CONTEXTO POLITICO

CONTEXTO POLITICO

El gobierno de APAIS, luego del levantamiento indígena, abrió un proceso de diálogo a alto nivel con la dirigencia de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador en base a un acuerdo inicial de seis puntos y una amplia agenda a ser tratada en las posteriores semanas. Con ello el Gobierno desactivaba la posibilidad de una escalada de conflictos; lo que le posibilitó negociar en mejores condiciones la terminación del paro del magisterio.

Para el analista Santiago Pérez, la movilización indígena es una expresión de que la gobernabilidad aún carece de sustento sólido por los problemas sociales pendientes de resolver en el país. El paro indígena es "manifestación de un sector de la sociedad, que tanto por lejanía física como por barreras educativas y culturales ha estado permanentemente marginado".

Al referirse a la popularidad del presidente Correa, Pérez dijo que una encuesta realizada por su empresa el pasado 26 de septiembre arrojó que la aprobación de la gestión del gobierno es del 58 por ciento contra un 37 por ciento de negativo. Al comparar esos datos con cifras de 2007 y 2008 hizo notar que hay una diferencia, porque el negativo de esos períodos nunca superó el 30 por ciento y el positivo estaba encima del 70 por ciento . Una última encuesta de Santiago Pérez ratifica tendencia en descenso de aceptación a gestión del Gobierno al igual que la de la misma Asamblea Constituyente. A pesar de ello Correa mantendría un 53% de aceptación ciudadana. En ello se refleja la activa oposición de los grandes medios de comunicación controlados por la derecha, así como la activa oposición de sectores indígenas, de profesores y estudiantes.

En el caso de la Asamblea Legislativa, sufre también del desgaste prematuro, por ser el punto focal de decisión de importantes leyes que buscan dar continuidad a los cambios propuestos en la Constitución y que chocan con intereses corporativos de diferentes sectores, que ausentes de un proyecto nacional, únicamente atinan a aferrarse a las situaciones ya establecidas y miran con temor cualquier cambio en el manejo institucional del Estado.

Igualmente la baja capacidad de interlocución de los Asambleístas del Gobierno con amplias masas y la ciudadanía en general, deja abierta la puerta para que la oposición desacredite la importante labor de desarrollar el marco jurídico constitucional para revertir la situación de dominio de la economía, la justicia, y el mismo poder por grupos oligárquicos e imperialistas; tal es el caso de la iniciativa presentada de una ley antimonopolio y de la denuncia de los acuerdos firmados para proteger la inversión extranjera; de tal manera de hacer viable, aquello que se ha dicho desde las mismas esferas del gobierno, entrar en una fase de nacionalización de empresas estratégicas que aún se mantienen en manos de grandes transnacionales.

El gobierno luego de la demostración de su capacidad de convocatoria y movilización que permitió reunir en la Plaza San Francisco de Quito a 40 mil manifestantes, retomo la iniciativa en varios frentes, en primer lugar, Rafael Correa estuvo en diferentes localidades mineras que se hallan en fase de exploración y otras en explotación, reuniéndose con la población y trabajadores de las minas, esto en vísperas de la expedición del reglamento de la ley de minería, así como en posicionamiento ante la propuesta de la CONAIE de revisión de la Ley de Minería; en estas concentraciones ofertó una minería responsable y ordenó el desalojo de actividades mineras clandestinas o que se hallen contaminando el ambiente.

En su discurso, Correa hablo de una estrategia de la derecha para provocar la confrontación en alianza con supuestos sectores de izquierda que busca desgastar y deslegitimar socialmente al gobierno; por ello llamó a la organización y movilización ciudadana, a la vez que exigió respeto al pronunciamiento mayoritario del pueblo expresado en siete elecciones consecutivas, apoyando un proyecto nacional, apoyo que no se ha dado en los últimos diez años.

Igualmente el gobierno no ha dejado de abrir un abanico de acciones en el plano agrario, de esta manera se empezó a concretizar la distribución de 130 mil hectáreas de tierras que se hallan en poder del Estado, como fruto de embargos a propiedades de bancos que se declararon en quiebra, para ello se buscará la entrega a asociaciones de pequeños campesinos, a los cuales se les financiara créditos para la compra de la tierra. A más de ello el Ministerio de Agricultura – MAGAP, anunció la existencia de 35.000 hectáreas que estarían catalogadas como incultas y que entrarían a un proceso de expropiación y repartición a pequeños campesinos sin tierras; igualmente se habría auscultado en el territorio nacional, un monto de 1’500.000 ha, en esta misma situación y que se visibilizarían en el censo que avanza el MAGAP y que estaría listo en tres o seis meses.

Así mismo en el plano interno el diálogo con los sectores indígenas avanza a buen ritmo en el tratamiento de la ley de recursos hídricos prácticamente se ha llegado a un total consenso, especialmente en la necesidad de democratizar el sistema de gestión y control, con una mayor y mejor participación de los gobiernos autónomos descentralizados, las comunas, comunidades, nacionalidades, pueblos, usuarios y ciudadanos.

En cuanto a las circunscripciones territoriales indígenas se ha establecido una amplia agenda para la implementación de éstas, tomando en consideración factores de orden económico, político y gubernamental. En cambio en la mesa de diálogo sobre el sistema de educación intercultural bilingüe ha habido un lento y controvertido avance, que a la final ha concluido en el consenso de establecer en un nuevo decreto ejecutivo las condiciones en las cuales se asumiría la disposición constitucional de la rectoría del ministerio de educación sobre el sistema, para ello se ha dicho que tanto el Director Nacional del Sistema, cuanto los provinciales sería elegidos por concurso de merecimientos y el Ministro mantendría la potestad de cancelación en caso de desacato. Igualmente se ha pedido una auditoría a todo el sistema de educación intercultural bilingüe.

Correa, así mismo anunció las medidas dispuestas para repatriar 1.800 millones de dólares de la reserva monetaria internacional de libre disponibilidad que se hallaba depositada en bancos extranjeros, que sumada a los 700 millones de dólares que se hallaban inmovilizados en la caja del Banco Central, configuran un capital de 2.500 millones de dólares que se invertirán en estimular el empleo, cuyos últimos índices demostraron una subida del desempleo; de tal manera que a través de la banca pública se colocará 600 millones para financiar y subsidiar construcción de vivienda; 465 millones para crédito a pequeñas y medianas empresas que son las mayormente generadoras de empleo; y 494 millones se destinarán a inversión en obra pública.

Así mismo el gobierno afrontó una masiva movilización de estudiantes universitarios que se oponen a la Ley de Educación Superior, pese a las razones de peso que ha dado el gobierno en cuanto a la necesidad de que mediante ley se establezcan mecanismos para dotar al Estado y al país de una política de educación superior y de un órgano de control descoporativizado, ha pesado más la defensa “institucional” y atrás de ello una serie de canonjías que ha acumulado un estamento de la clase media profesional, escudándose en la llamada autonomía universitaria.

Una segunda movilización estudiantil ha sido dispar, especialmente en Cuenca y Quito paso desapercibida, y se concentró más en algunas capitales de provincias; en ello tal vez pesó la propaganda del gobierno sobre las bondades y razones de la ley así como las mejores condiciones de cogobierno estudiantil que presenta la misma, y/o el desprestigio de una dirigencia estudiantil oportunista.

Igualmente para la razón de izquierda es cada vez más difícil de admitir que en el seno de la comisión que trata esta ley se haya presentado un informe favorable de mayoría por los asambleístas de PAIS y del Partido Socialista; y uno de minoría opositora, elaborado entre Socialcristianos (ultraderecha) y el MPD (supuestamente ultraizquierda). Esta unidad contra natura igualmente se refleja en la movilización universitaria en la cual unidos de la mano van los hijos de los sectores oligárquicos empresariales que estudian en las grandes universidades privadas y los estudiantes de las clase media y media baja de las universidades públicas. Igualmente juntos aparecen los rectores “rojos” de las universidades dominadas por el MPD y los rectores socialcristianos y de ultraderecha de las grandes universidades privadas.

El articulista de la Derecha, Carlos Larreátegui, a la vez rector “hereditario” de una universidad privada (UDLA) califica como “La Gran Marcha” el entente oportunista con el MPD para movilizar a gran cantidad de universitarios. Ya en anteriores artículos la derecha había señalado su esperanza de que, desde el movimiento estudiantil se levantase una fuerza opositora de masas al gobierno de la revolución ciudadana .

En igual contrasentido, un sector del sindicalismo público, por habérseles restado prebendas en los contratos colectivos, ahora se manifiestan feroces opositores del gobierno, no sólo cuestionan la llamada “política antiobrera” sino se lanzan a generar dudas sobre la honesta y patriótica alianza que el gobierno tanto ecuatoriano como venezolano ha iniciado en el campo de la explotación petrolera. En su defecto han aparecido los primeros resultados del seguimiento que hiciera la marina en la empresa estatal petrolera ecuatoriana en relación con enriquecimiento ilícito, incluso dirigentes sindicales aparecen con inmensas sumas de dinero depositadas en sus cuentas sin poder dar explicaciones de las mismas.

El entorno conspirativo al que reiteradamente ha venido refiriéndose el gobierno, se esclareció a partir de la captura por parte del gobierno de Venezuela, de una célula subversiva del DAS colombiano operando en su territorio; quienes declararon la amplia red de espionaje que ha armado la CIA en complicidad con el gobierno colombiano en los países aliados en el ALBA en especial, Cuba, Venezuela, y Ecuador. En el caso concreto del Ecuador la operación de espionaje tenía el nombre de Salomón e involucraba a 144 funcionarios del mismo Estado, quienes venían operando desde el 2006 .

Sólo en este entorno se entiende no sólo la ya descarada y desembozada colaboración del Gutierrismo es la estrategia de deslegitimación social del gobierno, sino una serie de acciones y posicionamientos de otros actores políticos que han mantenido una oposición radical al gobierno.

Igualmente la serie de denuncias de corrupción, unas ciertas y otras supuestas, no hacen más que magnificar, aquello que ha sido y continua siendo un mal consustancial a una estructura burocrática de un estado burgués que no termina de desaparecer; y que alcanza sus peores manifestaciones en la llamada tercera función del Estado, esto es el sistema judicial; y en los mismos estamentos de Control y Fiscalización que a pesar de lo mucho que se han reformado continúan siendo parte de este entramado de corrupción .

También el gobierno continúa adelante con su campaña de estatización y nacionalización de empresas llamadas estratégicas y esto se ha comenzado a dar en firme en las empresas de cemento, con la participación de los trabajadores y de las comunidades aledañas. Esto ha puesto en alerta al entorno de derecha y de los capitales transnacionales, que empiezan a sospechar que aquello que parecía un discurso puramente electoral empieza a volverse realidad a través de la acción de gobierno. La misma inversión pública empieza cada vez más a hacer cumplir la disposición constitucional de estructurar una economía pública y otra solidaria, abriendo canales de crédito y asistencia técnica a pequeños empresarios y a asociaciones, comunidades y cooperativas de producción.

Igualmente el gobierno ha definido la constitución de empresas públicas para regular el mercado en el sector exportador bananero; también incursionará en el procesamiento del pescado y su venta en el exterior; ha incursionado ya en la compra y venta de arroz. Y se espera pronto se constituían una empresa estatal minera y una siderúrgica. A ello se uniría la propuesta del ALBA para la constitución de empresas gran nacionales.

POSICION DE LA DERECHA

Carlos Vera, el periodista de la derecha oligárquica, camuflado de izquierdista, ahora se solaza y se solidariza con el “valor demostrado por los Pueblos Indígenas” y anuncian que “de un gobernante así los indígenas no pueden esperar rectificaciones sinceras, profundas o duraderas, … Los indígenas cuidan nuestro territorio, nutren nuestra alacena, honran nuestra identidad. Acaban de hacer un nuevo aporte, desnudando y sitiando al tirano. Un hito más en la lucha por derrotarlo”.

En este entorno la derecha desde ya busca rearmar una estrategia de oposición “democrática” pensando en las elecciones del 2013, pero porque no, jugándose también a la aventura de un golpe al estilo hondureño, para ello ha puesto en escena a su títere Carlos Vera inveterado servidor de las grandes oligarquías y el imperialismo; los cuales le han dado el papel de contendiente “democrático” y le han adosado a un oscuro ex – Coronel gutierrista, para que la relación con el golpismo no sea descarada; y, van en la búsqueda de una representante indígena, que ha dado muestras de oportunismo rampante en escalar a posiciones individualistas de poder.

Igualmente, luego de las movilizaciones sociales de maestros e indígenas, y de la relativa deslegitimación social del Gobierno, la derecha que esperaba agazapada este momento, incluso conspiraba buscando nombres para una posible sucesión; luego han salido a llamar abiertamente en la provincia del Guayas a la conformación de Comités Familiares de Defensa del Guayas. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, añadió que con esos comités no se busca “ningún problema, pero no vamos a rehuirlos tampoco si nos buscan”. Mientras que el Gobernador de la provincia denunció el chantaje político del Municipio porteño que pretende conformar estos Comités ofreciendo tarjetas de descuento.

MOVIMIENTOS SOCIALES

MOVIMIENTOS SOCIALES

El diálogo del Gobierno con el movimiento indígena liderado por la CONAIE si bien se ha iniciado con amplias perspectivas de acuerdo, se entrabó por la posición de la dirigencia de la nacionalidad Shuar, quienes se mantienen en que se declaren territorio libre de labores extractivistas a sus respectivas provincias. Pero igualmente hay voces en contra dentro del mismo pueblo Shuar que denuncian esta postura política .

De su parte la asambleísta Shuar, Atamaint, expreso su complacencia por el avance del diálogo en la mesa de circunscripciones territoriales indígenas, en la que se han conformado 5 sub mesas que tratarán puntos específicos, que tiene que ver con la estructura organizativa, los recursos naturales, titularización de los territorios, dijo que entre los temas que deberán ser incorporados constan los recursos naturales: “el petróleo, minas, biodiversidad tienen que ser abordados dentro del Código de Ordenamiento Territorial, el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios indígenas, habría que mirar cómo se va a llevar esto adelante cuando las circunscripciones indígenas se vayan a implementar”.

Igualmente en un Foro Internacional, organizado por la Subsecretaría de Pueblos, se discutió lineamientos para la construcción del Estado Plurinacional, que se resumen en lo siguiente: aún existen rezagos de colonialismo, urge adoptar políticas de inclusión para descolonizar las estructuras. La interculturalidad no solo debe ser transversalizada en las políticas públicas del Gobierno, sino debe ser un efecto directo en coordinación y articulación con los Gobiernos Locales, Pueblos y Nacionalidades de manera participativa, pero sobre todo debe ser el principio sobre el cual se basa nuestra democracia. La construcción de la interculturalidad y la plurinacionalidad se debe cristalizar a través del empoderamiento territorial, de acuerdo a la identidad cultural y a su cosmovisión. En la situación de género los pueblos y las nacionalidades aun sienten discriminación, exclusión, maltrato, generar políticas para la erradicación de este tipo de prácticas tienen su sustento en el respeto a los derechos humanos. La demanda general es que la educación es el factor clave para la reivindicación de la identidad de forma democrática, diversa, plural, que oriente la transformación política, social, cultural hacia el buen vivir. Generar políticas públicas de salud intercultural que permita el empoderamiento de la sociedad a las prácticas, saberes y conocimientos ancestrales en la medicina, la misma que debe ser legitimada por la medicina occidental. Aportar a la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural desde el debate académico, con la participación de investigadores, académicos y actores sociales nacionales e internacionales.

Por otra parte, en medio del conflicto con la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores – UNE, el ministro del ramo, resumió las principales características del proyecto de ley de educación, en cuanto define un nuevo modelo de gestión del sistema educativo; redefine la carrera docente e introduce un estricto esquema de meritocracia y remuneración variable por desempeño; redefine los niveles de la educación inicial, básica y bachillerato unificado; propone una estructura sólida de derechos y obligaciones de los actores educativos; y, regula la calidad en la educación particular, entre otras. En torno a los niveles educativos, propuso que se reorganice la oferta educativa del básico, de manera que las escuelas se extiendan hasta el 10º grado, a la vez que en el bachillerato se defina un sistema unificado, sin especializaciones, con la opción de acceder a un bachillerato extendido técnico.

Además en la propuesta de Ley de Educación se establece una administración descentralizada y desconcentrada; e igualmente en lo que se refiere a “los Servidores y Servidoras excluidos de la Carrera Administrativa”, se incluirá un literal relativo al magisterio, además se garantizará la estabilidad de los maestros, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos, y estarán sujetos a la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional.

La derrota que sufrieran las posiciones gremial – burocráticas de la dirigencia de la UNE en el último paro nacional del magisterio, se hacen evidentes con la convocatoria a evaluación de aproximadamente 15.000 profesores de 4 mil planteles planteles de la Sierra y Amazonia. En este sentido el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, William Pazmiño, dijo que el haberse declarado en rebeldía ante la evaluación docente fue un error, pues “principalizamos en decir no a la evaluación, en vez de decir sí a la evaluación pero de esta forma y eso lo planteamos al Gobierno el día 7 que tuvimos la reunión”. Pazmiño reconoció que en este Gobierno sí ha existido una mayor inversión en educación, sin embargo, aseguró que el Ministerio aún no ha repuesto las partidas de los profesores que se acogieron a su jubilación.

BIENESTAR SOCIAL

La inversión del Estado en el sector social subió en 27,6% en el primer cuatrimestre de este año, en relación con 2008. No obstante, igual quedan muchas tareas pendientes por atender. A pesar de ello, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el 46,1%, y Educación, con el 35,4%, son los sectores que más aprovecharon los recursos. Bienestar Social lo hizo en 29,5%, Salud en 29,3% y Trabajo en 21,9%.

Como una muestra fehaciente de la radicalización de la revolución ciudadana y su oposición a los monopolios y transnacionales, el Gobierno de Ecuador eliminará los derecho de patentes en medicamentos, medida que luego se extenderá a los agroquímicos, con ello se busca que toda la población pueda acceder a estos insumos; “seremos el país pionero en esta clase de política, solo se admitirán ciertas excepciones como medicinas cosméticas y ciertas medicinas no indispensables”. A los medicamentos y agroquímicos se sumarán otras clases de conocimiento, dijo Correa, que son de bien público. “Consideramos necesarios para la prosperidad humana y no pueden ser privatizados porque eso es lo que hacen los derechos de propiedad neoliberales”.

SITUACION INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

La necesidad de redefinir el escenario político en la frontera con Colombia a partir de la instalación de 7 bases militares estadounidense en ese país y las políticas belicistas de los círculos militares aliados al narcotráfico, al terrorismo de Estado y los círculos beligerantes de los EE.UU. llevaron a que el Gobierno del Ecuador, decidiese pasar a una apertura hacia el diálogo y la normalización de relaciones con el Gobierno de Colombia. Ello se ha pretendido ver en los círculos de la narcopolítica colombiana como un retroceso en la política de neutralidad del Estado en relación a la guerra civil de Colombia, y para ello se ha empezado nuevamente a presionar al Gobierno ecuatoriano para un involucramiento militar en este conflicto interno. Se ha iniciado comunicando la supuesta presencia de campamentos de las FARC en Ecuador; y, ante la negativa de hacer de la COMBIFRON un elemento de la política de yunque y martillo el gobierno colombiano ha dicho: “Vamos a proponer (al gobierno de Rafael Correa) que hagamos un planeamiento conjunto, no unas operaciones conjuntas, pero sí un planeamiento conjunto, para darles algunas sugerencias de cómo se podría hacer eso (ofensiva militar a las FARC) efectivamente”, señaló el Ministro de Defensa colombiano.

Luego de que la diplomacia y el gobierno colombiano, consideraban que había logrado torcer la mano al gobierno ecuatoriano, para la reanudación de relaciones diplomáticas y en vísperas de la reunión en el lado ecuatoriano de la Combifron; vino la orden de arresto y extradición, emanada desde el juzgado de Sucumbíos, en contra del General Padilla, Jefe de las Fuerzas Armadas colombiana, lo que dio al traste con la mencionada reunión. Y con ello el gobierno a la vez desmintió y denunció el intento de Colombia de pasar sobre los sucesos de Angostura, sin asumir ninguna reparación ni sanción.

De otra parte, editorialistas colombianos en base a “estudios muestran que casi una tercera parte de Colombia tenía territorio dedicado al cultivo de la coca en el período anterior a los gobiernos de Uribe. Hoy, esa cantidad se ha duplicado y dos tercios del país tienen una parte de su territorio dedicado al cultivo de coca. Durante el Gobierno de Uribe los cultivos se han extendido hacia la Amazonia y nuevas regiones del país. Los informes internacionales responsabilizan directamente al Gobierno colombiano. Después de elogiarlo en cinco líneas describen, con nombres propios, a los miembros del Ejército envueltos en corrupción y asesinatos y confirma la corrupción del Gobierno, el Congreso y las gobernaciones. Esto es una verdadera narco-democracia y no las especulaciones de políticos trasnochados que dicen que el Ecuador está al borde de esta situación.

El Presidente Correa alertó que las bases militares norteamericanas en Colombia y el separatismo son parte de plan contra ALBA; hizo esta advertencia durante la inauguración de la VII Cumbre Extraordinaria del grupo regional. Así mismo los Mandatarios del ALBA suscribieron los derechos de la tierra. Igualmente Rafael Correa, convocó a los pueblos latinoamericanos avanzar en la integración para construir una región más soberana, equitativa, digna y justa. "Juntos seremos invencibles y podremos enfrentarnos a la dominación externa", dijo.

El gobierno del Ecuador se muestra satisfecho por el avance de los acuerdos con Venezuela; pues entre los convenios figuran la creación de la Empresa Binacional Minera, la cooperación en el área técnico-militar en los campos de prestación de servicios, transferencia de tecnología e intercambio académico. También, se firmó el acta para la creación de la empresa Siderúrgica del Pacífico Siderpacífico y el acuerdo de donación, por parte de Venezuela, de ayudas técnicas, enseres y otros equipos para personas con discapacidad. Asimismo, la creación de la empresa conjunta para dinamizar el sector pesquero y un acuerdo de cooperación en el área de telecomunicaciones. El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) le permitirá al Ecuador integrarse a un mercado potencial de 73 millones de personas. El Ecuador venderá igualmente a Venezuela alrededor de 80 mil toneladas de arroz, y, adquirir urea de Caracas aunque hay otras posibilidades que están en estudio para comprar el fertilizante a países como Irán y Rusia.

El viaje de Correa a Bolivia, invitado por Evo Morales, buscó reafirmar la unidad para la defensa conjunta de Latinoamérica frente al imperio, y a más del espaldarazo solidario en la campaña de Evo a la reelección presidencial, fue también en mucho para sintonizar el aspecto de la minería a gran escala, y mirar más de cerca un estilo de República Plurinacional. De esta manera Correa a la vez que se comprometió a instaurar un estado plurinacional y intercultural en el Ecuador, reafirmó conjuntamente con Evo Morales, la crítica a una izquierda “radical” que se ha vuelto oposición. Igualmente defendió la posibilidad de una minería a gran escala que se conjugue con responsabilidad ambiental.

Presidentes de Ecuador y Perú destacaron avances en la ejecución de ejes viales binacionales. Destacaron la conclusión del nuevo Puente Internacional de la Paz y la Ruta del Spondylus, en el eje vial uno Piura-Guayaquil, de significativa incidencia para el creciente intercambio comercial. Además saludaron los avances en los demás ejes viales particularmente en el Eje Vial dos la suscripción del contrato de obras de mejoramiento del tramo Sullana-Alamor y los trabajos en la parte ecuatoriana, que incluye la construcción del nuevo puente internacional. En el Eje Vial tres, el tramo Sullana-La Tina que será finalizado en diciembre de 2009 y el tramo Loja-Macará, ya concluido. En el Eje Vial cuatro, (Loja-Zarameriza, el mejoramiento del tramo Desvío-El Ciruelo-Puente Tamborapa-Chamaya-El Reposo-Durán, en el lado peruano, que concluirá en abril de 2010, así como la reconstrucción y ampliación de la vía del lado ecuatoriano. En el Eje Vial cinco, (Méndez-Yaupi.Borja-Zarameriza), en el Perú se elabora el estudio de prefactibilidad que culminará en el primer trimestre del próximo año. En el Ecuador se concluyó la construcción de los tramos El Salado-Léntag y Puente Chicti-Sevilla de Oro.

El Ministro de RR.EE. destacó que con la visita del Primer Mandatario a Rusia sirvió para, entre otras cosas, proponer el portafolio de proyectos “que está focalizado fundamentalmente en el área petrolera, en el área hidroeléctrica, y el paquete de estos proyectos suman alrededor de 2.500 millones de dólares, que es el 70% del monto global de estos proyectos”. Igualmente se establecieron líneas de cooperación con las 10 principales universidades de Rusia por medio de convenios, creando el programa de formación Rusia-Ecuador que garantiza el envío de 100 ecuatorianos (as) para el estudio de maestrías y PHD en áreas prioritarias para el desarrollo ecuatoriano. Además varios acuerdos económicos y comerciales se firmaron con la Federación de Rusia, y existe la expectativa que Ecuador podría exportar US$ 1.870 millones anuales, si se aprovechara todo el potencial disponible, incrementando la exportación de banano fresco, rosas, camarón congelado, cacao, extractos y esencias de café, harina de pescado, filetes de pescado, piñas, tabaco y jugos de frutas.

La activa política internacional de Correa, abre una imagen del país a nivel internacional y establece referencias continentales, para un proyecto que cada vez es menos local y mayormente regional, de tal manera que el discurso de Correa se referencia sobre el eje del Socialismo del Siglo XXI, que a pesar de las inconsistencias ideológicas que pueda presentar, marca un destino compartido especialmente por algunos países del ALBA.

Así mismo el hegemonismo del imperialismo a través de una economía dependiente del dólar ha sido puesta en cuestionamiento por el discurso y propuesta de Correa de reemplazar el patrón dólar en las relaciones comerciales internacionales, en especial aquellas referidas al petróleo; por una valorización en euros o en una cesta de monedas.

Igualmente en el plano internacional el gobierno posiciona un nuevo discurso en el ámbito ecológico, por fuera del extremismo conservacionista y de las políticas depredadoras del ambiente, exige de manera altiva la corresponsabilidad a las grandes potencias industrializadas en la reparación del daño y el reconocimiento por la conservación ambiental, refiriéndose a la iniciativa ecuatoriana de la conservación en tierra de millones de barriles de petróleo en el campo ITT de la amazonía.

ECONOMÍA y DESARROLLO

ECONOMÍA y DESARROLLO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de una línea de crédito por 1.000 millones de dólares a Ecuador para apoyar un programa de infraestructura de transporte vial. El organismo señaló en un comunicado que la operación respaldará la estrategia de mediano y largo plazo del Gobierno ecuatoriano para ampliar, mejorar y conservar la red vial nacional.

El ministro coordinador de la Política Económica, anunció que se adoptarán medidas para favorecer la generación de empleo . De esta manera el Estado espera llegar a ejecutar USD 7.150 millones en inversión pública hasta fin de año, lo que representaría un 18% del PIB de acuerdo con la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Lo anterior implicaría un aumento del 13,5% con respecto al año pasado.

El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Walter Solís, aseguró que los recursos adicionales entregados por el Estado para la reactivación de la construcción servirán para generar 140 mil empleos mensuales y beneficiar con créditos hipotecarios a familias que deseen adquirir su vivienda con un financiamiento de hasta 60 mil dólares, con el 5% de interés anual y hasta 12 años plazo, a través de la banca pública y privada.

La crisis mundial no dejó afectar a sectores vitales de la economía ecuatoriana como son el camaronero, florícola, pesquero y el comercial; esto se reflejó en la reducción de demanda, precios y márgenes. Ante esto, la ministra coordinadora de la Producción, Competitividad y Comercialización, informó que el Gobierno Nacional gestionó la creación de un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN), denominado Protección del Empleo, destinado precisamente a estos sectores que se vieron afectados por la crisis y que deben refinanciar sus préstamos anteriores.

Tal el caso de la crisis en el sector floricultor ecuatoriano se evidencia en una reducción de 11.000 empleos hasta el mes pasado, señaló Ignacio Pérez, presidente ejecutivo de Expoflores. De ahí que aplaude la decisión del Gobierno, de otorgar financiamiento a este sector a través de la banca pública. Espera que esos desembolsos se realicen de forma oportuna y ágil y que ayuden a mantener las 115.000 plazas de empleo directo.

El gobierno ha llamado igualmente a la banca pública a tomar más riesgo
A nivel de los proyectos que financia el Banco se estima que habrá generado este año aproximadamente 20.000 empleos directos y 100.000 indirectos, y una cantidad similar en 2008.

Pero en relación a la banca privada Carlos Vallejo, denunció que ésta boicotea la política de gobierno de bajar el costo del capital y pide que ese sector “suelte” el crédito. Uno de los principales factores para que la reactivación productiva no avance como desearía el gobierno es la banca. Según el funcionario, la banca ha ganado menos este año, pero su ganancia está cercana al 16%, lo suficiente como para entregar crédito que sirva para dinamizar al aparato productivo. Además criticó que se trate de boicotear la política del régimen de bajar el costo del capital y que no quieren sentarse a la mesa de diálogo porque no habrá subida de tasas de interés.

ENERGIA, PETROLEO Y MINERIA

ENERGIA, PETROLEO Y MINERIA

La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que estará ubicada en la región amazónica ecuatoriana, tendrá una capacidad instalada de 1.500 megavatios y podría abastecer el 62 por ciento de energía eléctrica. "La firma del contrato es la mayor inversión extranjera en la historia del país, sin tener que arrodillarnos ante nadie (...) y en plena crisis económica dijo Correa. La firma China Sinohydro aseguró que el 100% de la mano de obra no calificada y el 64% de la mano de obra calificada va a ser ecuatoriana, se está hablando de 4.000 empleos. La planta cuesta USD 1.979,7 millones. Sinohydro se comprometió a financiar el 85% de ese monto, a través de un crédito del ex Im Bank, también de origen chino.

También la empresa mixta Rio Napo en un amplio comunicado público transparentó todo el contenido legal y jurídico de la asociación entre PDVSA y PETROECUADOR, en especial referido al campo Sacha, con ello se desmiente las falacias que había propalado la prensa y ex – empleados de Petroecuador de que este campo se estaría concesionando, cuando lo cierto es que el 100% de la producción seguirá en manos del Estado.

El Ministro de Electricidad, anunció que el proyecto Mazar será entregado al país, cinco meses antes de lo previsto contractualmente, lo que significará un ahorro de unos 50 millones de dólares. Además avanza la construcción del proyecto Sopladora que generará 487 megavatios más, siendo el objetivo final producir la suficiente energía y no depender de importaciones.

Durante un encuentro en el que participaron alrededor de 2.000 mineros de la zona el Primer Mandatario ratificó su compromiso por la minería responsable, para ello se creará el Instituto Nacional de Geología, para apoyar a este sector. Además, insistió en que el 60% de las regalías producto de la explotación minera quedarán para las zonas donde se registre dicha actividad, con lo que se contribuirá al desarrollo de estos sectores e incluso de la provincia. Adicionalmente se crearan fuentes de trabajo evitando de esta manera la migración.

Igualmente lo volvió a repetir, luego de realizar un sobre vuelo por la mina Fruta del Norte junto al ministro de Recursos Naturales no Renovables, la gobernadora, y dos dirigentes de la comunidad shuar de Morona Santiago. Mientras que el presidente de la Federación Shuar, Ruben Achid, aseguró que están conscientes de la política de cambio por ello están apoyando la minería responsable y que deje beneficios a la provincia. Añadió que los shuar y los arutan están a favor de la minería responsable. Por ello incluso se está capacitando a los shuar en aprender a soldar y sean parte de la mano de obra de esa nueva minería.

El proyecto Toachi-Pilatón cuenta con financiamiento ruso y avanza en su construcción se efectuará entre Pichincha y Santo Domingo, tendrá un costo de 420 millones de dólares, con una producción de 248 Megavatios, que significarán un ahorro anual 115,7 millones de dólares en importación de combustible. Por otra parte, el proyecto empleará a 1600 trabajadores ecuatorianos en forma directa.

ACCION DE GOBIERNO Y SITUACION POLITICA

ACCION DE GOBIERNO

El gobierno ecuatoriano hubo de enfrentar el levantamiento indígena convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, en rechazo a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Para ello, desde la dirigencia indígena se esgrimieron argumentos alarmistas sobre los alcances de la ley, tachándola de privatizadora, supuestamente atentatoria a la gestión autónoma de las juntas de riego y de las juntas de usuarios, y dirigida a favorecer a los grandes intereses empresariales y especialmente mineros.

Esta confrontación de fuerzas entre un sector del movimiento indígena y el gobierno de la llamada “revolución ciudadana” es la continuidad de una serie de desencuentros de carácter histórico entre el Estado burgués y los Pueblos Indígenas; esto a pesar de las múltiples señales, acciones y políticas que ha venido llevando a cabo el actual gobierno, no ha sido capaz de desbloquear en la conciencia de las masas de millones de indígenas y campesinos, el carácter eminentemente explotador, marginador e injusto; que a lo largo de más de 500 años ha sido el carácter de clase de este Estado.

En la mismas circunstancias, el distanciamiento histórico – cultural entre la sociedad blanco – mestiza y los pueblos indígenas, igualmente abona al actual desencuentro en el eje de las políticas públicas, expresadas en las leyes que se están tratando y se trataran al futuro.

Por último la confrontación por un lado, del interés de una casta dirigencial de carácter pequeño y medio burgués, blanco – mestiza, que se ha venido reciclando en varios gobiernos y se ha mantenido al interior del aparato del Estado, dándole la tónica de clase a la gestión política del mismo; y, de otro un sector dirigencial indígena que en mucho a perdido la visión histórica de poder, que se ha acostumbrado a negociar pequeños espacios de poder y cuotas económicas para reducidos grupos de interés; y que al momento se ha visto en peligro de ser desalojados de estos nichos de poder, por una profunda reforma estructural del Estado; es por ello, que desde el inicio del actual gobierno, se ha desatado de lado y lado una cerrada confrontación, tratando por todos los medios de deslegitimar, socialmente y si es posible ponerlo contra la pared al “adversario”, para obligarle a renegociar estos reducidos espacios de poder.

De parte de la CONAIE esto se lo intento en un primer momento durante la aprobación de la ley de minas, aliándose a grupos ecologistas radicales, quienes únicamente prestaron su ideología y su vocería internacional, en la exigencia de bloquear toda forma de explotación minera; a pesar de que la ley de minería aseguraba amplios resguardos para evitar la contaminación ambiental y otorgaba grandes porcentajes de las regalías de esta actividad, direccionándola preferentemente al desarrollo de las comunidades locales. Levantamiento que no tuvo mayores repercusiones y hubo de ceder ante la popularidad del régimen en ese entonces. La respuesta inmediata del gobierno fue desalojar prácticamente a la entonces Secretaria General y dejar si presupuesto al CODENPE y acelerar su transición a Consejo de Equidad y en seguidilla dictar el decreto 1585 asumiendo la rectoría en el sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

Estas medidas enconaron aún más la confrontación, llevando a una constante agitación en contra, de toda medida del gobierno, pero la CONAIE esperaba el momento de la aprobación y tratamiento de la ley de agua, en extremo sensible a la realidad del mundo y la cultura agraria, ya que esta coyuntura volvía extraordinariamente posible el levantamiento indígena en contra del Gobierno; y, por ende la recuperación de la iniciativa de la CONAIE como principal fuerza de oposición e interlocución. A ello igualmente abonaba la baja capacidad de interlocución de los cuadros técno-burocráticos del gobierno con la inmensa población indígena.

Previo al levantamiento se dieron tres grandes concentraciones regionales y movilizaciones de los pueblos indígenas (entre 2.500 y 7.500 manifestantes), ante el llamado de las organizaciones filiales de la CONAIE, que de manera alarmista difundieron en sus bases, la consigna de que la ley orgánica de recursos hídricos presentada por el gobierno buscaba la privatización de ese recurso, luego aclararon en los medios de comunicación que la ley al no mencionar procesos de des-privatización de este recurso, supuestamente está de manera tácita aceptando el estado de monopolización que hoy se vive con este importante recurso .

En la realidad la ley orgánica de recursos hídricos, recoge en más del 80% la propuesta de la CONAIE y la mejora sustancialmente, pues establece de manera taxativa que el agua es un bien público de uso preferentemente humano, que su administración es exclusivamente pública y comunitaria, a la vez que reconoce ampliamente la injerencia en su manejo de las llamadas Juntas de Riego, organizaciones de base de los pueblos indígenas y campesinos. Igualmente revierten todas las concesiones hasta ahora realizadas eliminando todos los derechos consignados, y planteando un mecanismo sólo de autorización de uso, una vez que se hayan demostrado técnica y jurídicamente sus requerimientos. Esto ha sido reconocido por otras organizaciones indígenas y campesinas , en especial por la otra gran organización indígena – campesina la FENOCIN, quienes a través de su portavoz, el Asambleísta indígena Pedro de la Cruz desmintieron las aseveraciones de la CONAIE de que le ley tuviera fines privatizadores. De hecho en la Ley de Agua se establecen excepciones para las prioridades en el uso del agua, acordes a las necesidades nacionales que establece el Plan Nacional de Desarrollo, entre ellas, la explotación de reservas mineras.

Al mediar la contundencia de la respuesta indígena – campesina, el gobierno de manera tardía abrió un espacio de diálogo con la CONAIE-ECUARUNARI pero con una interlocución de bajo nivel, esto es a través de la Secretaria de los Movimientos Sociales y Pueblos – Doris Solís, para posteriormente tratar de posicionar al Ministro Coordinador de la Política – Ricardo Patiño, quien reconoció que atrás de las movilizaciones había además una propuesta que se refiere al manejo de las llamadas instituciones indígenas, en el área de educación, salud y desarrollo.

En la debilidad de la convocatoria o en su defecto en la necesidad de asegurarse un apoyo ciudadano, la CONAIE inició un proceso de concertación con las organizaciones afines al PCMLE – MPD, especialmente con el gremio de los profesores (UNE) en huelga y de los estudiantes y colateralmente algunos sectores de empleados públicos que se sienten afectados con la nueva regulación de la contratación colectiva.

En el caso de la UNE, esta se lanzó a la medida de hecho el día martes 15 de septiembre, habiéndose quedado cortos en la convocatoria y en la participación de sus bases, quienes respondieron de esta manera en parte por el nuevo escenario político que se ha generado desde el gobierno en los últimos años en general y en el sector educación en particular, pero por otra parte por el descrédito político de una dirigencia gremial cada vez más politizada en el sentido oportunista del término, a la vez por el rechazo manifiesto de la ciudadanía en general. Ante esta situación la dirigencia de la UNE volvió a azuzar a sus bases con la consigna de que el gobierno eliminaría todos los beneficios obtenidos por el gremio y con ello rebajaría sus sueldos. Esto valió que el gobierno desmintiera tales aseveraciones y que en la voz del Ministro del Trabajo y Empleo, se haya declarado que la ley de escalafón y carrera docente se encontraba plenamente vigente, y sólo en los aspectos remunerativos se aplicaría la ley Orgánica de Servicio Social y Carrera Administrativa – LOSSCA, lo cual incluso conllevaría el incremento de sueldos a los maestros de las categorías 4ª y 5ª.

Por otro lado en la amazonia, el gutierrismo no ha dejado de ser una de las principales fuerzas opositoras y mantiene amplias alianzas con cuadros medios de la misma dirigencia indígena. En este ámbito la temida propuesta de la autonomización regional amazónica al estilo “Santa Cruz” que el gobierno pensaba bloqueada luego de las masivas votaciones a favor del gobierno y del movimiento Pachakutik en las últimas elecciones; se vio bruscamente presente en el escenario nacional, cuando los principales cuadros políticos del gutierrismo aliados con caciques locales y autoridades de Pachakutik, escudándose en la misma constitución que proclamaba la creación de una región especial en la amazonia, pero a la vez denunciando el supuesto recorte de fondos públicos para la región y denunciando como una imposición la propuesta de regionalización, de descentralización y desconcentración gubernamental de carácter horizontal; crearon el escenario previo para ir a una cumbre amazónica para declararse “región autónoma”; esto entendido y proyectado como el manejo de políticas autonomistas fundamentalmente en el principal recurso del Estado: el petróleo.

La visita de Correa a la Amazonía la hizo en la necesidad de desmentir y quitar convocatoria a una propuesta de “Declaratoria de Región Autónoma de la Amazonía” y, defendió igualmente a la “minería responsable” como una de las políticas que impulsa su Gobierno ante las críticas de ciertos dirigentes que se oponen a la explotación de estos recursos.

Una vez lanzado el levantamiento indígena, a las 20 horas de iniciado éste, de un lado, por la relativa poca fuerza del mismo, cuanto por la verdadera intencionalidad del mismo de abrir una puerta al diálogo en situaciones de poder, el Presidente de la CONAIE, sin mediar consulta a las bases como anteriormente se había estilado, anuncia la suspensión de la medida para iniciar el diálogo con el gobierno. Lamentablemente la cadena de mando, profundamente resquebrajada desde hace mucho en la Amazonía, dio como resultado que el llamado a la suspensión no se cumplió en la región amazónica, de hecho alentada por las posiciones gutierristas de oposición al gobierno, así como de los afanes autonomistas, y de deslegitimización social del gobierno.

El sector más fuertemente guerrero de las nacionalidades amazónica lo constituye en mucho el Pueblo Shuar (aproximadamente 100.000 personas), tradicionalmente cazadores y feroces guerreros de la selva, cultural y ritualmente cazadores y reductores de cabezas, han sido algunos asimilados a estructuras del ejército (batallón Iwia) y luego de la guerra del Cenepa, incluso han formado una organización paramilitar Arutam, supuestamente defensora de la selva y los recursos naturales; posteriormente en la década de los grandes levantamientos indígenas que echaron abajo a algunos gobiernos, el gobierno y las estructuras del ejército reclutaron sinnúmero de indígenas para labores de inteligencia militar, y siendo el gutierrismo en mucho la concentración de estos elementos en el más alto nivel, en mucho su fuerza se deriva de conocer y manejar estos resortes, de lo cual se dio cabal cuenta en las sorprendentes votaciones de Gutiérrez en las zonas de mayor poblamiento indígena.

El gobierno tratando de imponerse por la fuerza al bloqueo, pero a la vez cuidando de enfrentamientos mayores con la población indígena, ordenó el desalojo de los bloqueos de carreteras utilizando solamente una fuerza disuasiva y enviando cuerpos policiales desarmados. En estas circunstancias la tradicional beligerancia shuar respondió con todo a la fuerza policial, incluso la utilización de escopetas de cacería; y de ahí posiblemente de manera accidental, un perdigón alcanzó a herir mortalmente a Bosco Wizhum y herir a 39 policías.

Esta situación sirvió para que se retrocediese en el planteamiento del diálogo y se volviese a reanudar el levantamiento, lo cual se acató parcialmente en las provincias de la sierra de Azuay y Cañar y masivamente en la región sur-amazónica. El gobierno viendo los altos niveles de conflictividad que se proyectaban sobre la base del paro del magisterio y el apoyo de estructuras de masas del PCMLE-MPD como la UNE, la FESE y la FEUE, decretó el “estado de excepción”, sin pérdida de los derechos civiles, pero amparado en un supuesto auge de la delincuencia en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, de hecho esto era y es el primer paso para el estado de emergencia en caso de que la conflictividad social escalase a otros niveles.

Luego de una guerra verbal de comunicados y pronunciamientos, las nacionalidades y pueblos indígenas aceptaron el diálogo propuesto por el Ejecutivo, habiéndose suspendido el paro en la mayor parte del territorio, a excepción de la provincia de Sucúa, a donde tuvo que viajar una delegación ministerial del gobierno, para tratar de consensuar una agenda para una reunión expresa con representantes de la nacionalidad shuar .

El gobierno en preparación al diálogo con la CONAIE, en su enlace informativo sabatino anunció un “plan integral para el buen vivir rural” que pretende resolver problemas estructurales como la distribución de tierras. “Cuando llegaron los españoles, los indígena tenían las mejores tierras: los valles; ahora están en los páramos (..) Tenemos que devolver las mejores tierras a los propietarios originales, darles los medios para salir de la pobreza”, indicó Correa en su informe. Recordó que apenas 19.500 propietarios que representan el 2% de las unidades de producción agrícola - UPA acaparan el 43% de toda la tierra laborable; y, que en el otro extremo 535.000 campesinos que representan el 64% de las UPA, apenas tienen el 6% de la tierra. Igualmente Correa mencionó que la alimentación de las familias ecuatorianas se basa en la pequeña producción. Por ejemplo, el 64% de productores de papas, el 42% de productores de leche, el 46% de productores de maíz duro y el 49% de productores de arroz, tienen menos de 20 hectáreas.

En base a ello el plan para el buen vivir rural, considera entre otros los siguientes ejes: desenvolver un plan de desarrollo rural; devolver la tierra a los indígenas y campesinos, alentar a la pequeña economía campesina; reestructurar en este sentido al Ministerio de Agricultura; propiciar un uso sostenible de los recursos naturales; aprovisionar de suficientes servicios rurales; expropiar la tierra ociosa; redistribuir el acceso al agua; fortalecer las organizaciones campesino – indígenas; abrir nuevos mercados y mejorar los términos del intercambio.

Es decir la propuesta de una “revolución agraria” que es la que debió jalonar el último levantamiento indígena, la puso en la mesa de las negociaciones y en la calle, el mismo Gobierno. Mientras que en el marco de la reivindicaciones amazónicas Correa abrió la posibilidad de mayores niveles de gobierno y control de los recursos naturales de parte de las nacionalidades amazónicas a partir de la disposición constitucional que reconoce a estas la posibilidad de instalarse como una circunscripción territorial en el marco del régimen autonómico.

Habíamos dicho que las posiciones radicalmente ecologistas y la defensa a ultranza de los recursos naturales desde posiciones “pachamámicas” bloqueaba de hecho la posibilidad de una alianza de los pueblos indígenas con un gobierno de la clase media, tecnócrata pero a la vez radicalmente socialdemócrata; para adelantar en una profunda reforma agraria, la reconstitución plurinacional del estado, y una sociedad pluricultural. Para ello el gobierno ha emitido, en el presente escenario un decreto ejecutivo para implementar un plan de erradicación del racismo y ha empezado a estatizar el manejo de importantes represas que en la provincia de Manabí habían sido regaladas a pretexto de concesión a empresarios privados.

Así mismo el Presidente Correa y parte de su gabinete dialogaron con la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), Confederaciones Nacionales Campesinas Eloy Alfaro, Confederación Nacional del Seguro Social Campesino (CONFEUNASSUC) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), para ratificar que con los pueblos indígenas, “es más lo que nos une que lo que nos separa”.

Por otra parte una movilización nacional que se preparaba desde el partido del Gobierno y gobiernos locales se suspendió para el próximo 10 de octubre, para dar paso a un ambiente de diálogo .

De igual manera el Partido Socialista Frente Amplio reconoce que “el gobierno nacional ha materializado el anhelo de los sectores sociales, populares, democráticos y de izquierda al construir un nuevo marco constitucional que abre el camino para edificar un Ecuador productivo, solidario, incluyente y equitativo. Frente a la situación descrita y ante el compromiso histórico del Partido Socialista Frente Amplio con el pueblo ecuatoriano creemos urgente y necesario consolidar la UNIDAD DE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROGRESISTAS, A FIN DE GARANTIZAR LA RADICALIZACIÓN DEL PROYECTO para lo cual (demanda) consolidar la base social para combatir juntos al proyecto de conspiración y de oposición de la derecha oligárquica que pretende desestabilizar y truncar el proyecto político que hemos venido construyendo juntos por largos años .

LEGISLACION - OPINION

LEGISLACION

Al momento la legislatura se encuentra conociendo proyectos de ley, que se definieron como fundamentales por la nueva Constitución, esto es la Ley orgánica de recursos hídricos, la ley de educación, la ley de educación superior y la ley de comunicación. En la propuesta de Ley de Educación de parte del Ejecutivo se señala que el nuevo modelo que lleva adelante la revolución del sistema educativo es inclusivo y prepara ciudadanos solidarios para el buen vivir, con respeto por la naturaleza y con conciencia ecológica, con los conocimientos suficientes para generar no solo una masa crítica que discuta con solvencia los problemas socio-económicos del país, sino que además tenga la capacidad para continuar su preparación académica e incorporarse de manera inmediata a los procesos productivos y de desarrollo local, regional o nacional.

De otra parte los delegados del Foro de Recurso Hídrico reconocieron que la propuesta del Ejecutivo tiene gran contenido social y mejora sustancialmente la administración del recurso vital. Es una versión que está muy bien formulada, ya que desarrolla categorías como de accesibilidad, disponibilidad, calidad; se prohíbe la discriminación, aspectos de género del derecho al agua. Otro aspecto es que se detallan y amplían los derechos de comunidades, pueblos. Un elemento nuevo es el reconocimiento de la importancia histórica y la trascendencia de los sistemas comunitarios tanto para consumo como de riego. Recordó que en el país existe alrededor de 10 mil sistemas comunitarios, de ellos, siete mil son de consumo humano y, alrededor de tres mil de riego en un población de cuatro millones quinientas mil personas y el riego comunitario que está dirigido a las pequeñas propiedades, que son las que garantizan la seguridad alimentaria, que es del 70% de la producción de consumo interno del país .

Además en la Ley presentada por el Ejecutivo se plantea la revisión de todas las concesiones de uso de agua, la formulación de un sistema estratégico nacional y la creación de una autoridad única que regule y administre el uso de los recursos hídricos. En esa línea, el primer paso será que en seis meses -contados a partir de la aprobación de la ley- todas las concesiones de derechos de uso de agua se canjearán por autorizaciones para el uso de agua. Para cumplir con este primer trámite, los concesionarios de fuentes y caudales deberán presentar documentos sobre la legalidad de estas concesiones.

OPINION INFORMADA

Alberto Acosta en una clara intencionalidad política de ser eje de un recambio en la gestión de gobierno a partir del 2013 ha empezado a hacer más visible su posicionamiento político por fuera de la política del actual gobierno ; en base a una propuesta de ecologismo social y de clientelismo en dispares sectores, así es convidado infaltable en las sesiones políticas de las cámaras de industrias y de la producción, y ahora cohonesta el desarme de una muy bien concebida ley de aguas, su justificativo, que la ley no da prioridad al turismo por sobre la minería. Otro de sus elementos discursivos, va de la mano de la exigencia de mayor ciudadanía en el ejercicio del poder , pero atrás de este discurso, que aparenta ser democrático, se esconden los intereses de grandes ONGs y Organismos de Gobierno Mundial (ONU) que han hecho de ello el leit motiv para expropiar representatividad a las organizaciones sociales y populares, cambiándolas por una informe representación onegeizada del género, de los niños y adolescentes, de la tercera edad, de los emprendedores, de los LGTB, etc.