MOVIMIENTOS SOCIALES
El sociólogo Francisco Hidalgo Flor, denuncia que la concepción de las economías de los pueblos y nacionalidades indígenas, como marginales y atrasadas, reproducibles solo para situaciones de excepción, tolerables en el mejor de los casos, pero de ninguna manera eje de una estrategia nacional de desarrollo; encubrirían la oposición, en unas ocasiones velada, pero en otras abierta, a planteamientos como redistribución de tierras y agua para que los sectores campesinos pequeños -con poca tierra o sin ella- tengan un acceso básico a los recursos productivos, así como la prioridad de las agriculturas orientadas a la soberanía alimentaria, el derecho a decidir sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los hidrocarburíferos o mineros.
De otra parte aprovechando la existencia y control de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Legislativa Nacional, importantes organizaciones indígenas y campesinas se han nucleado alrededor de esta, para dar a conocer sus demandas, así dirigentes de la Conaie, Fenocin, FEI, Seguro Campesino, Feine, Ecuarunari, Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, Confederación de Juntas del Campesinado del Ecuador, Asociación Indígena Evangélica del Pastaza, entre otras, expusieron sus aspiraciones en el ámbito legislativo. Uno de los temas que más les preocupa es el Código Territorial, porque en él se definen las circunscripciones territoriales de los pueblos campesinos, indígenas y otros, pero no están determinados sus territorios en una región. Aseveraron, entre otros aspectos, que se debe determinar con claridad cuál será el rol de los gobiernos autónomos (juntas parroquiales y comunas), toda vez que no están especificadas sus competencias. Expresaron que se debe propiciar una verdadera reforma agraria y una política de tenencia de las tierras, para que los sectores campesinos puedan desarrollar el agro, de acuerdo con las técnicas que hoy se aplican. En materia educativa, consideraron que debe tratarse la Ley de Educación, propendiendo a que haya la misma calidad tanto en el sector urbano, cuanto en el rural y que ésta sea bilingüe e intercultural.
De otra parte el gobierno haciéndose eco de la protesta indígena y de otros sectores sociales, reformó el decreto 1780 que establecía prerrogativas a las misiones religiosas en territorios amazónicos para a más de cumplir tareas de evangelización abordar mayor cantidad de campos en educación y salud. Con la reforma del decreto, este únicamente reconoce la acción y el ámbito de gestión que tradicionalmente han cumplido estas misiones religiosas.
Así también el Gobierno Nacional dando cumplimiento al anuncio que se hiciera en el discurso de posesión de mando, estableció políticas para revisar las remuneraciones de los trabajadores privados, estableciendo que un salario digno debería considerar 320 dólares, mucho mayor que el salario mínimo vital que al momento es de 218 dólares; especificando que el nuevo Ministerio de Relaciones Laborales, establezca los parámetros técnicos de tal manera que no se afecte a la pequeña empresa o artesanía; pero que como norma se considere que ninguna empresa debería declarar ganancias mientras no se haya cubierto este salario de la dignidad.
El Presidente dijo que en el país debe cambiar el uso de los ingresos de las empresas. “En Europa, por cada dólar, se destina el 15% a capital y el resto a salarios, a los trabajadores. Aquí es a la inversa y eso es inaceptable”. El Gobierno se plantea una meta de año y medio a dos años para concretar esos incrementos salariales. Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, dijo que el proceso para implementar lo que denomina un “salario digno” es de largo aliento. El Régimen primero dialogará con trabajadores y empresarios. También, analizará la situación de todos los sectores de la economía y su posibilidad real de incrementar los sueldos. La idea es reducir la diferencia entre quienes ganan más y quienes perciben el salario básico.
La iniciativa de los Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana - CDRC de manera independiente del Gobierno ha empezado a prender en amplios conglomerados urbanos marginales. Pero igualmente la campaña anti-comunista desatada por los grandes medios de comunicación en poder de la derecha, ha empezado a hacer tambalear la conciencia de los sectores de la clase media y media alta que igualmente consideran que este proceso devendría hacia un régimen corporativo fascista .
De igual manera el funcionamiento de un Foro de Soberanía Alimentaria con representantes de estratos medios y pequeños así como de organizaciones sociales vinculadas al tema, va dando cuenta del nuevo enfoque de participación social y democracia participativa, que se definió en la nueva Constitución del Estado. Esto igualmente empieza a reflejarse en las disposiciones que se establece en la Ley de recursos hídricos en la cual se respeta ampliamente la injerencia de los comités y juntas de agua, tradicionales organizaciones del movimiento indígena y campesino.
Los integrantes de la Red de la Energía Eléctrica del Ecuador (ENLACE) mediante un comunicado de prensa manifestaron que la conformación de los Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana (CDR) son agrupaciones que fomentan la participación ciudadana. Además, el gremio considera que se ha “satanizado” el concepto de estas organizaciones barriales y que ciertos grupos intentan distorsionar el sentido de los CDR.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) realizó el taller de participación y discusión del Plan Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir 2009 – 2013, con la asistencia de representantes de la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana y de consejos de la igualdad como la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE), el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE), el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, la Comisión de Transición para la Equidad de Género, y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).
Más de mil personas, entre estudiantes universitarios, trabajadores y maestros, llegaron hasta el salón del ex Senado de la Asamblea Nacional. Querían presentar sus puntos de vista acerca de dos proyectos que sobre esta Ley hasta ahora se han presentado ante la Legislatura. La semana anterior, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) envió su iniciativa. De su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior y los gremios estudiantiles, que están bajo la influencia del MPD, entregaron su documento.
Aproximadamente 1.000 trabajadores de las organizaciones sindicales del país marcharon hacia la Presidencia de la República con la consigna de que sea derogado el decreto 1701, el mismo que permite la revisión de los contratos colectivos y la eliminación de los privilegios otorgados a los empleados.
La dirección del MPD-PCMLE sigue entrampada en su oposición al gobierno, su manifiesto oportunismo les ha puesto al descubierto con sus bases sociales, y en especial en el magisterio, que no ha respondido de la manera esperada al llamado de movilización, ante el juzgamiento de más de 2000 docentes que presionados por sus dirigentes no se acercaron a rendir la evaluación de conocimientos. Igualmente hubieron de retroceder en el llamado a iniciar una huelga nacional en la fecha de inicio de clases, debiendo posponerla para ser tratada luego de una marcha nacional del 11 de septiembre y declararla posiblemente para el 19 de septiembre. Esta acción se viene concertando con otros sectores de empleados públicos que han sido o podrían ser afectados por la regularización y modernización del Estado, llevada a efecto por el gobierno de Correa.
