecanismos para una nueva convocatoria a elecciones de la FEUE en la Universidad Central, ya que la anterior estuvo viciada de nulidad y fraude. Esto conllevó a que los estudiantes atacaran a local y obligase a saltar desde el segundo piso al Rector y abajo ser apaleado por los estudiantes fanatizados.

La condena a tal hecho fue unánime y terminó con el desalojo de los estudiantes a través de la policía y apresamiento del Presidente de la Feue Nacional, a quien se le imputa cargos de intento de asesinato y al cual se le ha expulsado de la universidad. A más de ello las fuerzas de renovación universitaria han adelantado movilizaciones masivas en el claustro universitario, exigiendo cese la violencia y el control omnímodo de la dirigencia del Friu, brazo político estudiantil del MPD-PCMLE.


ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA

Estratégicamente la Legislatura comienza a alargar los plazos de aprobación de las más controvertidas leyes, como la Ley de Aguas para mayo del 2010, con ello a la vez que se da un más amplio plazo para la socialización y el debate, se evita la concentración en la aprobación de las mismas en un período de tiempo más reducido que llevaría a la igualmente concentración de la oposición política de diversos sectores que se sienten afectados por las mismas.

En su defecto, leyes como la de Educación han tenido un trámite más expedito, luego del consenso que se alcanzara en la comisión especial nombrada para el efecto; solamente el MPD representante político-gremial de la UNE y opositor al actual Gobierno trata de encontrar, en el escalafón del magisterio y en las imposiciones tributarias, motivos para la oposición y movilización del magisterio en contra del Gobierno . Lo novedoso del debate en primera instancia fue la aparición de manera pública en las barras de la Asamblea de un grupo de maestros simpatizantes del gobierno y de su propuesta .

Así mismo importantes sectores del movimiento indígena liderado por la FENOCIN ve con beneplácito el articulado estructurado en un título y cinco capítulos en los que se reivindica la educación intercultural bilingüe, su planteamiento va más lejos al solicitar que el conjunto del sistema educativo se resuelva desde lo intercultural.

MOVIMIENTOS SOCIALES

MOVIMIENTOS SOCIALES

COMISION DE LA VERDAD

En el ámbito de la situación política el gobierno está dispuesto a apoyar la judicialización y penalización de los militares y policías que llevaron adelante una campaña de terror, ejecuciones extrasumariales y torturas en los años 1984 – 1988. Los involucrados se han agrupado y han publicado un libro tratando de exculparse y culpar de terrorismo a las fuerzas políticas que actuaron en ese momento de manera armada.

FENOCIN

Luis Andrango, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), afirmó que dentro de los 24 puntos que la organización acordara con el presidente de la República, Rafael Correa, en tiempos de campaña, sólo se han cumplido 13. En ese sentido, exigió “una profundización en el cambio basado en la agenda electoral”. Además, agregó que “la sociedad se está volviendo opositora” por no sentirse participativa en la elaboración de los proyectos de ley. Por último, el dirigente indígena resaltó que “hace 3 años se firmó un acuerdo que implica un cambio en la ley para la reforma agraria”, en el cual se encuentra la firma del entonces candidato presidencial, Rafael Correa, por lo que reclamó los cambios en favor de las organizaciones que representa. En su última Convención Nacional la FENOCIN dijo no siente “la profundización del cambio” en el sector agrario, Sin embargo, mantiene un apoyo crítico al Gobierno. En ese sentido, señaló, que “la decisión de esta gran asamblea ha sido adoptar un apoyo crítico y condicionado al Gobierno de Rafael Correa frente al cumplimiento de los acuerdos políticos”.

ECUARUNARI

De su parte Humberto Cholango, Presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador - Ecuarunari, en vísperas del Congreso se esta organización indígena – campesina, filial de la CONAIE, manifestó que “Con el gobierno de la denominada “Revolución Ciudadana”, también hemos tenido que luchar para no ser asimilados a un proyecto político que aspira a construir solo con ciudadanos desorganizados juntados con algunos representantes de la vieja partidocracia de derecha que se han reencauchado para obstaculizar el proceso de cambio.

FEINE

A una sola voz, de libertad e igualdad, el asambleísta Marco Murillo, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), explicó que las propuestas de leyes que se entregan al titular de la Asamblea fueron trabajadas intensamente por este sector, que espera se incluyan en legislación, para terminar con las inequidades que aún subsisten, principalmente en lo social y económico, lo que ha ocasionado un perjuicio evidente a los pueblos indígenas.

ALBERTO ACOSTA

Alberto Acosta: “Yo he dicho, y repito una vez más, que encuentro en el Gobierno del presidente Rafael Correa razones suficientes como para justificar el esfuerzo que desplegué y que desplegó una gran cantidad de ciudadanos en el país que hicieron posible el que el presidente Correa llegue a la presidencia de la república y que hayan hecho posible que este Gobierno continúe avanzando y dando respuestas en algunos ámbitos muy importantes para la vida nacional. Ejemplo concreto: sector externo, se va consolidando una política seria, una política sobre bases de soberanía y dignidad que habla muy bien no solo del Canciller sino del Gobierno en general, para señalar”, dijo.

En otro tema, el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente opina que “sí es necesario una ley (de Comunicación), por una razón básica y fundamental: porque ningún sector puede estar al margen de la ley, y si estamos hablando de derechos fundamentales indispensables, tenemos que garantizar esos derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es el primer derecho que tenemos aquí?, la libertad de expresión es un derecho irrestricto, libertad de expresión de todos, no de ustedes los comunicadores exclusivamente, no solo de los periodistas”. “Lo fundamental aquí es garantizar la libertad de expresión, que no puede confundirse con la libertad de empresa de los dueños de medios de comunicación, porque a ratos creo que están confundiéndose”, insistió.


POLITICA EN RELACION A LAS FARC Y COLOMBIA

Uno de los elementos claves de la política de los últimos años, ha sido la persistente insistencia de la derecha de ligar al actual gobierno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Previo a ello y siguiendo un maquiavélico plan del imperialismo en el conjunto de la región andina, los grandes medios de comunicación, la derecha y los gobiernos de turno, en especial los cuerpos de seguridad se dieron a la ingrata tarea de pretender ligar de manera oficial al narcotráfico con las FARC, a no dudarlo algunos estamentos de éstas pudiesen haber sido cooptadas a la acción de narcotráfico; pero a ciencia cierta y en base a la convicción política de uno de los frentes guerrilleros de orientación nacionalista y marxista, esto es inconcebible; a lo sumo, la política oficial de las FARC ha sido cobrar impuestos de guerra a los narcotraficantes y evitar que estos maltraten a los campesinos cocaleros.

Pero igualmente en el eje de la política de los gobiernos del área, ninguno ha caído en la trampa del imperialismo y el narcoterrorismo uribista de denostar como “terroristas” a una de las fuerzas político – militares más consolidadas del área, pero igualmente se han abstenido de darles el estatus de fuerza beligerante. Recientemente la reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana realizada en Caracas – Venezuela, retoma esta iniciativa a la vez que compromete al bolivarianismo en el contexto del apoyo moral a la guerrilla más antigua de la región.

Esta posición evidentemente no se halla acompasada por la política de relaciones internacionales del Ecuador, en mucho por la arremetida mediática, lo que al inicio parecía ser posible, que el Ecuador al alcanzar el logro de liberar a los secuestrados de las FARC, se pudiese convertir en un interlocutor del área en la necesidad del reconocimiento de estas como fuerza beligerante y la posibilidad de un arreglo pacífico al conflicto colombiana, se vio bloqueada en redondo por el ataque de Angostura.

De ahí acá la bien montada y orquestada campaña mediática del imperialismo y el narcoterrorismo uribista, pusieron a la defensiva al gobierno, quien hubo de refugiarse en un discurso al inicio neutral pero que cada vez más, resulta ofensivo en cuanto a las FARC, pero sin llegar a ser actor mediático y peor aún militar en la estrategia de yunque y martillo preconizado por el imperialismo y el Plan Colombia.

La inminente instalación de bases militares en Colombia y las pocas posibilidades de recambio político interno del hermano país, han hecho que el gobierno empiece a asumir una posición más conservadora en relación a la política internacional, esto en parte explicable por el hecho de priorizar el agrupamiento sudamericano del UNASUR, han debilitado igualmente la presencia política del Ecuador en la confrontación directa con el imperialismo y sus lacayos que lleva adelante el ALBA en su última Asamblea.

COMISION DE ANGOSTURA

En este contexto y luego de arrestos de opinión pública los comisionados para investigar el caso Angostura, poco han aportado al esclarecimiento de esta acción terrorista comandada por las agencias de espionaje y militares norteamericanos, de hecho el encubrimiento agencioso estuvo blindado desde el inicio y difícilmente se podría probar tal aserto, a pesar de ello la comisión no ha escatimado en señalar el papel jugado por la Base de Manta en acciones de espionaje y en especial en el ataque de Angostura . A su vez a dejado claro que el gobierno está exento de relaciones con las FARC, pero no así algunos de sus funcionarios. El Presidente Correa ha dicho inicialmente que el informe lo ha desilusionado por la falta de pruebas y contundencia.

En cuanto a las repercusiones del informe de la Comisión de Angostura, se ve de manera clara que el informe es un batiburrillo de todas y cada una de las informaciones filtradas a la prensa desde diversas fuentes; y, es que la misma configuración de la Comisión, respondía a las más heterogéneas posiciones de la llamada “sociedad civil”, políticos liberales trasnochados como el mismo Francisco Huerta Montalvo; agentes oficiosos de la derecha como el representante de las Universidades particulares (Galarza) y el delegado de las Iglesias Evangélicas (Bautista) furibundos enemigos de la democracia revolucionaria venezolana, de la Coordinadora Continental Bolivariana y de las mismas FARC.

Es por ello las múltiples inconsistencias, desmentidos y aclaraciones que han debido dar sus voceros. Igualmente las acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia – CIA en este proceso, difícilmente sería posibles de rastrear en sus mismas fuentes.

A pesar de ello el Asambleísta de AP Fernando Bustamante sostuvo que “queda claro que el convenio que permitió la utilización de la Base Aérea de Manta por parte de EEUU fue más allá de lo que era su explícito propósito el combate al narcotráfico, pues se utilizó para la inteligencia estratégica de las operaciones de las fuerzas norteamericanas en el hemisferio sur y especialmente en Colombia, además de la interdicción de la migración ilegal… Igualmente, queda claro que los servicios de inteligencia nacional, tanto policial cuanto militar demostraron una débil institucionalidad y que tenían mayor coordinación con las autoridades de otros países que con las propias de Ecuador; que el Gobierno no tuvo, como tal, ninguna vinculación con las FARC o el campamento de Raúl Reyes en Angostura. Sin embargo queda en la incógnita la posible participación de compatriotas particulares o ex funcionarios del régimen en actividades o vínculos con esta organización insurgente, allí es donde existen mayores cabos sueltos”, dijo en una entrevista periodística.

FUERZAS ARMADAS

El Ministro de Gobierno, Carvajal, explicó que las bases militares norteamericanas en Colombia no van a ser utilizadas como puntos de ataque hacia los países de Sudamérica, esto basado en el hecho de que la política de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, no comparte los fines militares que tenía la administración de George W. Bush, ex mandatario de ese país, aseguró. Mientras tanto el Ejército ecuatoriano sigue los pasos de varios presuntos jefes de la guerrilla colombiana de las FARC en la frontera binacional, dijo el comandante de la institución, general Ernesto González. Según el oficial, uno de esos dirigentes es Oliver Solarte, según él, jefe financiero del Bloque Sur que opera en el departamento colombiano de Putumayo, a quien la Policía ecuatoriana atribuyó la propiedad de un cargamento de 8,4 toneladas de cocaína incautado en octubre.

El General Ernesto González quien fue antes director nacional de Inteligencia Militar, en el gobierno de Alfredo Palacio, dijo que “el Ejército en la frontera no solamente sigue la pista de Óliver Solarte, sino de muchos cabecillas. Ahora que se restablece la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) de una manera más plena, esperemos que nos intercambien la información… los Grupos Ilegales Armados de Colombia (GIAC) son el enemigo. Nuestros hombres saben que cualquier personal que entre a territorio ecuatoriano, sea de las fuerzas legales o de las ilegales, que esté armado, debe ser capturado… No estamos actuando como yunque ni Colombia como martillo. La política de seguridad del Estado ecuatoriano es de no intervención en asuntos internos de otros Estados. Para que Ecuador sea un yunque deben operar en conjunto las fuerzas de ambos países y eso está prohibido.

INTERNACIONAL

XIX CUMBRE IBEROAMERICANA

El Presidente Correa denunció desde Portugal la política transnacional de las entidades financieras de la República Popular China, que pretenden lesionar la soberanía nacional al exigir modelos contractuales peores aún que los aplicados en su tiempo por el FMI. Ello ponía en riesgo el financiamiento de importantes y estratégicas obras de desarrollo como el proyecto hidroeléctrico Coca – Codo – Sinclair, así como la misma Refinería del Pacífico. A pesar de ello el gobierno ha dicho buscará financiamiento de otras fuentes.

Correa en declaraciones desde Portugal, aseguró que la Quinta Internacional pretende terminar con los privilegios que algunos países han utilizado para “dominar a nuestra región”.

Los miembros del ALBA "alertan a la comunidad iberoamericana e internacional que reconocer estas elecciones ilegales e ilegítimas constituiría un nefasto precedente que pondría en riesgo la estabilidad y la existencia de las democracias de América Latina", según un texto del grupo difundido en Estoril, Portugal, donde se celebra la XIX Cumbre Iberoamericana. "El golpe de estado militar en Honduras ha puesto de manifiesto el inicio de una ofensiva neocolonial, por parte del gobierno de Estados Unidos y las oligarquías nacionales latinoamericanas, destinada a recuperar espacios en la región ante el progresista e incontenible avance político de nuestros pueblos",

Luego, en el plano internacional fue evidente el desmarcamiento de Rafael Correa de la cumbre de el ALBA, la aguda crisis eléctrica que soporta el país, la poca consistencia ideológica – política de la base social de clase media sobre la cual se soporta en mucho el gobierno de Alianza País, así como el distanciamiento de dirigencia indígena campesina y sindical, impiden al momento, que la llamada revolución ciudadana radicalice sus posiciones antiimperialistas en el escenario internacional.

Igualmente la arremetida norteamericana en contra de los procesos de cambio en el continente, la instalación de bases militares en Colombia, y los probables escenarios de confrontaciones militares contra Venezuela, pondría igualmente en el ojo de la tormenta al mismo Ecuador y darían gran preponderancia a las decisiones del alto mando militar.

De otro lado el ejercicio de la Presidencia de la Unasur, igualmente conspira para que la posición del gobierno ecuatoriano sea más explícitamente contestataria; de ahí que ni siquiera la descarada intromisión de la Canciller norteamericana sobre las relaciones diplomáticas con Irán, han sido oficialmente contestadas, quizás de por medio igualmente se espera la ratificación por la Cámara de Representantes de los EE.UU. del ATPDEA, a pesar del lobby en contra que hiciesen 17 grandes transnacionales norteamericanas.

OPOSICION DE LA DERECHA Y EL IMPERIALISMO

OPOSICION DE LA DERECHA

PSICOSOCIALES DE ALARMA SOCIAL

Mientras tanto los grandes medios de comunicación, caballos de batalla de la derecha recalcitrante, pretendieron posicionar en la opinión pública la alarma ante reuniones del Gobierno, previamente pactadas, con el conjunto de generales y almirantes de las FF.AA. (una cada seis meses) y con el bloque de Asambleístas de PAIS, (una cada dos meses); en esta última se pretendió entrever un supuesto resquebrajamiento de los asambleístas de AP; de hecho la máxima presión que se generó desde la derecha, en medio del debate de la Ley de Comunicación, mello la unidad que ha mantenido el bloque de AP, pero aún más pesó, la posición oportunista de aliados supuestos del gobierno, que venían especulando con su apoyo a la ley (los asambleístas del PRE trataban de posicionarse estratégicamente para lograr la amnistía de Abdala Bucaram, autoexilado por peculado; mientras que la llamada izquierda posicionaba su “propia” propuesta, pero igualmente se mantenía a la expectativa de un quiebre de la mayoría, para ir en un acuerdo sin principios con fuerzas de la derecha a un recambio de la mayoría).

En esa situación a AP no le quedó más escenario que desmontar las posiciones más radicales de la Ley, esto es la censura de contenidos; y, la posibilidad de que el Consejo de la Comunicación, pudiese tener acción punitiva sobre las transgresiones de los medios de comunicación; y en base a ello alcanzar un consenso sobre los términos de la ley, que irá a primer debate el 22 de diciembre .

CARLOS VERA Y LA DERECHA CIUDADANA

Pero igualmente en el escenario político como bien lo denunciara el periodista Kintto Lucas, la derecha se rearticula con disfraz “ciudadano”, en base a la figura mediática de Carlos Vera, quien en su proyecto busca recomponer a la derecha en un movimiento de masas; y en ello a más de los agentes oficiosos como el Coronel Haro (Justicia y Libertad), se ha sumado el Coronel Mario Pazmiño jefe de la llamada Legión Blanca, grupo paramilitar de ultraderecha, que a la vez fungía como Jefe de Inteligencia Militar de Pichincha; a más de ello ha aparecido en este escenario Martha Roldós, militante de la RED y sobrina de León Roldós, quienes actuaron en alianza con el “Polo Democrático”; al igual que Auqui Tituaña, ex – Alcalde de Cotacachi por el Movimiento Pachakutik, hoy desafiliado del mismo y embarcado en el carro de Carlos Vera, este último ha dicho que su binomio presidencial sería la asambleísta indígena Lourdes Tiban.

Carlos Larreátegui: Ciudadanos de diferentes sectores y extracciones han comenzado a expresar su firme rechazo al esquema autoritario y neo marxista que se pretende implantar en el Ecuador. Sin instituciones que puedan mediar y catalizar los conflictos sociales, el Ecuador enfrenta un grave riesgo de colisiones violentas con derivaciones insospechadas… La solicitud de revocatoria de la Asamblea debe respaldarse con el 10 por ciento de personas inscritas en el registro electoral mientras que para el caso del Presidente se requiere un 15por ciento. Se debe considerar, además, que a diferencia de la revocatoria del mandato del Presidente, que exige una mayoría absoluta de los sufragantes, la revocatoria del mandato de la Asamblea necesita tan solo la mayoría absoluta de votos válidos.

Marco Arauz Ortega: En estos días, varios asambleístas de Alianza País han sumado sus voces a quienes consideran que el proyecto de Ley de Comunicación no está bien concebido. Los reparos son sobre técnica jurídica pero sobre todo conceptual, ante la serie de problemas que han sido identificados por otros miembros de la Comisión Especial, que redactó el documento, y por decenas de profesionales y especialistas externos, incluso de algunos que militan en el mismo sector ideológico que el del Gobierno. El mismo Presidente de la Asamblea ha hecho varias puntualizaciones y ha afirmado que el proyecto de Ley no fue avalado colectivamente. Al mismo tiempo, ha reclamado el derecho de los asambleístas de hacer conocer las observaciones a un proyecto que no ha sido debatido internamente en Alianza País.

Por Editorial Diario El Comercio: Son responsables y sensatas las recientes declaraciones de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, en relación con el proceso para la elaboración de la Ley de Comunicación. En la entrevista aparecida este domingo en este Diario, aclaró que el proyecto entregado por la comisión especial presidida por la asambleísta Betty Carrillo “no es una ley de Alianza País ni del Gobierno”, pues, según él, en referencia al movimiento oficialista, “somos libres y valoramos la democracia participativa, estamos creando las condiciones para tener una postura, ojalá, unificada, para el primer debate de la Ley de Comunicación”. Otro de los asuntos delicados, según el Presidente de la Asamblea, es la contradicción entre un artículo que habla de que no habrá censura previa y otro que señala que el Estado debe vigilar el cumplimiento del derecho ciudadano a recibir información “veraz y verificada”.

MICHELETTI

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, dijo que los últimos hechos ocurridos en su país constituyen una lección que deben aprender los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez; de Brasil, Luiz Lula da Silva; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

NEBOT

La derecha recalcitrante de Guayaquil encabezada por el Alcalde Nebot, en su discurso se vuelve cada vez más cínicamente agresiva, en medio del conflicto con los pequeños comerciantes informales y en el marco de la redistribución de los presupuestos para los gobiernos seccionales .




CAMPAÑA DE DENUNCIAS

La oposición de la derecha luego de cooptar a León Roldós pero ante el evidente desgaste de las continuas denuncias de este y su sobrina, cada vez menos creíbles y más fantasiosas, han decidido remozar el plantel de oposición con la presencia del ex – sindicalista de Petroecuador, alto dirigente del llamado Polo Democrático, Fernando Villavicencio, quien con cifras maquilladas y deleznables análisis jurídicos, pretende encontrar peculado en cada una de las acciones y contratos del actual Petroecuador.

Fernando Villavicencio se ratifica en su denuncia de que “el costo operativo por barril de petróleo del campo Sacha, el histórico, no sobrepasa los 5 dólares el barril y que el haber inflado a $ 7,81 es una trampa perversa que le beneficia a la compañía Río Napo en aproximadamente 50 millones de dólares al año, y que de ahí, de esos 50 millones de dólares al año, tanto PDVSA como Petroecuador iban a sacar los recursos para invertir en el propio campo” .

Igualmente Villavicencio, militante del movimiento Polo Democrático, denunció irregularidades en el campo petrolero de Pucuna, donde existiría, según dijo, manipulación de los contadores de barriles diarios. Esto implicaría una causal de caducidad de contrato con el Consorcio Petrolero Amazónico, del cual forman parte la empresa ecuatoriana Dygoil, la venezolana PDVSA y la empresa NCT Energy, manifestó. El perjuicio ascendería a 500 barriles diarios por un año, que implican cerca de 8 millones de dólares . En un remitido público el Consorcio Petrolero Amazónico a desmentido tales aseveraciones y ha puesto de por medio el informe de fiscalización realizado por entidades el Estado que no han encontrado ningún indicio del fraude denunciado por los trabajadores despedidos.

Y en el caso del pozo Sacha, la empresa mixta Río Napo, cuyo capital es 70% de Petroecuador y 30% de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), esta alianza permitirá invertir en tecnología de punta para aumentar la producción a 70.000 barriles diarios de crudo, para lo cual se deberá invertir en perforaciones de pozos, infraestructura, etc., para el efecto se reconocerá una tarifa que bordea los USD 17 por barril, que permite a la compañía recuperar las inversiones realizadas, cubrir sus costos y gastos y obtener una utilidad, todo esto exclusivamente sobre la producción incremental de crudo. Un componente de la tarifa variable es el costo operativo, que se fijó en USD 7,81 por barril para producir los 50.000 barriles diarios. Sin embargo, Petroecuador cree que debe ser menor, “ojalá de USD 5,8”, dijo Pablo Caicedo, miembro del Consejo de Administración (CAD) de Petroecuador. El funcionario señaló que las cláusulas 7, 10 y 15 del contrato facultan a la petrolera estatal a revisar mensualmente los costos definidos en el contrato .

A pesar de que la empresa mixta conformada para reconvertir la producción del campo Sacha ha demostrado hasta la saciedad la bondad y calidad de su propuesta en el marco del acuerdo de cooperación ecuatoriano – venezolano, pero el batiburrillo de denuncias continua a una por día. Los afanes politiqueros en este caso son evidentes, anteriormente Fernando Villavicencio logró posicionarse de la mano de León Roldós, como primer diputado por el entente oportunista Red – Polo Democrático, ahora más avezado avanza de la mano de César Montufar en la demanda contra PDVSA en la explotación de la Isla Puna, cuando la misma empresa venezolano ha dicho explícitamente que el adendum firmado con Petroecuador solamente busca transparentar su propia contabilidad y que de no encontrarse gas o petróleo en sus exploraciones el Estado ecuatoriano No deberá pagar ni un centavo por tal prospección . Seguramente el puesto de diputado, ahora vendrá en la lista de Carlos Vera.

ECONOMÍA y DESARROLLO

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y MUNICIPIOS

Correa, aclaró que en la proforma presupuestaria trazada para el próximo 2010, ningún gobierno seccional recibirá menos que en el período fiscal del año 2008, que se consideró un año de bonanza. Esto en virtud de las tergiversaciones de sectores de la derecha de la supuesta disminución a los presupuestos para los gobiernos locales. Correa aprovechó para aclarar que lo que se ha hecho es dar mayor equilibrio y equidad a la proforma presupuestaria, en razón a los índices de pobreza, al cumplimiento de metas de superación de necesidades básicas insatisfechas y equilibrio regional. Esto igualmente en relación a la política de la Asamblea Legislativa que decidió que se reconsidere la inversión de más de 100 millones de dólares del presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

ULTIMATUM AL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL

Así mismo, dejando de lado diplomacias y eufemismos, el Presidente Correa, dio un ultimátum al equipo de gobierno en el Banco Central, por haber obstaculizado la transferencia de más de 4 mil millones de dólares de la reserva monetaria de libre disponibilidad a la banca de inversión pública y así haber frenado un amplio programa de recuperación de la pequeña y mediana producción, que considera créditos con el 2% de intereses.

El vice ministro de Producción, Mauricio Peña, aseguró que para 2010 el Gobierno impulsará políticas para reactivar pequeños y medianos proyectos. La iniciativa busca fomentar el acceso al crédito para llegar a los estratos más bajos de la sociedad y reactivar la economía nacional. El programa cuenta con un financiamiento de aproximadamente 205 millones de dólares.

NUEVA DEUDA EXTERNA

El Gobierno acumula nueva deuda externa pública que se sumará a los 7.500 millones de dólares de deuda externa que tiene ahora el Estado. Y de esta manera, el monto asciende a $ 15 mil millones. Este fin de semana se firmó un convenio con la compañía china Camco, que invertirá un monto de $ 2.000 millones en varios proyectos. Ese dinero vendrá a un costo promedio del 2% anual y a 20 años plazo. Roberto Briones, delegado de Camco, explicó que están prestos para financiar los proyectos hidroeléctricos nuevos, sistemas de riego, descarga de agua, equipamiento para el desarrollo agropecuario e industrial y fábricas de cemento con capacidad de producción de 1.500 toneladas métricas por día que trabajarán junto a Cementos Chimborazo.

AGROPECUARIO

PLAN TIERRA

15.000 hectáreas se suman a las cinco haciendas que ya fueron entregadas por el Plan Hacienda, un programa piloto que se desarrolló en el primer semestre de este año. Esas haciendas son Jesús María (Palenque-Los Ríos), Productos Agrícolas Fluminense y Limoncillo (Vinces-Los Ríos); Leopoldina (Colimes-Guayas) y Concepción Monjas (Lloa-Quito). Las tierras no fueron vendidas sino cedidas (garantía de posesión) a los campesinos.

Inicialmente, se tiene previsto entregar 25 predios, pero aún no se informa cuáles son. Las tierras están en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y en Pichincha. Pertenecieron a los bancos cerrados, ahora manejados por la Agencia de Garantía de Depósitos; a personas sentenciadas en casos de narcotráfico, al Ministerio de Agricultura, entre otros. El ministro Ramón Espinel informó esta semana que se han dispuesto USD 80 millones en créditos del Banco Nacional de Fomento para los campesinos que adquirirán las tierras a un costo inferior al del mercado. También se dará asistencia técnica, semillas, insumos y otros, con el fin de que esa tierra sea producida de forma eficiente. Esto irá acompañado de programas de salud, vivienda, empleo y otras ayudas estatales.

ENERGIA, PETROLEO Y MINERIA

RENEGOCIACION CON LAS PETROLERAS

En el plano local, la política de gobierno se apresta a ir a una renegociación integral con las grandes empresas petroleras, de ahí la radicalidad de su discurso al confrontar a los implicados y causantes de la caída de aproximadamente el 14% de la explotación petrolera, debido a la baja inversión del sector privado, esto con la anuencia de los funcionarios que debía controlar tal situación en la misma empresa estatal Petroecuador. Correa dijo que las transnacionales petroleras debían invertir o irse del país. En su defecto el Estado en tres años ha invertido unos 4.000 millones de dólares en los campos a cargo de las estatales Petroecuador y Petroamazonas.

De esta manera el Gobierno puso en firme la renegociación de contratos petroleros con 26 empresas extranjeras a las cuales se les conminó a una forma contractual en la que el Estado es el dueño del 100% del petróleo a cambio de recibir pagos por servicios prestados.

DECLINACION DE PRODUCCION PRIVADA DE PETROLEO

La inversión planificada de Repsol fue de 154 millones de dólares y la Agencia de Control de Contratos Petroleros de Petroecuador, que es la encargada de dar seguimiento a esos contratos, aprobó un presupuesto de inversión de 6 millones y medio de dólares, es decir, casi 150 millones menos. “Esa agencia de contratos petroleros, más la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), eran solo recaderos de las petroleras privadas, corruptos pagados, porque esto es inexplicable. (…) Repsol decía: 'Quiero invertir menos' y le reprogramaban y permitían que invierta menos y luego ejecutaba menos y no pasaba absolutamente nada, ni multas ni sanciones, cuando esto merecía multas y hasta caducidad sino cumplían con la inversión programada. Las petroleras hacían lo que les daba la gana”, puntualizó el Presidente Correa. Admitió, finalmente, que parte de los problemas se dieron en su gobierno. “Esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres y apellidos de quienes permitieron esta miseria y vamos a hablar con las privadas y vamos a ser claros: o me invierten o se van, compañeros, pero con el país no van a seguir jugando”, dijo .

POLITICA MINERA

Las visitas del presidente Rafael Correa y de su ministro de la Política, Ricardo Patiño, ablandaron la posición antiminera existente en Zamora Chinchipe. Según James Salcedo, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de esa provincia, las tensiones entre Correa y el prefecto Salvador Quishpe (Pachakutik) se superaron luego de la visita que hizo el Mandatario a Zamora el 10 de noviembre pasado. La apertura que tuvo el Gobierno para financiar obras de desarrollo en Zamora fueron determinantes. Durante la visita de Correa, Quishpe pidió al Gobierno apoyar la construcción de los proyectos hidroeléctricos Sabanilla y Valladolid con el 40% de la inversión. Pero el Presidente le garantizó el 100%. También ofreció concretar la construcción del Centro de la Culturalidad y de una empresa para procesar derivados de plátano.
Pero, el prefecto Quishpe le dijo a este Diario que los recientes ofrecimientos que ha hecho el presidente Correa no serán canjeados por la demanda minera. “Si por eso se cierran las puertas en Quito, lo evaluaremos y lo denunciaremos públicamente”.

Los reglamentos obligan a las empresas a obtener una licencia ambiental, así como un certificado de aprovechamiento del agua, emitido por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Actualmente las empresas mineras grandes, como Ecuacorriente, Aurelian, Kinross, etc., que tienen reservas de oro y cobre, han empezado a retomar los trabajos para culminar la fase de exploración. “Ya existen anuncios para contratar personal”.
Desde abril de 2008 hasta abril pasado se perdieron alrededor de 10.000 puestos directos por la paralización del sector minero, según cifras de la Cámara.

CRISIS ELECTRICA

El largo estiaje que soporta la región andina y el consecuente racionamiento eléctrico a más de ello provocaron la renuncia del Ministro de Energía; el ministro encargado en negociaciones directas consiguió de Colombia el abastecimiento del 25% del déficit; y se espera que mediante el paulatino ingreso de plantas termoeléctricas al sistema integrado nacional, en el escenario menos favorable, la crisis se habrá superado el 12 de febrero del 2010.

El Ministerio de Electricidad analizó en las últimas dos semanas 68 ofertas para vender energía eléctrica al Gobierno. Y resolvió comprar 175 MW a APR Energy (75MW) y Energy Internacional (100). Mientras el gobierno colombiano anunciaba la suspensión temporal en el suministro de energía a Venezuela y la restricción en las ventas del recurso a Ecuador para garantizar reservas frente al duro verano que se avecina. Mientras tanto el Ministerio de Electricidad asumió la totalidad de las acciones de las empresas de generación y distribución pertenecientes al Fondo de Solidaridad en liquidación, que fungía como único accionista.


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ARTICULOS Y DOCUMENTOS DE INTERES – Links

A SEPULTAR A LA MAFIA GARROTERA ! ! !
http://www.jcepichincha.blogspot.com/

IMPERIALISMO, SOCIALISMO E INDIGENISMO
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=96511

ACCION DE GOBIERNO Y SITUACION POLITICA

1. ACCION DE GOBIERNO

El prolongado estiaje que soporta el país obligó al gobierno a declarar la emergencia eléctrica que permitió el ahorro forzoso de energía mientras se negoció suministros extras, especialmente con el Perú, se rehabilitó parte del parque termoeléctrico y se negoció con Cuba la cesión de cupos para adquirir planta termo eléctricas; a más de ello la lenta recuperación del caudal de la represa hidroeléctrica Paute, permiten avizorar que el ofrecimiento del gobierno de terminar los apagones hasta el 15 de diciembre se hará realidad.

El gobierno a más de enfrentar la crisis eléctrica del país, hubo de desmentir y denunciar la indolencia de los gobiernos neoliberales anteriores, quienes a más de privatizar, dejaron por fuera de sus planes, el incremento de la capacidad energética del país, especialmente en lo que se refiera a la construcción de sistemas hidroeléctricos.

A la vez se informó sobre la inversión que ha realizado el Gobierno de la Revolución Ciudadana en estos tres años de gestión en el área energética “nosotros en tres años hemos invertido $474 millones, es decir el 80 por ciento más que los otros hicieron en 12 años”. Dijo que el Gobierno hasta el 2016 invertirá un total de 7.530 millones de dólares, con lo cual la energía se incrementará 3700 megavatios y recordó que los gobiernos anteriores durante 15 años únicamente lograron una capacidad de 443 megavatios. Actualmente la capacidad de generación eléctrica es de 3.400 megavatios y se espera que hasta el 2016 duplicar la potencia instalada a 7.100 megavatios. “Vamos a pasar de ser importadores a exportadores netos de energía”.

En el plano político se notan fricciones al interior del bloque del partido de gobierno, Alianza País, pero también con aliados cercanos del Partido Socialista, e igualmente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador – FENOCIN, quienes en su último Congreso Nacional se han lamentado por la falta de profundidad en la política agraria del Gobierno y han resuelto mantener un apoyo crítico al Gobierno.

De otra parte hay informaciones contradictorias del avance de las mesas de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, si bien por una parte se dice que se ha avanzado en un 90 los acuerdos sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, de otra parte se manifiesta que esta mesa estaría en suspenso hasta ver en qué termina el primer debate sobre esta Ley en la Asamblea.

Igualmente los sectores terratenientes que tradicionalmente han acaparado el agua, se han puesto en alerta ante la posibilidad de que se aplique más duramente la revisión de todas las concesiones del agua y se endurezca su trámite en base a las nuevas consideraciones tanto constitucionales como legales. Igualmente estos mismos sectores ven con preocupación los reiterados llamados del gobierno y del mismo Plan de Desarrollo de propiciar una más justa redistribución de la tierra.

En la Asamblea Legislativa se dio el primer debate sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, previo a ellos se estableció una mesa de diálogo con el movimiento indígena, de la cual salieron importantes insumos que se procesaron en la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y que definen con mayor precisión el papel de las juntas de regantes y usuarios de los sistemas comunitarios en el control y la gestión del agua, igualmente se visionó la necesidad de constituir un Consejo Plurinacional de Control y Gestión del Agua, a la vez que se demanda la participación del sector público y/o comunitario en el menos el 51% en la gestión, uso y aprovechamiento de las fuentes termales, de las industrias de embotellamiento del agua, que mención aparte significan ganancias de 300 millones de dólares anuales . Igualmente se solicita establecer mecanismos para que desde ya las concesiones a más de revertirse al sector público entre a ser redistribuidas, en razón al mismo mandato constitucional, que prevé la realización de un censo para el efecto y del cual nada o poco se ha adelantado. El informe del primer debate deberá estar para el inicio del 2010.

En la mesa de circunscripciones Territoriales Indígenas que constará en el Código Territorial, Luis Yampis Tsenkush, dirigente de territorio de la Conaie, junto a Valerio Grefa, Inés Shiguango y otros representantes de la Confeniae, organización de la regional amazónica, expresaron su respaldo a lo establecido en el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto a la existencia de uno de los regímenes especiales, las circunscripciones territoriales indígenas (CTIs).

En cambio el Presidente de la CONAIE, Marlon Santi, estuvo en Washington pidiendo que la relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas de la OEA delegue representantes a las mesas de diálogo, pues temen verse defraudados por el Gobierno. A más de ello, Santi hizo lobby con el personal asesor del senador demócrata McGovern en demanda de mayor atención desde el gobierno ecuatoriano; en la misma posición la Asambleísta indígena del Movimiento Pachakutik, Lourdes Tibán, propuso se consulte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la OEA con sede en Washington, sobre la legalidad de la Ley de Comunicaciones, lo que fue rechazado por la mayoría de la Asamblea por considerarlo lesivo a la soberanía nacional.

De su parte el Gobierno ha manifestado que ha sido este quien ha solicitado en otras ocasiones la visita del comisionado de pueblos indígenas de la OEA. En el fondo, el asunto que ha dado origen a este nuevo distanciamiento es la campaña del gobierno a favor del desarrollo de la minería en el país, y la firma de los reglamentos para la viabilización de la ley; en los que se rescata una mayor claridad las acciones de control y remediación ambiental, la disposición de que el 50% de las regalías vayan para el Estado; la creación e instalación del Directorio de la Corporación Estatal Minera, la creación del Instituto de Geología y Minas, etc.

Rafael Correa dijo que la exportación de minerales comenzará muy probablemente en el año 2012 durante un acto con miles de mineros en la ciudad de Zaruma, al sur del país. Actualmente, la actividad se encuentra en una etapa de exploración y mantiene concesiones con empresas canadienses para desarrollar algunos proyectos de oro, cobre y plata. Con la firma del reglamento se pondrá en marcha la ley, que autoriza la minería a gran escala, y se podrá retomar la actividad. Pero las firmas que mantienen sus concesiones deberán esperar una aprobación final de sus proyectos. En el país operan las firmas canadienses Kinross; Im Gold, Corriente, entre otras.

El sector de la pequeña minería y de la artesanal también será regulado en sus procesos de extracción. Según la Cámara Nacional de la Pequeña Minería, alrededor de 90.000 pequeños mineros viven de esta actividad en el país. La pequeña minería genera 400.000 puestos de trabajo en todo el país. Eso lo dijo el gremio y dijo que este cálculo incluye a la minería metálica y no metálica. El reglamento regulará a las compañías en el pago justo de salarios, el cuidado de la naturaleza y el pago de impuestos, entre otros. También hace hincapié en el control a la minería ilegal. “A quienes no cumplan con la ley, no se les dará el permiso de operación y sus maquinarias serán decomisadas”, advirtió Correa.

Por otra parte, el gobierno al transparentar el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades del Ecuador CONEA, que fuese estructurado por disposición constitucional, y cuyos resultados demandan la depuración de 26 Universidades de un total de 76 centros de educación superior, disminuyó considerablemente la imagen de quienes supuestamente protestan por la sola autonomía universitaria, poniendo al descubierto un entretejido de corruptelas en la otorgación y acreditación de títulos universitarios, así como de aquellos de posgrado. A pesar de ello la movilización estudiantil no dejó de ser masiva en la ciudad de Quito y en el mismo seno de la Asamblea Legislativa, sin embargo de ello el gobierno ha dicho no cederá en la necesidad de reformar la educación superior y establecer políticas y controles por fuera del actual Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas - CONESUP, organismo puramente gremial y corporativo .

Pero, también el gobierno ha entrado a gestionar una amplia agenda social y de desarrollo , como parte del proceso de radicalización de la revolución ciudadana, lo que indudablemente le generará réditos políticos en apoyo popular y ciudadano; y le asegurará una mayor gobernabilidad en el corto plazo, ante un panorama en el cual se darán importantes pasos en lo legislativo, cuanto en el marco político institucional del Estado, por ejemplo con la aprobación de leyes como la reforma a la ley tributaria, la ley de comunicación, la ley orgánica de educación y ley de educación superior, la ley de aguas, el código territorial; igualmente en este período se dará luz verde a la exploración minera, se traslucirá los informes de la comisión sobre los sucesos de Angostura, el informa de la comisión de la verdad sobre la represión en el gobierno de Febres Cordero ; la aprobación de la auditoria y reversión de las concesiones de frecuencias , la liquidación de los bancos cerrados , la elección del Consejo de Participación Ciudadana y la elección de la nueva Corte Nacional de Justicia.

Todo lo cual indudablemente generará reacciones de sectores corporativos, que podrían desequilibrar la correlación de fuerzas que hasta el momento se muestra ampliamente favorable al gobierno de la revolución ciudadana.

Este escenario se vio de manera clara con el levantamiento indígena que aglutinó o dio fuerza a sectores aislados que igualmente protestaban desde sus propios intereses, y con el apoyo mediático opositor de los grandes medios de comunicación, la situación rápidamente se salió del control del gobierno y hubieron de extremarse medidas para salir de la crisis de gobernabilidad, que cobró el precio de una baja de popularidad y el desgaste de la imagen social del gobierno . La posibilidad a mediano plazo de una estructura organizativa mayormente solida de PAIS pasa por la convención nacional del partido de gobierno que se dará a inicios del 2010; hasta mientras la pugna interna se mantiene en varios frentes.

Pero al momento el Gobierno ha retomado la iniciativa, pero así mismo sectores sociales con los cuales se ha abierto un espacio de diálogo, podrían fácilmente retomar la iniciativa de movilización y confrontación con el gobierno.

Es por ello que el gobierno a más de paliar la crisis energética se ha reunido con pequeños, medianos y grandes empresarios a los cuales les ha abierto una agenda de productividad en miras a resarcirse de los efectos de la crisis mundial, cuanto orientado a la generación de empleo productivo . A los trabajadores se les ha ofrecido un salario justo de 320 dólares mensuales en las empresas que generen alta rentabilidad. A los profesores se les ha ofrecido una homologación salarial que prácticamente duplica sus actuales salarios (60 mil beneficiados con un costo de 100 millones de dólares anuales); en el caso de las mesas de diálogo con el movimiento indígena se han abierto amplias expectativas en la gestión de espacios de poder institucional como el CODENPE, y las circunscripciones territoriales indígenas, se ha avanzado grandemente en la aprobación de un 60% del articulado de la Ley de Aguas, y con las últimas reformas a la Ley Orgánica de Educación en la que se avala ampliamente el sistema de educación intercultural bilingüe se cierra en gran parte la fuente de conflicto con el movimiento indígena.

Así mismo a importantes sectores de la clase media se les ha servido con mayores beneficios de la seguridad social (préstamos hipotecarios) y se ha abierto una línea de financiamiento de programas habitacionales de hasta 60.000 dólares con un bono de 5 mil dólares.

En el contexto de la proforma presupuestaria del Estado para el año entrante, en el marco cuatrienal del Plan plurinacional de desarrollo para el sumak kawsay , el gobierno no sólo que mantiene la inversión social, sino la incrementa sustancialmente, de tal manera que el presupuesto del 2010 alcanza los 21 mil millones de dólares.

Así todo, el gobierno de la revolución ciudadana intenta mantener un discurso y una acción radical, en muchos campos, ahí se entiende lo dicho por el Director del Senplades, “Este Estado que se ha construido es un Estado burgués, corporativizado y privatizado. Buscamos romper ese Estado burgués y esa es la apuesta que ha hecho el Gobierno. Por eso hay tanto ruido en los sectores que estamos actuando”, pero enseguida confrontado ante la manifiesta inquietud de sectores oligárquico – terratenientes sobre la posibilidad de la expropiación de tierras , se morigera, diciendo que este será un proceso paulatino mediante diálogos, de negociación, de compra de las tierras, para luego ser distribuidas.

Dice que al momento la prioridad son las 130.000 ha. que se hallan en poder del Estado; a más de las que están ingresando en un catastro de tierras improductivas; y el diseño de una intervención al estilo de un desarrollo rural integral (agua, crédito, tecnología, capacitación). Para ello se ha adelantado por la iniciativa del Ministerio de Agricultura una comisión de veeduría campesina a la que se le presentará y entrará a discutir el Plan de Tierras, veeduría en la cual brilla por su ausencia la CONAIE .

Pero funcionarios del Gobierno dan dilatorias a la aplicación del salario justo que se dijo se efectivizaría a inicios del año 2010, ahora voceros del mismo gobierno han dicho que las reuniones entre empresarios, trabajadores y gobierno, analizarán únicamente un incremento salarial al mínimo vital, y el salario digno de 320 dólares, será aplicado una vez que las reformas a la Ley Laboral sean aprobadas en la Asamblea Nacional. Mientras tanto los dirigentes sindicales han ido incluso más allá planteando la vigencia desde enero del salario de 320 dólares, sin tocar el porcentaje de utilidades y no mediante la implementación de bonos.

En un discurso que diera el Presidente Correa en su visita a Bélgica se ha abundado sobre las definiciones ideológicas del Socialismo del Siglo XXI, en el se da cuenta de una mezcla de humanismo cristiano, de ecologismo social, de planteamientos socialdemócratas de avanzada, como una economía centralmente planificada, un estado benefactor y centralizado, así como la concentración en manos de éste de importantes empresas y sectores estratégicos ; igualmente su doctrina está matizada con algunos elementos del socialismo científico. Pero igualmente hay un deslinde teórico de las posiciones del socialismo marxista revolucionario, que demuestran el límite de la revolución ciudadana, tanto en su contenido ideológico – político, cuanto en su contenido programático.

La apuesta es a un escenario de profundas reformas a nivel del Estado y la sociedad, pero sin llegar a afectar la propiedad privada de los medios de producción y tampoco ir a una transformación violenta y peor aún al ejercicio de un poder dictatorial dentro de un estado proletario. A pesar de ello, la reacción burguesa le parece abominable esta sola palabra – socialismo- pero igualmente han surgido voces de un ala de las más derechistas de la Internacional Socialista, igualmente abominando el decir y hacer de la revolución ciudadana. Todo ello en mucho motivado por el llamado que hiciese el Comandante Hugo Chávez de ir a la conformación de una V Internacional.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA

Se comenzó a evidenciar un distanciamiento entre la acción de gobierno y la acción legislativa de APAIS, mientras Correa ha dicho que es necesario radicalizar la revolución y para ello ha extremado la necesidad de una legislación acorde al proceso constitucional; el Presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que es necesario llegar a acuerdos y consensuar. Esta posición se ha hecho evidente en el distinto tratamiento a la Ley de Educación Superior cuanto al informe del CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades) . Igualmente en el tratamiento de la Ley de Comunicaciones y de la Ley Orgánica del Servicio Público; en el tratamiento a la denuncia de 13 Tratados Internacionales lesivos a la soberanía nacional, etc.

Y tal cual lo anunciara el Presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, se empieza a retroceder en algunos aspectos buscando el consenso. Ahora ha sido el turno del asambleístas César Rodríguez (AP) quien ha dicho considerar necesario que se revea el informe presentado por el presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), documento que contiene la evaluación global de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, por considerar que no tiene los sustentos necesarios para establecer los resultados que contiene, en donde existen conclusiones como la depuración de 26 universidades que están dentro de la categoría E. En esta posición ha sido secundado por el asambleísta Escala del MPD.

Pero igualmente la Asamblea se ha subsumido al chantaje de la oligarquía criolla en la necesidad de revisar el Código Penal en el objetivo de endurecer las leyes para detener una supuesta ola delincuencial, al paso han salido voces en Carondelet, del Secretario Jurídico de la Presidencia, alertando que el verdadero problema es la venalidad de los jueces, así como la falta de aplicación de los nuevos procesos administrativos, como la oralidad de los juicios; y por último ha terminado llamando a una evaluación general de cada uno de jueces.

Y, es que la preocupación mayor del Presidente de la Asamblea, es mantener un bloque de mayoría que les permita aprobar leyes consideradas claves para dar viabilidad a la Constitución. Pero del mismo afán se aprovecha un grupo de asambleístas independientes como el ADE, que incluso ha llegado a amenazar y chantajear con retirar su apoyo a cambio de que se le permita la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME; a la final ninguna de las dos situaciones se ha producido.

Igualmente las encuestas de opinión dan cuenta de un desgaste del nivel de aceptación ciudadana al trabajo de la Asamblea Legislativa, sobre lo cual se tejen mayores especulaciones.

Igualmente otra de las Leyes que han generado posiciones divergentes en el seno de AP ha sido la conclusión de la propuesta de la Ley de Comunicación, para el Presidente de la Legislatura, hay que sacar del proyecto el registro de medios y la posibilidad de que puedan estos ser suspendidos por alterar el orden público, luego de un informe del Consejo de Seguridad Nacional.

A pesar de ello en el tratamiento de la ley de comunicación, se ha mantenido en firme el principio de la “responsabilidad ulterior” en el ejercicio periodístico. De otra parte el Coordinador de la auditoría de la concesión de frecuencias a los medios de comunicación, ha denunciado que las pugnas al interior del gobierno, en especial el conflicto de intereses del Contralor del Estado, estarían evitando que se dé el informe definitivo sobre la concesión de frecuencias y sus recomendaciones de revertir más de 200 concesiones fraudulentas que el Gobierno ha dicho entregará a sectores sociales alternativos.

Igualmente el gobierno ganó legitimidad en su lucha por implementar la ley de comunicación que entre a regular desde la sociedad civil los desafueros de una prensa y medios de comunicación, que en las últimas décadas ganaron un inmenso poder, dedicado a alentar el consumismo, la aculturación, a mantener el estatus quo y a poner y tumbar gobiernos. Ello se dio a partir de que el mismísimo Relator de Naciones Unidas calificará de “retrógrado” el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP, quien se encuentra en el país para actuar como veedor en el tratamiento de la nueva Ley de Comunicación del Ecuador.

La permanente confrontación del Gobierno con una prensa venal y corrupta ha ido generando el escenario posible para la expedición de la ley de comunicación aprobada por la comisión especial nombrada para el efecto y que ha concluido con una propuesta en la cual se mantiene en lo fundamental la propuesta del ejecutivo, el democratizar la comunicación a la vez que poner mayores y mejores controles y sanciones a un poder omnímodo que se acostumbró a poner y quitar gobiernos en estos últimos 30 años.

OPOSICION DE LA DERECHA Y EL IMPERIALISMO

3. POSICION DE LA DERECHA Y EL IMPERIALISMO

La derecha ha tratado de explotar la supuesta baja de la popularidad del gobierno, pero el gobierno ha dicho que la popularidad del gobierno se mantiene en un 70% de aceptación ciudadana y solamente admite un voto vergonzante de un 15% de la población. A más de ello en escenario político nacional no ha surgido un liderato opositor, pues únicamente se visibilizan líderes locales en el caso de Nebot (27%) o con poca aceptación como en el caso de Gutiérrez (18%).

Ante ello, en una avanzada agenciosa la derecha y el imperialismo ha buscado un candidato encubierto en la figura de Carlos Vera, ex - presentador de la cadena Ecuavisa, que se ha enrolado varias veces en puestos altamente remunerados en gobiernos derechistas y populistas, y cuando no fue invitado a ser parte del actual gobierno, se convirtió en acérrimo enemigo y opositor del Gobierno de Correa.

En el lanzamiento de su campaña para recolectar un millón de firmas para solicitar la revocatoria del mandato y lanzar su campaña a la Presidencia ha tenido el apoyo de César Montufar, asambleísta electo de Participación Democrática, una estructura política creada con fondos de la USAID; igualmente ha recibido el apoyo de un Coronel en servicio pasivo (Haro), ligado al Partido Sociedad Patriótica del ex – Presidente Lucio Gutiérrez, ferviente anticomunista y “antichavista”, igualmente del General José Gallardo, ex – ministro de Defensa y ex – militante del movimiento RED de León Roldós, acusado de peculado en la compra de armas; a más de ello se les ha unido Antonio Ricaurte (ex – diputado por el movimiento Pachakutik) y Auki Tituaña, ex – Alcalde de Cotacachi por el movimiento Pachakutik, aliado de Nebot y feroz opositor a Correa. Por último el mismo Vera ha dicho que su posible binomio sería la Asambleísta indígena Lourdes Tibán, cuyo esposo es actualmente candidato para la Presidencia del movimiento indígena Ecuarunari – filial de la CONAIE.

En la estrategia de desgaste de la imagen institucional del gobierno, los sectores de oposición continúan haciéndose eco de las denuncias de ex – empleados petroleros que supuestamente encuentran dolosa la operación conjunta del campo Sacha por la empresa Ecuatoriana – Venezolana Rio Napo. Funcionarios de Petroecuador han dicho que los precios bases del barril de petróleo que se extrae son estandarizados en base a tablas internacionales; y además han aclarado que “respecto a ese petróleo que se obtiene bajo la línea base, todo el dinero va al Ecuador, no se reparte ni un centavo de utilidad, en absoluto, lo que se hace ahí es simplemente pagar los costos de operación nada más, es decir, cuánto cuesta mantener ese proceso de sacar el petróleo dentro de esa línea base”, añadió que para ello, la empresa mixta invertirá en los próximos 10 años unos $621 millones, de los cuales 60% será colocado en los primeros cuatros años.

Pero igualmente la derecha con el apoyo del imperialismo no ha cejado en sus intentos de desestabilización y lo que era apenas un rumor ahora se ha confirmado como todo un plan de desestabilización de los gobiernos progresistas de la región.

La respuesta agresiva de los grandes medios ha llevado a campañas millonarias en el plano nacional e internacional, tratando de revertir la decisión ejecutiva – legislativa, de poner freno a su poder; en ello suman el apoyo activo de la vieja partidocracia y del paramilitarismo gutierrista; que no ocultan su afán desestabilizador que va por el lado de la promoción de la revocatoria del mandato o la liquidación de la Asamblea Legislativa, todo ello en un escenario de conflictividad social en el cual los llamados sectores de izquierda, juegan a ubicarse en un centro, que cada vez es más difuso.

Así mismo de manera causal o casual sectores de militares y policías en retiro se han manifestado sumamente activos en reclamaciones aparentemente gremiales, pero que podrían acumular a un escenario de conflictividad que incluso piensa arrastrar tras de sí a los elementos en servicio activo .

La misma declaratoria del segundo puesto al país en corrupción por Transparencia Internacional, deja ver los tentáculos internacionales de una conspiración en marcha. Ello ha llevado a que el gobierno igualmente haya planteado reforzar las medidas de seguridad en el entorno inmediato. Y que, igualmente presionado por la crisis energética y la caída de las exportaciones hacia Colombia, a más de la prácticamente anexión militar de Colombia por parte de los Estados Unidos, haya resuelto replegar la posición de denuncia y confrontación al narco terrorismo uribista y a su aliado estadounidense; aceptando la reanudación de lazos diplomáticos comerciales, reestructurando la COMBIFRON , a la vez que abriendo la puerta para un diálogo bilateral comercial y político con los mismos Estados Unidos .

Las concentraciones realizadas por el ex – periodista Carlos Vera, para oponerse a la ley de comunicación, dejo ver un amplio entramado agencioso de la derecha, para posicionar a este, en el escenario político, con perspectivas electorales o conspirativas a mediano plazo. Así el recambio de líder de la oposición paso de Lucio Gutiérrez a Carlos Vera, y atrás de él elementos de los más oportunistas y filoderechistas ahora sin mascaras y tapujos se dejaron entrever como el caso de César Montúfar, Auki Tituaña, y Antonio Ricaurte.

Mientras tanto en espera del informe de la verdad sobre la represión del Febrescorderato, el Alcalde Nebot se cura en sano, lanzando una furibunda arremetida contra lo que él cree un llamado de Hugo Chávez al comunismo, y ha advertido que “si quieren ir en contra de los ciudadanos, entonces habrá llegado la hora de tomar las cosas como se deben tomar: en serio y en la calle”, declaró Nebot, quien recalcó que “la democracia es luchar”. Y, aseguró que se han sobrepasado los 50 mil comités de organización, que están conformados por “combatientes de la democracia”, que a razón de 4 personas por comité, implican 200 mil ciudadanos coordinados en ese sentido, agregó que para diciembre espera llegar a 100 mil comités, que van a defender el progreso. “Estamos hablando de gente comunicada y coordenada dispuesta a defender lo que ha ganado y lo que tiene derecho a hacer para vivir con dignidad, al precio que sea”, manifestó.

La fisión entre el Partido Socialcristiano y el bloque de asambleístas de “Madera de Guerrero” afines al Alcalde Nebot, supuestamente se debe a que se estaría fraguando un pacto con AP, en ello el voto de uno de los asambleístas socialcristianos a favor del informe de consenso en la Ley Orgánica de Educación, daría la pauta para ello, otros manifiestan que la próxima publicación del informe de la verdad sobre la represión en la época de Febres Cordero y las implicaciones de esta en las filas socialcristianas estarían generando la ruptura con la nebotsista Madera de Guerrero.

SITUACION INTERNACIONAL

4. EJE COLOMBIANO - NORTEAMERICANO

El periplo que hiciera el Presidente Correa por destacamentos en la región fronteriza con Colombia, sirvió a más de levantar la moral a la tropa de los destacamentos, para posicionar un discurso conjunto con los mandos militares y el Presidente Correa, alertando sobre la no injerencia en el plan Colombia y en específico en la estrategia de “yunque y martillo” .

De otra parte en el plano internacional, la reunión del Consejo de Defensa de la UNASUR, que a pesar de no contar sino con la presencia de tres cancilleres, y la ausencia casi total de Colombia, permitió reunir a un importante número de comandantes militares, quienes aprobaron importantes declaraciones y acuerdos en seguimiento de los compromisos llegados en Bariloche, como es la declaratoria de no más bases militares en Sudamérica y una acuerdo tácito de no agresión. A pesar de ello la condena al imperialismo norteamericano por la instalación de las bases militares en Colombia, no se logró posicionar en consenso; y se abrió de nuevo la posibilidad de interlocución directa con el Presidente de los Estados Unidos.

De su parte, el ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, responsabilizó a Estados Unidos por la tensión entre Colombia y Venezuela y por respaldar el gobierno de facto de Honduras, en una entrevista publicada hoy por la prensa brasileña. La cuestión de las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota estadounidense (con jurisdicción en Suramérica) son dos ejemplos de que la política norteamericana no cambió mucho” desde la asunción del presidente Barack Obama, en enero pasado, opinó Ponce.

El nombramiento de agregados comerciales entre Ecuador y Colombia, marcó el inicio de un acercamiento diplomático, luego de la ruptura de relaciones hace dos años de parte del Ecuador por el bombardeo en Angostura. Ello en razón de la indisposición mutua en agilizar acuerdos y tratados comerciales entre los dos países; y que de manera rápida permitió el aval colombiano para que se venda 626 Mw/h/día de energía eléctrica, para paliar la crisis energética que sufre el país. Ello sin embargo no obsta para que el proceso de demanda en tribunales internacionales a Colombia de parte de Ecuador no se mantenga. Igualmente de parte de Colombia se mantiene la guerra mediática contra el Ecuador, ahora con la afirmación de que el ataque de Angostura contó con la complicidad de ecuatorianos contactados por la CIA o dobles agentes quienes delataron el campamento de Raúl Reyes.

En el escenario internacional el gobierno de Correa ha planteado una posición firme aún más como Presidente protempore de la UNASUR, en el caso de Honduras cuanto en el enfrentamiento diplomático entre Venezuela y el narco terrorismo uribista – imperialista.

Por otra parte la revelación por parte del Gobierno Venezolano de un documento de la Fuerza Aérea de EEUU se constituyó en motivo de preocupación para la región, esto en el contexto de las advertencias tanto del presidente de Venezuela Hugo Chávez como del ex presidente cubano Fidel Castro de que se podría estar preparando una confrontación regional desde Colombia hacia los vecinos impulsada por los Estados Unidos.

El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, expresó su preocupación por esta situación y sostuvo que el tema debe ser tratado a nivel regional por parte del Consejo de Defensa Sudamericano, presidido por Ecuador. El ministro sostuvo que el tema ya ha sido planteado a la Cancillería ecuatoriana, y manifestó que “nos preocupa muchísimo el documento de la Fuerza Aérea norteamericana, que dice que, en otras palabras, esta es una ocasión propicia, la de la presencia en la base de Palanquero (Colombia), en el marco de una región afectada por narcotráfico, afectada por terrorismo, afectada por pobreza y afectada por la presencia de gobiernos anti estadounidenses”; esa es una afirmación muy grave dijo Ponce.

5. CONTEXTO INTERNACIONAL

Una delegación diplomática del Ecuador de bajo perfil, daba continuidad en Washington al proceso de diálogo para alcanzar especialmente acuerdos comerciales, entre ellos la prolongación de las preferencias arancelarias – ATPDEA. “Este diálogo no fue para firmar acuerdos, sino para identificar áreas de cooperación”, dijo Chiristopher McMullen, subsecretario adjunto de EE.UU. para América Latina, apenas terminaron las reuniones. Cuatro ejes tuvieron estas mesas: seguridad, migración, comercio e inversión y cooperación. La conversación iniciada el lunes en el marco del Consejo de Comercio e Inversión Estados Unidos-Ecuador se trasladó luego al Departamento de Estado, donde el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Thomas Shannon, recibió a unos 25 miembros del Gobierno ecuatoriano. En ese sentido, Ecuador expuso la voluntad de que se extiendan esas preferencias en un contexto de la oposición de multinacionales como Oxy y Chevron y la denuncia de los convenios de protección de inversiones.

Así mismo en el plano internacional, tanto Correa, como el canciller Falconí, han posicionado con fuerza la propuesta de dejar en tierra el petróleo del Bloque ITT. Así Falconí en Manaos dijo que “Ecuador va incluso un paso más allá que el mero reclamo de la deuda ecológica, conscientes de que quemar las reservas de carbón, petróleo y gas al ritmo actual en el mundo, lleva a un desastre climático, ha propuesto dejar en el suelo el petróleo del yacimiento Yasuní-ITT, 850 millones de barriles, para evitar emisiones de dióxido de carbono, para preservar una biodiversidad única en este territorio amazónico y para respetar los derechos humanos de sus habitantes indígenas”.